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     El alto grado de aceptación que a casi cien días de gobierno, alcanzó el gobernador del Estado, Antonio Gali Fayad, 75.3 por ciento constituye un triunfo  del mandatario, pero también implica un compromiso: el de continuar teniendo cercanía con el pueblo, el de escuchar sus demandas, el de realizar obras públicas que sirvan realmente a sus gobernados y el de ser un auténtico gobernante estatal y no un super-presidente municipal de la capital.

      Enfrentar al crimen organizado que se estaba apoderando de los municipios que se encuentran dentro del “Triángulo Rojo”, ha sido un gran acierto, pero quedan muchos retos en materia de seguridad, como el de acabar con las bandas que asaltan autobuses del transporte público en la capital y que esta semana acaban de cobrar dos víctimas: la de un joven de 23 años, Erick Bolio, un auténtico héroe civil, quien fue muerto a tiros por defender a una madre de familia que llevaba a su hijo en brazos cuando fue atacada por los delincuentes, en un transporte de la Ruta 27-A y a otra persona asesinada con arma blanca a la entrada de su casa, por haberse defendido de un asalto.

     Hechos como esos, que en Puebla se conocían hasta hace un año, solo a través de periódicos y noticieros de televisión, pero ocurridos en otras entidades, cada día son más frecuentes aquí, como frecuentes son los asaltos que realizan falsos taxistas y sus cómplices en la zona de la CAPU. Ya se están tomando medidas para parar a la delincuencia que opera tanto en la capital como en zonas del estado como Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán, Zacapoaxtla, etc., donde hay asaltos en autobuses en plena carretera, amenazas, extorsiones y robo de ganado, que han dañado a la economía regional y problemas graves también de inseguridad en zonas como Texmelucan, Tehuacán y la mixteca poblana.

      Ya se vio que cuando se quiere se puede: los golpes que este gobierno ha asestado a los huachicoleros; a algunas pandillas de secuestradores y el mejoramiento en el desempeño policiaco en general, están logrando algo que hasta hace muy poco parecía imposible, que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en sus autoridades.

     Además, se endurecieron las penas para quienes se dediquen al robo de gasolina tanto en años de prisión, como en pago de multas.

     El mayor aliado de la delincuencia es la impunidad y esta terminará cuando haya buenos policías, agentes del Ministerio Público y jueces honestos y eficientes.

     Los diputados locales se han hecho los occisos ante el plantón que tienen enfrente del recinto oficial del Congreso, lo cual no les cuesta mucho trabajo. Dicen que no es asunto que les incumba y ya les han dicho a los líderes del plantón, que vienen desde Jolalpan, población sureña ubicada en la confluencia de los estados de Morelos y Guerrero con Puebla, que pueden permanecer ahí todo el tiempo que quieran, porque no les han hecho caso y no piensan hacerlo.

       Si tuvieran tantita sensibilidad política, tantita sensibilidad social, ya hubieran intervenido para solucionar el problema y estamos seguros que en una semana lo hubieran resuelto.

       Los diputados están para defender a los ciudadanos todos, máxime cuando su petición es que les quiten a un presidente municipal acusado de corrupto, que tiene el rechazo de parte de sus regidores.

       En Jolalpan, no hay gobernabilidad. El palacio municipal está cerrado, el ayuntamiento se ha disgregado, se despacha en la casa del presidente municipal y lógicamente, no hay actividad normal de gobierno.

     ¿Porque no ha sido designada una comisión del Congreso, para que vaya a Jolalpan a investigar directamente los hechos, a entrevistarse con representantes de los sectores de la población, para que pueden emitir una opinión válida que ayude a los “fuereños” de la Secretaría General de Gobierno, a dar una solución justa al problema?

       Tal parece que están esperando una orden, quien sabe de dónde, pero una orden “superior” que les indique lo que tienen que hacer. Por lo pronto parece que la orden es la de no hacer nada y dejar que los del plantón se cansen. Si conocieran a la gente de su estado, sabrían que los de Jolalpan han sido gente aguerrida desde siempre y que a veces exageran sus exigencias, pero saben reconocer cuando la contraparte tiene razón. Pero para eso hay necesidad de dialogar, de platicar en buen plan las cosas y de investigar la verdad de lo que allá ocurre. Ojalá y se les prenda el “foquito” y nos den una sorpresa.

       Por lo pronto el gobernador Gali, ya ofreció a los manifestantes, ver el problema directamente y buscarle rápida solución. El puede dar la orden que los diputados esperan, pues los legisladores poblanos están acostumbrados a obedecer, son como niños chiquitos, pues cuando ellos eran niños, no había colegios Montesori.

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     Los problemas de privatización del agua potable en los municipios de la entidad y el de la creación de un organismo para el manejo de cinco municipios influidos por la llamada Ciudad Modelo, deben ser discutidos y analizados a profundidad entre las autoridades estatales y las municipales para evitar conflictos que podrían ser graves.

      Autoridades municipales de todos los partidos, han tenido plena confianza en el gobernador Antonio Gali Fayad. El no puede echar por la borda esa confianza.

     Por eso mismo, debe platicar con los ayuntamientos para llegar a acuerdos y no imponer medidas que lastimarían la buena relación que desde el principio se ha establecido entre los gobiernos de los 217 municipios y el gobierno estatal.

      El presidente municipal de Izúcar de Matamoros, doctor Manuel Madero, hizo un planteamiento razonable, con base en la ley suprema de la nación, la Constitución General de la República, del porqué el ayuntamiento que preside, no acepta la privatización del agua potable en su jurisdicción.

     Las autoridades de los municipios de la zona donde se ha establecido la planta automotriz de la empresa Audi, también han expresado su rechazo a la creación de un organismo inconstitucional, que en los hechos, va a decidir, lo que constitucionalmente corresponde hacerlo a las autoridades municipales electas democráticamente.

     El gobierno de Gali tiene un alto índice de aceptación entre los poblanos. Su carisma, su bonhomía, su trato sencillo y amigable con todos y el respeto que en campaña y ya como gobernador electo ha dispensado a las autoridades de los municipios grandes y pequeños, sin importar su extracción partidista,  no puede dilapidarse así como así.

      Al oponerse los ayuntamientos a las medidas anunciadas (privatización del agua y sometimiento a un organismo extra constitucional) están respondiendo positivamente a la exigencia de sus pueblos que se oponen a esas medidas.

       Si los diputados del Congreso local, tuvieran un mínimo conocimiento de la historia de la entidad, sabrían que los poblanos de todas las épocas, han sido muy sensibles en eso de oponerse a que las autoridades estatales o federales, les impongan cosas a las autoridades municipales y no respeten su autonomía y su libertad, garantizadas por el artículo 115 constitucional.

      Recientemente ha habido un caso muy sonado: el de quitarles a las juntas auxiliares, el manejo del Registro Público de las Personas. Se hubiera armado una revolución, si las autoridades no hubieran dado marcha atrás en ese tema.

      El municipio ha sido considerado como la base de nuestra organización política. A Puebla le tocó en suerte, tener al segundo municipio gobernado por un ayuntamiento libre y autónomo. Fue Tepeaca, llamada en sus inicios Segura de la Frontera, el segundo municipio creado por Hernán Cortes, el conquistador español, después del de Veracruz.

      Y el partido Acción Nacional, que gobierna al estado, fue desde sus inicios en 1939, el más enjundioso defensor del municipio libre, por considerar que solo garantizando la autonomía municipal, este país podría ser considerado como democrático y libre.

      En los tiempos que siguieron a la Revolución de 1910, los municipios del país fueron manejados por grupos revolucionarios triunfantes, como si fueran de su propiedad. Los cacicazgos se adueñaron de la república, pero el mismo Partido Revolucionario Institucional, que tuvo su origen en esa Revolución, se encargó de irlos acabando.

     Por lo que toca a Puebla, es inolvidable el dominio absoluto que tuvo en los años treinta el cacicazgo Avilacamachista, cacicazgo que tuvo su época más dura, cuando Maximino Avila Camacho, gobernó al estado. Ese cacicazgo terminó en los años cincuenta, con el gobernador Rafael Avila Camacho, que dejó en el poder a Fausto M. Ortega, a quien pensó manejar a su antojo. Pero intervino el presidente Ruiz Cortines y evitó que el cacicazgo siguiera manejando a la entidad como si fuera de su propiedad.

     Los panistas en sus inicios tenían entre sus metas: acabar con el fraude electoral, terminar con los caciques y llevar al poder a personas honestas. Pretendían el establecimiento de un gobierno basado en la doctrina cristiana, con educación religiosa en las escuelas y algunas cosas más.

      Muchas de sus públicas denuncias dieron al traste con los vicios de los revolucionarios en el poder, pero los ejecutores fueron los líderes del partido surgido de la revolución.

      Cuando los panistas llegaron a ocupar gubernaturas, presidencias municipales importantes y finalmente, dos veces la presidencia de la república, se olvidaron de sus orígenes y le entraron con entusiasmo a lo que ellos, tanto combatieron.

       El municipio libre y autónomo, debe continuar, es la mejor garantía para seguir avanzando en la democracia. Abandonar o peor aún, abusar de los municipios, como se abusó por mucho tiempo, es retroceder a tiempos y costumbres que ha costado mucho trabajo superar.