Estamos entrando en la recta final del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y aun no se ha encontrado la solución a la problemática de violencia endémica que se padece en nuestro país, promesa base de su campaña presidencial, es más, vamos a cumplir dos sexenios con una misma política que nos ha llevado a los peores números en materia de homicidios en la historia contemporánea de este país, aun cuando en estos periodos las “ideologías partidistas” fueron distintas y hasta opuestas en el papel de sus principios y estatutos.

Tan alarmante resulta ésta problemática, que ha sido objeto de estudio y análisis por parte de organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues según un estudio del juez mexicano de la CoDIH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, de 140 casos contenciosos en materia de justicia penal que la Corte había resuelto hasta enero de 2014; 42 fueron por ejecuciones en el continente, sólo por debajo de los 89, en los que observó tortura.

Por lo anterior, y por el crecimiento de las estructuras del narcotráfico y crimen organizado; el asentamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación en el norte del país; los enfrentamientos en el de Sinaloa, producto de la lucha por el poder luego de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán; y una evidente incapacidad del gobierno federal para investigar, detener y desactivar estas bases criminales, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ordenado no solo a México, sino también a diferentes países de Latinoamérica modificar sus legislaciones.

Toda ésta situación tiene resultados alarmantes que afectan el tejido social de nuestra nación, pues en los 50 meses del actual gobierno, de diciembre de 2012 a enero de 2017, han dado como resultado 90 mil 694 ejecutados, cantidad que sumada a los del periodo de Calderón, donde se inició esta guerra, suman ya más de 212 mil 377 víctimas de la violencia.

La estadística de ejecutados en lo que va del sexenio de Peña Nieto se integra así: en diciembre de 2012, mil 999; en todo 2013, 23 mil 63; en 2014, 20 mil 10; en 2015, 20 mil 525; en 2016, 22 mil 935 (el año más violento del sexenio), y hasta enero de 2017, 3 mil 6 víctimas fatales.

Si la tendencia se mantiene, Peña Nieto dejará un país igual o más ensangrentado que el que dejó Calderón. Evidenciando un alto grado de descomposición política y social que se vive en el país, lo que lacera gravemente los derechos humanos de la población, incrementa la inseguridad y la violencia, que nos mantiene inmersos en este círculo vicioso que destruye el tejido social y afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de todos los integrantes de nuestra sociedad.

Y por si fuera poco todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidenció al Estado mexicano, al insistir en que los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres, cuyas garantías individuales fueron conculcadas son merecedora de medidas administrativas, disciplinarias o penales; y ha remitido el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

Firmado por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, el Informe de Fondo daba cinco indicaciones al Estado mexicano para reparar el daño “tanto en el aspecto material como en el moral”; la atención médica y psicológica o psiquiátrica necesarias, de acuerdo a la víctima; medidas de no repetición, como la capacitación de los cuerpos de seguridad a niveles federal y estatal en la prohibición absoluta de la tortura y la violencia sexual, y extender la medida a médicos y todo funcionario estatal involucrado en las etapas de una investigación.

En la parte sustancial, la CIDH urge a continuar la investigación con el objetivo de identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de los cuerpos de seguridad, tanto de nivel estatal como federal, así como posibles actos de encubrimiento u omisión, evitando la re victimización.