Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A., o Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de metales ferrosos, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, como medida contra las operaciones ilegales de extracción de oro que han seguido sosteniendo al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. La medida de hoy, adoptada conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13850, con sus correspondientes modificaciones, está dirigida a una entidad y una persona física que operan en el sector del oro de la economía venezolana.

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela y, al mismo tiempo, pone en riesgo a las poblaciones indígenas al invadir áreas protegidas y provocar deforestación y pérdida de hábitats. El plan de Maduro para usurpar la potestad de la Asamblea Nacional y quitar a Venezuela sus recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas”, explicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Tesoro está actuando contra la empresa procesadora de oro Minerven y su Presidente por respaldar al núcleo del régimen corrupto de Maduro. Tenemos la determinación de actuar enérgicamente contra quienes estén implicados en las actividades temerarias de comercio ilícito de oro que lleva a cabo Maduro, que contribuyen a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”.

El comercio de oro que mantiene al régimen ilegítimo

Maduro y los agentes del régimen recurrieron a la minería de oro en su búsqueda de nuevas formas de enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin aprobación de la Asamblea Nacional, y con absoluta indiferencia por el medioambiente y las comunidades locales, Maduro se atribuyó amplias facultades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace algunos años. La extracción y posterior venta de oro ha sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro de los últimos años, mientras cientos de miles de mineros han extraído oro en peligrosas minas improvisadas en el sur de Venezuela. Todas son controladas por las fuerzas militares venezolanas que, a su vez, incurren en maniobras corruptas de cobro organizaciones criminales para permitirles el acceso a las minas. Los mineros y sus comunidades quedan expuestos a abusos ambientales, pues en el proceso de minería se emplean elementos tóxicos peligrosos como el mercurio. Asimismo, cada vez son más habituales en estas comunidades
mineras los delitos violentos, como homicidios.

El impacto del auge de la minería ilegal durante el régimen de Maduro ha sido criticado por organizaciones ambientales y de la sociedad civil, en razón de que no toma en cuenta evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto cultural. Las operaciones de minería están invadiendo áreas protegidas, lo que provoca deforestación y pérdida de hábitats. Las actividades relacionadas con la minería también han generado condiciones propicias para la reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades. En Venezuela aumentan los casos de malaria, y una proporción significativa de estos se registra en estados dedicados a la minería de oro.

Como única procesadora de oro estatal de Venezuela, Minerven compra el oro a los mineros y lo funde en lingotes. Posteriormente los lingotes de oro son trasladados por militares a bases aéreas en las afueras de Caracas, para luego ser transportados al Banco Central de Venezuela. Desde 2016, el régimen de Maduro adquirió oro por el equivalente a cientos de millones de dólares a pequeños mineros independientes, a quienes pagó con bolívares venezolanos, a pesar de la hiperinflación que existe en Venezuela debido a la nefasta gestión económica del país. Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir en oro y en otras divisas su moneda depreciada, y al mismo tiempo pagar a los mineros con bolívares que prácticamente no tienen ningún valor, una actividad que sostiene al régimen de Maduro y permite que se aferre al poder. Las utilidades generadas por la minería ilegal realizada por orden de Maduro son codiciadas por los militares venezolanos, a quienes Maduro da libre acceso a las minas. Esto aumenta la c
apacidad de Maduro de seguir teniendo poder sobre las fuerzas militares, pues su deseo de preservar esta fuente ilegal de ingresos refuerza la acérrima lealtad militar hacia Maduro. A pesar de que el presidente interino venezolano Juan Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como la autoridad legítima de Venezuela, Maduro no ha estado dispuesto a renunciar a su control de la industria de extracción de oro ni a sus participaciones financieras en este comercio ilícito.

Se ha determinado que la entidad y la persona física designadas hoy, que se indican abajo, operan en el sector del oro de la economía venezolana:

• Minerven tiene sede en El Callao, Bolívar, Venezuela. Minerven es de propiedad del Ministerio del Poder Popular e Petróleo y Minería y se creó para llevar a cabo actividades de minería y comercio de metales no ferrosos, como el oro.
• Adrián Antonio Perdomo Mata fue nombrado presidente de Minerven en julio de 2018.

Para obtener información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de esta entidad y esta persona, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a esta entidad o persona, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o el Decreto Ejecutivo 13850, ambos con sus correspondientes modificaciones, que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el régimen de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.