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           Es increíble el número de casos de juicios laborales que las autoridades del trabajo poblanas tienen rezagados desde los tiempos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, a quien conocedores de la materia, culpan de esta situación, pues en su tiempo fueron despedidos casi nueve mil empleados del gobierno estatal, entre ellos el 50 por ciento de quienes trabajaban en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

          Los juicios laborales ahora, ya pasaron a ser atendidos por autoridades federales, pero el rezago existente, tendrá que ser resuelto por las autoridades locales, que al ritmo de trabajo actual, tardarán entre cuarenta y cincuenta años. Ningún trabajador podrá aguantar tanto tiempo esperado la resolución de sus casos.

         El actual gobernador, Salvador Céspedes Peregrina, lógicamente no es responsable de lo que pasa en la Secretaría del Trabajo Estatal actualmente. A él le toca enfrentar la situación que se creó en tiempos de Moreno Valle Rosas y que se agravó en el gobierno de Miguel Barbosa, pese a que en el gobierno de este último, fue encarcelado el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, acusado de exigir pago a los defensores de trabajadores demandantes, para acelerar sus casos. Ese funcionario, era sobrino político de don Blas Chumacero, eterno líder de la CTM.

          Pero el actual gobernante, nos dicen, puede dejar sentadas las bases para que no siga agravándose la situación, lo que sería injusto para miles de trabajadores poblanos y sus familias; puede llevar a caob una reestructuración de la dependencia y dotarla del personal suficiente para acelerar la solución de los casos pendientes que son casi 40 mil. Tiene poco más de un año para hacerlo, pero debe empezar cuanto antes.

          El mayor número de casos por despido injustificado que están pendientes de solución, es de trabajadores que prestaron sus servicios al Gobierno Estatal, más de ocho mil, y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero hay trabajadores de empresas textiles ya inexistentes y de muchas empresas privadas más.

            Nos relataron el caso de un trabajador que lleva ya casi 15 años litigando su caso y hace poco falleció su patrón, un empresario de origen libanés, y ahora tiene que continuar litigando contra sus herederos. Y como están las cosas, cuando se resuelva el caso, el trabajador será centenario o estará en el panteón. Por eso urge la intervención del actual gobernante estatal, para que en el 2024, los 37 mil trabajadores que están esperando justicia, vean una lucecita al final del túnel.

            EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL informa que se han inscrito 74 mil priistas para participar en la elección del responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México, pero se esperan más priistas poblanos, pues el cierre del plazo para este proceso concluirá el 3 de septiembre.

            El comité directivo estatal priista, dijo que una vez que se termine este proceso en el país, el comité nacional del partido tricolor, dará a conocer cuántas y en qué lugar se colocarán, las urnas para que los registrados para participar en este proceso, acudan a votar.

          Para este trabajo en Puebla, estuvo encargado un especialista enviado del comité nacional Juan Pablo Mirón Tomhé y en la conferencia de prensa donde se dio a conocer lo anterior, estuvieron representantes del PAN y del PRD, pues no hay que olvidar que son aliados.

           DESPUÉS DE CUATRO MESES, se da por terminada la audiencia por feminicidio, del ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla Javier López Zavala y  se iniciará su juicio oral…….SE DERRIVBARA EL PASO peatonal entre la Plaza Dorada y el parque Juárez, sobre el boulevard 5 de Mayo, por no ser de ninguna utilidad. Y cuándo se derribarán las ciclopistas del boulevard Hermanos Serdán, de la 14 sur y de otras muchas partes, pues tampoco son de ninguna utilidad y estorban demasiado el tránsito vehicular y contaminan el paisaje ¿o no?.

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         Una demanda muy extendida entre trabajadores y empleados con problemas laborales, es que el gobierno estatal y en especial el jefe del ejecutivo, pongan mayor atención en el trabajo que realizan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

          Cuando cayó el PRI, dejó en la entidad un fenomenal retraso en la solución de los problemas que supuestamente se atendían en las dependencias del ramo. Se hablaba de 30 mil casos rezagados.

          Entre esos casos, había miles de ex empleados del propio gobierno estatal, que en tiempos del sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, fueron despedidos sin motivo y sin que se les entregaran las prestaciones de ley, pese a que había muchos con años de estar trabajando, hasta 15, 16 y 20 años de labor y se les corría como si estuviéramos en el siglo XIX. Fueron varios los casos de personas de la tercera edad, que murieron a los pocos meses de su despido y no hubo la más mínima respuesta por parte de las autoridades a los reclamos de sus familiares.

           LA LLEGADA DEL PARTIDO MORENA AL PODER, fue motivo para que se pusieran al descubierto las arbitrariedades del titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al denunciarlo la abogada de un trabajador despedido injustamente, que había ganado el caso y a quien el funcionario le exigía una parte lo que la abogada iba a recibir como pago por su trabajo.

          Cosa insólita, se procedió al encarcelamiento del funcionario pese a ser sobrino político del ya fallecido en ese entonces, líder vitalicio de la CTM don Blas Chumacero.

         Pero algo pasó, porque los casos laborales sin resolver siguen siendo altos, incluso los que se le ganaron al gobierno por los injustos despidos morenovallistas. Los trabajadores solicitaron el amparo de la justicia federal, que ha ordenado la liquidación de salarios caídos y la reposición en sus puestos y hasta el momento se mantienen en suspenso con el pretexto de que no hay recursos.

        Como informamos ayer, funcionarios menores ni han informado al gobernador de este problema y por el contrario, han amenazado a varios trabajadores para que no insistan en la liquidación de sus casos.

        Esto puede traer consecuencias graves al jefe del Ejecutivo que van desde cuantiosas multas, hasta la solicitud de destitución por desacato a una orden del gobierno federal.

         SE HABLA DE LA PROXIMA VISITA A PUEBLA de dos de las corcholatas morenistas aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República: Claudia Sheibaum y Adán Augusto López Hernández.

         Y hay rumores también de que la puntera de la Coalición Nacional Opositora, Xochitl Gálvez, vendrá a la entidad a tratar de convencer a los poblanos, de votar por ella. Pero el problema para doña Xochitl, brillante empresaria, indígena otomí del Estado de Hidalgo, que tiene empresas con nombre en inglés, es rechazada por muchos priistas pertenecientes a la Coalición Opositora y por panistas de recalcitrante ideología derechista, porque la consideran troskista, nomás hágame favor. Bueno está usted enterado y ya le informaremos de las fechas.     

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        Le informamos en este espacio del gravísimo problema que surgió entre abogados laboralistas por el cierre absoluto de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, durante casi siete meses.

        La Secretaría del Trabajo siguió funcionando rotando a su personal, pero los casos que atendía no podían progresar porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cerró totalmente sus puertas, como si el personal gozara de vacaciones.

        Nos comentan abogados que llevan asuntos de tipo laboral, que al término del gobierno de Rafael Moreno Valle, había 30 mil casos, como mínimo, acumulados y sin poder avanzar, pues fue un gobierno totalmente ajeno a la justicia laboral, como lo demuestra el caso de los trabajadores del Estado que fueron despedidos sin que se les cubriera lo que por ley les correspondía.

        Quien estaba al frente de la dependencia, era un sobrino de don Blás Chumacero, líder de la CTM poblana, que extorsionaba a los abogados laboralistas, exigiéndoles parte del cobro que por su trabajo hacían a sus defendidos. Una abogada se animó a denunciarlo, ya en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y el en otro tiempo influyente ex diputado federal y local y quien fue también encargado del mantenimiento de la unidad habitacional La Margarita, de apellido Corona, fue a dar a la cárcel.

        El actual presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, licenciado Mario Arturo Daza Buendía, había sido un trabajador de años en la citada Junta y fue escogido por su experiencia para hacerse cargo de la dependencia.

        Los resultados han sido totalmente diferentes a lo que se esperaba, dijeron nuestros informantes, al grado de que el rezago de más de 30 mil casos, se hizo mayor en casi 10 mil casos más, de trabajadores que confrontaron problemas a raíz de la pandemia mundial de coronavirus.

       El gobernador Miguel Barbosa, expidió un decreto a fines de la semana pasada, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el que se establece que el trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es prioritario y que por lo mismo, deberían reabrirse el lunes 5 de este mes las oficinas respectivas y atender los casos pendientes.

En el mismo decreto se establece que solo quedaban exentos de hacerlo, los empleados mayores de 60 años, los enfermos de diabetes o de hipertensión y obesos así como mujeres embarazadas, por ser más susceptibles a los contagios de coronavirus.

       Las oficinas se abrieron a las 9 horas y cerraron a las 14 horas. Y había colas de abogados litigantes con expedientes de los casos que llevan. Pedían hablar con el titular de la dependencia, Daza Buendía, pero no se apareció en ningún momento. Un solo abogado dicen que llevaba expedientes de 200 asuntos a su cuidado, que no han podido avanzar en meses.

       Los laboralistas, en medio de gritos de protesta cuando cerraron las oficinas a las 2 de la tarde, hicieron una improvisada rueda de prensa en la que demandaron al gobernador, el cambio del titular y el reforzamiento del personal para poder atender los rezagos que son importantes para todos, pues por la pandemia, la clase trabajadora se ha visto sumamente afectada en sus intereses, lo mismo que los litigantes que tienen atorados los casos a su cuidado y ellos acostumbran cobrar un porcentaje de lo que sus clientes logran como pago de sus prestaciones. Urge, expresaron, una total reorganización de la Junta, pues ahora que su funcionamiento es tan urgente, es cuando sufre el mayor desorden administrativo de que se tenga memoria.

           LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL de “Morena”,  el partido en el poder, aparece sumamente complicada. Y todo por no seguir los lineamientos de democracia interna que todos los partidos deberían seguir.

          Al igual de lo que ocurre en el PRI, en el PAN o en el PRD, los dirigentes son impuestos por un pequeño grupo y no por la mayoría de sus militantes.

          En el caso que nos ocupa, la elección fue ideada por las autoridades electorales, no se sabe si para agudizar los enfrentamientos internos que sufre ese partido, como todos los demás o para eliminar a alguno de los grupos en conflicto.

          El caso es que se pretende, hasta ayer, dejar a la dirigencia provisional hasta pasadas las elecciones del 2021 y después proceder al cambio.

          Si esto se decide así, “Morena” presentará un frente débil en las elecciones del año próximo, pues no tiene ni la estructura, ni la organización y consecuentemente ni la disciplina de sus miembros, para presentar un frente sólido y fuerte en la renovación de 15 gubernaturas, 30 diputaciones locales, toda la diputación federal y más de 2 mil ayuntamientos.

          Además, se ahondarían las discrepancias de los grupos, corrientes o tribus, que ya se han conformado dentro de ese partido.

Trabajadores despedidos en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se manifestaron en el Congreso del estado al cumplirse 5º año y celebrarlo con un pastel. El representante Antonio Manzano de Digna Resistencia, al mencionar el artículo 83, de la Ley de los Trabajadores al servicio del gobierno, prevé que los juicios laborales bastara una sola diligencia para ser atendidos y dar una solución.

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Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

ARTÍCULO 83.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje, se reducirá; a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencias; a la contestación, que se hará en igual forma y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y una vez desahogada, se dictará el laudo.
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Sin embargo, ante la dilación de los casos, por la sumisión de trabajo, represión por parte de las autoridades, de no resolver los juicios labores, aún con resoluciones federales, buscan cualquier argumento para no impartir la justicia de los trabajadores, piden al Congreso del Estado de Puebla, citen al titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Finalmente los ex trabajadores celebran con un pastel de los 5 años de espera de impartición de justicia, estuvieron acompañados por el diputado local, Raymundo Atanacio del distrito 13 de Tepeaca.