Columna | P U L S O     P O L I T I C O

             El llamado que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo a su partido, Morena, para arreglar sus problemas internos, en forma institucional, no pudo ser más oportuno.

              El mismo gobernante reconoció que Morena ha tenido dificultades desde que se convirtió en el partido en el poder, ya que no ha entendido el reto que significa dicho papel político dentro de la sociedad y exhortó a que el partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y al mismo Barbosa Huerta, pueda reencauzar sus acciones por la vía de la institucionalidad.

             La pugna entre “morenistas” solo beneficia a otros partidos, que aprovechan todo para golpear al Presidente y a la Cuarta Transformación, dijo.

             Y así es. Tal parece que la cúpula del partido es la que menos entiende esto. En los últimos días hemos leído y escuchado a comunicólogos, politólogos y ciudadanos del común, que lamentan o se alegran de los problemas internos, provocados por ambiciones particulares o de grupo, sin que eso parezca influir en nada en quienes solo pretenden resaltar su “yo”.

             Sería una lástima que un triunfo tan grande como el alcanzado en el 2018, se derrumbara en poco tiempo por las ambiciones desmedidas de unos cuantos dirigentes, que carentes de oficio político y de sensibilidad social, dejan prevalecer sus intereses sobre los de su partido y los de la nación.

            Para que usted pueda darse cuenta de hasta donde la ambición desmedida de personas y grupos en el poder, puede dañar un proyecto de nación, mucho más realista, mucho mejor intencionado, de los que se han desarrollado a lo largo de más de tres décadas en México, vamos a adelantarle un poco del trabajo que la empresa “Ideas Latinoamérica”, que dirigen acá en Puebla los licenciados César Musalem Jop y Gabriel López Castañeda, para conocer el sentir del pueblo en los primeros meses del inicio de una nueva etapa en la vida institucional de México y Puebla.

              Se trata de una encuesta llevada a cabo en parte del mes de diciembre y parte de enero en 24 municipios poblanos de más de cincuenta mil habitantes. En este trabajo han tomado parte 16 estudiantes universitarios como práctica de su entrenamiento profesional.

             Las encuestas, entre 381 y 384, en cada uno de los 24 municipios, consistieron en la formulación de once preguntas como: ¿Conoce a su presidente municipal?; ¿Qué calificación le otorga a su desempeño? ¿Ha cumplido sus promesas de campaña?; del 1 al 10, ¿como califica el desempeño de los servicios municipales?. Y así por el estilo. Las once preguntas pretenden conocer el grado de satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos con sus autoridades municipales, de todos los partidos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los municipios más importantes del estado están gobernados por Morena.

            El resultado ha sido totalmente negativo para los 24 municipios encuestados. Sus autoridades municipales, están reprobadas.

            San Pedro Cholula, ha sido el mejor calificado y no alcanza ni siquiera los 6 puntos de calificación. Es de Morena: Amozoc y Tehuacán, están reprobados en todo y también son morenistas. En el caso de la capital del estado, si la presidenta municipal quisiera reelegirse, pues ya hay reelección en el caso de los ayuntamientos, solo el 10 por ciento de los electores votaría por ella.

            En 22 de los municipios encuestados, la inseguridad es vista por los ciudadanos, como el más grave problema a resolver. Solo en dos municipios, en Zacatlán y Tlatlauquiltepec, el primero gobernado por el PRI y el segundo por el PSI, no es la inseguridad el principal problema.

            A la pregunta: ¿Si hoy fueran las elecciones, votaría por la reelección del presidente municipal? el 80 por ciento de los electores de los municipios encuestados, dijo que no.

            El resultado final de este estudio que no fue encargado por nadie, que se llevó a cabo para tomar el pulso de los electores en el proceso de cambio de régimen en que el país está inmerso, se dará a conocer en los primeros días de la próxima semana probablemente.

           No deben espantar a nadie los resultados negativos que arroja esta encuesta. Hay que tomar en cuenta que los partidos políticos en México, todos, están en un proceso de confrontación interna, que los que tenían estructura, como el PRI, la han perdido; los que la medio tenían, como el PAN, ya no la tienen y los que no la trenían, como el PRD, han perdido a gran parte de su militancia, que ahora milita en Morena.

           Los otros partidos que obtienen millones de pesos mensuales como prerrogativas del gobierno federal, nunca han tenido ni militancia y menos estructura y organización. Son partidos parásitos, que viven de alquilarse a los tres partidos más fuertes, para hacer alianzas en época electoral para no perder esas prerrogativas que significan mucho para los propietarios de esas organizaciones políticas.

             La falta de oficio político de la mayor parte de los militantes, la falta de sensibilidad política y social, el desconocimiento de nuestra historia, la carencia de un sentimiento patriótico o regionalista, de quienes en tiempos electorales son lanzados como candidatos, es la causa directa de los pésimos resultados que dan en el ejercicio del poder y ahí está la muestra.

          Gilberto Higuera Bernal y Miguel Angel Martínez Escobar, de los 16 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado, son los más conocidos y al parecer apreciados.

          Don Gilberto sucedió como Fiscal provisional, al morenovallista Carranca Bourget, que según sus críticos que son muchos, hizo un pésimo papel.

          Fue tan malo, que la esposa del ex gobernador, Erika Alonso, ya encaminada a ser la candidata panista a la gubernatura y el entonces mini gobernador Antonio Gali, solicitaron su cambio al ex gobernante y éste, que todavía decidía muchas cosas, tuvo que acceder y Carranca pidió licencia y llegó Higuera Bernal, para sustituirlo.

          “Encontré una Fiscalía, hecha pedazos”, fue su comentario en el inicio de su gestión. Hizo un buen trabajo que han reconocido muchos sectores y es posible que se quede en el puesto.

           Miguel Angel Martínez Escobar, es un abogado local, que ha sido diputado ante el Congreso del Estado y candidato a la presidencia municipal de Huejotzingo, a quien el mismo presidente Ernesto Zedillo, reconoció que se le tuvo que quitar el triunfo que había obtenido, para que el PAN accediera a las reformas políticas federales, que estaban en juego. Eran otros tiempos.

          La Fiscalía se decidirá en el Congreso del Estado, en base a una terna que deberá enviar el Jefe del Ejecutivo.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó un precedente por de más trascendental para la vida democrática de nuestro país, declarando constitucional la reforma denominada “Sin Voto no hay Dinero”, impulsada por el Diputado Independiente, Pedro Kumamoto, luego de que la misma hubiera sido impugnada por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, acción que permite ver el grado de compromiso de estos partidos con las demandas ciudadanas y que lo que menos les importa es seguir despilfarrando los recursos que reciben en forma de prérrogativas.

Como antecedente, podemos señalar que, la “Ley Kumamoto” como también se le conoce, fue aprobada por el Congreso de Jalisco, el primero de junio del presente año, dicha ley, permite reducir el financiamiento público a los partidos políticos, hasta en un 60 por ciento de lo que actualmente reciben y que representaría un ahorro para el gasto publico jalisciense, en año no electoral de alrededor de 181 millones de pesos, y en los años electorales se estarían ahorrando 193 millones de pesos.

De acuerdo con la reforma aprobada, en años electorales, el recurso a los partidos políticos en Jalisco, se repartirá según los votos válidos que obtengan en la elección inmediata anterior, por el 65% del valor de la Unidad de Medida, antes salario mínimo, y ya no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otra parte, en años no electorales el dinero se repartirá conforme al padrón electoral, pero ahora solo por el 20% de la Unidad de Medida. Es decir, en los años en los que exista un proceso electoral para renovar los puestos de representación popular (cada 3 años), el dinero que recibirán los partidos políticos dependerá del número de ciudadanos que hayan convencido de votar por ellos, y en un año donde no haya proceso electoral, el dinero que se les otorgará, se asignara mediante la fórmula actual estipulada por la Constitución Política, pero la misma tendrá la variante de multiplicarse solo por el 20% de la Unidad de Medida (salario mínimo) y ya no por el 65% .

Como se puede observar, dicha ley está fundada, en el reclamo de los ciudadanos contra los Partidos políticos, el INE y los Institutos Electorales, por las sumas exorbitantes que reciben anualmente, aún en años no electorales y que en su gran mayoría se utilizan para mantener a los líderes y camarilla de integrantes de los Partidos, en la completa opacidad.   

Por lo anterior, resulta incomprensible justificar por qué dicha iniciativa permanece congelada en el Congreso de la Unión, desde enero de este año, fecha en que fue presentada por el diputado independiente y que no ha sido ni siquiera discutida; o por que los diputados de los 32 congresos locales no han tratado de reproducirla en sus estados para demostrar a la sociedad que realmente les preocupa el adecuado y racional uso de los recursos públicos que reciben.

Porque para ello, los Congresos de los Estados solo tendrían que hacer uso de su autonomía para legislar en este sentido y aprobar una ley que emule a la Ley Kumamoto, o hasta mejorarla, y así lograr modificar el financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, además del federal, para que el dinero que se ahorre sirva para cubrir necesidades como, educación, salud o el combate a la extrema pobreza en que están  más de 64 millones de habitantes de nuestra nación.

Es importante que todos los representantes locales o federales, tomen conciencia, que el constructo democrático de nuestra nación, requiere instituciones que cumplan con una verdadera función social de protección a los intereses ciudadanos, revestidas con valores fundamentados en el bienestar social y que es menesteroso y hasta urgente erradicar de la vida política a las faraónicas instituciones que solo velan por sus propios intereses, lacerando con ello, la economía nacional y abonando al crecimiento de una crisis económica que cada día afecta a la mayoría de la población.

Es difícil, que los legisladores de los Partidos Políticos en los Congresos federal y locales, aprueben una ley que les afecte en sus intereses y privilegios, que les ha permitido tener un “modus vivendi” a expensas del trabajo de quienes en este país pagamos impuestos.