Uno de los mayores retos, que sin duda alguna enfrentará el próximo Gobierno de la República y que ha hecho crisis en la mayoría de los Estados, es lograr rescatar el “Estado de Derecho” que no sólo ha perdido vigencia en las instituciones del país, sino que su constante violación y en algunos casos su manipulación y uso faccioso para beneficiar a los grupos en el poder, se ha convertido en un cáncer, que ha lacerado no sólo la confianza en las autoridades al permitirse la constante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución General de la República, sino también se ha vuelto uno de los problemas que en mayor medida han permitido el crecimiento de la corrupción, impunidad y sobre todo el aumento alarmante de la delincuencia en varios de los Estados de la República, por la colusión evidente entre los carteles con las autoridades como las policías estatales, municipales y las fiscalías. Ejemplos sobran y las víctimas de dichos actos seguimos siendo los ciudadanos, como usted o como yo, a quienes no nos queda, más que esperar suceda un milagro para que las instituciones tomen de nuevo su rumbo y volvamos a confiar en quienes supuestamente deben otorgarnos seguridad para que se combata en forma real y efectiva a los grupos de la delincuencia organizada cuyo crecimiento sigue viento en popa, sin que nada, ni nadie parezca tener el antídoto a esta situación.

Señalo lo anterior, porque uno de los elementos fundamentales que dan vigencia al Estado de Derecho, es precisamente el contar con un Poder Judicial encargado de la trascendental  tarea de administrar justicia, que sea autónomos, imparcial e independiente, alejado de los intereses de grupos de poder que eviten su perversión y que haga que sus resoluciones se encuentren manipuladas o sean dictadas desde una oficina distinta a los juzgados y recintos de los Tribunales Superiores o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es factible cuando los jueces, magistrados o Ministros deben su nombramiento al Gobernador en turno o al Presidente de la República. Como ejemplos podemos citar la designación en 2015 de Eduardo Medina Mora como Ministro del máximo tribunal del país y quien no contaba con experiencia en la administración de justicia y que sin embargo, pese a la oposición de diversas organizaciones de la sociedad civil y de abogados de diversos estados del país, fue impuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto. En el caso de los Estados del país, sucede lo mismo, los nombramientos de los jueces y magistrados son aprobados por los Congresos Locales, a propuesta del Gobernador en turno y en la mayoría de los casos, operan como pagos de facturas a exfuncionarios que deben acomodar en alguna posición, para que continúen cobrando en la nómina de gobierno o también se consideran como Premios para compensar los favores o labor realizada en favor de su jefe, incluso para que trasciendan al período de su gobierno y les cubran las espaldas, si a futuro existiere alguna demanda o juicio en su contra. Total que en estos procedimientos, la decisión de quienes reciben dichos nombramientos se politizan y dejan fuera los derechos y méritos de funcionarios del Poder judicial que tendrían el derecho a ocupar dichos cargos, pero que no los pueden obtener, por no contar con las relaciones y padrinazgo del Gobernador, a quién lo que menos importa es pisotear los derechos y carrera judicial de quienes deberían ser considerados para dichas posiciones.

El problema se torna más grave aún, porque ya en su actuación en la función judicial, estos personajes demuestran su ignorancia de la ley y falta de experiencia y desgraciadamente sus errores e ineptitud terminan padeciéndola, los ciudadanos cuyos asuntos caen en sus manos y que se ven obligados a agotar todas las instancias legales, para obtener una sentencia apegada a derecho y justa.

Para todos estos casos, los funcionarios afectados por su imposibilidad de llegar a estos cargos, como los jueces que cuentan con carrera judicial y cuyos derechos humanos han sido violados, pueden ampararse en términos de lo dispuesto por el artículo 103 Constitucional y artículo 1 de la Ley de Amparo vigente, para evitar se sigan vulnerando sus derechos; sin embargo esto no ocurrirá ya que seguramente con dicha actitud ponen en riesgo su nombramiento actual y pueden ser víctimas de persecución política en su contra, como ha sucedido en el pasado. Así que sólo quedaría a los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados llevar a cabo acciones para rescatar la dignidad del Poder Judicial y luchar porque lleguen al Tribunal Superior de Justicia Magistrados probos, con experiencia y sobre todo con independencia para emitir sus resoluciones, alejados de la perversión de la política.

Columna | P U L S O    P O L I T I C O

       La Constitución General de la República, cumplió ayer el 101 aniversario de su promulgación y como cada 5 de febrero, fue motivo de elogios de todo el sector político del país: Tenemos la mejor o una de las mejores constituciones del mundo, suelen decirnos en ese día. Desde su aprobación por el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, fue exaltada como una de las constituciones más avanzadas del mundo.

        Y tal vez, en el papel, sí sea un buen modelo de ley fundamental de un país, pero el problema es que dicho documento vale en la realidad, menos del papel en que está inscrito, por su constante violación, no solo por los mexicanos comunes y corrientes, sino por aquellos que están obligados a cumplirla y aplicar el castigo correspondiente a quienes no la cumplan.

         Hay quienes opinan que esa dualidad, de creer por un lado que nuestra Constitución es inigualable y por el otro, violar su contenido diariamente y a todas horas, por gobernantes y gobernados, es lo que nos ha vuelto lo que lo que estamos demostrando que somos: un país inseguro, con altos índices de criminalidad, con elevado número de delincuentes comunes, con creciente pobreza, con pésimos gobiernos municipales, estatales y federales, con corruptos en todas las estructuras de gobierno, etc.

        La Constitución actual ha tenido tantas reformas, que ya no se parece en nada o casi en nada, con el documento signado hace más de un siglo y hay quienes piden que sea revisada a conciencia y se le haga una actualización seria, que responda a las realidades que estamos viviendo en este siglo XXI.

         Martha Erika Alonso, se registró ayer en las oficinas del PRD local, como candidata de ese partido a la gubernatura de Puebla.

          El acto tuvo lugar al medio día en el edificio perredista de la 13 oriente y la acompañaron algunos cientos de simpatizantes, más panistas que perredistas, pues en las filas del PRD, hay muchos que siguen estando en contra de la alianza del que fue partido representante de la izquierda, con el partido que representa a la derecha.

          Martha Erika, pronunció un breve discurso en el que defendió la participación de la mujer en la política y señaló que ella se propone demostrar que las mujeres poblanas están capacitadas para gobernar, como han demostrado a lo largo de la historia, saber luchar por sus familias, por la libertad y por la justicia.

          Por su parte, la diputada perredista y ex dirigente estatal del PRD en Puebla, Socorro Quezada Tiempo, en conferencia de prensa efectuada ayer mismo, dijo que el registro de la esposa de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de la entidad, como candidata del PRD, es prematuro. Ella es candidata del PAN y todavía no puede serlo del PRD, porque no se ha concretado la alianza de los dos partidos para participar en las elecciones locales próximas.

         Dijo que no puede utilizar los colores del PRD, hasta en tanto no haya acuerdos para participar juntos en la próxima contienda electoral en Puebla. El acuerdo que han tomado ambos partidos, es para hacer una alianza a nivel nacional, pero cada estado deberá resolver lo que le corresponde a nivel local.

       En el acto se notó la ausencia de figuras del perredismo local. Desde luego no estuvo doña Socorro Quezada, pero tampoco la ex diputada federal, Roxana Luna Porquillo, ni otras connotadas figuras del partido del sol azteca.

         Los tres principales aspirantes a la gubernatura: PRI, PAN y Morena, ya están decididos y al parecer, ninguno de los que pretendieron ser candidatos independientes lo lograrán, pues no han podido juntar el número de firmas necesarias para ello.

         Miguel Barbosa Huerta, de Morena, inició su precampaña aprovechando la visita del candidato presidencia de su partido, Andrés Manuel López Obrador, que recorrió 29 ciudades de la entidad, que son cabecera de distrito en los últimos cinco días.

        Enrique Doger Guerrero, empezó sus recorridos de pre campaña por la sierra norte, entrevistándose con dirigentes municipales priístas y con representantes de todos los sectores sociales adheridos a ese partido.

        Finalmente, doña Erika Alonso, se registró como pre-candidata del PRD ayer, con el apoyo de un mayor número de panistas-morenovallistas, que de militantes del PRD.

         Los tres ya están en pre-campañas y su fuerza todavía no puede medirse, pues pesará mucho en las preferencias ciudadanas, los candidatos que los aspirantes a la gubernatura, lleven para las presidencias municipales y diputaciones locales. Si los acompañan buenos candidatos a diputados locales y a presidentes municipales y regidores, subirán en esas preferencias. No hay que olvidar que los ciudadanos  en general, votan en bloque y que el candidato que más cuenta para ellos, es el de la autoridad más cercana, con la que tendrán que trabajar o lidiar, según sea el caso.

          La agrupación antorchista, ya tiene registrados en el PRI a cuatro aspirantes a diputados locales: van para Ajalpan, Acatlán, el VI distrito de Puebla y Tehuacan. Ya se registró también en el PRI, Saúl Coronel Aguirre, de la CNC, por Izúcar de Matamoros.

            También por Izúcar de Matamoros, pero para presidente municipal, está contemplada la candidatura, dentro de Morena, del profesor Melitón Lozano, quien ya fue alcalde por el PRD y realizó una buena labor y luego fue diputado local y su trabajo fue acertado también. Ahora milita en Morena y dada su buena imagen, va a ser difícil para cualquier candidato de otro partido, superarlo en las elecciones de julio próximo.