Anuncia AMLO; no habría crítica a los programas sociales actuales: especialistas

Puebla, Pue.- Con el cese del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo –CONEVAL-, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en conferencia mañanera dio a conocer la posibilidad de que dicho organismo autónomo desaparezca.

En entrevista, el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega señaló que el CONEVAL tiene rango constitucional y autónomo, y se encuentra previsto en el apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

“El estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de Desarrollo Social, así como emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones”.

El ex director de dicho organismo autónomo, Gonzalo Hernández Licona, ha declarado a medios de comunicación que su destitución se debe a los grandes recortes que al presupuesto de dicho organismo llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que tengan los medios económicos suficientes para llevar a cabo las evaluaciones de la pobreza en México.

Por otro lado el Presidente de la República señaló que el cese de dicho funcionario, se debió a que éste ya había cumplido con su siclo de trabajo, de más de trece años de antigüedad.

Tejeda Ortega señala que de desaparecer el CONEVAL, no se podrá evaluar con certeza el número de pobres que existen en México, ni mucho menos los que se encuentran en extrema pobreza; además de que los proyectos de la cuarta transformación como son el apoyo a los adultos mayores, y el apoyo a los jóvenes en sus diversas modalidades, tampoco podrán ser evaluados en forma efectiva y, en consecuencia, no se podrá hacer ninguna crítica a dichos programas

Por otra parte especialistas en materia económica y financiera han señalado que la posibilidad de desaparecer al CONEVAL, tiene como fin el que no se critiquen los programas sociales del Presidente de la República, con sus consecuencias correspondientes.

El pasado 3 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto rindió su sexto e último Informe de Gobierno desde el Palacio Nacional, dicho evento volvió a estar envuelto de esos tintes priístas de décadas pasadas, donde el presidente de la República es tratado como un auténtico monarca diocesano, que” ha provisto a su pueblo de riquezas y bienestar social”.

Sin embargo, la realidad política, económica y social que actualmente vive el país es muy distinta a lo plasmado y recitado en dicho informe, puesto que la administración de Peña Nieto, sin lugar a dudas, deja un lastimoso legado en muchos aspectos que afectan a la sociedad mexicana y que colocan su administración como una de las tres peores en la historia de México en los últimos 88 años, con un nivel de aprobación inferior al 3%, que no tuvieron expresidentes como Vicente Fox en 2006 y Felipe Calderón en 2012.

Para darse cuenta de lo anterior, bastan los siguientes datos duros en contra de la escena teatral montada en Palacio Nacional:

Según cifras y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el sexenio de Peña Nieto, México creció a un ritmo de 2.31% anual en promedio, menos de la mitad del 5 y 6 % prometidos por el mandatario en sus compromisos de campaña, y que además lo coloca como el tercer sexenio de más bajo desempeño económico en la historia moderna de nuestro país.

Solo dos presidentes habían logrado tener peores resultados; Miguel de la Madrid, con quien la economía solo creció a una tasa de 0.21% anual; y el panista Felipe Calderón, en cuyo sexenio el PIB aumentó 2.16% cada año.

Otro de los rubros que no pudo combatir la administración saliente, fue la desigualdad social, puesto que a nivel Latinoamérica, junto con el Salvador, somos el país con menor crecimiento económico desde la década de los 90´s, ya que en ese lapso, México solo logró reducir en 4.1 unidades el porcentaje de su población pobre, que era de 47.7% en 1989 y se estableció en 43.6% el año pasado.

Ante tal evidencia, es un hecho que la administración Peñista nunca se asomó siquiera a la ruta de la expansión que se requiere para combatir sus rezagos y mucho menos la desigualdad social.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que entre 2012 y 2016 el número de mexicanos pobres se incrementó en 100 mil, al pasar de 53.3 millones a 53.4 millones en ese lapso.

Por otra parte, considero sin lugar a dudas, que el agravio que más lastima a la mayoría de los mexicanos y por la cual será señalado a perpetuidad Peña Nieto, se encuentra en el rubro de la seguridad pública, ya que de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, de diciembre de 2012 a febrero de este año, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 102 mil 327 carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos, 532 carpetas menos que las del sexenio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Es decir, su promesa de acabar con la crisis de violencia en México, también se convirtió en uno más de sus compromisos incumplidos, ya que según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) hasta el 21 de enero se contabilizaron 35.410 desaparecidos. Donde de acuerdo a cifras publicadas por el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro-Juárez, el 60 por ciento (21. 602) de las mismas corresponden al sexenio de Peña Nieto.

Queda además para el registro de la historia y que marcó a este sexenio, la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, acontecimiento que sigue vigente en la memoria de millones de mexicanos, sin que hasta el momento exista una versión real de lo sucedido, ni el encarcelamiento de todas las autoridades involucradas en este acto tan deleznable.

Las cifras anteriores, el hartazgo social así como los actos de corrupción en que se vio envuelto el Presidente y dos de sus colaboradores más cercanos como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong en los escándalos de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, motivaron el voto de castigo y rechazo de más de treinta millones de mexicanos el pasado 1 de julio en contra del candidato del PRI a la presidencia de la república y que arrastró a cientos de candidatos a Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados y senadores, así como Diputados locales en seis estados del País; dejando a dicho partido en un vergonzoso tercer lugar en las preferencias electorales.

Esta es la herencia que deja el sexenio de Enrique Peña Nieto, un país en endeudado y saqueado por una clase política que sólo se sirvió del poder para su beneficio personal.

El ejercicio democrático en nuestro país resulta muy caro para los pobres resultados que arroja nuestro sistema electoral, a pesar de las promesas de la reforma política, que pretendía bajar el costo de la democracia, tal ofrecimiento resultó demagogia pura.

Es posible afirmar lo anterior con tan solo observar el excesivo incremento que han tenido los procesos electorales en la mayoría de las entidades federativas, el gasto electoral en los estados está fuera de control, los institutos a cargo de organizar las elecciones para gobernador duplicaron su gasto entre un proceso electoral y otro, sin justificación.

Tan solo el proceso electoral de 2016 tuvo un costo de más de 8,520 millones de pesos, el doble de lo que se gastó en 2010 y sólo participaron 13 estados, dicho gasto incluye los presupuestos de los institutos electorales estatales, los gastos ordinarios de los partidos políticos, pero sin tomar en consideración los gastos de campaña de los mismos.

Prueba de lo anterior, el descomunal e injustificado incremento del gasto en materiales y documentación electoral a nivel nacional, el cual pasó de 549 millones a 970 millones de pesos entre comicios, a pesar de que el número de electores creció sólo un 10 por ciento.

Los estados que más gastaron en este rubro, por no decir que más abusaron de este gasto, son: Aguascalientes en el honroso primer lugar de despilfarro, entre la elección para gobernador de 2010 y la de 2016 el gasto aumentó 922%: en la primera se gastó 1.7 millones de pesos en materiales electorales y en la de este año 22.2 millones. No hay explicación para este incremento.

En Michoacán creció 305%; en Sinaloa, 238%; en Sonora, 221%; y en Baja California Sur, 165%. Lo mismo sucedió en Tamaulipas, donde creció 138%; Nuevo León, 134%; Durango, 130%; Querétaro, 122%; y Zacatecas, 86%.

En los estados de Veracruz y Puebla, en los que el proceso electoral tuvo una elección más chica con menos candidatos y menos cargos a elegir, lo que ayudaría a presumir menos gasto en el rubro de material electoral, también aumentó este gasto respecto de la de 2010, el primero gasto 42.8 millones más y el segundo12.3 millones, por increíble que parezca.

Por otra parte, los partidos políticos en 2016, según cifras del INE, representaron un gasto total de $4,045,007,215.53, y para 2017 nos representará un gasto de $4,059,213,905 ésta cantidad sin financiamiento para campañas.

Esta situación resulta incomprensible y absurda en momentos como los que hoy se viven en México, la importancia de optimizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendente y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que los ciudadanos ya no podemos seguir permitiendo.

La democracia en México es 18 veces más cara que en promedio en el resto de los países de Latinoamérica, por lo que es urgente tomar medidas contundentes que ayuden a hacerla más barata y que el recurso económico que se destina para ello pueda emplearse en rubros más apremiantes para una sociedad con más de sesenta millones de pobres que se precipita al ocaso ante el apremio de sus finanzas públicas.

Lo anterior en razón de que México es considerado uno de los países más desiguales con políticas sociales contra la pobreza ineficientes; y sin resultados en más de 25 años; puesto que el número de pobres ha crecido de tal forma que hasta se desconoce la cifra exacta porque mientras el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, CONEVAL, manifiesta que existen en el país 55.3 millones de pobres, el estudio Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014 (julio de 2015) realizado por los expertos investigadores del Colegio de México (COLMEX), Julio Boltvinik y Araceli Damián, estiman que en el país hay 100.7 millones de pobres.

Cual sea la cantidad exacta son datos que evidencian la existencia de un gran número de la población con necesidades extremas, tan solo basta con observar que el salario mínimo está, hoy, por debajo del costo de la canasta de bienestar mínimo establecida por CONEVAL, entendiéndose por canasta básica el costo para una familia de satisfacer necesidades alimenticias, transporte, vivienda, cuidado personal, salud, educación y vestido, entre otros.

El costo de la canasta es de 87.51 pesos diarios por persona, mientras que el salario mínimo es de 80.00 pesos, dígame usted si esto no es desigualdad social, mientras se emplean miles de millones de pesos en un sistema electoral que arroja pobres resultados democráticos que tienen sumido al país en una crisis de representación desde hace muchas décadas, el número de pobres aumenta incontrolable y lastimosamente.

Lo realizado en Puebla es respuesta a una necesidad, no solución a las demandas de la sociedad. Las obras, la inversión, la propaganda, el gobierno en su conjunto obedeció a la urgencia de una candidatura presidencial, no a las necesidades de los sectores menos favorecidos.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana Puebla realizaron la evaluación de la administración 2011 – 2017 del Gobierno del Estado. Los académicos calificaron como reprobatoria la actuación de la autoridad estatal en materia de Derechos Humanos, Economía, Pobreza y Movilidad.

Al respecto, el Dr. Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios apuntó que en materia de pobreza, Rafael Moreno Valle aseguró en su informe que las carencias sociales y la pobreza en Puebla habían disminuido. “Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan que del 2010 al 2014 el número de personas en pobreza multidimensional pasó del 61.5% al 64.5%”.

“En materia de ingreso per cápita, al inicio de la administración el porcentaje de personas que no alcanzaban la línea mínima de bienestar era del 67%, actualmente es del 70%. El ingreso en el 2010 era de $ 1,350 pesos, mientras para el 2014 CONEVAL apuntó que el ingreso era de $1,250 pesos, es decir, 100 pesos menos”, informó el Dr. Reyes Hernández.

El Dr. Miguel Reyes subrayó que toda la “política social” no ha servido de nada pues recibió el cuarto estado más desigual del país y hoy lo entrega como la segunda entidad a nivel nacional. “Rafael Moreno Valle deja una Puebla endeudada por más de 30 años, los más de 60 mil millones de pesos en Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), representan más de 2 mil millones de pesos que se le quitará a los poblanos por obras faraónicas mal planeadas”.

“Los pasivos generados por el Gobierno del Estado no impactaron en los grupos más desfavorecidos. En materia de transporte, el 10% más pobre de los poblanos utilizaba cerca del 7% de su ingreso en su movilización, hoy gasta más del 14%. Con esos más de 60 mil millones de pesos se hubieran podido construir cinco líneas de metro o cuatro rutas de tranvía”, concluyó el especialista en pobreza y desigualdad.

Por su parte, el Mtro. Roberto Alonso Muñoz abordó el tema de transparencia y rendición de cuentas. Específicamente retomó lo mencionado en campaña por el Dr. Moreno Valle y en donde su promesa fue reestablecer la confianza a través del combate a la corrupción. “Si hubiera que sintetizar en una palabra la transparencia del Gobernador Saliente, esta sería simulación”.

Las leyes de transparencia no han sido el problema sino su aplicación y la resistencia de titular del Ejecutivo por transparentar sus acciones, sobre todo las más polémicas como la construcción de los Centros Integrales de Servicios (CIS), el teleférico, el Museo Internacional del Barroco, el tren Puebla-Cholula, y el gasto de casi mil millones en publicidad oficial

En palabras del Mtro. Alonso Muñoz, en seis años la administración firmó más de 1,200 acuerdos de reserva. Impidiendo así el escrutinio al gasto corriente, a los expedientes de remodelación de la Casa de Gobierno, los procedimientos de adjudicación, el costo de transportación del Ejecutivo, su seguridad y los PPS.

El experto en temas de transparencia aseveró que la instancia que debió de haber estado del lado de los ciudadanos se caracterizó más por defender al gobernador Moreno Valle. “Con la mano del gobernador y el congreso la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) le dio la espalda a los ciudadanos, eso implicó que la transformación de Puebla tuviera un costo alto”.

El Dr. Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública calificó al Gobierno del Estado como un adicto a las escenografías. “Se han construido una serie de infraestructuras que buscan dar la apariencia de modernidad, y de las que no se rinde ninguna cuenta”.

Calderón Chelius aseveró que con este control político exacerbado por parte del Ejecutivo, se destruyeron los mecanismos que, más o menos, se habían creado para permitir la expresión de las diferencias entre partidos. “Ahora, la mayor parte de los políticos en Puebla tiene una conducta y un comportamiento que hace indiferente las siglas del partido al que pertenecen”.

El Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales destacó algunos aspectos positivos de la administración estatal como fueron los avances en materia de educación respecto a lo entregado por el gobernador Marín. Principalmente en las pruebas PLANEA y EVALÚA y la política contra la deserción escolar.

Otro aspecto positivo señalado por el politólogo de la IBERO Puebla fue el avance en materia turística, el cual hizo que el plan de la segunda noche de hospedaje fuera posible, el cual permitió un cierto movimiento de la economía local. Así como el desarrollo de infraestructura para la movilidad ciclista, peatonal y vehicular, pese a la poca  de las obras.

En conclusión, el Mtro. Hernández Avendaño señaló que el legado más importante que deja la administración saliente es que fue un gobierno sin contrapesos, y que hace todo lo posible para no tener este equilibrio, esto por definición es un mal gobierno.

Juan Luis Hernández manifestó que Rafael Moreno Valle hizo una campaña contra la manera de gobernar del PRI, y esta suscitó esperanzas y anhelos de cambio; pero durante su administración, solo repitió los cánones represivos del pasado e incluso los radicalizó.

“La alianza electoral no se reprodujo en una alianza de gobierno, por ello resulta insustancial la propuesta sobre las coaliciones gubernamentales. Moreno Valle ganó la elección por expectativas democráticas, pero echó por la borda el bono democrático ganado en el 2010”.

Asimismo, el politólogo afirmó que la administración estatal representa un gobierno en alianza con el presidente Enrique Peña Nieto. “El más claro ejemplo de ello, es que durante su Sexto Informe no hay una sola crítica al incremento a la gasolina. Hoy por hoy, Moreno Valle ha sido un excelente gobernador priista y sin duda resulta ser el mejor candidato del partido tricolor a la Presidencia de la República”.

“Moreno Valle se inscribió en la lista de gobernadores que decidieron regir sus territorios como si fueran los dueños feudales, a esto los politólogos lo llamamos enclaves autoritarios subnacionales, el Estado tuvo una alternancia, sin alternativa”.

Finalmente Hernández Avendaño aseguró que resulta de mal gusto que se busque una sucesión familiar, pues representa un mensaje democrático equivocado. “México necesita mayor pluralidad y menos familias que lo gobiernen, este modelo solo perpetúa la corrupción e impunidad”.