PUEBLA, Pue. - Leonardo P., presunto narcomenudista y sicario en la banda que dirige su primo Abraham C., alias “El Croquis”, fue detenido por agentes de la Policía Estatal en la colonia Santa María en posesión de aparentes drogas.

Fue ubicado en el cruce de la Diagonal Defensores de la República y la 7 Norte; al hacerle una revisión entre sus pertenencias, le encontraron 120 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal y una bolsa con hierba seca con las características de la marihuana, que tuvo un peso de 300 gramos.

Del trabajo de gabinete de la Secretaría de Seguridad Pública se desprende que Leonardo P. tenía como encomienda, dentro de la organización de “El Croquis”, la extorsión a comerciantes, venta de droga, sicario, así como informante sobre la presencia de autoridades en los puntos de venta de droga, conocido en el ámbito delincuencial como “halconeo”.

Además, se cuentan con elementos que permiten presumir que apoyó a “El Croquis” a deshacerse del cuerpo de una mujer a la que este asesinó a golpes en febrero pasado.

Ante el seguimiento del caso y pruebas aportadas en audiencia por parte de La Fiscalía General del Estado, Lorenzo N. alias “El Ciclón” enfrentará proceso penal en prisión por el delito de homicidio calificado.

Lorenzo N. alias “El Ciclón” fue detenido en días pasados en San Lorenzo Almecatla, luego de que se le identificara como el probable responsable de varios homicidios en la zona. Además se sabe que lideraba un grupo criminal dedicado al robo de hidrocarburo.

Con base en lo anterior, el Juez de Control concedió la petición del Ministerio Público de vincular a proceso al imputado, así como la de imponerle prisión preventiva como medida cautelar.

Se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, derivado del seguimiento al proceso penal y la aportación de pruebas, obtuvo una sentencia de 24 años, 3 meses y 11 días de prisión, contra Cristóbal Hernández Reyes y/o Julio Cristóbal Hernández Huerta, alias “El Julio”, quien es penalmente responsable de los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lenocinio y corrupción de menores.

Con base en la denuncia presentada en marzo de 2013, se supo que la víctima tenía una deuda económica con Cristóbal, quien al percatarse que la mujer no contaba con dinero ni trabajo, la forzó a ejercer la prostitución en un bar del municipio de Atlixco. Después bajo amenaza de hacerle daño, la orilló a que se mudara a su domicilio con sus tres hijos, una mayor de edad y dos menores.

Meses después, Cristóbal también obligó a la hija de la afectada a prestar servicios sexuales en el mismo bar que su progenitora y bajo condiciones de explotación.

El Ministerio Público documentó los ilícitos y solicitó la orden de aprehensión contra el probable responsable. Una vez que se dio cumplimiento al mandato de captura por parte de agentes de investigación, se realizó el traslado al Centro de Reinserción Social; en paralelo, se desarrolló un operativo para rescatar a las víctimas.

Al darle seguimiento al proceso penal, la Fiscalía General presentó las últimas pruebas a la autoridad judicial que determinó en contra del responsable, prisión de 24 años, 3 meses y 11 días, además de una multa equivalente a 4 mil 732 días de salario mínimo, así como una cantidad económica por concepto de reparación de daño moral y reparación del daño material.

• Pagará multa de 13 mil 432 días de salario mínimo, y 73 mil pesos por daño moral.

Ante el seguimiento al proceso penal y la aportación de datos de prueba, se obtuvo una sentencia de 146 años de prisión para un secuestrador de nombre Juan Morales Paredes alias “El Muñeco”, de 37 años de edad, quien pertenecía a la banda autodenominada “Los Güeros”, dedicada a este delito. El fallo condenatorio es el más alto obtenido por la Fiscalía General del Estado, no tiene precedentes en Puebla.

El 26 de febrero de 2013 el agraviado, un comerciante de la zona de Izúcar de Matamoros, circulaba a bordo de su camión sobre la carretera federal a Atlixco, cuando a la altura de la población de San Pedro Ixhuatepec, del municipio de Atzitzihuacán, fue interceptado por el ahora sentenciado, quien en complicidad con otros sujetos, lo amagó con arma de fuego y lo privó de la libertad, llevándolo a una casa de seguridad ubicada en la región de Huaquechula.

Ese mismo día, familiares de la víctima recibieron una llamada en la que los plagiarios exigían una fuerte suma de dinero a cambio de la liberación. Cabe señalar que después de 15 días de cautiverio, la víctima logró reunirse con su familia.

Derivado del trabajo de análisis realizado por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), hoy Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), se logró establecer a través del modus operandi y de diversos indicios, la identidad de los integrantes de la organización criminal presuntamente involucrada con otros secuestros y extorsiones. Entre los sujetos se identificó a Juan Morales Paredes.

Resultado de un operativo implementado por agentes de investigación, se logró la detención de seis personas, consignadas a la autoridad judicial luego de que el Ministerio Público acreditara su probable responsabilidad.

Al continuar con el proceso penal y aportar pruebas en contra de Juan Morales Paredes, alias “El Muñeco”, el Juez Penal determinó una sentencia de 146 años y 3 meses de prisión, asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 13 mil 432 días de salario mínimo y 73 mil pesos por daño moral.

El seguimiento a los procesos penales de los otros sujetos involucrados en el caso continúa.

SAN ANTONIO, TX - Un presunto miembro del cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia federal, luego de su extradición de México a Estados Unidos ayer por la tarde. Se espera que se presente durante el día en una corte federal en El Paso.

Arturo Shows Urquidi alias "Chous", de 47 años, imputado en abril de 2012 con una acusación formal presentada por un jurado federal en El Paso. Urquidi cuenta con un cargo de conspiración para llevar a cabo negocios a través de un patrón de asociación delictiva (conspiración RICO), un cargo de conspiración de posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, y mil kilogramos o más de marihuana, un cargo de conspiración para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana, un cargo de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero, y un cargo de conspiración para poseer armas de fuego y fomentar delitos relacionados con narcotráfico.

"El cártel de Sinaloa ha contrabandeado múltiples cantidades de toneladas de cocaína y heroína a nuestro país por décadas, usando intimidación, violencia y asesinatos para construir y proteger su imperio criminal", dijo el Agente Especial de la DEA Williamson. "La extradición de Urquidi ejemplifica la voluntad de colaboración policial internacional para señalar, desarticular y desmantelar los poderosos cárteles mexicanos".

"La extradición de Urquidi demuestra que cuando trabajamos juntos con nuestros socios encargados de aplicar la ley, tanto aquí como en México, podemos llevar a los líderes y miembros principales del cártel de Sinaloa ante la justicia", dijo el Agente Especial del FBI en Charge Buie.

"La ATF refrenda su compromiso con las asociaciones que combaten el crimen violento y el tráfico de armas de fuego", dijo el Agente Especial de la ATF Boshek. "Trabajar juntos para desmantelar organizaciones criminales mejora la seguridad pública y aumenta la estabilidad social y económica".

Urquidi es uno de los 24 presuntos líderes del cártel de Sinaloa, incluyendo a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera e Ismael "Mayo" Zambada García, acusados de cargos federales por asociación delictiva en abril de 2012. Según la acusación, Urquidi era responsable de la carga y descarga de cocaína, productos relacionados con drogas y armas de fuego, en almacenes del cártel de Sinaloa en Juárez.

Veinte acusados, incluido Urquidi, continúan bajo imputación. El juicio está programado para noviembre de 2018. En caso de ser condenado, Urquidi enfrentaría hasta cadena perpetua en una prisión federal.

Esta investigación resultó en la incautación de cientos de kilogramos de cocaína y miles de libras de marihuana en ciudades de todo Estados Unidos. La policía también retuvo millones de dólares de ganancias de las drogas, destinadas a ser devueltas al cártel en México. Agentes y oficiales también incautaron cientos de armas y miles de municiones que pretendían introducir de contrabando en México para ayudar al cártel a tomar el control de Juárez y las rutas locales de tráfico de drogas.

La DEA, el FBI y la ATF junto con las Investigaciones de Seguridad Nacional de la Oficina de Detención y Deportación, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Alguaciles, El Departamento de Policía de El Paso, la Oficina del Sheriff de El Paso y el Departamento de Seguridad Pública de Texas investigaron este caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó apoyo significativo en la extradición. El caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares del Distrito Oeste de Texas.

• Ingresó con otras personas a robar al domicilio de la víctima.

La Fiscalía General del Estado identificó, ubicó y aprehendió a Christian Alejandro N., Alias “El Chueco”, lo anterior al dar seguimiento a investigaciones por el homicidio del presidente municipal de San Salvador El Verde.

El 20 de abril de 2013 se tomó conocimiento que en un inmueble de la calle Jaime Nunó de San Salvador El Verde, se encontraba sin vida René N., edil de dicho municipio, por lo que se realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver.

Al dar inicio a las investigaciones, se tuvo conocimiento que varios sujetos ingresaron al domicilio particular del edil, amagando con armas de fuego a 4 integrantes de la familia, entre ellos al funcionario, a quien le exigieron la entrega de dinero en efectivo y joyas, pero tras la negativa, lo golpearon hasta privarlo de la vida.

Con base en los indicios recabados, así como labores de campo y de inteligencia, se logró identificar a Christian Alejandro N. como probable responsable. Se estableció que se reunió previamente con otros sujetos para planear el ingreso al domicilio y  el robo.

Una vez que se acreditó la probable responsabilidad de esta persona se solicitó y obtuvo del Juez Penal la orden de aprehensión y se le dio cumplimiento al mandato judicial en límites de Puebla y Tlaxcala. Christian Alejandro N. está recluido y a disposición del Juez.

Cabe recordar que en junio de 2013, Edgar N., otro de los probables agresores, fue también ubicado y detenido por la Fiscalía General.

• Enamoró a una menor para apartarla de su familia, posteriormente la obligó a pedir dinero en la calle.

La Fiscalía General del Estado obtuvo a través del seguimiento al proceso penal y la aportación de elementos de prueba, una sentencia de 10 años 6 meses de prisión contra Benjamín Genaro alias “El Patadas”, quien se encuentra penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de mendicidad forzada y trata de personas  en su modalidad de explotación de la mendicidad ajena.

De acuerdo con el proceso penal, en 2013 Benjamín Genaro inició una relación sentimental con una menor de edad a quien enamoró y enganchó a fin de sacarla del núcleo familiar, una vez que consiguió que la hoy víctima se mudara a su domicilio, la obligó bajo amenazas de hacerle daño a su familia, a pedir dinero en la calle para una supuesta asociación.

Al tomar conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró y consignó la averiguación previa, obteniendo del Juez Penal la orden de aprehensión correspondiente.

Derivado de lo anterior, elementos de investigación ubicaron y detuvieron al responsable quien fue internado en el Centro de Reinserción Social.

Al darle seguimiento al proceso penal y continuar aportando pruebas, se obtuvo una pena privativa de la libertad en su contra de 10 años 6 meses, se le impuso una multa de 7 mil días de salario mínimo y el pago de 500 días de salario mínimo para reparar el daño de la menor.