Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el orden mundial y los intereses económicos, de seguridad, militares y los conflictos armados que existen actualmente, se han visto sujetos a las decisiones y ocurrencias de Trump, que desde su campaña a la presidencia bosquejó una serie de acciones y medidas, principalmente para fijar en la mente de los estadounidenses, una gran diferencia, entre las políticas y forma de gobernar del Partido Demócrata representado por el ex presidente Joe Biden y lo que representa el Partido Republicano en el poder.

Uno de los temas que más le preocupaban, era el crecimiento y poder de los carteles mexicanos, que con la complicidad de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y principalmente con Andrés Manuel López Obrador, habían invadido de fentanilo varios estados de la unión americana y causado la muerte de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos, ante la pasividad del gobierno de Biden que fue incapaz de enfrentar el problema y menos aún tomar medidas drásticas para combatir a estos grupos delictivos, cuyas utilidades les fueron dando cada día más poder y capacidad para corromper a autoridades de migración y de aduanas del vecino del norte.

Del lado mexicano, la política del expresidente López Obrador de “abrazos y no balazos” así como la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, empoderaron a los carteles, con un saldo sangriento de casi doscientos mil homicidios en seis años, cifra que sigue creciendo ahora en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en los hechos, ante la presión que ejerce el presidente norteamericano, se vio obligada a cambiar la estrategia de seguridad por medio del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, con un aumento en las detenciones de delincuentes, decomisos de armas, drogas, destrucción de laboratorios de producción de fentanilo y ahora combatiendo a las bandas de delincuentes que también por años, se han dedicado al negocio del huachicol fiscal  traficando con petróleo y gasolinas desde México hacia los Estados Unidos, afectando gravemente los ingresos de PEMEX y evadiendo impuestos para beneficiarse económicamente con un negocio tan lucrativo, del que hasta el último día del gobierno de AMLO, sospechosamente nadie sabía nada, ni se habían dado cuenta que existía; a pesar de las denuncias e investigaciones periodísticas que daban cuenta de ello, las autoridades, lo negaban y se hacían como que aquí no pasa nada.

Si en algo los mexicanos, nos hemos dado cuenta con toda esta situación, es que el expresidente mintió a los mexicanos en sus conferencias mañaneras, al negar toda información que involucrara a los carteles de la droga, a las autoridades emanadas de su partido o a funcionarios de su administración, que estaban involucrados y daban apoyo y protección a los grupos de la delincuencia organizada, que financiaron sus candidaturas, con el compromiso de que les dejarían bajo su control las áreas de seguridad pública de los municipios y estados, así como de las fiscalías estatales para seguir actuando en la impunidad, privando a los ciudadanos de su derecho a la seguridad, la tranquilidad y la paz pública.

Si algo debemos agradecer a la presidenta, es que haya cambiado la estrategia de seguridad de AMLO, ya sea por decisión y conveniencia propias o porque haya sido forzada por el gobierno de Donald Trump, lo que ha originado que los grupos de la delincuencia organizada y los políticos que apoyaron y se beneficiaron de sus actividades delictivas y que nunca tuvieron el temor de ser alcanzados  por la justicia mexicana, hoy viven en el miedo, la zozobra  y la incertidumbre de estar siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos; es decir, la impunidad que les garantizaban las fiscalías y jueces estatales y federales, para que continuaran cometiendo delitos, se desvanece y hoy su mayor preocupación es no figurar en las listas de los políticos mexicanos que están siendo investigados por la DEA, la CIA y el FBI , con amplias posibilidades de ser detenidos y extraditados para responder ante una corte federal, por los delitos cometidos en apoyo a los grupos narcoterroristas clasificados por el gobierno de Estados Unidos.

Hoy difícilmente gobernadores de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, entre otros, harían un viaje a territorio estadounidense, aunque aún tengan su visa norteamericana vigente, ya que podría convertirse en un viaje sin retorno a suelo mexicano.

El caso de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda a quién las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa, sin que se conozcan las razones, ha puesto a temblar a la clase política de Morena, funcionarios federales, diputados, senadores y los gobernadores de los estados donde los carteles del narcotráfico tienen el control de territorios y autoridades.

Aún sin conocerse las causas de la cancelación de la visa, el bloque de legisladores y gobernadores de Morena, le han dado su amplio respaldo y apoyo a la gobernadora, sin tener certeza de lo que las autoridades de Estados Unidos, tienen en investigación contra ella y su esposo; y que de tratarse de un caso de lavado de dinero del huachicol apoyando al CJNG podría tener graves consecuencias, no sólo para la gobernadora, sino para todos los que la respaldaron públicamente, calificando la cancelación como una injusticia y poniendo las manos al fuego por Marina del Pilar Ávila.

En el escenario de violencia, homicidios, inseguridad y escándalos en el que vivimos los mexicanos, resulta preocupante, la pasividad de la Fiscalía general de la República, que no ha hecho su trabajo y que hasta hoy por la presión del vecino del norte, se ha tenido que sumar a la lucha contra los carteles y lastimosamente ahora si da cuenta de la comisión de todos estos delitos, de los que jamás se ocupó e investigo y que seguramente se seguirían cometiendo ante sus ojos, de no ser por la presión del gobierno de USA.

Así, ante la complicidad e incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia de México, la última esperanza de los ciudadanos, es que la justicia y seguridad de las que adolecemos venga de las autoridades y cortes de Estados Unidos, para lograr frenar la tragedia que día a día viven miles de familias mexicanas.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

●    Como explica una académica de la IBERO Puebla, esta acción puede activar ciertos mecanismos de intervención y militarización extranjera en el país, lo que marca un panorama complejo geopolíticamente y de manera interna.

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue. - El pasado 28 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de polémicas disposiciones que tienen efecto directo en múltiples aspectos que rodean al territorio mexicano. Una de estas órdenes fue la designación de múltiples cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”.

Este decreto se formalizó a través de una orden ejecutiva en la que se incluye a seis organizaciones criminales mexicanas en esta taxonomía: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

Esta clasificación específica del gobierno estadounidense ha desatado múltiples reacciones a nivel internacional, pues esto implica la consideración de estos grupos como una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, y, por tanto, se justifica la respuesta militar desde Washington.

“Este cambio no es favorable para el país”: Mtra. Fernanda Cardoso.

Así lo afirma la Mtra. Fernanda Cardoso Caballero, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla y experta en temas de seguridad, quien explica que esta orden responde a una historia de tensión entre ambas naciones respecto al tráfico de drogas.

Entre las acciones que justifican la intervención militar en territorio nacional son el Acta Patriótica, la Ley en Contra del Patrocinio de Grupos Terroristas, y la que tiene más peso en lo militar, la promoción de campañas militares en México, misma que “afecta directamente la soberanía del país”, explica la académica.

Estados Unidos prepara dar un zarpazo a los cárteles y, de paso, a sus redes de protección política y a su densa red de empresas.

El Estado mexicano, y en particular el oficialismo, no ha sabido, no ha querido, o no ha podido responder creíblemente a una amenaza terrible a la soberanía, integridad e independencia del país.

El zarpazo no será sólo legal. Será también militar: quirúrgico. Certero. Letal.

Las señales son clarísimas.

Primero, Trump decretó a los cárteles organizaciones terroristas. De ahí, dio dos semanas al Departamento de Estado para particularizar el decreto. Lo hará declarando al de Sinaloa, Jalisco, Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

Antes, hay que registrar una secuencia de acontecimientos.

Declaraciones de primer nivel: el Secretario de Defensa, una opción militar está sobre la mesa; la nueva Fiscal General ordena el exterminio total de Cárteles; el Zar de la Frontera advierte que, de haber un nuevo ataque transfronterizo, los cárteles serán eliminados de la faz de la tierra.

Nombramientos: Trump se ha rodeado de leales fanáticos. Y manda dos mensajes que sólo los ingenuos no quieren entender: un embajador experto en operaciones especiales militares y un jefe de la DEA que fue el jefe de estación en México cuando el culiacanazo, y que está convencido de que hay un narcoestado.

Presencia militar. Estados Unidos siempre ha espiado a México. Sólo que ahora lo han hecho ostensible. Temiblemente ostensible. Un avión espía de alta tecnología que recorre a baja altura toda la península de Baja California. Levanta información de las dos Baja Californias, norte de Jalisco, Sinaloa y Sonora. Luego, se revela de 18 vuelos fronterizos para levantar información. Un nuevo vuelo, esta vez de un U2, sobrevoló el miércoles la frontera con Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Remate: ubican al portaaviones Nimitz en las costas limítrofes de Baja California.

¿Bluff?

A saber.

Marco Rubio, el mismo que decretará organizaciones terroristas a cárteles, afirma que están por llegar a un acuerdo con México. Se trata, dice de compartir inteligencia y coordinar operaciones en ambos lados de la frontera.

Es el vuelo del halcón y la paloma. ¿Cuál prevalecerá?

Lección histórica: cuando un presidente imprevisible y con el poder de Trump amenaza, más vale creerle.

La capacidad tecnológica, de inteligencia y económica de Estados Unidos está fuera de duda y allende nuestra categoría.

La única defensa sería dar un golpe antes.

El gran dilema de la nueva burocracia es si espera a que se vulnere la soberanía y seguir jugando a su base o romper, si puede, sus ligas con el crimen organizado, con el pasado, con una herencia funesta.

México no es Cuba ni es Venezuela. Hay que entenderlo antes que caer en la insensatez.

El horror mexicano no para. La sangría continúa. El cinismo de gobernadores y alcaldes se exponencia.

O se corta pronto con golpes simbólicos o se juega a la víctima envueltos en la bandera, manchada de complicidad y corrupción: más colorada, ensangrentada, que verde y blanca.

Y en esa lógica, esperar el zarpazo como si fuera un juego de poder y no algo terrible, ominoso, inaceptable.

X | @fvazquezrig

San Diego, California, 8 de marzo de 2018 – El día de hoy se publicaron acusaciones contra 40 individuos por conspirar para lavar decenas de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Además de la mencionada acusación en San Diego, otros 35 sospechosos han sido acusados en los estados de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por crímenes que van desde la distribución de drogas al lavado de dinero.

Veintiún de los 40 acusados en San Diego están bajo custodia; por lo menos 25 de los otros acusados están en prisión.   El líder del grupo de San Diego, José Roberto López Albarrán supuestamente dirigió el lavado de decenas de millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos, transfiriéndolos de los Estados Unidos a México –incluyendo al cártel de Sinaloa— entre 2015 y 2018.  Como resultado de la investigación, fuerzas de la ley incautaron más de 6 millones de dólares en billetes, además de 95 kilogramos de metanfetaminas, 63 kilogramos de heroína, 10 kilogramos de fentanilo, 92 kilogramos de cocaína, y 252 kilogramos de marihuana, además de 20 armas de fuego, entre las que se incluyen rifles de asalto semiautomáticos y pistolas.

Otro líder de los sospechosos, Manuel Reynoso García, fue acusado en una corte federal de dirigir a sus cómplices para que viajaran por el este de los Estados Unidos recogiendo pacas de dinero al contado, y depositándolo en bancos domésticos.  De ahí se hacían remesas a cuentas en bancos mexicanos asociados con empresas fantasma controladas por la organización lavadora de dinero.

El procurador Adam Braverman del Distrito Sur de California, agradeció a las fuerzas de procuración de justicia a nivel federal, estatal y local por el esfuerzo coordinado que culminó esta investigación.  También agradeció a sus “socios vitales”: la Policía Federal de México, la Procuraduría General de la República, y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para información más detallada, favor de visitar https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/nationwide-takedown-targets-brazen-international-money-laundering-scheme