Sin declararlo como delito grave, los huachicoleros presos salen luego en libertad 

Puebla, Pue.- La impunidad impera en el robo de hidrocarburos en el estado, ya que los huachicoleros que son detenidos recobran luego su libertad con el pago de una fianza, porque  el delito no está considerado como grave.

Ante esta situación, el combate a delincuentes se está volviendo un grave riesgo, al igual que las acciones contra el narcotráfico, considera el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Dijo que la empresa productiva PEMEX dio a conocer recientemente que hay más de 17 mil tomas clandestinas en el país, y que los dos estados  en los que se está dando el mayor número  de robos de gasolinas, son Guanajuato y el Estado de Puebla. En tercer lugar  Veracruz  y Tamaulipas en cuarto.

Como jurista, Tejeda Ortega comenta que no se ha modificado  el Artículo 19 de la Constitución, para considerar  que el robo de hidrocarburos sea un delito grave y dé lugar a la prisión preventiva de huachicoleros.

En consecuencia  queda a criterio de los jueces determinar si a una persona que  roba hidrocarburos se le puede privar de su libertad o no.

Hay jueces que relacionan este robo como delito de la delincuencia organizada, pero es difícil de probar. De ahí que muchos de los huachicoleros aprehendidos in fraganti, con el pago de una fianza salen en libertad y comprueban así el gozo de la impunidad.

Esta es la problemática que se está presentando en Puebla, resaltó el jurista Tejeda Ortega. No faltan personas que vean con buenos ojos que el Ejército, a través ahora de la Ley de Seguridad Interior, esté interviniendo en Puebla e interviniendo  en este tipo de operaciones y detención de delincuentes, sin la eficacia pretendida.

Agregó  que  la CONAGO ya pidió la reforma al artículo 19 para que se incluyan entre los delitos graves: el robo de hidrocarburos, la portación de arma de fuego y  la extorsión, con reformas al Código Nacional  de Procedimientos Penales, porque se está demostrando que el Sistema de los Juicios Orales  es un fracaso, ya que está dando lugar a que muchos delincuentes anden impunemente en la calle.

El Congreso de la Unión, finalizó, es el responsable de reformar el Artículo 19 Constitucional, para declarar como delito grave el robo de hidrocarburos,  dar lugar a la prisión preventiva de los culpables y su enjuiciamiento posterior.

• Se decomisaron 47 mil litros de hidrocarburo, de acuerdo a datos preliminares.

Como resultado de las acciones permanentes que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementa en colaboración con el Ejército Mexicano y autoridades municipales, se aseguraron 21 vehículos utilizados para el traslado ilegal de combustible, en San Martín Texmelucan.

Durante un patrullaje preventivo realizado por policías estatales, elementos castrenses y policías del municipio referido, se localizaron en la colonia Las Margaritas, 21 unidades en aparente estado de abandono.

Cabe destacar que, al realizar una revisión de los vehículos, se constató que trasladaban diversos contenedores con aproximadamente 47 mil litros de hidrocarburo, presuntamente obtenido de manera ilegal.

Por lo que se procedió a su aseguramiento y puesta a disposición ante las autoridades federales, para que se dé seguimiento a las investigaciones de rigor.

Acciones como esta son muestra de los resultados contundentes de la estrategia coordinada en la que participa la SSP, encabezada por Jesús Morales Rodríguez, con el objetivo de combatir el robo de combustible y otras actividades ilícitas colaterales.

• La reforma lograría prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos en esta materia.

La Senadora Lucero Saldaña presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, la cual propone establecer la prisión preventiva oficiosa, a toda aquella persona que presuntamente cometa delitos en materia de hidrocarburos, establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Esto, con el objetivo de evitar que a quien haya cometido delito de robo de hidrocarburos, se dé a la fuga.

La propuesta, señala la Senadora Saldaña “se considera con la intención de evitar la sustracción de la acción de la justicia a quien presuntamente cometa el delito, en atención a la gravedad que representa esta actividad, la cual afecta múltiples ámbitos de la vida nacional, como la economía, perjuicio severo al tejido social, incremento en la inseguridad pública y daño irreversible al medio ambiente, entre otros”.

Igualmente señaló que las dimensiones de esta problemática y la urgencia de su atención se pueden observar en el hecho de que la Procuraduría General de la República, reportó que durante el periodo 2014 - 2017 se han iniciado más de 9 mil 552 averiguaciones previas o carpetas de investigación por robo de hidrocarburos, mismas que han se han visto rebasadas ante el incremento desmedido de este delito y la falta de medidas como la que hoy se presenta.

La Senadora expresó que este tipo de disposiciones como la que la iniciativa propone son necesarias para actuar con rigor en los delitos en materia de hidrocarburos, y combatir la impunidad en este tema.

Para ningún mexicano, es desconocido, que el país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad, que lacera e impide el desarrollo de nuestro constructo social y especial aporte en este lamentable rubro lo tienen las actividades del crimen organizado, las cuales, a contrario sensu, si han observado un desarrollado en cuanto a su diversidad y campo de acción.

Aunque esta problemática, no es exclusiva de nuestro país, si es México, quien ha visto crecer mayormente este tipo de actividades delincuenciales en un tiempo muy reducido. Para mayor ahondamiento, es importante conocer lo que nos muestra el estudio de la Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World, el cual, indica que las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional generan entre 1.6 y 2.2 billones de dólares estadunidenses al año en todo el mundo. El monto no sólo llena los bolsillos de los perpetradores, los recursos sirven también para financiar la violencia y la corrupción en países de los cinco continentes.

Las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional se basan en 11 actividades: saqueo, explotación y muerte: narcotráfico; tráfico de armas ligeras; tráfico de personas; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación de productos; comercio ilegal de vida silvestre; pesca ilegal y/o no reportada; tala ilegal; minería ilegal, y robo de petróleo crudo.

Esta última actividad la de robo de combustible, es la que ha venido a cambiar el contexto de las actividades de la delincuencia organizada en México, al convertirse ésta en la preferida para abastecer de recursos económicos a las diferentes organizaciones criminales que tienen actividades dentro de nuestro territorio nacional.

Muestra de lo anterior, lo evidencia el estudio realizado por José Ignacio Montero Vieira, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), donde precisa que Los Zetas, el Cartel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, controlan el robo de hidrocarburos en el país, en complicidad con empleados de Pemex, de acuerdo con la zona de influencia de cada organización criminal, puesto que este delito requiere tener cierto, conocimiento técnico, para saber cómo ordeñar.

Explica que el radio de acción del cartel de Los Zetas es muy amplio, ya que sus actividades relacionadas al robo de combustible se extienden por Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. “Es tal la importancia que esta organización le da al robo de combustible que ha establecido una extensa y compleja red criminal dedicada a esta actividad y a eludir la acción de la justicia y proteger su nueva fuente de financiación”.

De lo anterior, la situación más alarmante se vive en Puebla, ya que la entidad se ha convertido en los últimos 5 años en el epicentro del robo de combustible. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas creció un 915%, según cifras de Pemex. En 2015, se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que el año anterior y en el primer semestre de 2016, se localizaron 601 tomas de clandestinas, lo que en suma hace casi la tercera parte del total nacional, ya que hasta 2016 eran 6159 tomas clandestinas detectadas en el territorio nacional.

Por ello, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo de combustible, siendo los municipios del denominado Triángulo Rojo, como Palmar de Bravo, Amozoc, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo y Esperanza, los que tienen la mayor incidencia, ya que ahí es donde atraviesa la denominada "Franja del Huachicol", que comprende un tramo de 131 kilómetros que atraviesa la entidad y que inicia en el municipio de Esperanza, en la frontera con Veracruz, y culmina en San Martín Texmelucan, colindante con el Estado de México.

Por lo que al ser la zona más atractiva para la delincuencia debido a la presencia de tuberías de Pemex, surge la necesidad de que todos los componentes de la sociedad poblana (autoridades, ciudadanos, gobernantes, académicos, etc) trabajemos conjunta e integralmente para implementar políticas criminales que puedan oponer resistencia y prevenir el crecimiento de esta nueva forma de financiamiento que el crimen organizado ha encontrado.

Políticas criminales que tengan como principales puntos: combatir la corrupción al interior de Pemex, y de las diversas autoridades implicadas, así como, impulsar el desarrollo de las comunidades, para que no encuentren en esta actividad criminal el único medio de subsistencia, y hasta ir pensando que en la medida en que suba el precio de la gasolina, crecerá el robo de combustible.