Caracas.- Venezuela ha iniciado este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, en una medida anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El anuncio marca un hecho relevante en medio de una situación política y social profundamente convulsa en el país sudamericano.

Anuncio oficial e implicaciones inmediatas

En una declaración oficial desde la sede del Parlamento venezolano, Rodríguez —quien también es hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez— informó que las excarcelaciones comenzaron “desde este mismo momento” y que se trata de una acción unilateral del gobierno para fortalecer la “convivencia pacífica”. No se especificó el número exacto de liberados ni las identidades de todos ellos, aunque se espera que la cifra sea elevada dadas las estimaciones previas de grupos de derechos humanos. 

La medida fue descrita por autoridades como un gesto de paz en un momento de fuertes tensiones tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Las liberaciones se producen en medio de presión internacional sostenida y reclamos constantes de la oposición venezolana y gobiernos extranjeros para que se ponga fin a las detenciones por motivos políticos. 

Extranjeros entre los liberados

Fuentes diplomáticas confirmaron que al menos cuatro ciudadanos españoles han sido excarcelados, incluidos dos vascos —Andrés Martínez Adasme y José María Basoa—, un canario, Miguel Moreno, y un valenciano, Ernesto Gorbe. Esto subraya que el proceso no se limita a nacionales venezolanos y pone de relieve la dimensión internacional de este episodio.

Otros países cuyos ciudadanos podrían estar entre los liberados aún no han ofrecido listas oficiales, pero se espera que más extranjeros sean incluidos en las próximas horas o días. 

Contexto: cientos de presos políticos aún detenidos

Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han documentado altas cifras de detenciones por motivos políticos en Venezuela durante los últimos años, muchas de ellas ligadas a protestas contra el gobierno o a la represión de la disidencia. Según datos de la ONG Foro Penal, a fines de 2025 había cientos de personas detenidas bajo acusaciones consideradas arbitrarias por la sociedad civil, aunque las cifras varían entre distintas fuentes debido a la falta de transparencia oficial. 

El gobernador de Foro Penal ha señalado que miles de arrestos relacionados con la disidencia se han producido desde la crisis postelectoral de 2024, y que cientos siguen en prisión pese a liberaciones parciales anteriores. 

Reacciones nacionales e internacionales

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han recibido la noticia con cautela. Para algunos, las liberaciones representan un primer paso hacia un proceso de reconciliación y apertura política, aunque advierten que sin garantías judiciales y una amnistía general los avances podrían ser limitados. 

Gobiernos de países cuyos ciudadanos han sido liberados han expresado su satisfacción por la medida, aunque han instado a que se respeten los derechos humanos y que se continúe con la liberación de todos los presos políticos.

Un gesto en medio de una compleja transición

La decisión se interpreta en un contexto político volátil, marcado por cambios de poder, presiones externas e internas, y un intenso debate sobre el futuro político de Venezuela. La liberación de presos políticos —especialmente si se amplía significativamente— puede ser percibida como un intento por parte del gobierno interino de mejorar su imagen internacional y mitigar tensiones con la oposición y la comunidad internacional. 

Las autoridades han reiterado que el proceso continuará de forma paulatina, pero no han precisado plazos ni criterios para futuras excarcelaciones. Por ahora, la medida configura un hito significativo en la coyuntura política venezolana y será observada con atención por actores nacionales e internacionales en los próximos días y semanas. 

Columna | Desde el portal

 Con la misma facilidad como se encumbró y se mantuvo en el poder el PRI y se lo intercambió en dos ocasiones con el PAN, dándole su parte al PRD, con esa misma práctica estos institutos políticos están en proceso de extinción o de restructuración, de acuerdo a la visión del o de los poderes que controlan a su libre albedrío estos institutos políticos.

La militancia no cuenta en este proceso de transformación, sólo se utiliza el membrete y los cuadros directivos, quienes son removidos o acomodados en el lugar que conviene para luego desecharlos. Así ocurrió con Enrique Ochoa Reza, que ni siquiera era militante, fue sacado de la CFE para llevarlo a la dirigencia nacional, donde se le cuestionó su lealtad pues ya había renunciado para buscar otro cargo en la CFE.

 También sucedió lo mismo con el ex gobernador guerrerense René Juárez Cisneros quien fue llamado al PRI a una consulta y salió como líder. Y no se diga también del tres veces secretario y hombre sin partido, José Antonio Meade, que utilizó las siglas de tres partidos para incursionar como candidato presidencial para luego darles las gracias ante su derrota electoral.

 En el PAN, el mismo Ricardo Anaya echó del partido a la panista de abolengo Margarita Zavala junto con su esposo, el ex presidente de México, Felipe Calderón, y pasó por encima de los liderazgos nacionales y de los santones del PAN, para luego llevar a su partido a la peor derrota electoral de su historia. Y en estas decisiones ¿alguna vez fue tomada en cuenta la militancia?. Esta no cuenta, ni siquiera con su voto, como quedó demostrado el 1 de julio.

TURBULENCIAS

Dirigencia de transición

 Una dirigencia de transición que concluya el periodo estatutario en agosto de 2019 que lance la convocatoria para la elección de presidente y secretario general para el periodo 2019-2023, mediante consulta directa a militantes y simpatizantes, sin la injerencia de quienes fueron responsables de la derrota del PRI el pasado 1 de julio, como René Juárez Cisneros, Claudia Ruiz Massieu o Rubén Moreira, demandó Democracia Interna, expresión nacional por la refundación del PRI…Los petistas Benjamín Robles, Margarita García y Maribel Martínez, diputados federales electos, así como César Morales Niño, Noé Doroteo Castillejos y Saúl Cruz Jiménez, diputados locales electos afirmaron que: legislaremos con el ejemplo. Cada propuesta, cada exigencia, discurso, posicionamiento, punto de acuerdo, acción legislativa que emprendamos, deberá acompañarse de una conducta intachable de nuestra parte. Debemos ser lo que exigimos. Entre otras cosas, porque reconocemos que el país ha elegido mayoritariamente a un movimiento que cambie de verdad la situación de México, y eso incluye la forma de hacer política, en este caso, en el Poder Legislativo”, destacó Benjamín Robles Montoya, comisionado político nacional del PT en Oaxaca…Las observaciones y planteamientos de la comunidad universitaria al proyecto de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México dieron como resultado una legislación moderna, incluyente y oportuno, afirmó la catedrática e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante de la Comisión de Legislación Universitaria del H. Consejo Universitario, Guillermina Díaz Pérez y el cual será puesto a consideración para formar parte del documento final que será entregado para su revisión al gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Por su especificidad, precisó, algunos no tuvieron cabida en este proyecto de la ley general y serán tomados en cuenta cuando se modifiquen el estatuto y reglamentos, precisó…

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• Coinciden en trabajar por el municipio al entablar diálogo.

El presidente municipal de Xicotepec, Juan Carlos Valderrábano Vázquez, recibió este miércoles en el palacio municipal a la presidenta electa Lupita Vargas, donde se reunieron para abordar el proceso de entrega-recepción y buen funcionamiento de la próxima administración.

En el encuentro ambos mantuvieron un diálogo abierto y transparente, coincidiendo en la importancia de trabajar a favor del municipio y en beneficio de todas las familias.

Resultado de este encuentro se da apertura al camino de la transición, teniendo como prioridad el desarrollo de Xicotepec.

El pasado 13 de octubre, el pleno del Senado de la República, aprobó el proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, el cual, propone desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y regular los llamados contratos de protección, garantizando la contratación colectiva de los trabajadores y el derecho a huelga, para en su lugar, crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales.

Así las cosas, el artículo 107 constitucional, otorgará al Poder Judicial de la Federación, la facultad de establecer tribunales laborales, y a nivel de los estados en réplica, tendrán que hacer lo mismo, juzgados o tribunales en el ámbito laboral.

Las nuevas instancias se agruparán bajo la figura de “tribunales laborales”, que ampliarán las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

Lo anterior, deja entre ver una gran ventaja, ya que, separa la conciliación del procedimiento judicial, lo que abre la oportunidad a que haya una aplicación de estricto derecho a las problemáticas laborales, se eviten simulaciones, contrataciones inexistentes, en fin prácticas que terminaron por desvirtuar la función de los órganos laborales.

Dicha iniciativa, pretende establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar los juicios. Estableciendo como tope que se paguen los salarios de un año, pero después de esos 12 meses, ese pago tendrá un interés mínimo del 2% mensual con un límite de 15 meses de salarios. La persona recibirá lo que resulte de multiplicar por 15 su sueldo y a esa cifra sacarle el 2%.

Asimismo, se determinó, preservar las referencia de los laudos, como se conoce en las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 constitucional; establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales, sin distinguir su tipo; mantener la fracción XXI del apartado A del 123 constitucional, que establece derechos de los trabajadores frente al patrón en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto, con el señalamiento de que en todo caso, si el asunto ha sido resuelto judicialmente estará obligado a cumplir con la sentencia.

Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

De aprobarse en la Cámara de Diputados la reforma laboral avalada por el Senado, en un año desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán sustituidas por los tribunales laborales, antes mencionados.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se instituyeron desde 1917 con la emisión de la Constitución Federal, en donde participaban de manera tripartita el gobierno, el capital y el trabajo, es decir, el inversionista y el trabajador. Se buscaba que fueran tribunales de equidad, protectores de los derechos de los trabajadores, integrados por representantes obreros, patronales y de gobierno, y que aplicaran las leyes laborales de manera flexible, no en forma rígida como los tribunales de derecho. De igual modo, la intención de crear las Juntas fue el combate a la corrupción existente en los tribunales de esa época.

Esto durante mucho tiempo, en términos generales, permitió el equilibrio, pero sin duda también se fue desvirtuando porque fueron apareciendo problemas, amagos, no solamente para la inversión sino también para el propio trabajador: por un lado eran despidos injustificados, retraso en la recepción de pruebas, pruebas falsa y por otro lado aparecieron sindicatos, organizaciones fantasmas, contratos de protección, etcétera. De tal manera, que se desvirtuó el funcionamiento de esos órganos al grado de convertir los litigios laborales en procedimientos colmados de obesidad burocrática, alejados de otorgar una expedita y pronta justicia laboral.

Por lo que, esperemos, que esta reforma, no sea solamente una forma de desaparecer órganos jurisdiccionales para crear otros con las mismas deficiencias, que el cambio sea estructural, con controles y sanciones efectivos, no sólo a los jueces que integran los tribunales laborales, sino también a los abogados, patrones y trabajadores que actúan ante los mismos, con el objetivo de accesar a un verdadero sistema judicial laboral que proteja los derechos de los trabajadores y genere condiciones para que en las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia, y otorguen una seguridad social aceptable, al menos, a la necesidad de esta relaciones en México.