La protección a las instituciones estructurales del Estado, ha sido un tema de importancia estratégica para la seguridad nacional con el fin de prevenir y combatir los delitos de orden federal. Toda vez que la misma, es un fundamento esencial para el desarrollo y el progreso de una sociedad libre que pueda garantizar su adecuado funcionamiento, impactando directamente en el desarrollo de las actividades económicas, políticas y sociales de la nación. Por eso, resulta imprescindible un entendimiento básico y generalizado de la importancia de la seguridad como garantía de bienestar de los ciudadanos y de la estabilidad del propio Estado.

Sin embargo, nuestra seguridad nacional colmada de prácticas como: La falta de estándares mínimos de capacitación con criterios homogéneos para su operación; un inexistente sistema de evaluación de control de confianza; equipamiento inadecuado para el cumplimiento de sus funciones; el incumplimiento de la mayoría de sus elementos con los requisitos que establece la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el otorgamiento de la Licencia Particular Colectiva para la Portación de Armas de Fuego; la incapacidad de algunas corporaciones y empresas para evaluar y determinar los niveles de riesgo que podían afectar tanto a las instalaciones que protegían como a sus ocupantes. Eran siempre motivo de señalamiento y fundamento de un anacrónico aporte al objetivo del Estado como ente garante.

Por lo anterior, se optó por articular a través de una Estrategia que definiera un marco de referencia global y omnicomprensivo en materia de seguridad. Una Estrategia que contemplara las singularidades de los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos en un mundo que experimenta cambios tan profundos como constantes, que oriente la acción del Estado de cara a dar respuesta a los desafíos actuales utilizando los recursos disponibles de forma flexible y eficaz.

Con el propósito de otorgar esa respuesta eficaz a las necesidades en materia de seguridad que se presentan en cada entidad o región del país, la Policía Federal se ha reestructurado en seis divisiones, claramente explicadas en la obra El Nuevo Modelo de Seguridad para México, de la autoría de Genaro García Luna, las cuales, se encargan de planear, recopilar, analizar y explotar información de orden criminal mediante las herramientas tecnológicas de Plataforma México. Ello permite a la Policía Federal dar cumplimiento a diversas tareas como la ejecución de operativos destinados a preservar el orden público, la desarticulación de organizaciones criminales y el combate de los delitos mediante el empleo de inteligencia policial. Las seis Divisiones de la Policía Federal son: 1) División de Investigación; 2) División de Inteligencia; 3) División Científica; 4) División Antidrogas; 5) División de Fuerzas Federales; 6) División de Seguridad Regional.

La reestructuración operativa de la Policía Federal incluyó el diseño de un nuevo esquema de coordinación mediante la creación de la División de Seguridad Regional. Mediante el Centro de Mando de la Policía Federal, esta división realiza labores orientadas al cumplimiento de las fases del ciclo de inteligencia en las 32 Coordinaciones Estatales. El propósito es que el Nuevo Modelo de Seguridad se replique en cada entidad del país para efectuar una auténtica labor de proximidad social, tomando en cuenta que la actuación policial logra mejores resultados en la medida en que la cercanía con los ciudadanos permite una intervención más oportuna ante cualquier incidente o actividad delictiva.

Las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, cuentan con áreas especializadas en la recopilación, el procesamiento, la clasificación y el análisis de información, así como con grupos de reacción para prevenir y combatir los delitos en todo el territorio nacional. Por sus facultades para tomar decisiones inmediatas y articular con mayor eficacia las acciones y operaciones en cada entidad, estas Coordinaciones son unidades de mando con plena autonomía que hacen posible una auténtica descentralización de las funciones de la Policía Federal.

Asimismo, la Policía Federal supervisa que sus elementos actúen ajustándose a los principios señalados por el artículo 21 de la Constitución: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalidad, honradez y respeto a los derechos humanos. Tanto en las labores de investigación como en el trabajo operativo, su actuación debe circunscribirse al respeto de los derechos fundamentales en los términos señalados por la LPF y al uso racional, congruente y oportuno de la fuerza pública, según lo dispuesto por el artículo 41 de la LGSNSP. Con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos y a los demás principios constitucionales que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública, el artículo 40 de la LGSNSP establece que estas se sujetarán, entre otras, a las obligaciones siguientes: 1) Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna. 2) Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra y, en caso de tener conocimiento de algún acto de esta naturaleza, denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente. 3) Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. 4) Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos legales aplicables.

La reestructura orgánico-funcional descrita ha potenciado las capacidades operativas de la SSP y ha contribuido a potenciar las capacidades logísticas, humanas y operativas de la Policía Federal. Esto permitirá atender de manera más eficaz las demandas de seguridad a lo largo y ancho del país, mediante una presencia territorial fortalecida y a través de la infraestructura y los sistemas tecnológicos que facilitan la articulación de estrategias conjuntas con las demás instituciones encargadas de la seguridad pública.

Estamos conscientes que el concepto de seguridad en el siglo XXI debe evolucionar conforme el desarrollo de las necesidades de las sociedad a la que protege debe ser amplio y dinámico, para cubrir todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, que son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las infraestructuras críticas. Las bases están planteadas, ahora lo que esperamos es un óptimo y adecuado uso de estos elementos por parte de los principales actores y que no se vea contaminado por la corrupción que ha caracterizado por muchísimas décadas a los mismos.