En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó un precedente por de más trascendental para la vida democrática de nuestro país, declarando constitucional la reforma denominada “Sin Voto no hay Dinero”, impulsada por el Diputado Independiente, Pedro Kumamoto, luego de que la misma hubiera sido impugnada por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, acción que permite ver el grado de compromiso de estos partidos con las demandas ciudadanas y que lo que menos les importa es seguir despilfarrando los recursos que reciben en forma de prérrogativas.

Como antecedente, podemos señalar que, la “Ley Kumamoto” como también se le conoce, fue aprobada por el Congreso de Jalisco, el primero de junio del presente año, dicha ley, permite reducir el financiamiento público a los partidos políticos, hasta en un 60 por ciento de lo que actualmente reciben y que representaría un ahorro para el gasto publico jalisciense, en año no electoral de alrededor de 181 millones de pesos, y en los años electorales se estarían ahorrando 193 millones de pesos.

De acuerdo con la reforma aprobada, en años electorales, el recurso a los partidos políticos en Jalisco, se repartirá según los votos válidos que obtengan en la elección inmediata anterior, por el 65% del valor de la Unidad de Medida, antes salario mínimo, y ya no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otra parte, en años no electorales el dinero se repartirá conforme al padrón electoral, pero ahora solo por el 20% de la Unidad de Medida. Es decir, en los años en los que exista un proceso electoral para renovar los puestos de representación popular (cada 3 años), el dinero que recibirán los partidos políticos dependerá del número de ciudadanos que hayan convencido de votar por ellos, y en un año donde no haya proceso electoral, el dinero que se les otorgará, se asignara mediante la fórmula actual estipulada por la Constitución Política, pero la misma tendrá la variante de multiplicarse solo por el 20% de la Unidad de Medida (salario mínimo) y ya no por el 65% .

Como se puede observar, dicha ley está fundada, en el reclamo de los ciudadanos contra los Partidos políticos, el INE y los Institutos Electorales, por las sumas exorbitantes que reciben anualmente, aún en años no electorales y que en su gran mayoría se utilizan para mantener a los líderes y camarilla de integrantes de los Partidos, en la completa opacidad.   

Por lo anterior, resulta incomprensible justificar por qué dicha iniciativa permanece congelada en el Congreso de la Unión, desde enero de este año, fecha en que fue presentada por el diputado independiente y que no ha sido ni siquiera discutida; o por que los diputados de los 32 congresos locales no han tratado de reproducirla en sus estados para demostrar a la sociedad que realmente les preocupa el adecuado y racional uso de los recursos públicos que reciben.

Porque para ello, los Congresos de los Estados solo tendrían que hacer uso de su autonomía para legislar en este sentido y aprobar una ley que emule a la Ley Kumamoto, o hasta mejorarla, y así lograr modificar el financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, además del federal, para que el dinero que se ahorre sirva para cubrir necesidades como, educación, salud o el combate a la extrema pobreza en que están  más de 64 millones de habitantes de nuestra nación.

Es importante que todos los representantes locales o federales, tomen conciencia, que el constructo democrático de nuestra nación, requiere instituciones que cumplan con una verdadera función social de protección a los intereses ciudadanos, revestidas con valores fundamentados en el bienestar social y que es menesteroso y hasta urgente erradicar de la vida política a las faraónicas instituciones que solo velan por sus propios intereses, lacerando con ello, la economía nacional y abonando al crecimiento de una crisis económica que cada día afecta a la mayoría de la población.

Es difícil, que los legisladores de los Partidos Políticos en los Congresos federal y locales, aprueben una ley que les afecte en sus intereses y privilegios, que les ha permitido tener un “modus vivendi” a expensas del trabajo de quienes en este país pagamos impuestos.