Uno de los puntos centrales del discurso del expresidente López Obrador, después de los resultados de las elecciones del pasado dos de junio, en los que su partido Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron treinta y seis millones de votos, con los que ganaron la presidencia de la república y la mayoría “calificada” en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en la de Senadores, fue el que su triunfo representaba la voluntad del pueblo para la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país, iniciada durante su gobierno y que deberá seguir ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo quien asumió el cargo el pasado uno de octubre.

Para el partido oficial, el triunfo contundente de sus candidatos, significa que el pueblo con su voto, les otorgó un cheque en blanco para hacer y deshacer las instituciones del país y modificar la Constitución General de la República a su conveniencia, sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos, que si representan la mayoría de la población de acuerdo al padrón electoral y que no les dieron su voto en las pasadas elecciones y que también son pueblo.

El argumento anterior, no fue suficiente para darle más espacios a los partidos de la oposición y minoritarios que debieron tener más diputados de representación proporcional en la Cámara baja y Senadores, logrando obtener Morena y aliados una sobrerrepresentación que no les fue dada en las urnas por los electores.

Con la mayoría calificada en ambas cámaras, el expresidente AMLO, logró la aprobación de la reforma al poder judicial de la federación, a pesar de las opiniones en contra de especialistas, de estudiantes de derecho, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de los funcionarios del Poder Judicial que hasta el día de hoy continúan en paro de actividades, ante la cerrazón y negativa del gobierno anterior y de los legisladores de escuchar sus demandas y de que se respeten sus derechos laborales adquiridos.

Hasta ahora, nada ha logrado cambiar la imposición del Poder legislativo que aprobó la reforma constitucional y del ex presidente López Obrador, que el pasado 15 de septiembre ordenó la publicación del decreto de reforma al poder Judicial de la federación, a pesar de la existencia de dos incidentes de suspensión de Jueces de Distrito que le ordenaron detener la publicación de la reforma, el ex presidente desatendió las suspensiones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la federación.

El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C. a solicitud del Colegio de Secretarios y actuarios federales y de otros funcionarios judiciales, dio respuesta a la solicitud de audiencia para tratar la reforma al poder judicial en México citando a los peticionarios para el día 12 de noviembre de este año, con lo que se da inicio al procedimiento para que la Comisión conozca del tema y de no llegarse a una solución, el caso se turne a la Corte Interamericana de derechos Humanos con sede en San José Costa Rica para su resolución final, lo que puede tardar aún varios meses; sin embargo por la importancia del asunto se prevé se le de celeridad y el Gobierno de México sea emplazado para dar respuesta ante la Corte.

También el día de ayer, finalmente el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos a favor y tres en contra, aprobó abrir una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial y en su caso si puede revertirla o incluso anularla. Lo anterior a solicitud de jueces y magistrados para revisar la reforma que debe ser sometida a control constitucional, por lo que la solicitud será turnada a un Ministro a fin de que elabore el proyecto y el mismo sea sometido a votación del pleno.

Con esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, de acuerdo a la opinión de las Ministras Yasmin Esquivel y Lenia Batres, la primera afirmó que: “la Corte, estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, señalando que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del viernes cuatro de octubre, señaló que. “…acepta lo que le plantea la corte, algunos Ministros de la Corte para analizar la constitucionalidad de la Constitución que está totalmente fuera de norma, en ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la Corte puede cambiar la Constitución, yo supongo que ellos están provocando cual es nuestra reacción y no sólo son los Ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la Ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación..”

En las condiciones anteriores, es definitivo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la mayoría de los Ministros, tiene los elementos jurídicos necesarios para echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial, desde las violaciones al proceso legislativo, en las que incurrieron ambas Cámaras para la aprobación, hasta el hecho de que la reforma en sí, es violatoria de lo establecido en la Constitución General de la República, al eliminar la independencia judicial y  la autonomía del poder Judicial, con lo que atenta en contra de la División de poderes y el orden constitucional voluntad del pueblo mexicano, al establecer como forma de gobierno el de ser una república.

Lo anterior, sin dejar de tomar en consideración las opiniones y probables resoluciones de organismos internacionales, en contra de la reforma al poder judicial.

Es previsible que el gobierno federal representado por el poder ejecutivo y el legislativo, se mantengan en su posición de sostener la reforma aprobada al precio que sea y de usar los medios a su alcance para que se avance en la elección de los Ministros, magistrados y Jueces en los períodos establecidos, bajo la organización y procedimientos del INE.

Mientras los ciudadanos y justiciables, que al final son los más afectados, esperan que las partes lleguen a un acuerdo y que la impartición de justicia mejore y se imponga el estado de derecho, alejado de los conflictos políticos y partidistas que s+olo han deteriorado la imagen de nuestro país al interior y a nivel internacional.

Estamos a días de conocer, ¿cuál será el resultado de la batalla final? Hacemos votos porque no haya ganadores, ni vencidos, sino que el resultado sea el más benefico para los ciudadanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.