Columna | Desde el portal

 El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó de su reunión con los gobernadores del norte: de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Baja California, Francisco Vega; y de Chihuahua, Javier Corral con quienes acordó trabajar en el programa de zona libre de la frontera para reducir el IVA en una franja de 30 kms en 8%; el ISR en 20% y aumentar al doble el salario mínimo, para impulsar la inversión en 44 municipios de 6 estados del país”, publicó en la red social.

 Se informó que los gobernadores respaldaron las propuestas del presidente electo para establecer acciones coordinadas de vivienda, transporte y seguridad entre los tres niveles de gobierno en polígonos de pobreza y marginación y expresaron su apoyo para tener un diagnóstico preciso de las características de los polígonos de pobreza y contar con un nuevo programa fiscal e intervención prioritaria en 15 ciudades del país.

 Casi a la par de esta reunión con mandatarios fronterizos, AMLO hizo lo propio con los del sur sureste para impulsar la construcción del Tren Maya e ir avanzando en programas y acciones de largo alcance que, sin duda, al entrar en funciones se habrán de revisar obstáculos y superar problemas a efecto de consolidar el desarrollo integral del país. Con estas medidas se reconoce que no es lo mismo el norte que el sur del país.

 Hay que tomar en consideración que las características de la Nación son diferentes y que cada una de las entidades, las regiones, sus comunidades, sus tradiciones, sus lenguas, su gastronomía o su música es diferente. Hay que dar un trato de acuerdo a las características de las mismas sin imponer planes y programas de Gobierno alejados de la realidad. Cuando menos está en marcha ya una aplazada demanda de reducir el IVA e ISR en la frontera norte.

TURBULENCIAS

Todo contra la corrupción: Mario Delgado

El nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre, hará que funcione, al cien por ciento, todo el andamiaje institucional que se creó con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues ahí está de adorno sin funcionar, porque no hay voluntad política. Entonces, instituciones, fiscalía y voluntad política, esa va a ser la estrategia para el combate a la corrupción, afirmó el presidente de la JUCOPO, Mario Delgado Carrillo, al abordar el tema del presunto saqueo en SEDATU y SEDESOL estando como titular Rosario Robles, el caso de Odebrech y el porrismo en la UNAM; también habló de que la Ley de Austeridad tiene que ser pareja para todos las instituciones oficiales y ratificó que la decisión del presidente electo es abrogar la Reforma Educativa…”Hoy es un día de celebración porque hemos terminado una etapa muy importante en nuestra formación académica, por ello, quiero agradecer al Presidente Municipal, José Antonio Hernández Fraguas y a su esposa, Lorena Córdova Brena por brindarnos un espacio en donde pudimos terminar nuestra educación media superior”, expresó Dolores Ramos Jarquín, una de las 14 alumnas y alumnos que ayer se graduaron de la preparatoria abierta “José Vasconcelos”…El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó la Firma de Convenio de Definición de Linderos entre autoridades de las comunidades de San Francisco Cahuacua, de la Sierra Sur y San Pedro Teozacoalco con su anexo San Mateo Sindihui, en la mixteca, con lo cual se pone fin a 45 años de conflictos agrarios y crispación social. El Jefe del Poder Ejecutivo reconoció la voluntad de las comunidades para llegar a este acuerdo y celebró esta acción que abona a la gobernabilidad, paz social y desarrollo de Oaxaca…

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No hay magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa y  falta nombrar fiscales

Puebla, Pue. – El Sistema Nacional Anticorrupción  se halla actualmente descabezado, ya que los senadores no han nombrado aún a los magistrados  que van a integrar el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, ni al Fiscal General de la República principalmente.

Al estar pendientes también los nombramientos del Fiscal para la persecución de los Delitos Electorales  y  del Fiscal General   Anticorrupción, no hay investigaciones  de anticorrupción, no hay consignaciones de presuntos  responsables por la comisión de delitos de corrupción, ni impartición de plena justicia en el país.

Dio a conocer estas deficiencias  en la actividad  de los senadores en su respectiva Cámara, el constitucionalista poblano Miguel  Ángel Tejeda Ortega, y agregó que el único órgano que está funcionando es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional  Anticorrupción, presidido por la señora  Jaqueline Peschard.

Resaltó que este organismo y los otros mencionados no tienen ninguna eficacia, porque en primera   pueden conocer de  denuncias  o quejas que se presenten y podrán investigar, pero sus resoluciones  que  dictan no son obligatorias, sino simples recomendaciones.

Hasta podrán turnar a la Fiscalía General Anticorrupción   asuntos para su investigación, y a su vez el fiscal turnar los asuntos  a los magistrados para la impartición de justicia, pero en estos órganos los senadores no han nombrado a sus titulares.

Dijo también Tejeda Ortega que el senador Roberto Gil Zuarth comentó que posiblemente este  viernes  van a nombrar al Fiscal para la Atención de Delitos Electorales,  o antes de que finalice  el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Sobre los demás nombramientos no hay aún pactos entre los partidos  políticos, por lo cual  se podrían dar hasta el siguiente periodo de sesiones o después de las elecciones del uno de julio  de 2018.

Agregó el constitucionalista poblano que ayer miércoles se dictaminó en el Senado la minuta que  va  a pasar mañana al Pleno para analizar la Ley de Seguridad Interior. Y se adelantó que van a ser muy pocas reformas al documento que turnó la Cámara de Diputados. Y probablemente este jueves o viernes salga el nombramiento del Fiscal de la FEPADE.

Las deficiencias tendrán repercusión negativa en Puebla

Al entrar este 18 de julio en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, operará “sin dientes”, aseguran expertos y sus deficiencias tendrán repercusión en Puebla y demás estados del país.

Entra “sin dientes”, porque el Senado no ha nombrado aún al Fiscal Especial Anticorrupción; tampoco han nombrado los senadores a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deben ser los encargados de investigar los delitos cometidos en materia de corrupción, y los magistrados van a ser los encargados de impartir la justicia y la imposición de penas.

Expuso lo anterior en entrevista el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien señala que, como opinan políticos, no habrá investigación ni imposición de penas en el Sistema Nacional Anticorrupción, por las deficiencias señaladas.

Además, tomando en cuenta lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que las declaraciones de los funcionarios públicos, aunque son de máxima publicidad, prevalece el principio de protección de datos personales, en muchos casos los ciudadanos no podrán estar enterados de las propiedades, bienes muebles e inmuebles que tienen los políticos o los representantes populares.

Función especial del Sistema será investigar a funcionarios de alto nivel como son los secretarios de estado, el Presidente de la República, diputados y senadores e inclusive a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y por lo que se refiere al Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, cuyo titular es la señora Jacqueline Peschard Mariscal, no tienen las decisiones que dicta  más que ser simples recomendaciones, y al final de cuentas no imponen sanciones.

En el asunto referente al espionaje del gobierno, que conoció este comité, se declaró que no tenía competencia porque correspondía a la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, reiteró Tejeda Ortega, este comité inicia funciones con cierto temor de enfrentarse al gobierno federal y a los funcionarios públicos.

Estas deficiencias tendrán repercusión negativa en Puebla, donde debe funcionar, como en todos los estados mexicanos, su Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo titular que ya es criticado, ha sido nombrado por senadores que quieren una “fiscalía a modo” de los intereses de la política.

A partir del 18 del próximo mes; lo aprobó la Suprema Corte de Justicia

En Puebla, como en todo el país, los funcionarios públicos tendrán por obligación que presentar su declaración “3 de “, a partir del 18 de julio próximo, al entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, aprobó esta obligación al declarar constitucional el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, informó el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Comentó que aun cuando desde el año pasado, por presiones de organizaciones civiles y con motivo de las recientes elecciones, sólo algunos funcionarios presentaron tal declaración, a partir de este año tendrán, por ley, que hacerlo todos.

Explicó  que aun cuando el Sistema Nacional Anticorrupción trata de que las declaraciones 3 de 3 tengan el principio de publicidad absoluta, en la citada declaración los datos íntimos personales y de su familia deben ser reservados por la autoridad

A la Dirección de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité Ciudadano de Participación se les atribuyen facultades, para que determinen  y valoren cuáles son datos personales  y cuáles no afectan la vida íntima de las personas.

Los ministros de la Suprema Corte señalaron que aun cuando la ley no define  cuáles son los datos personales y que puedan afectar la vida íntima de las personas y las puedan poner en riesgo, éstos pueden ser los  teléfonos de las personas, sus domicilios, el nombre y número de familiares que tengan, quiénes dependan de ellos, sus nombres y domicilios también de éstos.

En realidad, lo que llamaban de extrema publicidad en las declaraciones  3 de 3, ahora van a estar sujetas a reserva, así como los datos que puedan afectar la vida íntima de funcionarios.

El Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todos los funcionarios públicos a declarar, en primer lugar, todos los bienes que les pertenezcan a ellos, a su cónyuge o familiares.

En segundo lugar y en la Declaración de Conflicto de Intereses, deben señalar si puedan tener un conflicto por participar como accionistas en alguna empresa, o que tengan  relación con algunas empresas que pertenezcan a familiares.

Y en  tercer lugar, en la Declaración Fiscal,  deben dar a conocer cómo han pagado sus impuestos anualmente.

Esta iniciativa popular fue propuesta por el grupo  Sociedad Civil, y se aprobó dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero el Articulo 29 señala que sí es de máxima publicidad saber qué propiedades y dinero  tienen los funcionarios, pero hay ciertos datos que deben ser reservados porque son personales y  pueden afectar su seguridad y poner en peligro su vida.

Diputados  del Congreso de la Unión el martes de la semana pasada declararon válido el Artículo 29 e inválida una acción de inconstitucionalidad del mismo.

Tejeda Ortega reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción  entrará en vigor el 18 de julio de este año,  y desde esa fecha va a ser obligatorio que todos los funcionarios presenten su declaración 3 de 3, lo que permitirá a particulares pedir y recibir información necesaria.