Una de las mayores preocupaciones del Presidente, desde el inicio de su mandato, ha sido lograr el control de los otros dos poderes y de la Fiscalía General de la República, además de la desaparición de los organismos autónomos que considera incomodos, a los que ha buscado asfixiar y poner en riesgo su subsistencia a través de los recortes presupuestales y restringiendo sus facultades legales, acusándolos de provenir del período neoliberal.

En los primeros tres años de su gobierno, el control del Congreso de la Unión, en concreto de contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pudo lograrla con los votos de Morena y de sus partidos aliados como con el PT y el PVEM; en el caso del Senado de la República las cosas no han sido fáciles; sin embargo ha logrado sacar gracias al trabajo de cabildeo y capacidad de negociación de Ricardo Monreal, diversas reformas a leyes secundarias y constitucionales, a excepción de la reforma energética y la reforma electoral que han sido los dos grandes fracasos del Presidente de las que no pudo lograr su aprobación.

Respecto al Poder Judicial, en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto logró colocar como Ministros: en 2018 a Juan Luis González Alcántara; en 2019 a las Ministras Margarita Ríos Fárjat y Yasmín Esquivel y a Loretta Ortíz en 2021, el 2 de septiembre de 2022, posterior a la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno declaró a los medios que se equivocó porque hizo propuestas pero ya una vez en el cargo, estos cambiaron de parecer y “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.

Dicha declaración que me parece desafortunada viniendo del Presidente, toda vez que no considera que el papel de los impartidores de justicia del máximo tribunal del país, debe apegarse a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “….Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, en ningún momento se mencionan aspectos de carácter político o que deban sumisión u obediencia a quién los propuso para el cargo, que fue el Presidente de República ante el Senado que finalmente los nombró, por lo que, en ningún momento se les puede considerar como empleados del ejecutivo aún y cuando él los haya propuesto. Su labor debe estar alejada de conflictos de interés y apegarse a las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si a lo anterior agregamos el hecho de que AMLO, no pudo colocar como Presidente de la Corte a la cuestionada Ministra Yasmín Esquivel como era su intención, al fracasar su intentona de prorrogar el período del anterior Presidente Arturo Zaldivar, ello ha propiciado que continuamente en sus conferencias mañaneras ataque en forma sistemática a la Corte, a los Ministros y Jueces federales, acusándolos de corruptos, de que están al servicio de la oligarquía y de proteger delincuentes. Argumentando que su actuación va en contra de su proyecto y declarando: “No me vengan con eso, de que la ley es la ley”

Ante dicho panorama y sobre todo por la gran importancia que tienen las decisiones de la Suprema Corte de Justicia para que las reformas impulsadas por el Presidente y que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión no se vengan abajo, es que ha buscado los mecanismos para lograr acotar tanto a la Presidenta de la Corte Norma Lucía Piña, a la que no considera afín a sus intereses por que proviene de los gobiernos neoliberales, así como a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal.

Por ello en días pasados presentó ante el Senado de la República, una reforma que pretende quitar a la Ministra Presidenta el control del Consejo de la Judicatura federal, bajo el argumento, que de esa forma se le daría más autonomía a dicho Consejo y que, además no es conveniente que quién presida la Suprema Corte, también ejerza autoridad sobre el resto del sistema Judicial.

Lo que pretende en el fondo dicha reforma, es colocar a un Ministro al frente del Consejo de la Judicatura que esté al servicio de los intereses presidenciales y que sirva para fustigar a los juzgadores que emitan resoluciones contrarias a las reformas y actos del ejecutivo, bajo el argumento de que están al servicio de sus enemigos políticos y que por ende, merecen ser investigados y sancionados por el sentido de sus resoluciones.

En la práctica reformas como la que impulsa el Presidente, se han implementado en algunos Estados del país, como es el caso de Puebla, donde la reforma al poder judicial aprobada por la actual legislatura, establece que el Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado revestido de independencia técnica, de gestión y de decisión. Tendrá a su cargo la rectoría de la carrera judicial, así como las funciones de administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Constitución Política del Estado. Señala además que el Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales uno será nombrado por el Gobernador del Estado, dos por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso del estado y dos por mayoría absoluta de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

A unos meses de implementada la reforma, para algunos académicos y litigantes ha acentuado la lucha de poder en el interior del Tribunal Superior de Justicia, entre la Magistrada Presidenta y el Presidente del Consejo de la Judicatura, debido a que las decisiones que se toman afecta a todos los integrantes del Poder Judicial, ya que la primera fue elegida por el Pleno de Magistrados y el Presidente del Consejo fue propuesto por el entonces Gobernador del Estado, lo que a final de cuentas significa que responde a los lineamientos del ejecutivo más que a los de los miembros del Poder Judicial.

Modelo que se pretende hacer valer ahora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los Senadores aprueban la iniciativa del Presidente.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Columna | Desde el portal

 El senador Alejandro Armenta, aspirante a la gubernatura de Puebla en 2024, reculó en su exigencia de la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa al considerar que es vergonzoso que continúe en el cargo una vez que ha sido acusado de haber plagiado la tesis con la que obtuvo su licenciatura en Derecho y por dignidad debería de retirarse.

 Una vez expresado lo anterior, reculó y apareció en las redes sociales indicando que su dicho había sido tergiversado y reiteró su respeto al Poder Judicial y a sus integrantes, pero sobre todo a la abogada pues no se ha comprobado los cargos que se le imputan y, pese a ser presidente de la Mesa Directiva, no representa al Senado y respeta las instituciones.

 El retiro de las palabras del poblano en sendas críticas a la poderosa magistrada demuestra, una vez más, la subordinación de poderes. En esta ocasión no se sabe si el Judicial está sobre el Legislativo y ambos bajo el Ejecutivo y que la orden de no pelear y de defenderse en asuntos personales es lo más importante para la conservación de las instituciones.

 Esto puede ser también la justificación del “choro mareador” del rector Enrique Graue que le da vueltas a un asunto que la misma UNAM se ha encargado de documentar: el plagio de la ministra, el engaño a las instituciones, y la usurpación de talentos. El rector ha sido duramente cuestionado por esa actitud de servilismo, pero las presiones son más poderosas como lo demuestra la permanencia de Yasmí en su asiento de la SCJN.

TURBULENCIAS

Destraban conflicto en Coatlán y va la autopista

 Un reparto a medias de las 19,600 hectáreas en disputa entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega parece ser la solución mágica para dar vía libre a la conclusión de la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido y cuyo litigio es de décadas. En su 30 visita a Oaxaca y en la supervisión de los trabajos, el presidente López Obrador advirtió que si el problema no se destrababa en un mes, se cambiaría el trazo de la carretera. Esto llevó a la reflexión de los nativos de la región que entregaron al gobernador Salomón Jara una carta de intención donde ofrecen llegar a un acuerdo con Sola de Vega mediante el reparto de 50 y 50 entre ambas poblaciones. Sólo falta saber qué responde Sola de Vega…El líder sindical del Metro, Fernando Espino, afirmó que el 100% de las fallas en el STC obedecen a problemas técnicos y no de acciones de sabotaje como se pretende hacer creer e indicó que los protocolos de prevención y atención de accidentes de relevancia han cambiado, pero éstos no se solucionarán de manera mágica o con persecución, sino con mantenimiento de las instalaciones que datan ya de unos 60 años. Y esto es lamentable pues se juega con la vida de millones de usuarios, cuyo sufrimiento y angustia diaria, pues no saben si se ponchará una llanta, habrá un cortocircuito o fallara alguna otra cosa, los angustia. Se capitaliza esa drama con fines electorales y se lucra con el dolor de los pasajeros para posicionar un producto electoral de suyo ya descartada…La secretaria de Cultura, Alejandra Faustro, se comprometió con el gobernador Salomón Jara a promocionar en forma conjunta los valores de los pueblos originarios, sus usos y sus costumbres para su conservación y difusión. Esto es importante luego que anteriores administraciones habían hecho un lucrativo negocio de las culturas originarias desplazando su forma de vida para darle un sesgo mercantil, obtener ganancias para unos cuantos y dejando a los pueblos y comunidades en el olvido. Del valor de las tradiciones se había hecho un rentable negocio para unos cuantos vivales disfrazados de funcionarios pero en realidad su perfil era empresarial…

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Columna | Desde el portal

 El caso de la ministra Yasmín Esquivel, no es un asunto personal, sino es un daño moral causado a una de las instituciones académicas de prestigio mundial como es la UNAM y al Poder Judicial en su conjunto, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el país radica sus esperanzas de justicia y de dignidad del ejercicio del Derecho y la legalidad.

 Y si se cometió un daño irreparable, con pruebas fehacientes como lo han reconocido las mismas autoridades y su sociedad en su conjunto, deberá procederse en consecuencia como es el clamor nacional, pero ni así, se despierta la conciencia de la dignidad nacional y de sus instituciones, sino se impone la impunidad, el descaro y la burla hacia el pueblo.

 Aún cuando la ministra en cuestión fuera objeto de duras sanciones -que se ven remotas-, el daño a la institución es irreparable ¿cuántas y de a cómo han sido las tesis y la venta de títulos a los audaces que ejercen profesiones o usurpan puestos públicos avalados por la corrupción? Seguramente son miles y millones los afectados por la improvisación y la corrupción.

 Se puede argumentar que no es el momento para imponer sanciones a un hecho de esta naturaleza, pero el desprestigio hacia la UNAM y la SCJN hace dudar de la autoridad moral y de la rectitud de sus integrantes que, lejos de ser dignos representantes por su autoridad moral y formación política, se convierten en cómplices de la corrupción que lacera al país.

TURBULENCIAS

Juan Vera Carrizal, otro ejemplo

 Y la liberación del ex diputado Juan Vera Carrizal como responsable de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Carrizal, es otro ejemplo de corrupción en el Poder Judicial. Jueces y magistrados venden al mejor postor sus resoluciones aún cuando haya pruebas en contra de ellos; pesa más el dinero que la justicia. A más de 4 años de la actual administración, se ha visto que poco o nada se ha avanzado en el combate al flagelo…La presunta muerte del Fiscal Alejandro Gertz Manero demostró, una vez más, como las noticias falsas buscan si no dañar a las instituciones y debilitar a la actual administración, si sorprender a la sociedad con este tipo de publicaciones, aunque las versiones sobre la ausencia del alto y cuestionado funcionario son poco convincentes porque se trató de ocultar su padecimiento, como aquélla de que no estuvo en la reunión bilateral México-EU porque no se le avisó a tiempo y porque tuvo otros asuntos que atender. No es posible que el Fiscal tenga asuntos más importantes que desdeñar una reunión con la comitiva del presidente Biden y de abordar temas como el narcotráfico y la inseguridad con su homólogo estadunidense…Del norte hacia el sur, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández se reúne con gobernadores  lo mismo para inaugurar obras, como en el sureste, que para asistir a informes de legisladores federales acelerando a sus fans que luego son frenados pidiéndoles se ajusten a la legalidad. Los futbolistas han tenido que dar marcha atrás en sus comerciales de apoyo al tabasqueño…Molesta a los oaxaqueños que algunos altos funcionarios de la actual administración se presenten a los actos oficiales con gorras de beisbolistas o con pans, faltando el respeto a los símbolos nacionales como la Bandera Nacional o a los ciudadanos que acuden a los eventos públicos. Si dichos funcionarios tienen sus aficiones o les gusta vestir como porristas están en su derecho, pero no en asuntos oficiales que merecen respeto a las instituciones así como a los niños de las primarias a quienes se les pide respeto a la Bandera Nacional y a loas símbolos patrios…

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El próximo dos de enero, se define quién ocupará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos cuatro años, después de que el actual Presidente Arturo Záldivar ha concluido su gestión, a pesar de la intentona del Presidente López Obrador de tratar de ampliar su cargo hasta 2024, lo que finalmente no sucedió, debido a la ilegalidad de dicha propuesta y de la presión que hicieron no sólo sus pares en el máximo tribunal del país, sino la opinión pública y los medios de comunicación.

Finalmente los candidatos que están en la puja final por presidir la Corte son los ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.

La controversia que ha suscitado la denuncia del plagio de la Tesis de Licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, de quién incluso en redes sociales se ha exigido su renuncia a la Corte y la apertura de una investigación por parte de las autoridades de la UNAM para determinar si existió plagio o no y las posibles sanciones en contra de la Ministra ocupan actualmente a muchos actores de la vida política nacional y académicos.

Para nadie es un secreto que la Ministra Esquivel es la candidata del Presidente López Obrador para ocupar la Presidencia de la Corte, ya que incluso ha asumido en sus conferencias mañaneras una defensa pública de Esquivel, minimizando el hecho y tratando a toda costa de que ello no afecte las posibilidades de la ministra de ser elegida el próximo dos de enero, sin importar que con sus declaraciones y al tratarse de dos representantes de los Poderes ejecutivo y judicial, de lugar a un conflicto de intereses, por el hecho de que si finalmente es electa, le deberá el puesto al Presidente y no a la decisión de sus pares en la Corte, por lo que presumiblemente estará comprometida a votar a favor del ejecutivo, todos los asuntos en los que intervenga, perdiendo la objetividad e imparcialidad que deben prevalecer en sus resoluciones.

Es tal la preocupación del Presidente, de lograr que Esquivel presida la Corte, que no ha tenido empacho en tratar de influir en una decisión en la que al menos por decoro, debería estar al margen o respetar desde su investidura lo que decida el pleno de los Ministros que deberán elegir a quién será su Presidente, libremente y sin presión alguna.

Es mucho lo que está en juego con esta elección, no sólo para el gobierno del Presidente López Obrador y su gobierno, sino también para el futuro del país, ya que muchos de los asuntos que la Corte debe resolver, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de apelación, en términos de lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden echar abajo actos y leyes aprobadas por el Congreso de la Unión impulsadas por el Presidente y su partido, como sería el caso del paquete de leyes en materia electoral aprobado por ambas cámaras.

Por ello, es vital para el Presidente hacerse del control de la Corte mediante una Presidencia a modo, que le facilite el trámite de los asuntos y no ponga en riesgo las reformas legislativas, qué aun siendo inconstitucionales, deben ser avaladas por el máximo tribunal del país.

El Poder Judicial de la Federación representado por la Suprema Corte de Justicia, es quizás la única autoridad de la cual el Presidente no tiene el control absoluto como sucede en los casos de la Fiscalía general de la república y las dos Cámaras de Diputados y Senadores que están a su servicio en forma incondicional, aún con una alianza opositora que no ha sido firme en sus posturas y que en cualquier momento puede ser cooptada por el Secretario de Gobernación, para apoyar las iniciativas del Presidente, como ha quedado demostrado en varias votaciones como las de ampliar las funciones de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional hasta 2028.

El control del Presidente, se ha extendido incluso ante otros organismos supuestamente “autónomos” como la CNDH que ha pasado a ser una extensión del gabinete presidencial y cuya titular sólo se ha dedicado a servir de tapete para apoyar los actos del Presidente y de las fuerzas de seguridad, dejando de lado los derechos de los ciudadanos.

El siguiente objetivo será cooptar el INE para lo cual el 28 de marzo la Cámara de Diputados federal deberá elegir a los 3 consejeros electorales y al nuevo Presidente del Consejo General del INE, en caso de no alcanzar la mayoría el 30 de marzo para la designación, deberán someter a los candidatos a un proceso de insaculación para definir quiénes ocuparán los cargos, lo que desde ahora se ve difícil, dada la mayoría simple que tiene MORENA y sus aliados en la Cámara para sacar adelante la elección en favor de los candidatos que sean afines a su Partido y al Presidente López Obrador.

Esperemos a conocer los resultados de ambos procesos y que la decisión sea la mejor para la mayoría de los mexicanos, que aún creemos que México necesita equilibrios y contrapesos para el ejercicio del poder, para evitar los autoritarismos y el regreso de la dictadura de Partido que nos azotó durante setenta años y que amenaza con retornar ahora, con los colores del actual Partido en el Poder.

¡Deseo a todos los lectores un feliz año 2023 y que la salud, prosperidad y alegría reinen en sus hogares¡

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.