Ciudad de México — En una sesión marcada por tensiones y protestas de agricultores, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. El voto fue de 328 a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. 

Qué incluye la reforma

La nueva ley busca redefinir el régimen del agua en el país: ordena las concesiones, regula su asignación y busca garantizar el derecho humano al agua, bajo la rectoría del Estado. 

* Establece un nuevo marco para la explotación, distribución y control del agua.
* Previene el acaparamiento del recurso y el mercado ilegal del agua. 
* Introduce mecanismos de reasignación de concesiones cuando hay cambios de propiedad, en lugar de permitir la mera transmisión de derechos. 

Autoridades de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento señalaron que la ley “no busca que el agua sea un privilegio” sino asegurar su distribución equitativa y combatir la corrupción. 

Protestas y rechazo del sector agropecuario

La aprobación se dio en un contexto de fuertes movilizaciones: decenas de agricultores se manifestaron frente al recinto legislativo, varios llegaron en tractores, y bloquearon accesos como medida de protesta. 

Para el sector agrícola, la reforma representa una amenaza a sus derechos de heredar o vender tierras con acceso al agua, al centralizar el control del recurso en el Estado. La oposición criticó que el dictamen se haya aprobado apresuradamente y sin considerar suficientemente las demandas de los campesinos. 

Qué sigue: discusión en lo particular y camino al Senado

Con la aprobación en lo general, el dictamen pasa ahora a la discusión en lo particular —donde se analizarán artículo por artículo—. Posteriormente, la propuesta será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación. 

El debate continuará entre defensores de una gestión centralizada del agua como bien estratégico del Estado, y quienes exigen protección para el uso agrícola, los derechos de herencia y la autonomía de las comunidades rurales.