El ejercicio democrático en nuestro país resulta muy caro para los pobres resultados que arroja nuestro sistema electoral, a pesar de las promesas de la reforma política, que pretendía bajar el costo de la democracia, tal ofrecimiento resultó demagogia pura.

Es posible afirmar lo anterior con tan solo observar el excesivo incremento que han tenido los procesos electorales en la mayoría de las entidades federativas, el gasto electoral en los estados está fuera de control, los institutos a cargo de organizar las elecciones para gobernador duplicaron su gasto entre un proceso electoral y otro, sin justificación.

Tan solo el proceso electoral de 2016 tuvo un costo de más de 8,520 millones de pesos, el doble de lo que se gastó en 2010 y sólo participaron 13 estados, dicho gasto incluye los presupuestos de los institutos electorales estatales, los gastos ordinarios de los partidos políticos, pero sin tomar en consideración los gastos de campaña de los mismos.

Prueba de lo anterior, el descomunal e injustificado incremento del gasto en materiales y documentación electoral a nivel nacional, el cual pasó de 549 millones a 970 millones de pesos entre comicios, a pesar de que el número de electores creció sólo un 10 por ciento.

Los estados que más gastaron en este rubro, por no decir que más abusaron de este gasto, son: Aguascalientes en el honroso primer lugar de despilfarro, entre la elección para gobernador de 2010 y la de 2016 el gasto aumentó 922%: en la primera se gastó 1.7 millones de pesos en materiales electorales y en la de este año 22.2 millones. No hay explicación para este incremento.

En Michoacán creció 305%; en Sinaloa, 238%; en Sonora, 221%; y en Baja California Sur, 165%. Lo mismo sucedió en Tamaulipas, donde creció 138%; Nuevo León, 134%; Durango, 130%; Querétaro, 122%; y Zacatecas, 86%.

En los estados de Veracruz y Puebla, en los que el proceso electoral tuvo una elección más chica con menos candidatos y menos cargos a elegir, lo que ayudaría a presumir menos gasto en el rubro de material electoral, también aumentó este gasto respecto de la de 2010, el primero gasto 42.8 millones más y el segundo12.3 millones, por increíble que parezca.

Por otra parte, los partidos políticos en 2016, según cifras del INE, representaron un gasto total de $4,045,007,215.53, y para 2017 nos representará un gasto de $4,059,213,905 ésta cantidad sin financiamiento para campañas.

Esta situación resulta incomprensible y absurda en momentos como los que hoy se viven en México, la importancia de optimizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendente y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que los ciudadanos ya no podemos seguir permitiendo.

La democracia en México es 18 veces más cara que en promedio en el resto de los países de Latinoamérica, por lo que es urgente tomar medidas contundentes que ayuden a hacerla más barata y que el recurso económico que se destina para ello pueda emplearse en rubros más apremiantes para una sociedad con más de sesenta millones de pobres que se precipita al ocaso ante el apremio de sus finanzas públicas.

Lo anterior en razón de que México es considerado uno de los países más desiguales con políticas sociales contra la pobreza ineficientes; y sin resultados en más de 25 años; puesto que el número de pobres ha crecido de tal forma que hasta se desconoce la cifra exacta porque mientras el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, CONEVAL, manifiesta que existen en el país 55.3 millones de pobres, el estudio Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014 (julio de 2015) realizado por los expertos investigadores del Colegio de México (COLMEX), Julio Boltvinik y Araceli Damián, estiman que en el país hay 100.7 millones de pobres.

Cual sea la cantidad exacta son datos que evidencian la existencia de un gran número de la población con necesidades extremas, tan solo basta con observar que el salario mínimo está, hoy, por debajo del costo de la canasta de bienestar mínimo establecida por CONEVAL, entendiéndose por canasta básica el costo para una familia de satisfacer necesidades alimenticias, transporte, vivienda, cuidado personal, salud, educación y vestido, entre otros.

El costo de la canasta es de 87.51 pesos diarios por persona, mientras que el salario mínimo es de 80.00 pesos, dígame usted si esto no es desigualdad social, mientras se emplean miles de millones de pesos en un sistema electoral que arroja pobres resultados democráticos que tienen sumido al país en una crisis de representación desde hace muchas décadas, el número de pobres aumenta incontrolable y lastimosamente.