Mientras en el país, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados se regodean en el discurso por  la supuesta aplicación de políticas públicas que impulsan la equidad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las estadísticas respecto al aumento de los feminicidios, así como de las denuncias por violencia familiar donde en la mayoría de los casos son las mujeres las víctimas, siguen en aumento, y como si todo ello no fuera suficiente, hay otra forma de violencia, denominada "violencia política" y que se manifestó dentro del proceso electoral que vivimos los poblanos el pasado cinco de junio para la elección del Gobernador del Estado, precisamente contra las tres candidatas que contendieron para el cargo, la abanderada de la coalición PRI-PVEM-PES, Blanca Alcalá, la del PRD, Roxana Luna Porquillo, y la candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco, quienes tuvieron que enfrentar toda una serie de trabas en el IEE, ataques, persecución y campañas negras en diferentes medios de comunicación y redes sociales por parte de sus oponentes, sin importar en lo más mínimo su condición de mujeres, ya que la actitud de los voceros y militantes del PAN en la campaña, como la del senador Javier Lozano Alarcón, no tuvo empacho en descalificar en forma abierta y agresiva la trayectoria y origen del patrimonio de Blanca Alcalá, que se propagó a través de spots radiofónicos y en las redes sociales y que tuvo un efecto contundente en la opinión de los electores para no otorgarle su voto el día de la elección.

En el caso de la candidata Roxana Luna Porquillo, dicha violencia se dio en un primer momento en el seno del PRD por la lucha entre los militantes que apoyaban su candidatura y de quienes estaban a favor de la coalición con el PAN para impulsar la misma formula que en 2010 lógró el triunfo derrotando al candidato del PRI, y tuvo que ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quién al final dio la razón a la dirigencia nacional, a fin de que se respetara la designación de Luna como la candidata del partido, a pesar de la serie de amenazas y ataques que recibió desde que se desempeñaba como Diputada federal, por su activismo en favor de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan por los actos ocurridos el 9 de julio de dos mil catorce, donde perdió la vida el menor de trece años José Luis Tehuatlie Tamayo, por el ataque con gases lacrimógenos lanzados por policías estatales al reprimir el cierre de la autopista Puebla-Atlixco por pobladores de dicha población que protestaban por el retiro del registro civil de las Juntas auxiliares y que motivó que se emitiera una recomendación por violaciones graves a derechos humanos por la CNDH en contra del Gobierno del Estado de Puebla.

Finalmente el caso de Ana Teresa Aranda Orozco, quién renunció al PAN para buscar la candidatura independiente a la gubernatura y quién fue objeto de una feroz persecución, así como de más de catorce resoluciones del IEE para negarle su registro, el cual finalmente obtuvo mediante resolución del Tribunal Federal Electoral quince días después de iniciado el proceso, lo que la colocó en una enorme desventaja respecto a sus oponentes, con escasos recursos para su campaña política, lo que le impidió llegar a todos los municipios del estado y obtener más votos en el proceso. De ahí que le doy la razón a la magistrada del Tribunal Federal Electoral, cuando afirma que "en Puebla en el pasado proceso electoral ,se vivió violencia política en contra de las candidatas a la gubernatura del Estado".