Uno de los más graves problemas que vivimos actualmente en México, los ciudadanos, es la violación permanente de parte de las autoridades al estado de derecho y el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de las autoridades de sujetar su actuación a las normas y procedimientos previamente establecidos y que los tribunales deben  cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, entre otros principios fundamentales de nuestro sistema constitucional.

La obligación de las autoridades de los tres órganos de gobierno de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, es sin duda alguna, el principio rector de la actuación de todos los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República, hasta aquellos de menor nivel que desempeñen una función de carácter público; lo que se traduce en el hecho de que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta.

Sin embargo, en días pasados los ciudadanos hemos sido testigos del hecho de que el Presidente López Obrador, haciendo efectivo su lema: “a mí no me vengan con aquello de que la ley, es la ley” una vez más nos da una catedra de efectivamente como burlarse de la ley y las instituciones, al no cumplir con la prohibición que le hizo el Instituto Nacional Electoral de no inmiscuirse en el proceso electoral en sus conferencias mañaneras, ni de llamar al voto a favor de su Partido, valiéndose de su investidura presidencial; así en su conferencia mañanera del 26 de julio, en su sección, “no lo digo yo” dos encuestas sobre las preferencias electorales para la presidencia de la República, donde en una de ellas Morena tiene una ventaja del 49% sobre sus adversarios y en otra hasta del 60% señalando que nada ni nadie puede detener el movimiento de la cuarta transformación, dirigiendo su mensaje a los Consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que lo entiendan y no me vayan a sancionar por lo que dio a conocer.

Su conducta, no sólo es un desacato a lo ordenado por el INE, sino también un claro desafío mediante el cual, reta a las autoridades electorales para saber hasta dónde pueden llegar para frenar su intervención en el próximo proceso electoral en 2024.

Lo peor del caso, es que el Presidente abre la puerta para que los gobernadores de los Estados, lo imiten y de alguna manera utilicen su cargo y el presupuesto público para favorecer a alguna de las llamadas “corcholatas presidenciales” ya que total, si el Presidente no acata las resoluciones de las autoridades electorales y no sucede nada, tampoco pueden ser sancionados quienes lo emulen, si de todas formas, se logra manipular las preferencias electorales y al final lograr el triunfo de los candidatos del partido del Presidente.

López Obrador, se olvida de que la reforma electoral que prohíbe que las autoridades en funciones y de que el Presidente de la República meta las manos en los procesos electorales y se pronuncie a favor de su sucesor, se originó en 2007 por una protesta suya por la actuación del Presidente Vicente Fox para apoyar el triunfo de Felipe Calderón, es decir, lo que en su momento le parecía una conducta reprobable e ilegal, hoy que él ocupa la Presidencia de la República la justifica a favor de los intereses de su partido.

Ante ello varios analistas se han pronunciado haciendo una severa crítica al Presidente, porque desde antes del inicio formal de las campañas, está contaminando el proceso y utilizando la figura presidencial en contra de sus adversarios a través de sus conferencias mañaneras y declaraciones.

A pesar de las críticas y los medios legales que ya prepara el bloque opositor en contra de la actuación del Presidente, todo le favorece y tal pareciera que no existe una salida jurídica a favor de la democracia y de que tengamos elecciones limpias y equitativas en 2024; ya que si el INEy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, le siguen aplicando medidas restrictivas y lo sancionan, él se victimizará y seguirá declarando que se le está coartando su libertad de expresión y si las autoridades no actúan y dejan así las cosas, nada evitará que continué como jefe de campaña de su sucesor o sucesora, de aquí al día de la elección en 2024.

Así las cosas, desde ahora los candidatos de la oposición a Morena ya tienen una gran desventaja, que difícilmente podrán revertir en las urnas, ante la desesperación de López Obrador, de lograr el triunfo de su sucesor o sucesora al precio que sea, para que continué la cuarta transformación en el país, aún y cuando los resultados están a la vista de todos los ciudadanos, quienes tendrán la decisión final al emitir su voto.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.