María Teresa Castro Corro anunció lo que parecía no ser otra cosa más que un secreto a voces, el inminente quebranto del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno estatal.

Declaración que se llevó a cabo previamente a ser defenestrada del cargo, y tras  aflorar graves faltantes en las cuentas generales del estado, que, para colmo de males, pretendieron en su momento ser ocultados mediante trucos contables que  tan sólo pueden ser tildados de dolosos .

En la ocasión, el presidente de la junta de coordinación política del congreso de Puebla, se adelantó a señalar la falsedad del quebranto en cuestión, sin dejar de resultar digno de admiración que, el responsable de una instancia de deliberación corrigiese los señalamientos de la  titular del área competente de la gestión y control de la cuenta pública, sin que mediara de su parte, soporte pericial  alguno que acreditara una declaración de desmentido como la que en la ocasión fue ofrecida al público.

A principios  de noviembre del ya lejano año de 2019, la reportera Maribel Morillón de e-consulta, publicó una nota en la que se daba cuenta de un hecho que, aun sin corresponder a la competencia y la regulación propia del instituto encargado de las pensiones y la asistencia médica de los trabajadores del gobierno del estado, dejaba entrever, no obstante, que en lo concerniente a las prestaciones de aquellas, había y hay a la fecha , además de los graves problemas derivados de inadecuados cálculos actuariales relativos a la composición demográfica y al perfil de empleos y desempeños laborales, una manifiesta y rampante corrupción en perjuicio directo tanto de los propios trabajadores como de los contribuyentes.

Los trabajadores de la educación reciben su sueldo con un descuento destinado al pago de una prima de seguro de vida que es completada por una aportación destinada al efecto a cargo del presupuesto de la SEP de la entidad, seguro que dejó de contratarse durante los aciagos días del sublime, fallido y hoy finado Rafael Moreno Valle, siendo  Jacinto Herrera Rivera el responsable de la dirección jurídica de la dependencia.

De manera extemporánea se contrató en el año 2018 a “Thona Seguros” que, en fraude de sus propios accionistas, solventó pagos  de cobertura con carácter “ex post factum”, respecto  a siniestros acontecidos con antelación al momento mismo de la contratación.

Lo anterior,  sólo  en lo concerniente a los fallecimientos verificados  entre 2013 y el primer semestre de 2018, por lo que, en consecuencia,  los deudos de maestros fallecidos con posterioridad no podrán cobrar un seguro por el que los trabajadores cotizaron desde que fueron contratados por la SEP y hasta el momento en que dejaron éste mundo.

En marzo del 2020 , Thona Seguros se hizo acreedora a multas por más de 445 mil pesos por irregularidades detectadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre los años 2013 y 2017, derivadas precisamente del pago a la jubilación del personal de la SEP.

En la nota de Maribel Murillón de noviembre del 2019 se leía al respecto:

"Podrán decir que la aportación que pagaban los trabajadores era mínima (…), según el gobierno del Estado. Será, pero se cubrió durante toda una vida laboral y era un derecho establecido. Los familiares se verán afectados, detalló Peralta.”

Recordó que estas deficiencias se han visto toleradas desde administraciones pasadas y no han sido subsanadas por el actual secretario Melitón Lozano Pérez, ya que el trabajador, a través de su nómina, subsidia parte del seguro mientras que la otra parte debe ser aportada por la SEP, lo que hasta el momento no ha ocurrido.”

En aquella lejana ocasión manifestaba  que, “ante una obligación  de índole laboral a cargo de la SEP, ésta debe solicitar de inmediato una partida extraordinaria que le permita hacer frente a la misma,  al unísono de repetir en contra de los servidores públicos de las pasadas administraciones correspondientes a Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad responsables de una omisión que, incluso, da pie al fincamiento de responsabilidades de índole penal; como paso previo a resarcir una enrome afrenta política al pueblo del que todos formamos parte”; medidas que, dicho sea de paso,  guardan estrecha similitud con las que ha adoptado el gobierno de Michoacán para solventar  hasta en un 50 %  la deuda con el sistema de pensiones que dicha entidad  había venido acarreando desde el  año 2010 y que, al inicio de la administración actual a cargo de Rafael Ramírez Bedolla , amagaron con obligar a la suspensión de los pagos a cargo de dicho estado en este rubro.

En vez de ello, la unidad administrativa de la SEP se desentiende de las solicitudes  presentadas a la fecha, esgrimiendo argumentos falaces tales como desconocer la validez de la representación que conllevan desde todo punto de vista un albaceazgo provisional o notarial , dejando de manifiesto el bajo nivel profesional que se ostentan nuestros servidores públicos desde los días de Jacinto Herrera; o bien, argumentando la supuesta  caducidad para solicitar el pago del siniestro en cuestión tras cinco años de haber acontecido.

Eventual caducidad que, dicho sea de paso,  contraviene el principio de la imprescriptibilidad correspondiente a las acciones mortis causa, pero que de preverse en la Ley del Contrato de Seguro, corresponde ser esgrimida por parte de la compañía aseguradora en cuestión  y no, por parte de una mera instancia intermediaria de tramite como en el caso es la SEP, a menos,  claro está,  que lo que se oculte  en realidad, es que tal seguro no ha sido contratado desde 2018 hasta la fecha, curiosamente, durante el coincidente plazo de cinco años.

Los manifestantes desbordaron hace pocos días las calles de la ciudad de Tlaxcala reclamando la subrogación de los servicios médicos por parte del organismo encargado de brindar seguridad social a los trabajadores del gobierno local, resultando digno de destacarse que, tanto el perfil demográfico como el  de desempeño laboral de Tlaxcala resulta prácticamente idéntico al de Puebla, por lo que, en consecuencia,  si  organismo de aquella localidad colapsó, aquí, difícilmente, puede argumentarse lo contrario.

Estamos en presencia de una situación que permite avizorar el enorme quebranto del Issstep , negado por Eduardo Castillo con la misma cretinez estúpida con la que el personal de la SEP desconoce en la entidad  la validez de un albaceazgo provisional o notarial como instrumento que  acredita la legitima representación de la masa yacente de un “de cuyus”.

Correo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.