La OFAC sanciona a un magistrado y a un ex gobernador, entre otros

Washington, D.C. - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a un magistrado mexicano y a un ex gobernador mexicano debido a su participación en actividades de corrupción.  La OFAC designó al magistrado mexicano, Isidro Avelar Gutiérrez, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) debido que actuó a favor del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante “Los Cuinis”, dos organizaciones aliadas que ya habían sido designadas de conformidad con la Ley Kingpin en el 2015.  Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones narcotraficantes a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales.

La OFAC también designó a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del estado mexicano de Nayarit, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, que se basa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos y que señala a los autores de graves abusos relacionados con los derechos humanos y corrupción.  Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG.  Además, la OFAC designó a otras seis personas mexicanas y seis entidades mexicanas vinculadas al CJNG o Los Cuinis de conformidad con la Ley Kingpin, así como a otras tres personas mexicanas y cuatro entidades mexicanas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 por sus asociaciones con Sandoval Castañeda.

“La acción coordinada de sanciones del gobierno de Estados Unidos con nuestras contrapartes del gobierno mexicano adelanta nuestro compromiso conjunto de combatir la corrupción", expresó Sigal Mandelker, Subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Funcionarios, como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda, se enriquecen despiadadamente a expensas de sus conciudadanos.  Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones narcotraficantes, o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluyendo el ser aislados del sistema financiero de los Estados Unidos.  Trabajando con nuestros socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a funcionarios actuales o anteriores y a sus redes, cuya corrupción desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democráticas".

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de las personas y entidades nombradas a continuación, y de cualquier entidad que a su vez sea propiedad, directa o indirectamente en 50 por ciento o más, de una o más personas designadas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.  Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los Estados Unidos, dentro o transitando los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o interés en una propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Ley Kingpin - CJNG y Los Cuinis

Además del magistrado mexicano Isidro Avelar Gutiérrez, otras personas designadas hoy de conformidad con la Ley Kingpin han participado en actividades de corrupción a nombre del CJNG y Los Cuinis.  Los hermanos Erika González Valencia e Ulises Jovani González Valencia han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales a nombre del CJNG y Los Cuinis.  Ellos también lavan dinero para promover las actividades internacionales de narcotráfico de estas organizaciones.  Víctor Francisco Beltrán García, un abogado con sede en Guadalajara, facilita las actividades de corrupción a nombre del CJNG y Los Cuinis.  Adicionalmente, Ana Paulina Barajas Sahd ayuda a manejar negocios a nombre de su esposo, Ulises Jovani González Valencia.

La OFAC también designó hoy bajo la Ley Kingpin al socio principal del CJNG Gonzalo Mendoza Gaytán, también conocido como "El Sapo".  Mendoza Gaytán y sus subordinados son responsables de secuestros y numerosos asesinatos.  Además, Mendoza Gaytán controla la plaza o área de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que le permite supervisar el narcotráfico y otras actividades delictivas de esta área en nombre del CJNG.  Liliana Rosas Camba, la esposa de Mendoza Gaytán, también fue designada.  Rosas Camba administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas a nombre de su esposo y el CJNG.

Las seis entidades mexicanas designadas hoy de conformidad con la Ley Kingpin, todas ellas ubicadas en el área de Guadalajara, Jalisco, son: A&A Estudio Arquitectónico, S. de R.L. de C.V., Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V., G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V., la empresa de productos orgánicos Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V., Jafiela Boutique, S.A. de C.V., y la Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V.

La designación de la Ley Kingpin de hoy marca la décima acción de la OFAC en contra del CJNG y Los Cuinis.  En acciones anteriores, la OFAC designó una amplia gama de empresas y personas vinculadas a estas organizaciones.  Los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, compañías de bienes raíces, restaurantes, compañías agrícolas, un negocio de promoción de música, y un hotel boutique de lujo.  Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el lavado de las ganancias de las drogas y representan intentos por parte del CJNG y Los Cuinis de integrarse más con la economía legítima.  Entre los individuos previamente designados se encuentra Miguel José Leone Martínez (alias Miguel Leone), un ciudadano venezolano que se hace pasar por fotógrafo de moda, pero que en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional a nombre de Los Cuinis. Leone usa su profesión para reclutar modelos y participantes de concursos de belleza de Sudamérica, incluyendo Venezuela, para servir como prostitutas para los miembros principales de Los Cuinis en México y otros lugares.

Estas sanciones de la Ley Kingpin aplican una presión continúa sobre el CJNG y Los Cuinis, designados por la OFAC el 8 de abril de 2015, junto con sus respectivos líderes, los cuñados Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael González Valencia.  De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el CJNG es una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo en los Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México.  En marzo de 2014, luego de una investigación realizada por la División de Campo de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia acusó a Oseguera Cervantes y a González Valencia de ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  Las autoridades mexicanas capturaron a González Valencia a fines de febrero de 2015, y él está esperando su extradición a los Estados Unidos.  Oseguera Cervantes continúa prófugo.  El Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o convicción de Oseguera Cervantes.  La información  puede ser enviada a la DEA por teléfono (001-213-237-9990), a través de Twitter (@DEALosAngeles) y por correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).

Ley Ejecutiva 13818 Global Magnitsky - Roberto Sandoval Castañeda

Roberto Sandoval Castañeda, quien enfrenta múltiples investigaciones en México, ha ocupado numerosos cargos públicos en su estado natal de Nayarit.  Más recientemente, Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit (2011-2017), y anteriormente, fue alcalde de Tepic, la capital del estado (2008-2011).  Durante este tiempo, Sandoval Castañeda malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo del CJNG, a cambio de información y protección.  Además, Sandoval Castañeda aceptó anteriormente sobornos de la Organización Beltrán Leyva, a la cual el presidente George W. Bush identificó como importante organización de narcotráfico extranjero conforme a la Ley Kingpin en el 2008.  Sandoval Castañeda también tiene vínculos con la Organización Narcotraficante Flores, y su líder Raúl Flores Hernández, a quien la OFAC identificó como narcotraficante extranjero importante, de conformidad con la Ley Kingpin en el 2017.

La OFAC también designó hoy bajo la Orden 13818 a tres de los familiares cómplices de Sandoval Castañeda que han actuado o dicen actuar a su nombre al mantener sus mal habidas propiedades bajo sus nombres: Ana Lilia López Torres (esposa), Lidy Alejandra Sandoval López (hija adulta) y Pablo Roberto Sandoval López (hijo adulto).  Sandoval Castañeda y estos familiares continúan disfrutando de los beneficios ilícitos de su esquema de corrupción.

Cuatro entidades mexicanas también fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un pariente designado: Bodecarne, S.A. de C.V. (negocio de carnicería), Iyari (comercio de ropa y accesorios), L-Inmo, S.A. de C.V. (empresa de inversión inmobiliaria), y Valor y Principio de Dar, A. C. (fundación apoderada de propiedades).

La OFAC coordinó de cerca estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza de los E.U., entre otras dependencias del gobierno de E.U.

Para obtener más información: https://www.treasury.gov

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190517.aspx

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20190517_cjngcuinis_chart.pdf

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20190517_sandoval_chart.pdf

Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A., o Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de metales ferrosos, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, como medida contra las operaciones ilegales de extracción de oro que han seguido sosteniendo al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. La medida de hoy, adoptada conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13850, con sus correspondientes modificaciones, está dirigida a una entidad y una persona física que operan en el sector del oro de la economía venezolana.

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela y, al mismo tiempo, pone en riesgo a las poblaciones indígenas al invadir áreas protegidas y provocar deforestación y pérdida de hábitats. El plan de Maduro para usurpar la potestad de la Asamblea Nacional y quitar a Venezuela sus recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas”, explicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Tesoro está actuando contra la empresa procesadora de oro Minerven y su Presidente por respaldar al núcleo del régimen corrupto de Maduro. Tenemos la determinación de actuar enérgicamente contra quienes estén implicados en las actividades temerarias de comercio ilícito de oro que lleva a cabo Maduro, que contribuyen a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”.

El comercio de oro que mantiene al régimen ilegítimo

Maduro y los agentes del régimen recurrieron a la minería de oro en su búsqueda de nuevas formas de enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin aprobación de la Asamblea Nacional, y con absoluta indiferencia por el medioambiente y las comunidades locales, Maduro se atribuyó amplias facultades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace algunos años. La extracción y posterior venta de oro ha sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro de los últimos años, mientras cientos de miles de mineros han extraído oro en peligrosas minas improvisadas en el sur de Venezuela. Todas son controladas por las fuerzas militares venezolanas que, a su vez, incurren en maniobras corruptas de cobro organizaciones criminales para permitirles el acceso a las minas. Los mineros y sus comunidades quedan expuestos a abusos ambientales, pues en el proceso de minería se emplean elementos tóxicos peligrosos como el mercurio. Asimismo, cada vez son más habituales en estas comunidades
mineras los delitos violentos, como homicidios.

El impacto del auge de la minería ilegal durante el régimen de Maduro ha sido criticado por organizaciones ambientales y de la sociedad civil, en razón de que no toma en cuenta evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto cultural. Las operaciones de minería están invadiendo áreas protegidas, lo que provoca deforestación y pérdida de hábitats. Las actividades relacionadas con la minería también han generado condiciones propicias para la reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades. En Venezuela aumentan los casos de malaria, y una proporción significativa de estos se registra en estados dedicados a la minería de oro.

Como única procesadora de oro estatal de Venezuela, Minerven compra el oro a los mineros y lo funde en lingotes. Posteriormente los lingotes de oro son trasladados por militares a bases aéreas en las afueras de Caracas, para luego ser transportados al Banco Central de Venezuela. Desde 2016, el régimen de Maduro adquirió oro por el equivalente a cientos de millones de dólares a pequeños mineros independientes, a quienes pagó con bolívares venezolanos, a pesar de la hiperinflación que existe en Venezuela debido a la nefasta gestión económica del país. Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir en oro y en otras divisas su moneda depreciada, y al mismo tiempo pagar a los mineros con bolívares que prácticamente no tienen ningún valor, una actividad que sostiene al régimen de Maduro y permite que se aferre al poder. Las utilidades generadas por la minería ilegal realizada por orden de Maduro son codiciadas por los militares venezolanos, a quienes Maduro da libre acceso a las minas. Esto aumenta la c
apacidad de Maduro de seguir teniendo poder sobre las fuerzas militares, pues su deseo de preservar esta fuente ilegal de ingresos refuerza la acérrima lealtad militar hacia Maduro. A pesar de que el presidente interino venezolano Juan Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como la autoridad legítima de Venezuela, Maduro no ha estado dispuesto a renunciar a su control de la industria de extracción de oro ni a sus participaciones financieras en este comercio ilícito.

Se ha determinado que la entidad y la persona física designadas hoy, que se indican abajo, operan en el sector del oro de la economía venezolana:

• Minerven tiene sede en El Callao, Bolívar, Venezuela. Minerven es de propiedad del Ministerio del Poder Popular e Petróleo y Minería y se creó para llevar a cabo actividades de minería y comercio de metales no ferrosos, como el oro.
• Adrián Antonio Perdomo Mata fue nombrado presidente de Minerven en julio de 2018.

Para obtener información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de esta entidad y esta persona, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a esta entidad o persona, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o el Decreto Ejecutivo 13850, ambos con sus correspondientes modificaciones, que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el régimen de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.

Washington – En la fecha de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a cuatro miembros del círculo de allegados del presidente venezolano Nicolás Maduro, incluida la primera dama y la ex procuradora general y presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Adela Flores de Maduro. La OFAC también tomó medidas contra una red que asiste a uno de los principales testaferros del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello Rondon, también designado, e identificó como bien inmovilizado un avión privado ubicado en EE. UU. y valuado en USD 20 millones, cuyo titular es el testaferro de Cabello.

“El presidente Maduro apela a su círculo de allegados para aferrarse al poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Seguimos adelante con la designación de adeptos que permiten que Maduro consolide su control de las fuerzas militares y el gobierno, mientras el pueblo venezolano sufre las consecuencias”, explicó el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El Tesoro seguirá aplicando sanciones económicas a los responsables del trágico declive de Venezuela, así como a la red y los testaferros que utilizan para ocultar la riqueza que obtuvieron ilegalmente”.

El declive de Venezuela

Se prevé que, para fines de 2018, la hiperinflación en Venezuela llegue a más de un millón por ciento. Tres millones de venezolanos han abandonado el país para dirigirse a naciones vecinas y escapar de la pobreza generalizada y los padecimientos que esto implica. Mientras tanto, el régimen de Maduro sigue aplicando políticas y estrategias de financiamiento fallidas para ocultar la corrupción y la mala gestión del régimen. Estados Unidos ha aplicado sanciones a muchas personas que se han lucrado con el declive de Venezuela, como el ex vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami (El Aissami) y Cabello, además de testaferros como Rafael Sarria, cuyo relativo anonimato se aprovecha en beneficio de altos funcionarios gubernamentales.

Estados Unidos seguirá empleando todos los recursos diplomáticos y económicos para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano orientados a restablecer su democracia. Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar el cambio de conductas. Estados Unidos ha aclarado que considerará levantar las sanciones impuestas a las personas designadas conforme al Decreto (E.O.) 13692 que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción en Venezuela.

El círculo de allegados de Maduro

La OFAC designó a Nicolás Maduro el 31 de julio de 2017. Las designaciones de hoy están destinadas a funcionarios actuales y exfuncionarios claves del gobierno venezolano. Maduro ha recurrido a figuras claves, como Cabello y El Aissami, designados anteriormente, así como a los funcionarios designados hoy, para mantenerse en el poder. Maduro también ha instalado a otro integrante de su círculo de allegados y miembro histórico de las fuerzas militares venezolanas, Vladimir Padrino López, para contribuir a asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro. Por último, Maduro ha nombrado a Delcy Eloina Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez en altos cargos en el gobierno venezolano, con el fin de que lo ayuden a conservar el poder y consolidar su gestión autoritaria.

·         Cilia Adela Flores De Maduro (Flores) es la esposa del presidente Nicolás Maduro. Renunció a su puesto como diputada de la Asamblea Nacional a mediados de 2017, para postularse a la ANC. Antes de su renuncia, Flores fue representante del estado de Cojedes en la Asamblea Nacional Venezolana.. En febrero de 2017, Flores integró la Comisión Presidencial encargada de la formación y la operación del proceso de la ANC. Entre el 15 de agosto de 2005 y el 5 de enero de 2011, Flores presidió la Asamblea Nacional. En febrero de 2012, el ya fallecido expresidente Hugo Chávez designó a Flores como Procuradora General de la Nación.

·         Delcy Eloina Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez) asumió la función y la potestad de vicepresidenta ejecutiva de Venezuela el 14 de junio de 2018. El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la nueva ANC, un cargo que actualmente desempeña Cabello. En diciembre de 2014, Delcy Rodríguez fue nombrada Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

·         Jorge Jesús Rodríguez Gómez (Jorge Rodríguez) fue nombrado ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información a fines de 2017. El 23 de noviembre de 2008, Jorge Rodríguez fue elegido alcalde del municipio Libertador de Caracas, y ocupó el cargo hasta su nombramiento en dicho ministerio. El 8 de enero de 2007, Jorge Rodríguez prestó juramento como vicepresidente de Venezuela.

·         Vladimir Padrino López (Padrino) fue nombrado vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (ministro de Defensa venezolano) en junio de 2018. Ocupó previamente numerosos cargos militares, como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano y Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central.

Red de testaferros de Rafael Alfredo Sarria Díaz

La OFAC designó a Rafael Sarria el 18 de mayo 2018 por su actuación en representación de Cabello como su testaferro, y por mantener una relación comercial ilegal con Cabello desde al menos 2010. En ese lapso, Rafael Sarria adquirió varios inmuebles en Florida que se registraron a su nombre, cuando en realidad actuaba como representante designado de Cabello respecto de estas propiedades. En 2018, Rafael Sarria sigue asesorando y asistiendo a Cabello, y se lucra con las inversiones originadas en el patrimonio obtenido por Cabello de manera corrupta.

En el día de hoy, la OFAC identificó e inmovilizó un avión privado Gulfstream 200, número N488RC, ubicado en Florida. Rafael Sarria adquirió originalmente la aeronave, pero su verdadera titularidad se ocultó mediante las siguientes sociedades, que actúan en nombre suyo:

·         Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA, C.A.): AVERUCA, C.A. es una sociedad venezolana que actualmente opera la aeronave antes mencionada y Rafael Sarria aparece identificado como su presidente. En su función de presidente de AVERUCA, C.A., Rafael Sarria adquirió la aeronave en 2008, por un valor aproximado de USD 20 millones.

·         José Omar Paredes (Paredes): Paredes está identificado como piloto principal de AVERUCA, C.A., y conforme a esta función, es el responsable del control operativo del avión.

·         Quiana Trading Limited (Quiana Trading): Quiana Trading es una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. En el momento en que se inscribió, en 2009, Rafael Sarria era su presidente y único accionista. Quiana Trading es la verdadera propietaria, a través de un fideicomiso, de la aeronave mencionada anteriormente.

·         Edgar Alberto Sarria Díaz (Edgar Sarria): Edgar Sarria figura como director de Quiana Trading. Asimismo, Edgar Sarria es director ejecutivo y único accionista de Panazeate SL.

·         Panazeate SL: Panazeate SL es una sociedad con sede en Valencia, España, bajo la propiedad y el control de Edgar Sarria.

Como resultado de esta medida, todos los bienes o la participación en los bienes de quienes fueron designados hoy, que están sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados y se prohíbe en forma general a personas estadounidenses realizar transacciones con estos.

Para obtener información adicional sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan aprovecharse del sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

OFAC designa individuos de alto perfil que actúan en nombre del CJNG y la Organización narcotraficante “Los Cuinis” afectando las operaciones de lavado de dinero de los cárteles.
 
Washington – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy a dos individuos que actúa en nombre de cárteles de narcóticos mexicanos por sus papeles facilitando el lavado de dinero y una red de prostitución internacional. OFAC designó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés)  Los Cuinis.  OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de Los Cuinis. 

“El Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos mediante el tráfico de drogas letales hacia los Estados Unidos,” dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.  Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe ser bloqueado y reportado a OFAC. Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personas que se encuentren dentro de los Estadps Unidos o en tránsito, las cuales involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

El primer individuo designado hoy, Jesús Pérez Alvear (alias "Chucho Pérez"), es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el DTO de Los Cuinis,  los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias "Mencho") y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.  Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos en grandes ferias mexicanas, como los que se llevan a cabo en Aguascalientes y Metepec.  Chucho Pérez usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue designado hoy.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras ventas. Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.  Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Alvarez Montelongo (alias “Julion Alvarez”), cantante mexicano designado por la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organización narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis.

El segundo individuo designado hoy es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y asociado de Chucho Pérez.  Miguel Leone, que pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis DTO.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder del DTO de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México pero liberaron a Leone aproximadamente un año después.  Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia and y otros miembros principales de Los Cuinis DTO.  

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito de Columbia acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo. 

La OFAC coordinó estrechamente con las siguientes agencias estadounidenses para ejecutar la acción de hoy: la DEA, el FBI y Aduanas y Protección Fronteriza.
 
Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin

WASHINGTON –  El día de hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incrementado la presión sobre importantes narcotraficantes mexicanos de heroína al designar individuos y empresas cercanas al nuevo liderazgo de la organización de narcotráfico Ruelas Torres.  El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones adicionales sobre ocho individuos mexicanos y ocho empresas mexicanas con vínculos a la organización criminal ubicada en Sinaloa, la cual ha sido liderada por Joel Efren Ruelas Ávila desde 2017 después de la muerte de su padre José Luis Ruelas Torres.  Esta acción fue tomada en conformidad con la Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).  Como resultado de la acción, todos los bienes que estos individuos tengan bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con ellos.

“El uso de la heroína se ha vuelto una epidemia en Estados Unidos, impulsada por contrabandistas como Joel Efren Ruelas Ávila y su organización de narcotráfico que traspasan drogas mortales a través de nuestras fronteras del sur y buscan blanquear sus ganancias ilícitas para regresarlas a México,” expresó Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro para Terrorismo y Crímenes Financieros.  “La OFAC, la DEA y el Departamento de Justicia continúan siguiéndole el rastro a los individuos y las empresas que se benefician de la venta de este veneno.”

La acción de la OFAC de hoy señala a los ciudadanos mexicanos María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero, y Cruz Sánchez Medrano, todos familiares de Joel Efren Ruelas Ávila.  También nombra a los ciudadanos mexicanos Pedro Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval, socios clave de la organización de narcotráfico Ruelas Torres. De las ocho empresas ocho designadas se incluyen cinco compañías agrícolas: Agrícola Ruelas S.P.R. de R.I., Alondra Produce, S.P.R. de R.I., Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V., Dispersora Gael, S.A. de C.V., y Felixtapia S.C. de R.L. de C.V.; además de dos empresas constructoras: Constructora Joel, S.A. de C.V. y Constructora Vania, S.A. de C.V.; y un establecimiento de ropa, Cruzita Novedades.  Todas las empresas designadas el día de hoy están ubicadas o registradas en el estado mexicano de Sinaloa.  La OFAC, la División de la DEA en Denver, y las autoridades mexicanas trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo esta acción.

La organización de narcotráfico Ruelas Torres ha estado involucrada en la fabricación y distribución de heroína desde Sinaloa, México, a los Estados Unidos por generaciones.  La organización de narcotráfico Ruelas Torres actualmente está liderada por Joel Efren Ruelas Ávila, sus familiares cercanos brindan apoyo al narcotráfico a través de lavado de dinero y/o resguardando bienes a nombre dicha organización.

En 2015, la fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Colorado acusó al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y su hijo Joel Efren Ruelas Ávila de operar una empresa criminal, entre otros cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.  La OFAC identificó al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y la organización de narcotráfico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros bajo la ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en mayo de 2017.  Las autoridades mexicanas detuvieron a José Luis Ruelas Torres en abril de 2017, y falleció en octubre de 2017 mientras esperaba su extradición a Estados Unidos.  Su hijo Joel Efren Ruelas Ávila, quien también fue señalado por la OFAC en mayo de 2017, es el líder de la organización de narcotráfico Ruelas Torres y se encuentra fugitivo.

Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley de Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta 1,437,153 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a diez funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692. Estos individuos están asociados con el debilitamiento de los procesos electorales, la censura de los medios o la corrupción en los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela. Esta designación se produce tras las elecciones estatales del 15 de octubre de 2017 en Venezuela, las cuales estuvieron marcadas por numerosas irregularidades que sugieren firmemente que el fraude ayudó al partido gobernante a ganar inesperadamente la mayoría de las gobernaciones.

A pesar de las peticiones de una auditoría independiente de los resultados electorales, el gobierno venezolano procedió a tomar juramento del cargo de los candidatos ganadores ante la ilegítima Asamblea Constituyente (AC), lo que ilustra aún más la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro. Además, el entorno en el que se celebraron estas elecciones -incluida la censura, el abuso de los medios estatales y la corrupción desenfrenada que se extiende incluso a la distribución de alimentos a la población hambrienta de Venezuela- plantea interrogantes sobre la libertad y la imparcialidad del proceso electoral.

“Mientras el gobierno venezolano sigue ignorando la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: los Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Maduro continúe destruyendo el orden democrático y la prosperidad de Venezuela”, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que son cómplices en los intentos de Maduro de debilitar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión o de reunión pacífica, o involucrarse en la corrupción pública, a menos que se distancien del régimen dictatorial de Maduro”.

Las designaciones de hoy consisten en los siguientes diez funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela. Como resultado de las acciones de hoy, todos los bienes de estos individuos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, quedan congelados, y se prohíbe en general a las personas de Estados Unidos a negociar con ellos..

•    Sandra Oblitas Ruzza, es vicepresidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) y presidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral que mantiene el CNE. Oblitas Ruzza anunció la reubicación de los colegios electorales solo cuatro días antes de las elecciones. Esta actividad afectó las elecciones, ya que los electores llegaron y descubrieron que sus centros de votación habían sido trasladados.

•    Socorro Elizabeth Hernández de Hernández, es rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela. Hernández de Hernández estuvo involucrada en los cambios que se hicieron en las ubicaciones de los colegios electorales en los días previos a las elecciones.

•    Carlos Enrique Quintero Cuevas, es rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.

•    Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, es el segundo vicepresidente de la AC de Venezuela y anteriormente fue el primer vicepresidente de la AC. Antes de unirse a la AC, Hidrobo Amoroso fue director general de Consultoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, y también fue ex diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Aragua. Hidrobo Amoroso ha condenado públicamente a un gobernador electo de la oposición que se negó a prestar juramento ante la AC ilegítima.

•    Julián Isaías Rodríguez Díaz, es el embajador venezolano en Italia y anteriormente fue el segundo vicepresidente de la AC. Rodríguez Díaz, junto con Hidrobo Amoroso, firmó el decreto que exige el juramento ante la AC ilegítima para los gobernadores electos el 15 de octubre.

•    Ernesto Emilio Villegas Poljak, es el recién nombrado Ministro de Cultura de Venezuela y ex Ministro de Comunicación e Información, y también ocupó el cargo de presidente de Venezolana de Televisión (VTV), un canal de televisión estatal. Bajo la conducción de Villegas Poljak, VTV ha restringido la libertad de prensa y ha utilizado el control estatal de los medios para restringir el proceso electoral democrático.

•    Jorge Elieser Márquez Monsalve, es el recién nombrado Ministro del Despacho de la Presidencia de Venezuela y ex director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una institución pública venezolana. En agosto de 2017, CONATEL cerró dos canales de televisión colombianos en Venezuela debido a su cobertura de la ex-fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien huyó de Venezuela. En febrero de 2017, CONATEL anunció la suspensión de CNN en Español de Venezuela, luego de que la red emitiera varios informes detallando las acusaciones contra el gobierno.

•    Manuel Ángel Fernández Meléndez, es el presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y presidente de Movilnet, C.A., una subsidiaria de CANTV. CANTV ha aumentado drásticamente la censura y ha bloqueado el acceso al público venezolano a varios sitios de internet, incluidos sitios web de las redes sociales.

•    Carlos Alberto Osorio Zambrano, es el presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte de Venezuela. Anteriormente fue Ministro del Despacho de la Presidencia, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro de Alimentación. En 2016, la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela alegó que Osorio Zambrano fue cómplice en estafar al estado hasta por US$ 573 millones, a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela.

•    Freddy Alirio Bernal Rosales, es el Ministro de Agricultura Urbana de Venezuela y dirige el Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela. Bernal Rosales fue designado previamente por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico el 8 de septiembre de 2011, por actuar en nombre o en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Columna | Desde el portal

 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó al Gobierno de México que 22 personajes y 42 empresas están relacionados con el narcotráfico, congeló sus cuentas bancarias y les canceló toda relación comercial con sus similares estadunidenses, en tanto que uno de los involucrados se fotografiaba en atractivos turísticos de Chiapas con autoridades estatales y federales.

 De acuerdo a los hechos, nuestro gobierno ignoraba todo lo que los del vecino país indagaban desde hace cuando menos un sexenio, en tanto los involucrados continuaban a todo trapo en sus presentaciones artísticas y deportivas y se mezclaban en actos políticos y filantrópicos, como emprendedores exitosos y generosos.

 Otra vez el Estado mexicano da muestras de desconocimiento total de lo que ocurre al interior del país y del que sólo se entera cuando la prensa extranjera da a conocer los conflictos o saca a relucir los trapos sucios, de lo que ya nos hemos acostumbrado. Es así cuando la maquinaria oficial empieza a trabajar y a conocer los subterráneos de la vida pública, de la farándula o la política.

Para el lavado de dinero o el narcotráfico no hay muros que lo detengan, de acuerdo a lo dado a conocer por el Departamento del Tesoro estadunidense; el trasiego de drogas y las transacciones se realizan por medios sofisticados, no hay necesidad de realizar incómodos viajes en trailers y cruzar el desierto; no hay muros que los contenga.

TURBULENCIAS

Pega Franklin a 8 estados

 Cuando menos ocho estados de la República se vieron afectados –más Puebla, Veracruz y la CDMX- a consecuencia de la tormenta tropical “Franklin”;  la CFE informó que hacia el medio día de ayer se restableció el servicio de energía eléctrica que resultó afectado por el fenómeno natural…En el marco del 31 aniversario luctuoso del periodista y poeta Renato Leduc, la Delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un homenaje que se extendió para los periodistas sacrificados en los últimos meses en diversas regiones del país...La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) propuso exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus Constituciones en materia de derechos humanos, a fin de defender la dignidad humana y su pleno ejercicio, ya que existen estados que no han logrado la conjunción de sus cartas máximas con la reforma al artículo 1 Constitucional, publicada el 10 de junio de 2011…La propuesta del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hecha al PRI, de eliminar el fuero a funcionarios públicos y legisladores, es una realidad en Oaxaca, primera entidad en hacerlo, aunque se dice que la desaparición del juicio político es también una concesión al ex gobernador Gabino Cué, de quien la sociedad oaxaqueña demanda se haga justicia por el descomunal saqueo a las arcas públicas. Una buena y una mala: la buena, la eliminación del fuero, la mala es que beneficia a un grupo político delicuencial…Poca información o complicidad debe atribuírsele al chiapaneco gobernador Manuel Velasco al placear con sus amistades al jefe del ejecutivo federal, en una gira donde, además, hubo vandalismo a consecuencia de su desgobierno en la entidad…

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La Acción de la OFAC bajo la Ley Kingpin apunta a 22 ciudadanos mexicanos y a 43 entidades en México

Washington – En coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante “Flores” como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Además de Flores y su organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández. 

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hernández  que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano.  Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas designadas hoy  atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa.  Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares  por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a trece funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela y otros, que socavan la democracia en ese país. Las sanciones se adelantan a la proyectada elección el 30 de julio de 2017, orquestada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que tendrá el poder de reescribir la constitución venezolana y puede optar por disolver las instituciones estatales venezolanas. Un proceso electoral defectuoso de la ANC sólo permitirá garantizar que la mayoría de los miembros de la Asamblea representarán los intereses del gobierno del presidente Maduro. En una "consulta popular" organizada por la oposición y celebrada el 16 de julio de 2017, los venezolanos se opusieron abrumadoramente al proceso de la ANC.

“Como el presidente Trump ha dejado claro, los Estados Unidos no ignorarán los actuales esfuerzos del régimen de Maduro para socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley”, manifestó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Como lo demuestran nuestras sanciones, los Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de restaurar su país a una democracia plena y próspera. Todo aquel que sea elegido para la Asamblea Nacional Constituyente debe saber que su papel en socavar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela podría exponerlos a posibles sanciones por parte de los Estados Unidos”.

Las designaciones de hoy se centran en funcionarios actuales y anteriores de agencias gubernamentales venezolanas asociadas con las elecciones o el debilitamiento de la democracia, así como la proliferación de la violencia del gobierno contra los manifestantes de la oposición y su corrupción. Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con ellos.

OFAC designó hoy a cuatro funcionarios de alto rango de agencias del gobierno venezolano que están impulsando activamente las elecciones de la Asamblea Constituyente, o de alguna manera socavando la democracia o los derechos humanos en Venezuela:

·         Tibisay Lucena Ramírez es la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro, y presidenta de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.

·         Elías José Jaua Milano es el presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de formar y operar el proceso de la ANC. También es el ministro de Educación, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ex-vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.

·         Tarek William Saab Halabi es el Defensor del Pueblo de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela. Como “Defensor del Pueblo”, su papel es presumiblemente defender los derechos humanos en Venezuela.

·         María Iris Varela Rangel es integrante de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y ex-ministra del Servicio Penitenciario.

El debilitamiento de la democracia por parte del gobierno en Venezuela ha llevado al pueblo de Venezuela a protestar en las calles, y el gobierno de Maduro ha respondido con represión y violencia. La oposición venezolana estima que hasta 15.000 civiles han resultado heridos en las recientes protestas, con más de 3.000 detenidos y 431 presos políticos detenidos sin un proceso judicial justo y transparente. Proliferan las detenciones arbitrarias, al igual que el abuso físico contra los detenidos; presuntos casos de tortura y otras violaciones y abusos de los derechos humanos son perpetrados por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros servicios de seguridad.

OFAC ha sancionado hoy a cinco funcionarios de alto rango actuales y anteriores de las agencias gubernamentales venezolanas responsables de la violencia y represión:

·         Néstor Luis Reverol Torres es el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela. También es el ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y ex-director de la Agencia Anti-Narcóticos de Venezuela. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación contra Reverol por su participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína.

·         Carlos Alfredo Pérez Ampueda es el director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

·         Sergio José Rivero Marcano es el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del Este de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.

·         Jesús Rafael Suárez Chourio es el comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex-comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Central de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Además, Suárez fue anteriormente líder de la Unidad de Protección y Seguridad del Presidente de Venezuela.

·         Franklin Horacio García Duque es el ex-director de la Policía Nacional Bolivariana y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.

Por último, la corrupción del gobierno venezolano está fuertemente asociada - pero no exclusivamente - con dos entidades gubernamentales. La primera de ellas es la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), de la cual desaparecieron aproximadamente US$ 11 mil millones entre 2004 y 2014, según un informe de una comisión del Congreso venezolano. Otro importante motor de la corrupción en Venezuela es el mercado negro que rodea al régimen oficial de tipos de cambio establecido por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

OFAC designó hoy a cuatro funcionarios actuales o anteriores de estas entidades:

·         Rocco Albisinni Serrano es el presidente del CENCOEX.

·         Alejandro Antonio Fleming Cabrera es el viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y ex-presidente del CENCOEX.

·         Simón Alejandro Zerpa Delgado es el vicepresidente de finanzas de PDVSA y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN). Es el ex-viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela y ex-comisionado presidencial del Fondo Conjunto Chino-Venezolano.

·         Carlos Erik Malpica Flores es el ex-tesorero Nacional y ex-vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

Washington - La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) designó hoy a dos empresas mexicanas de gestión de propiedades vinculadas a Abigael González Valencia, cabecilla de la organización narcotraficante de Los Cuinis. OFAC originalmente designó a la organización narcotraficante de Los Cuinis y a su líder González Valencia bajo la Ley Kinpgin el 8 de abril de 2015. La acción de hoy designa a estas dos empresas mexicanas conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Kingpin Act). Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes que posean estos designados bajo la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellos.

“OFAC seguirá designando a nuevas empresas fachada que han sido creados o cooptados con el propósito de ocultar los intereses de González Valencia y de los Cuinis y sus aliados para evadir las sanciones”, comentó el Director John E. Smith. “En coordinación con la policía y el gobierno mexicano, la OFAC trabajará incansablemente para exponer e interrumpir las operaciones y los bienes de estas organizaciones”.

Las dos empresas mexicanas designados hoy son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V. Yorv Inmobiliaria actúa como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC designó el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia. Grupo Segtac, S.A. de C.V., actúa como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC también designó en esa misma fecha por los mismos vínculos. Estos centros comerciales fueron inicialmente gestionados en parte por Bric Inmobiliaria y Ahome Real Estate, S.A. de C.V., los dos designadas por la OFAC en esa misma fecha en 2015. Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V., fueron nombrados como los nuevos administradores de la propiedad en un intento por dar la vuelta a las sanciones OFAC, actuando como el intermediario “limpio” entre estos centros comerciales designados y la economía mexicana legítima.

Además de González Valencia y de Los Cuinis, la OFAC designó el 8 de abril de 2015 al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). Los Cuinis y CJNG son organizaciones estrechamente aliadas, ya que González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados. En marzo de 2014, basado en una investigación llevada a cabo por la División de Los Angeles de la Agencia Antidrogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia acusó a González Valencia y a Oseguera Cervantes de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal. González Valencia fue capturado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.

El Departamento del Tesoro y la División de Los Ángeles de la DEA trabajaron estrechamente para ejecutar la acción de hoy.

Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1,437,153 de dólares por cada violación, y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares, mientras que las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.