La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, incluso en casos de falta de pago.

La propuesta plantea reformar la fracción I del artículo 99 de dicha Ley, a fin de prohibir la suspensión total del suministro de agua potable y de los servicios de saneamiento por adeudos, obligando a los prestadores de servicios públicos a suministrar, en todo momento, la cantidad mínima indispensable para el consumo humano básico.

Actualmente, la Ley del Agua para el Estado de Puebla permite la suspensión del servicio por adeudos, con la única excepción de consumos domésticos menores a 15 metros cúbicos mensuales. La reforma propuesta elimina este criterio basado en un parámetro de consumo y lo sustituye por un enfoque de protección integral del derecho humano, garantizando el acceso mínimo al agua sin importar el nivel de consumo.

Con esta iniciativa, la diputada Delfina Pozos busca que ninguna persona en Puebla sea privada totalmente del acceso al agua potable y al saneamiento, al tratarse de un recurso esencial para la vida, la salud y la dignidad humana.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

-La legisladora presentó reformas a la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla

Con el propósito de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.

La legisladora señaló que, si bien la Ley de Seguridad Pública del Estado y la Ley de Seguridad Privada regulan funciones sectoriales, éstas no prevén mecanismos de coordinación operativa, intercambio de información, obligaciones en materia de capacitación, límites de actuación conjunta ni responsabilidades administrativas derivadas de la colaboración.

Bonaga Ruiz consideró que, ante la falta de regulación, los municipios enfrentan dificultades para supervisar a las empresas de seguridad privada, verificar su capacitación o validar la legalidad del armamento o equipo que utilizan, por lo que un marco jurídico modernizado permitiría ordenar estos elementos y fortalecer tanto la seguridad como la confianza de la ciudadanía.

Siempre bajo los principios de legalidad, subordinación a la autoridad y respeto a los derechos humanos, establece la propuesta legislativa.

“La ciudadanía de Puebla merece un sistema de seguridad moderno, eficiente y regulado. La coordinación bien diseñada puede reducir tiempos de respuesta, mejorar la prevención del delito y profesionalizar la vigilancia privada, siempre bajo la conducción de la autoridad”, afirmó la diputada.

El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar el artículo 65 Bis a la Ley Estatal de Salud para que, cuando se detecte un embarazo en niñas y adolescentes, el sistema de salud no se limite a la atención médica, sino que active una ruta de protección integral.

La propuesta contempla obligar a instituciones y prestadores de salud públicos y privados a notificar de inmediato y de manera confidencial al Ministerio Público y a autoridades competentes para salvaguardar la integridad de la menor y activar los protocolos.

A través de la iniciativa, se pone énfasis en la importancia de proteger el interés superior de la niñez, mediante la protección integral y anticipada por parte del Estado, ante la incidencia de embarazos detectada en menores.  

Con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana mediante la creación del Mecanismo Estatal de Alertas Vecinales Digitales, que busca mejorar la prevención y atención inmediata de incidentes en todo el Estado, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública.

En rueda de prensa, el diputado explicó que el objetivo de la propuesta es aprovechar la tecnología para reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias, al establecer coordinación entre la ciudadanía y las autoridades, pues el sistema estaría conectado con el C5 y el número de emergencias 911.

La propuesta indica que, en caso de activarse una alerta ciudadana, las autoridades competentes podrán acceder en tiempo real a las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas al incidente, con la finalidad de confirmar la naturaleza del hecho, identificar probables responsables y coordinar de manera inmediata la respuesta de los cuerpos de seguridad. 

Seúl. — En un hecho sin precedentes recientes en la política surcoreana, fiscales especiales solicitaron este martes que el expresidente Yoon Suk Yeol sea condenado a pena de muerte por cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue formulada en la Sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl durante la fase final del juicio que enfrenta el exmandatario. 

¿Por qué piden la pena de muerte?

El equipo de fiscales, encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk, argumentó que Yoon desempeñó un papel central en lo que describieron como un intento de insurrección al declarar la ley marcial, lo cual habría socavado el orden constitucional y amenazado la democracia surcoreana. La acusación sostiene que la medida buscó retener el poder mediante el uso de las fuerzas armadas y la policía para interferir con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 

Bajo la legislación surcoreana, la insurrección es uno de los pocos delitos por los que se puede solicitar la pena máxima, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. 

Contexto de la ley marcial y el juicio

Los fiscales sostienen que Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 como respuesta a un conflicto político con la oposición, pero la medida fue retirada rápidamente tras una fuerte oposición del Parlamento y protestas ciudadanas. La crisis desencadenó un proceso de juicio político (impeachment) que culminó con su destitución en abril de 2025. 

Yoon enfrenta además varias causas penales por otros cargos, como abuso de poder y obstrucción a la justicia, aunque el cargo de insurrección es considerado el más grave del conjunto y el que da lugar a la petición de pena capital. 

Posibles penas y proceso judicial

Además de la muerte, la ley surcoreana contempla para este delito cadena perpetua con o sin trabajos forzados, por lo que, incluso si se llegara a dictar un veredicto de pena máxima, es probable que las apelaciones y recursos legales prolonguen el proceso. La sentencia final se espera en febrero de 2026, tras el cierre de la fase de argumentos finales. 

Significado político

El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana y reavivado debates sobre el uso de la pena de muerte, la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Analistas recuerdan que, aunque la pena capital figura en el Código Penal, en la práctica no se ha aplicado en décadas y su eventual restauración marcaría un hito legal y político en el país. 

Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, alegando que sus decisiones fueron dentro de sus atribuciones y motivadas por la protección del Estado ante desafíos políticos, postura que su defensa ha reiterado mientras enfrenta múltiples causas judiciales. 

- Expone las iniciativas presentadas para expedir la Ley de Participación Ciudadana en la entidad 

Al destacar que la participación ciudadana constituye un derecho fundamental de las personas para incidir en la toma de decisiones, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez indicó que se encuentran en análisis las iniciativas presentadas para expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla.   

Recordó que, entre los mecanismos que se pretende regular, se encuentran: la iniciativa ciudadana, plebiscito, revocación de mandato, cabildo abierto, audiencias y consultas públicas, participación de niñas, niños y adolescentes, entre otros. 

El objetivo es que, con estas herramientas, las personas puedan opinar e incidir de manera real y efectiva en los asuntos públicos. 

Para la diputada Kathya Sánchez Rodríguez, la democracia se construye día a día con la participación activa de la sociedad, por ello, es necesario contar con una Ley que otorgue certeza sobre los instrumentos de participación ciudadana y la manera en la que funcionarán. 

“Esta Ley de Participación Ciudadana es un paso histórico y trascendental para la democracia de nuestro Estado”, destacó la legisladora tras mencionar que se realizarán mesas de trabajo para avanzar en la elaboración del marco jurídico. 

Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, la diputada indicó que han sido turnadas cinco iniciativas a este órgano colegiado durante la actual Legislatura y hay dos más que fueron impulsadas en la anterior.  

- Presenta iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Con la finalidad de reducir los contaminantes asociados a la construcción y a la infraestructura, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, mediante la cual plantea que se priorice el uso de materiales sustentables.

En su propuesta, el diputado indica que legislar en esta materia constituye un paso fundamental hacia un modelo de desarrollo responsable con el medio ambiente y comprometido con las futuras generaciones.

Las reformas a la fracción IV del artículo 14 y la fracción III del artículo 81 del ordenamiento, contemplan la obligatoriedad del uso de materiales sustentables en las obras y construcciones.

“La industria de la construcción ha evolucionado hacia el empleo de materiales sustentables que, además de incrementar la durabilidad de las obras, reducen de manera significativa los impactos ambientales y los riesgos asociados a la exposición a contaminantes. Por ello, resulta indispensable que el Estado adopte de manera normativa prácticas constructivas más limpias, eficientes y responsables”, indicó.

- Se pretende establecer mecanismos para incidir en la toma de decisiones

Con el propósito de regular los mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, así como establecer los derechos, obligaciones y procedimientos mediante los cuales la ciudadanía podrá intervenir formalmente en la toma de decisiones públicas, el diputado Marcos Castro Martínez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla.

De acuerdo con la propuesta legislativa, con este nuevo ordenamiento no solo se armoniza el marco jurídico de la entidad con los estándares democráticos nacionales, sino que dota a las y los habitantes de un conjunto de herramientas efectivas para incidir en la función gubernamental. 

Además, la propuesta establece definiciones claras sobre los sujetos, autoridades, instituciones y conceptos fundamentales de los mecanismos participativos; también delimita las materias que pueden o no ser sometidas a consulta y precisa el ámbito de competencia del Instituto Electoral del Estado, como autoridad encargada de la organización de los procesos democráticos directos.

La propuesta legislativa del diputado Marcos Castro será analizada en conjunto con otras iniciativas de Ley de Participación Ciudadana que presentaron las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, así como las diputadas Xel Arianna Hernández García y María Soledad Amieva Zamora.

 

- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició más de 300 expedientes de investigación.

PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, inició 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, y por otro lado, mantiene en observación 179 procedimientos de esta índole.

El gobernador Alejandro Armenta refirió que se combinan acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas. Por ello, como resultado de estos procesos, se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y de buen gobierno, que a nivel nacional lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sumado a la cultura de la denuncia y del vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad, prointegridad.puebla.gob.mx, la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.
Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando el Gobierno del Estado identificó posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que las investigaciones continuarán por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción.

Con una visión de futuro y compromiso con las y los productores poblanos, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, a fin de incorporar el modelo de agricultura inteligente y digital como política pública para el campo. 

La propuesta busca modernizar el sector rural mediante el uso estratégico de tecnología, datos e innovación, permitiendo producir más y mejor, con menos recursos y menor impacto ambiental, al mismo tiempo que se fortalece el ingreso de las y los productores y se incrementa su resiliencia frente al cambio climático.

Delfina Pozos destacó que el campo poblano enfrenta retos urgentes como la sequía, el uso ineficiente del agua, el encarecimiento de insumos y la baja productividad, por lo que no puede depender de esquemas tradicionales que ya no responden a la realidad actual.

La iniciativa reconoce legalmente la agricultura inteligente y digital como un modelo integral que incorpora tecnologías como sensores de humedad, monitoreo satelital, plataformas digitales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de riego tecnificado, siempre bajo criterios de accesibilidad, capacitación, inclusión y equidad, especialmente para pequeños y medianos productores.

Entre los beneficios de la propuesta destacan:

•Uso eficiente y focalizado de fertilizantes y agua.
•Mejor toma de decisiones basada en información climática y de suelo.
•Reducción del impacto ambiental y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
•Capacitación y alfabetización digital en el medio rural.
•Preparación del campo poblano ante los efectos del cambio climático.

Finalmente, la diputada Delfina Pozos subrayó que esta iniciativa tiene una visión de largo plazo y coloca al campo como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Puebla.

“El campo no es pasado, es presente y futuro. Y desde el Congreso vamos a seguir impulsando leyes que verdaderamente le sirvan a la gente”, concluyó.