Candidatos a los diferentes cargos de elección popular del Partido Verde Ecologista de México, en conferencia de prensa señalaron que de obtener el triunfo este 1 de julio harán la propuesta a fin de que los presidentes municipales antes de que terminen su gestión solventen sus cuentas públicas.

En el caso la candidata al Senado. Geraldine González Cervantes dijo en el tema que en lo que compete a Puebla se tienen varios cargos de quienes ocuparon algún cargo y aun no explican en que utilizaron los recursos y esto haya sido comprobado por la Auditoria y en este caso dijo que el más emblemático es el del actual candidato a la alcaldía por el PAN y ex alcalde Eduardo Rivera quien aún no ha solventado un gasto observado por el congreso local del cual forme parte dijo-.

Del mismo modo la candidata al Senado por el PVEM dijo que otro de estos casos es el de la presidente municipal de Tehuacán Ernestina Fernández ya que desde el 2014 su cuenta pública no ha sido analizada por la Auditoria Superior de la entidad por lo que hoy ella tiene un amparo.

Del mismo modo los candidatos a las diputaciones local y federal por el distrito 9 Cristian Ayala y Norma Pimentel respectivamente dijeron que uno de los compromisos de su agenda es la transparencia y este fue ya firmado como tal   en la agenda de Transparencia que promueve la Asociación Mexicana de Derechos de la Información.  

En estos términos Norma Pimentel dijo que una de sus propuestas en la materia es poder modificar la ley para establecer sanciones eficaces a políticos corruptos y una de ellas es congelar sus cuentas bancarias.

Otros de estos puntos son modificar la ley a fin de terminar con los tecnicismos en la página de transparencia de los sujetos obligados os candidatos al Senado además de diputados locales y federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la capital informaron que en caso de ganar la elección del primero de julio propondrán que los presidentes municipales solventen sus cuentas públicas antes de terminar su periodo de gobierno.

Al respecto, Geraldine González, la abanderada al Senado señaló que en el caso de Puebla hay varios casos de ex funcionarios públicos que no han explicado el uso de los recursos y que se haya comprobado por la Auditoría, el más emblemático es el de Eduardo Rivera Pérez, actual candidato a la alcaldía de Puebla por el PAN.

Otro de los casos más emblemáticos, es la actual alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández quien desde 2014 no ha sido analizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Tenemos que ser inquisitivos en ese tema, dijo Geraldine González ya que no es posible que tengamos cuentas públicas de hace 10 años y no sepamos qué pasó con esos recursos y ahora esas personas postulan candidatos o son candidatos.

Este día Geraldine González y los candidatos a diputados federales y locales como Norma Pimentel Méndez y Cristian Ayala, ambos del distrito 9, firmaron su compromiso en la agenda de transparencia que promueve la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

En su intervención, Norma Pimentel recordó que una de sus propuestas es modificar la ley para establecer sanciones eficaces a los políticos corruptos, como congelar sus cuentas bancarias otro es el de proteger la información personal y así evitar mal uso de los datos y evitar casos de daño moral.

Del mismo modo, Norma Pimentel, dijo que se pedirá regular la publicidad a fin de evitar actos anticipados de campañas políticas esto a más de se pueda obligar a servidores públicos y funcionarios a que publiquen su declaración de 3 de 3.

Geraldine González Cervantes diputada local por el Partido Verde Ecologista de México hizo un pronunciamiento contra el genocidio y el deterioro de la del medio ambiente y la naturaleza, sus consecuencias poniendo como ejemplo el calentamiento global y el cambio climático que se está dando.

Agrego la legisladora que en la entidad poblana el problema mayor que se presenta es la tala clandestina y el deterioro que se tiene tanto en los bosques como en la flora y fauna, a esto se anexan los incendios forestales que a la fecha suman 292 durante el año en curso esto según datos de CONAFOR.

Dijo que estos incendios han afectado un promedio de 3 mil 780 hectáreas de bosques, lo que convierte a Puebla en la entidad numero 2 a nivel nacional en incendios forestales, ocasionados estos por negligencia o con las quemas agrícolas.

Ante esta situación la legisladora hace un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que presten mayor atención en lo referente al caso de Coxcatlán; dado que en ese municipio se dan 3 casos semanales de tala clandestinas, esto se debe dijo a que las fuerzas del municipio son insuficientes debido a la falta de recursos humanos y equipamiento.

Finalmente la diputada reitero a la autoridad a estar pendiente en las Sierras Norte, Nororiental y Negra, además en la ladera del Pico de Orizaba, exigiendo a las autoridades competentes que sancionen con acciones claras y precisas a los taladores por incurrir en conductas que atentan contra el equilibrio Ecológico y lastiman  el medio ambiente.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, presentó en días pasados, ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma a la Ley de Salud, con el objetivo de que se regulen los centros de internamiento para adictos que operan en el estado, ya que manifiesta que en Puebla existen únicamente siete Centros Residenciales contra las adicciones, con reconocimiento CENADIC/CONADIC, lo que evidencia la irregularidad e incluso ilegalidad con la que algunos grupos actúan y ofertan servicios que están imposibilitados y nulamente preparados para prestar.

Dicha iniciativa me parece loable, ya que en México,  el tema de las adicciones se ha convertido en las últimas décadas en un tema sumamente sensible para la sociedad mexicana. Nadie duda, hoy por hoy, de que la incidencia de las adicciones se ha incrementado de manera importante, no sólo en el ámbito de las drogas ilícitas, sino también respecto al alcohol y los antidepresivos, las medicinas para adelgazar y otras sustancias.

Aunado a lo anterior, mucho se ha comentado, sobre los centros de rehabilitación, siendo cuestionada su transparencia, su legalidad, su metodología de operación y el hecho de que algunos de ellos parecen convertirse en modus vivendi de quienes lo operan, otros en centros de reclutamiento para el crimen organizado, otros más en meros centros para abusar económicamente de la persona adicta y de sus familiares y existen otros, en los que que se abusa de las personas en términos físicos, sexuales, emocionales.

Sin embargo, los datos ofrecidos por la diputada también dejan entrever la ineficiencia o complacencia de las autoridades , ya que si la legisladora cuenta con la información de cuantos centros operan al margen de la ley y que además violentan los derechos humanos de sus internos, la pregunta obligada sería, porque no han actuado contra esos centros, si tienen toda la evidencia en las manos  para clausurarlos y sobre todo castigar a quienes han cometido el delito de tortura, maltrato, restricción injustificada de la libertad y violación reiterada de los derechos humanos.

Porque, de acuerdo a la Ley General de Salud, el internamiento no voluntario debe cumplir con ciertas condiciones que garanticen al interno el respeto a sus derechos, su dignidad, la restricción a la libertad justificada, pero sobre todo su rehabilitación. Debe estar avalado por un certificado médico que instruya la necesidad del internamiento, así como el tratamiento al que la persona de que se trate deberá ser sometida.

Y si esto, no está sucediendo de esta forma en el Estado, en necesario prender los focos rojos para que de inmediato se lleva a cabo una campaña de verificación y clausura de aquellos centros que estén funcionando al margen de la ley, correspondiendo dicha tarea a la Secretaría de Salud y a las autoridades Municipales que en su caso deben verificar el funcionamiento de éstos sitios que ofrecen la venta de un servicio a los ciudadanos, supervisando las funciones operacionales sanitarias, salvaguardando y vigilando el respeto a los derechos humanos de los internos y sobre todo que no se cometan delitos, para en su caso ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado. 

Por otra parte, y en abono a la iniciativa de la diputada, creo que sería importante regular las actividades de los centros de rehabilitación, es decir, que exista normatividad que los obligue a ser institucionales, estar formalmente constituidos y llevar procesos homologados en función de una metodología aprobada. Así mismo, es necesario que los centros de Rehabilitación del Estado se encuentren vinculados con organizaciones de Derechos Humanos, Institutos de la Mujer, Institutos de Psiquiatría, centros de fortalecimiento de organizaciones civiles, hospitales y similares. A fin de que su servicio cuente con el sentido humano que se requiere para llevar a cabo una efectiva rehabilitación.

Ojalá exista la sensibilidad de los Diputados del Congreso del Estado, para aprobar dicha iniciativa en el presente período ordinario de sesiones y no se quede en la congeladora, ya que es un tema de salud pública muy importante.