Seúl. — En un hecho sin precedentes recientes en la política surcoreana, fiscales especiales solicitaron este martes que el expresidente Yoon Suk Yeol sea condenado a pena de muerte por cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue formulada en la Sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl durante la fase final del juicio que enfrenta el exmandatario. 

¿Por qué piden la pena de muerte?

El equipo de fiscales, encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk, argumentó que Yoon desempeñó un papel central en lo que describieron como un intento de insurrección al declarar la ley marcial, lo cual habría socavado el orden constitucional y amenazado la democracia surcoreana. La acusación sostiene que la medida buscó retener el poder mediante el uso de las fuerzas armadas y la policía para interferir con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 

Bajo la legislación surcoreana, la insurrección es uno de los pocos delitos por los que se puede solicitar la pena máxima, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. 

Contexto de la ley marcial y el juicio

Los fiscales sostienen que Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 como respuesta a un conflicto político con la oposición, pero la medida fue retirada rápidamente tras una fuerte oposición del Parlamento y protestas ciudadanas. La crisis desencadenó un proceso de juicio político (impeachment) que culminó con su destitución en abril de 2025. 

Yoon enfrenta además varias causas penales por otros cargos, como abuso de poder y obstrucción a la justicia, aunque el cargo de insurrección es considerado el más grave del conjunto y el que da lugar a la petición de pena capital. 

Posibles penas y proceso judicial

Además de la muerte, la ley surcoreana contempla para este delito cadena perpetua con o sin trabajos forzados, por lo que, incluso si se llegara a dictar un veredicto de pena máxima, es probable que las apelaciones y recursos legales prolonguen el proceso. La sentencia final se espera en febrero de 2026, tras el cierre de la fase de argumentos finales. 

Significado político

El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana y reavivado debates sobre el uso de la pena de muerte, la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Analistas recuerdan que, aunque la pena capital figura en el Código Penal, en la práctica no se ha aplicado en décadas y su eventual restauración marcaría un hito legal y político en el país. 

Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, alegando que sus decisiones fueron dentro de sus atribuciones y motivadas por la protección del Estado ante desafíos políticos, postura que su defensa ha reiterado mientras enfrenta múltiples causas judiciales. 

- Expone las iniciativas presentadas para expedir la Ley de Participación Ciudadana en la entidad 

Al destacar que la participación ciudadana constituye un derecho fundamental de las personas para incidir en la toma de decisiones, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez indicó que se encuentran en análisis las iniciativas presentadas para expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla.   

Recordó que, entre los mecanismos que se pretende regular, se encuentran: la iniciativa ciudadana, plebiscito, revocación de mandato, cabildo abierto, audiencias y consultas públicas, participación de niñas, niños y adolescentes, entre otros. 

El objetivo es que, con estas herramientas, las personas puedan opinar e incidir de manera real y efectiva en los asuntos públicos. 

Para la diputada Kathya Sánchez Rodríguez, la democracia se construye día a día con la participación activa de la sociedad, por ello, es necesario contar con una Ley que otorgue certeza sobre los instrumentos de participación ciudadana y la manera en la que funcionarán. 

“Esta Ley de Participación Ciudadana es un paso histórico y trascendental para la democracia de nuestro Estado”, destacó la legisladora tras mencionar que se realizarán mesas de trabajo para avanzar en la elaboración del marco jurídico. 

Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, la diputada indicó que han sido turnadas cinco iniciativas a este órgano colegiado durante la actual Legislatura y hay dos más que fueron impulsadas en la anterior.  

- Presenta iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Con la finalidad de reducir los contaminantes asociados a la construcción y a la infraestructura, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, mediante la cual plantea que se priorice el uso de materiales sustentables.

En su propuesta, el diputado indica que legislar en esta materia constituye un paso fundamental hacia un modelo de desarrollo responsable con el medio ambiente y comprometido con las futuras generaciones.

Las reformas a la fracción IV del artículo 14 y la fracción III del artículo 81 del ordenamiento, contemplan la obligatoriedad del uso de materiales sustentables en las obras y construcciones.

“La industria de la construcción ha evolucionado hacia el empleo de materiales sustentables que, además de incrementar la durabilidad de las obras, reducen de manera significativa los impactos ambientales y los riesgos asociados a la exposición a contaminantes. Por ello, resulta indispensable que el Estado adopte de manera normativa prácticas constructivas más limpias, eficientes y responsables”, indicó.

- Se pretende establecer mecanismos para incidir en la toma de decisiones

Con el propósito de regular los mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, así como establecer los derechos, obligaciones y procedimientos mediante los cuales la ciudadanía podrá intervenir formalmente en la toma de decisiones públicas, el diputado Marcos Castro Martínez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla.

De acuerdo con la propuesta legislativa, con este nuevo ordenamiento no solo se armoniza el marco jurídico de la entidad con los estándares democráticos nacionales, sino que dota a las y los habitantes de un conjunto de herramientas efectivas para incidir en la función gubernamental. 

Además, la propuesta establece definiciones claras sobre los sujetos, autoridades, instituciones y conceptos fundamentales de los mecanismos participativos; también delimita las materias que pueden o no ser sometidas a consulta y precisa el ámbito de competencia del Instituto Electoral del Estado, como autoridad encargada de la organización de los procesos democráticos directos.

La propuesta legislativa del diputado Marcos Castro será analizada en conjunto con otras iniciativas de Ley de Participación Ciudadana que presentaron las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, así como las diputadas Xel Arianna Hernández García y María Soledad Amieva Zamora.

 

- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició más de 300 expedientes de investigación.

PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, inició 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, y por otro lado, mantiene en observación 179 procedimientos de esta índole.

El gobernador Alejandro Armenta refirió que se combinan acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas. Por ello, como resultado de estos procesos, se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y de buen gobierno, que a nivel nacional lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sumado a la cultura de la denuncia y del vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad, prointegridad.puebla.gob.mx, la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.
Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando el Gobierno del Estado identificó posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que las investigaciones continuarán por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción.

Con una visión de futuro y compromiso con las y los productores poblanos, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, a fin de incorporar el modelo de agricultura inteligente y digital como política pública para el campo. 

La propuesta busca modernizar el sector rural mediante el uso estratégico de tecnología, datos e innovación, permitiendo producir más y mejor, con menos recursos y menor impacto ambiental, al mismo tiempo que se fortalece el ingreso de las y los productores y se incrementa su resiliencia frente al cambio climático.

Delfina Pozos destacó que el campo poblano enfrenta retos urgentes como la sequía, el uso ineficiente del agua, el encarecimiento de insumos y la baja productividad, por lo que no puede depender de esquemas tradicionales que ya no responden a la realidad actual.

La iniciativa reconoce legalmente la agricultura inteligente y digital como un modelo integral que incorpora tecnologías como sensores de humedad, monitoreo satelital, plataformas digitales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de riego tecnificado, siempre bajo criterios de accesibilidad, capacitación, inclusión y equidad, especialmente para pequeños y medianos productores.

Entre los beneficios de la propuesta destacan:

•Uso eficiente y focalizado de fertilizantes y agua.
•Mejor toma de decisiones basada en información climática y de suelo.
•Reducción del impacto ambiental y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
•Capacitación y alfabetización digital en el medio rural.
•Preparación del campo poblano ante los efectos del cambio climático.

Finalmente, la diputada Delfina Pozos subrayó que esta iniciativa tiene una visión de largo plazo y coloca al campo como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Puebla.

“El campo no es pasado, es presente y futuro. Y desde el Congreso vamos a seguir impulsando leyes que verdaderamente le sirvan a la gente”, concluyó.

- Recibe Congreso iniciativas para reformar la Constitución, la Ley Estatal de Salud y la de Movilidad y Transporte 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios para prevenir desastres, mediante la elaboración y actualización de sus Atlas de Riesgos sin que generen cargas presupuestales obligatorias, al crear un fondo estatal de apoyo técnico y financiero, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.

La propuesta indica que los recursos del fondo se aplicarán de forma prioritaria en los municipios que no cuenten con Atlas de Riesgos o presenten mayor vulnerabilidad, procurando su distribución de manera equitativa. 

Asimismo, considera que los Ayuntamientos deberán incorporar en la planeación y programación de su gasto público los recursos necesarios para la operación del Sistema Municipal de Protección Civil, incluyendo la elaboración o actualización del programa y del Atlas de Riesgos, conforme a su disponibilidad presupuestaria y capacidad financiera, sin que ello constituya la obligación de destinar un monto específico.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución local, con el propósito de establecer que el Estado deberá garantizar acciones específicas para el reconocimiento y la inclusión de las personas con trastornos o condiciones de talla baja, asegurando la implementación del “escalón universal” en los espacios públicos, sistemas de transporte, mobiliario urbano y edificaciones públicas y privadas. 

Asimismo, la propuesta indica que se deberán diseñar políticas públicas, programas y procesos de capacitación orientados a la educación, la salud y el empleo, garantizando en todo momento la inclusión, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos establecidos en esta Constitución y en las leyes aplicables.

De igual forma, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 12 y el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución, con la finalidad de establecer como uno de los objetivos de las leyes del Estado, el promover la protección, preservación y restauración del medio ambiente y del equilibrio ecológico, para garantizar a toda persona el ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano, adecuado, seguro y sostenible.

Las iniciativas de las diputadas Fedrha Suriano y Modesta Delgado fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

Como parte del orden del día, el diputado Marcos Castro Martínez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla, la cual tiene por objeto regular los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución de la entidad, como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, en el ámbito de competencia del Gobierno del Estado.  

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente. 

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para establecer la creación del Sistema para la Descarbonización del Transporte Público del Estado de Puebla, como un mecanismo jurídico permanente que oriente la planeación, regulación, incentivos, financiamiento, renovación tecnológica, infraestructura energética y evaluación de resultados, garantizando una transición progresiva, ordenada y sostenible.

La iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de considerar como un derecho de este grupo el emprendimiento, así como establecer que los gobiernos estatal y municipales realizarán capacitaciones y programas tendientes al impulso de éste.  

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer que se deberá proporcionar atención médica inmediata, integral y sin condicionamiento administrativo alguno a toda mujer embarazada que presente una urgencia obstétrica, ya sea por ingreso directo o mediante referencia de otra unidad médica.

Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el propósito de fomentar la salud oncológica, incluyendo la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y, en su caso, reconstrucción, derivado de las enfermedades relacionadas con el cáncer, de manera especial el de mama, en coordinación con las autoridades federales competentes. 

Las iniciativas de la diputada Araceli Celestino y del diputado Jaime Aurioles fueron enviadas a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2026, así como la autorización para suscribir el contrato de comodato del Paseo Bravo, entre el Ayuntamiento y el organismo Convenciones y Parques. 

Ante las y los diputados, el tesorero del Ayuntamiento de Puebla, Héctor Romay González Cobián, detalló que la Ley de Ingresos para la capital considera recursos por siete mil 470 millones de pesos. Dijo que en términos generales contempla una actualización de cuatro por ciento, con base en la inflación y no considera nuevos impuestos.  

Durante la discusión del dictamen, las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon y Laura Guadalupe Vargas Vargas, así como el diputado Rafael Micalco Méndez, expusieron sus dudas. Derivado de sus planteamientos, se aprobaron modificaciones que consideran una tasa cero para el registro del fierro quemador, en favor de las personas ganaderas, así como incluir en el catálogo de cobro de mercados municipales al ubicado en San Ramón. 

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puebla, a través del presidente municipal, suscribir un contrato de comodato respecto al parque Miguel Bravo –mejor conocido como Paseo Bravo— con el organismo público descentralizado denominado Convenciones y Parques, con una vigencia hasta el ejercicio 2030.

A propuesta del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, en el dictamen se precisó que el comodato tendrá efecto hasta el 13 de diciembre de 2030, cuando concluye la actual administración estatal. 

APRUEBAN 25 LEYES DE INGRESOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS 

Además, se aprobaron los dictámenes para expedir las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026, y la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, de los siguientes 26 municipios:

Acajete, Ahuacatlán, Amozoc, Aquixtla, Atoyatempan, Caltepec, Camocuautla, Cuapiaxtla de Madero, Cuautlancingo, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Chiautzingo, Ocoyucan, Pahuatlán, Rafael Lara Grajales, San Jerónimo Tecuanipan, San José Chiapa, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana y Xicotepec.

Por otra parte, el órgano colegiado avaló el proyecto de dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Acatlán la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, a favor del Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Educación Pública, para la ampliación, mejoramiento y funcionamiento de la Escuela Normal Profesor Darío Rodríguez Cruz, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211, el Centro de Atención Múltiple (CAM) y el Centro de Atención Infantil (CENDI-CAI). Así como la donación respecto de una superficie de 88 mil 523.921 metros cuadrados, que ahora integrará un solo polígono. 

De igual forma, la Comisión aprobó el proyecto de dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Huauchinango la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito de un lote de terreno ubicado en la Junta Auxiliar de Venta Grande, con una superficie de 19 mil 242.00 metros cuadrados, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción, equipamiento y funcionamiento de una Unidad Médica.

- Con estas reformas se pretende una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar los modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, lo que permitirá homologar los trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se incorpora la soberanía tecnológica como componente estratégico de la transformación digital del país, mediante el desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas públicas que permitan contar con soluciones digitales propias y capacidades técnicas e institucionales que puedan ser compartidas y replicadas en los distintos órdenes de gobierno.

Con estas reformas se pretende contar con una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía, la reducción del costo burocrático y el cierre de espacios de discrecionalidad y actos de corrupción.

El proyecto de dictamen deroga la fracción XXXI del artículo 44 y adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Pavel Gaspar Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Jaime Natale Uranga, Susana Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AVALA REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló el proyecto de decreto para reformar el artículo 292 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que el delito de extorsión, así como las penas y medidas sancionatorias aplicables, se entenderán conforme al tipo penal previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las reformas se realizan ante la expedición de dicha Ley General, que obliga a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones legales para armonizar sus Códigos Penales en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.

En este sentido, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez destacó la importancia de esta reforma, que permitirá fortalecer las acciones de colaboración y coordinación, así como garantizar mayor seguridad para todas las personas en la entidad.

“Investigar, perseguir y sancionar los delitos tiene que ser una de las tareas más importantes de cualquier Estado”, aseguró.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los legisladores Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elvia Graciela Palomares Ramírez, José Miguel Trujillo de Ita, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Araceli Celestino Rosas.

- Congreso recibe iniciativas en materia de procuración de justicia, igualdad de género y derechos humanos 

Con la finalidad de garantizar el uso eficiente, eficaz, económico, honesto, transparente y responsable de los recursos públicos, sin menoscabo de la calidad, funcionalidad y valor público de los bienes y servicios que se contraten, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sus Municipios.

De acuerdo con la propuesta legislativa del diputado, la austeridad republicana no implica la adquisición de bienes o servicios de menor calidad, ni la selección automática de la opción más barata, sino la obligación de evitar gastos de lujo, dispendio o privilegio.

Además, priorizar bienes y servicios que ofrezcan mejor desempeño, durabilidad, eficiencia y costo–beneficio, seleccionar proveedores bajo criterios de calidad, eficiencia, precio justo y transparencia, así como asegurar que cada gasto genere el máximo valor social posible. 

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de indicar que el Estado garantizará que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

La ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer como atribución de la Secretaría de Arte y Cultura el fomentar, privilegiar y garantizar la participación del talento artístico y musical local, individual o colectivo, mediante su promoción y contratación en eventos públicos, festividades, ferias, actividades culturales y actos sociales organizados por el Estado o en coordinación con los municipios. 

Las propuestas de los diputados Julio Huerta y José Luis Figueroa, así como la de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 380 del Código Penal del Estado, con la finalidad de elevar hasta en una mitad las penas por el delito de robo cuando una persona que preste sus servicios en instituciones bancarias, financieras, de crédito, de recaudación, de envío, custodia o manejo de caudales, activos financieros o datos sensibles de las personas usuarias, proporcione, filtre, transmita, utilice o permita el acceso a información obtenida con motivo de su empleo o función, con el fin de facilitar la comisión de un hurto.  

Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 2222 del Código Civil, a fin de establecer que una donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario incumpla cargas de carácter no patrimonial impuestas en la donación, siempre que dicho incumplimiento menoscabe la dignidad, el bienestar o las condiciones de vida del donante. 

Ambas propuestas del legislador fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 

CONGRESO RECIBE INICIATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 23 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de contemplar que la violencia digital también constituye los actos de acecho, suplantación de identidad o la manipulación de información, textos y publicación de fotografías, videos, impresiones gráficas o sonoras de contenido violento, íntimo, erótico o sexual. 

Lo anterior, empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, que tenga como finalidad o consecuencia, atentar contra la dignidad y la seguridad de la vida privada, causando daño psicológico o emocional o transgreda algún derecho humano de las mujeres o de sus familias.

Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 21 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de considerar como violencia política en razón de género la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y creación de cuentas falsas en redes sociales, para suplantar la identidad o engañar a la opinión pública, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.

Ambas propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, con la finalidad de considerar como discriminación la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como realizar, promover o tolerar cualquier forma de violencia por expresión de género. 

De igual forma, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para facultar de manera expresa al organismo para realizar visitas periódicas, progresivas y sin previo aviso a cárceles, instituciones policiales, centros penitenciarios, centros para adolescentes, centros de internamiento para la atención de la salud mental y otros espacios donde se restrinja la libertad o la autonomía personal. 

Las iniciativas de las diputadas Angélica Alvarado y Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente. 

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma al artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar el concepto de caminos artesanales, que permita reconocer esta modalidad de infraestructura dentro de la planeación estatal. 

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. 

En otro momento de la sesión, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, con la finalidad de impulsar estas actividades, su inversión, financiamiento y destinatarios de apoyos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para su estudio y resolución procedente. 

Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las políticas de promoción del empleo tendrán entre sus objetivos garantizar la formación tecnológica, impulsando el emprendimiento juvenil y la inclusión en la economía digital.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.