Después de la aprobación de las reformas al Poder Judicial de la federación y de la Supremacía Constitucional  por las Cámaras de Diputados y Senadores y la mayoría de las legislaturas de los Estados, los mexicanos fuimos testigos del proceso para la designación de la nueva ombudsperson que estará a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los próximos cinco años, que se caracterizo por la simulación y el engaño para los aspirantes que ilusamente pensaron que tenían posibilidades de llegar al cargo y que los currículum vitae y la evaluación que llevó a cabo la Comisión designada por el Senado de la República sería objetiva e imparcial y que culminaría con una designación justa, alejada de intereses partidistas, pensando en lo mejor para una institución cuyo trabajo y resultados de los últimos cinco años, fueron desastrosos para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, donde su titular Rosario Piedra Ibarra, se puso del lado de las autoridades y en contra de los derechos de los ciudadanos.

El proceso en sí, significaba para muchos la última oportunidad para que al menos la institución que por mandato constitucional tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos humanos, pudiera convertirse en un contrapeso para el oficialismo y con ello recobrara la confianza perdida por los ciudadanos, ante el pobre desempeño de su titular, quién se convirtió en una porrista oficial del gobierno y no tuvo empacho en hacerlo del dominio público, a sabiendas que su compromiso y lealtad estaban con la cuarta transformación bajo las ordenes del ex presidente López Obrador, su principal impulsor y quién la propuso en el cargo.

Si la idea desde el principio fue de nueva cuenta imponer a Rosario Piedra Ibarra, para un segundo período al frente de la CNDH, a pesar de su pésimo desempeño y evaluación, no tuvo ningún caso, abrir el proceso, sólo para que al final aún en contra del voto de la oposición y la negativa de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos a darle su apoyo, se impusiera la línea de AMLO en contra de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de que llegara a la posición la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández quién fue además quién obtuvo la evaluación más alta de parte de la Comisión de derechos Humanos del Senado.

Nada valió y el voto de la mayoría de los Senadores de Morena y sus aliados PT y PVEM siguió las instrucciones del expresidente AMLO y Rosario Piedra Ibarra, fue reelecta por un período más al frente de la CNDH.

Como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, tuvieron mayor peso las cartas credenciales de Piedra Ibarra, como el entreguismo al actual gobierno, sus omisiones para intervenir en los casos graves de violaciones a derechos humanos ocurridas durante su gestión, el desmantelamiento de dos Consejos Consultivos que no pudieron trabajar con ella durante su gestión y su negativa a emitir recomendaciones en contra del ejército, la Marina y la guardia nacional en las 3500 quejas presentadas por ciudadanos y en las que en el 99% de los casos, le dio la razón a dichas autoridades y no protegió los derechos de las víctimas.

En otro país y en otro gobierno, lo anterior hubieran sido razones suficientes para mandar a Piedra Ibarra a su casa y dar oportunidad a otra persona para ocupar el cargo; sin embargo, en México, lo que menos preocupa al oficialismo son las críticas e inconformidad ciudadana, cuyos derechos humanos no son una prioridad, sino el contar con una ombudsperson comprometida con las autoridades y capaz de frenar cualquier escándalo que pudiera dañar la imagen del gobierno con sus recomendaciones.

Así, quien ganó con la designación de Piedra Ibarra, fue el oficialismo y las actuales autoridades y quienes perdimos somos los mexicanos, al no contar con un organismo autónomo e independiente, capaz de emitir recomendaciones en contra de las violaciones a derechos humanos y abusos de poder en los que ha incurrido el actual gobierno.

Respecto al triste papel del Senado, queda claro que sólo representan al partido que los nombró candidatos para llegar al cargo y con quién tienen comprometido su voto y no con los ciudadanos que los eligieron cuya opinión no les interesa, ni preocupa en lo más mínimo.

Sobre la reelección de Rosario Piedra Ibarra, la activista Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones públicas señaló que “dicha reelección se suma a la erosión contra la democracia que se registra en México y apuntó que en México hay una disminución de controles y contrapesos (frente al oficialismo) donde se busca que el Poder ejecutivo, tenga una mayor concentración” agregó: “Al final volvió a prevalecer la utilidad para el Gobierno, su interés partidista y de proyectos de interés (..) con esta decisión, el segundo piso de la cuarta transformación también le está apostando a instituciones cómodas, que no generen ruido, sino que sean comparsa y cómplices del gobierno, en lugar de ser una voz que atienda a las víctimas y a violaciones en materia de derechos humanos. La transformación no va a llegar a los derechos humanos”

Bajo dicha situación, me pregunto: ¿Qué ciudadano va a acudir a la CNDH a presentar una queja por violaciones a sus derechos humanos, a sabiendas de que esta actuará del lado del gobierno y que finalmente no obtendrá una recomendación a su favor?

Al final el costo del error de reelegir a Piedra Ibarra, lo pagaremos todos, por un lado las autoridades, por demostrar públicamente su falta de compromiso con el respeto a los derechos humanos y por otro lado los ciudadanos a quienes se nos privó de poder contar con el apoyo de un organismo, autónomo, independiente e imparcial para defender los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna a nuestro favor.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Como todos sabemos, después de haberse aprobado por el Congreso de la Unión  y promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la inconformidad de diversos grupos y organismos nacionales e internacionales  diversos actores políticos y sobre todo sociales, han iniciado una ofensiva jurídica en su contra, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar poner a salvo el régimen democrático de nuestra nación y los derechos humanos de los mexicanos.

Lo cual, ha puesto en jaque la labor del máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país, puesto que tendrá que demostrar que realmente es un poder autónomo y que la división de poderes estipulada en nuestra Constitución es una realidad normativa y no una ideología demagógica.

Sin lugar a dudas, el momento histórico le pertenece a la SCJN, pues esta ante la oportunidad de demostrar que en México no existe abuso de poder y que su función es realmente la de limitar y equilibrar el poder público para evitar el ejercicio de un autoritarismo y con ello cumplir con el slogan publicitario que pregona en los medios “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de tus derechos”

El reto para el tercero de nuestros poderes es mayúsculo, puesto que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de salvaguardar la democracia y los derechos humanos ante la imposición de la Ley de Seguridad Interior y demostrar que nuestro país funciona con sus instituciones y no por caprichos o por intereses electorales, del grupo en el poder.

Lo único cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad, por lo que buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad, es decir, pretenden fundamentar seguridad jurídica con ausencia total de la misma?

Conforme a lo anterior, la SCJN requerirá de un análisis pormenorizado de las violaciones que contiene dicha ley a diversas disposiciones de nuestra Constitución y las afectaciones que dicho ordenamiento causa a nuestro régimen, para que en aplicación del principio de suplencia de la queja, a que está obligado en acciones de inconstitucionalidad, y en absoluta imparcialidad y apego a criterios jurídicos pueda resolver sensatamente terminando por echar abajo este engendro legislativo.

Ahora bien, existe también la posibilidad de que la SCJN se una a esa forma de actuación alejada de la realidad y de una total insensibilidad social, evidenciada por el Presidente de la Republica y por los integrantes del Congreso de la Unión, y defienda lo indefendible, sin embargo, de suceder, tendrá que ser el embrión que termine por despertar y unir a los mexicanos para presentar batalla jurídica ante instancias internacionales que los obligue a cumplir con su labor como garante de justicia.

No hay que perder de vista que la Seguridad Nacional comprende la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación y para preservarla, el presidente dispone solamente de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y adicionalmente la Guardia Nacional, pero nunca la policía.

Por lo tanto la intervención de estas, solo se presta a admitir que nos encontramos inmersos en una situación de guerra, la cual, podría interpretarse como un conflicto armado interior. Situación que puede echar abajo el máximo tribunal de nuestro país, después de un análisis de la exposición de motivos y argumentos que presentaron los legisladores que dieron su voto para aprobar dicha ley.

En los próximos días, seremos testigos de cuantos Municipios, además del de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, presentan más Acciones de Inconstitucionalidad en contra de la ley de Seguridad Interior o bien si organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueven una acción en el mismo sentido. Habrá que estar pendientes, de la forma en que voten los Ministros de la Corte al resolver estas acciones, para saber si finalmente el Presidente de la República cuenta con los apoyos necesarios para mantener la ley y proceder a aplicarla en todos sus términos, so pretexto de una guerra en contra de la delincuencia organizada y los carteles de narcotraficantes, que a más de diez años de su inicio y de la acción de las fuerzas armadas, sólo ha hecho crecer la delincuencia y el número de víctimas que a Diciembre de 2017, ascendieron a más de dos mil por mes. En mi opinión, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, presagia para millones de mexicanos que: “Lo peor, está por venir”