•    Se descubrieron anomalías cometidas por ex colaboradores del instituto en contubernio y beneficio de operadores políticos y allegados a administraciones anteriores.

•    Los posibles delitos son cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.

Puebla, Pue.- Debido a diversas irregularidades en los procedimientos de asignación de calificaciones y de titulación de algunos exalumnos del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), el Gobierno presentó 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones en su modalidad de beneficio a particulares y asociación delictuosa.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y autoridades de dicho instituto realizaron una auditoría a los expedientes escolares.

Derivado de esta revisión, se encontraron diversas anomalías cometidas por ex colaboradores del IEDEP en contubernio y beneficio de operadores políticos y allegados a administraciones anteriores.

Entre los implicados se encuentra, entre otras, las siguientes personas:

Resultado de una investigación integral, la Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y detuvo a Fernando N. y Víctor Hugo N., presuntos responsables del homicidio de un menor de 9 años de edad.

La noche del 31 de agosto de 2019 el menor se encontraba en el patio de su domicilio ubicado en Santa Clara Ocoyucan cuando sujetos desconocidos realizaron diversos disparos de arma de fuego por una presunta riña. Uno de los proyectiles impactó el pecho de la víctima ocasionando su muerte.

La Fiscalía de Investigación Metropolitana desarrolló diversos actos de investigación como el análisis de videos de vigilancia, entrevista a testigos, entre otros logrando establecer la identificación de los probables responsables. 

Con previa autorización del Juez de Control, el 25 de octubre de 2019 la Agencia Estatal de Investigación cumplimentó orden de aprehensión contra Fernando N. y Víctor Hugo N., por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla aportó datos de prueba y obtuvo prisión preventiva contra Petronilo N., como uno de los probables responsables de los homicidios de Alberto N. y de su sobrino Ricardo N. en Acatlán de Osorio.

En la primera audiencia, la Fiscalía de Investigación Regional a través del agente del Ministerio Público formuló imputación por los delitos de homicidio calificado, daño en propiedad ajena doloso y lesiones dolosas contra funcionarios públicos.

Con base en los datos de prueba que se recabaron mediante diversas diligencias, el Juez de Control determinó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Se estableció que Petronilo N., quien fue detenido mediante orden de aprehensión, incitó a pobladores a que agredieran y privaran de la vida a las hoy víctimas. La investigación continúa y se darán avances conforme estás lo permitan.

La Fiscalía General del Estado de Puebla esclareció el homicidio de Gustavo Alberto N., luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieran en la colonia Popular Castillotla a Edy Ángel N., como probable responsable del hecho.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre de 2016, el hoy occiso ingresó con lesiones graves al Hospital Rafael Moreno Valle, donde posteriormente perdió la vida a causa de traumatismo craneoencefálico.

Al iniciar las investigaciones y recabar elementos de prueba, se tomó conocimiento de que Edy Ángel N., junto con otras dos personas que se encontraban en estado de ebriedad, agredieron a Gustavo en inmediaciones del estacionamiento de un Oxxo ubicado en la avenida Juárez esquina con 7 Sur, de la ciudad de Puebla.

Cabe recordar que hace unos meses se logró la detención de Michel Uriel N. y Raúl N., como probables responsables.

Con la aprehensión de Edy Ángel N. de 25 años, se esclarece en su totalidad este homicidio.

• La FISDAI detuvo a los responsables, uno de ellos compañero de la Universidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de investigaciones de gabinete y campo a cargo de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), esclareció el secuestro y homicidio de un estudiante de contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de 19 años de edad y originario de Teziutlán, Puebla.

El pasado 17 de mayo, los padres de la víctima con residencia en Teziutlán, Puebla comenzaron a recibir llamadas de una persona de sexo masculino, quien les dijo tener a su hijo secuestrado y que juntaran dinero para que lo liberaran con vida, en virtud de lo anterior y al encontrarse estudiando en Puebla capital, intentaron comunicarse con él, sin embargo, no tuvieron éxito.

Ante dicha situación, se trasladaron a la Ciudad de Puebla a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, a efecto de denunciar el secuestro, dando inicio a la carpeta de investigación correspondiente y con ella comenzaron de manera inmediata las labores de asesoría y manejo de crisis, así como las investigaciones de campo y gabinete.

El proceso de negociación se encontraba en curso con un aproximado de 12 llamadas de exigencia económica cuando en las primeras horas del 18 de mayo, esto es, en menos de 24 horas, se localizó el cuerpo sin vida de la víctima el cual fue abandonado por la tarde del mismo 17 de mayo en una de las habitaciones del Hotel Miño, ubicado en la colonia el Resurgimiento.

Ante lo acontecido y derivado de la divulgación de dicha información en diferentes medios de comunicación los captores suspendieron las llamadas de exigencia económica, sin embargo, las investigaciones de gabinete y campo ya contaban con datos trascedentes para ubicar la identidad de los captores.

A esta información se sumó la obtenida en la escena del crimen permitiendo que los agentes investigadores adscritos a la FISDAI lograran determinar la identidad de los 5 captores que participaran en el hecho, entre ellos, un compañero de clase de la víctima de nombre Uriel “N”, quien se encargara de citarlo en Plaza Dorada y una vez en el lugar llegaron 4 personas más amistades de Uriel y con engaños lograron convencer a la victima de trasladarse a un Hotel.

Para ese efecto solicitaron los servicios de un taxi, quien los llevo previo al lugar de los hechos al Hotel 5 Villas, sin embargo, deciden no quedarse en ese sitio y se dirigen hacia el Hotel Miño, lugar donde lo privan de la vida.

Un aspecto importante en la investigación es la apertura de la BUAP a quien agradecemos su colaboración de manera inmediata y sin obstáculo alguno que permitió culminar las líneas de investigación, así como de la asociación hotelera que en casos como el presente auxilian en la inmediatez de la información.

El cúmulo de información fue entregado al Agente del Ministerio Público adscrito a la FISDAI para que por su conducto se solicitaran las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron obsequiadas por el Poder Judicial del Estado.

Una vez que se contó con las 5 órdenes de aprehensión y en virtud de que todos los objetivos desde el día del hecho se encontraban en lugares diferentes se implementó un operativo logístico para dar cumplimiento a los referidos mandamientos, lo anterior a efecto de que ninguno de los probables responsables tuviera posibilidad de evadir la acción de la justicia, operativo que contó con cateos en diversos domicilios para cada uno de los objetivos. 

Por lo que en las primeras horas del 2 de junio pasado se verificó el cumplimento de las órdenes de aprehensión sin un solo disparo ni daños a terceros, logrando el aseguramiento de:

Amedleni Uriel “N” de 19 años de edad, Guadalupe “N” de 18 años de edad, Nayeli “N” de 15 años de edad, originarios de San Martín Texmelucan, Puebla. También fue asegurado Jorge Luis “N” de 19 años de edad y originario de Huejotzingo e Iván Cándido “N” de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México.

Al esclarecer el caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los imputados quedaron a disposición del Juez de Control por el delito de secuestro, con la agravante de haber privado de la vida a la víctima cuya pena para este ilícito va de 80 a 140 años de prisión.

Por lo que hace a Nayeli “N” de 15 años de edad, fue puesta a disposición del Juez de justicia para adolescentes quien determinara su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que la supuesta no localización de Jorge N., fue un hecho simulado para obtener dinero de la familia de su esposa.

Se tiene conocimiento que esta persona salió de su domicilio a bordo de su vehículo y minutos después su familia ya no supo de su paradero.

El Camaro en el que viajaba fue ubicado en la carretera a Valsequillo, por lo que fue asegurado, quedando a disposición del Ministerio Público.

Hace unas horas, la supuesta víctima compareció ante la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) ante un aparente secuestro, no obstante, al recabarse la entrevista correspondiente que evidenció contradicciones de Jorge N y al desahogarse otras diligencias, se determinó que no existió secuestro.

• Enamoró a una menor para apartarla de su familia, posteriormente la obligó a pedir dinero en la calle.

La Fiscalía General del Estado obtuvo a través del seguimiento al proceso penal y la aportación de elementos de prueba, una sentencia de 10 años 6 meses de prisión contra Benjamín Genaro alias “El Patadas”, quien se encuentra penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de mendicidad forzada y trata de personas  en su modalidad de explotación de la mendicidad ajena.

De acuerdo con el proceso penal, en 2013 Benjamín Genaro inició una relación sentimental con una menor de edad a quien enamoró y enganchó a fin de sacarla del núcleo familiar, una vez que consiguió que la hoy víctima se mudara a su domicilio, la obligó bajo amenazas de hacerle daño a su familia, a pedir dinero en la calle para una supuesta asociación.

Al tomar conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró y consignó la averiguación previa, obteniendo del Juez Penal la orden de aprehensión correspondiente.

Derivado de lo anterior, elementos de investigación ubicaron y detuvieron al responsable quien fue internado en el Centro de Reinserción Social.

Al darle seguimiento al proceso penal y continuar aportando pruebas, se obtuvo una pena privativa de la libertad en su contra de 10 años 6 meses, se le impuso una multa de 7 mil días de salario mínimo y el pago de 500 días de salario mínimo para reparar el daño de la menor.

• Prevalece la prisión preventiva oficiosa en su contra.

La Fiscalía General del Estado informa que al aportar suficientes elementos probatorios, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de María Elizabeth "N", acusada del homicidio de su pareja sentimental.

El 1 de octubre del año en curso, agentes de investigación detuvieron a María Elizabeth "N", tras presuntamente privar de la vida a Vicente "N", durante una discusión en el domicilio ubicado en las calles 95 Poniente y 25 Sur de la colonia Cipreses de Mayorazgo, de la ciudad de Puebla.

Al quedar a disposición del Ministerio Público, se integró el cúmulo de pruebas para judicializar el caso, asimismo, el Juez de Control ratificó de legal la detención y el representante social llevó a cabo la formulación de imputación, donde se determinó como medida cautelar la prisión preventiva.

Cabe señalar que la imputada presentaba lesiones escoriaciones y cortaduras superficiales principalmente en las manos, provocadas por deslizamiento de objetos cortantes que tocó. Asimismo, el Juez determinó que las lesiones eran coincidentes con las agresiones que hizo al hoy occiso.

La Fiscalía de Investigación Metropolitana, al continuar aportando datos de prueba, el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de la hoy imputado quien continuará con prisión preventiva oficiosa bajo cargos por homicidio en razón del parentesco.

• Fue hallada en Olintla, donde permanecía por su voluntad con su pareja sentimental.

La Fiscalía General del Estado informa que derivado de labores de análisis y rastreo de la información, se logró ubicar en el municipio de Olintla, a Claudia Carolina, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida.

Cabe señalar que la menor se encuentra en buen estado de salud de acuerdo con la revisión médica y el análisis de trabajo social y psicológico que se le brindó, asimismo, en unos minutos se reunirá con sus familiares.

Desde que la Fiscalía General tomó conocimiento del hecho, giró oficios de colaboración a los estados vecinos y a las diferentes corporaciones policiales, además de que la información se agregó a la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Durante las indagatorias, se buscó en los estados vecinos de Tlaxcala y Veracruz. De la información recabada durante las investigaciones, se estableció que la menor podría encontrarse en el municipio de Olintla, por lo que Agentes Estatales de Investigación se trasladaron al lugar, ubicándola en un inmueble donde, permanecía por su voluntad en compañía de familiares de su pareja sentimental mismo que en ese momento no se encontraba en el inmueble.

Con base en lo anterior, se descarta que la joven haya sido víctima de trata o de algún otro ilícito, no obstante, se seguirá investigando.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de investigar cada caso donde se reporte la no localización de personas y exhorta a quienes deciden salir de su domicilio por diversos motivos, lo expongan ante sus familiares para descartar situaciones de otro tipo.

• La Fiscalía General del Estado realizará la ampliación de cargos por el delito de feminicidio, y en su momento solicitará la pena máxima que permite la ley

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa los avances en relación con la desaparición de la joven Mara Fernanda, quien fue privada de la libertad el pasado 8 de este mes, una vez que abordó un vehículo del servicio Cabify para trasladarse a su domicilio.

Mediante las investigaciones realizadas, se ha establecido que la víctima fue privada de la vida por su agresor. El cuerpo ya fue localizado y a la familia se le informó de estos hechos a efecto de realizar las diligencias necesarias que les permitan darle sepultura.

El gobierno del Estado, a través de la FGE, encabezada por Víctor Antonio Carrancá Bourget, actuará para que el responsable de estos hechos sea sancionado con los máximos que permite la ley.

De acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, se ha establecido lo siguiente:

El día 8 de este mes, a las 5 horas con 3 minutos, Mara Fernanda solicitó un servicio de transporte privado a través de la aplicación Cabify, para trasladarse a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Torres de Mayorazgo, en esta ciudad capital.

Unos minutos más tarde, se presentó el conductor asignado para el servicio, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación UAY 6418, como lo indicaba la información de la empresa Cabify.

El vehículo se trasladó hasta el domicilio de Mara Fernanda, lugar al que arribó a las 5:30 horas de ese mismo día. Sin embargo, Mara Fernanda no llegó a su domicilio, motivo por el cual, sus familiares presentaron una denuncia por su desaparición, iniciándose la carpeta de investigación 14652/2017/ZC.

Con base en esa denuncia y conforme los protocolos de investigación en casos de desaparición de personas, se realizaron las diligencias necesarias a fin de establecer lo ocurrido.

El conductor del vehículo se presentó a declarar ante la Fiscalía, manifestando que efectivamente prestó el servicio pero que la joven Mara Fernanda había solicitado bajar de la unidad en un punto cercano a su domicilio, sobre la misma calle.

La información recabada en las primeras diligencias, entre otros elementos videos y entrevistas, permitieron establecer que cuando el vehículo del servicio privado llegó al domicilio de Mara, ésta nunca descendió del mismo.

Una vez confrontada la declaración de Ricardo “N”, conductor del vehículo que abordó Mara Fernanda, con los diversos elementos de prueba que se fueron recabando durante las horas y días subsecuentes, se establecieron las inconsistencias en su versión de los hechos, por lo que el Ministerio Público ordenó su detención por caso urgente, la que, con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se realizó el día martes 12 en San Cosme Xaloztoc de dicho Estado, lugar de su residencia.

Cabe precisar que los datos de telefonía que fueron recabados, indicaron que el teléfono celular de Ricardo “N” y el de Mara Fernanda, estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de ésta última, incluyendo el domicilio de Ricardo en el Estado de Tlaxcala.

Con autorización judicial se realizó el análisis forense de su teléfono celular, lo que permitió establecer diversos lugares en los que estuvo el día 8, entre éstos el Motel del Sur, en la calle 11 Sur de esta ciudad de Puebla.

En dicho lugar se obtuvieron imágenes de Ricardo “N” y su vehículo ingresando a la habitación 25, el registro correspondiente y la identificación de quienes tuvieron contacto con él en el mismo. Permaneció ahí de las 6:47 a las 8:15 horas.

Se reportó el faltante de una sábana y una toalla; y se hicieron pruebas de Blue Star que resultaron positivas respecto a rastros hemáticos, de los que se obtuvieron muestras para confronta genética.

El conductor del vehículo se dirigió por periférico hacia la autopista México-Puebla, y de dicho punto regresó a la ciudad, realizando otras actividades.

La Agencia Estatal de Investigación, con peritos y equipos caninos, inició la búsqueda en la zona ya precisada, ya que los elementos recabados permitían suponer que Mara Fernanda había sido privada de la vida en el motel de referencia, y su cuerpo abandonado en dicha zona.

El día de hoy, a las 13:00 horas, se logró localizar el cuerpo de Mara Fernanda, envuelto en una sábana blanca, con el nombre del Motel del Sur.

Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado realizará la ampliación de los cargos correspondientes, al delito de feminicidio y los que resulten una vez que concluyan las pruebas periciales que deberán desahogarse a partir de este momento.

Como Fiscalía, lo que nos corresponde es aportar los elementos de prueba que derivan de la investigación, para que el responsable de estos hechos sea sancionado conforme lo establece el Código Penal.