A partir del 18 del próximo mes; lo aprobó la Suprema Corte de Justicia

En Puebla, como en todo el país, los funcionarios públicos tendrán por obligación que presentar su declaración “3 de “, a partir del 18 de julio próximo, al entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, aprobó esta obligación al declarar constitucional el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, informó el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Comentó que aun cuando desde el año pasado, por presiones de organizaciones civiles y con motivo de las recientes elecciones, sólo algunos funcionarios presentaron tal declaración, a partir de este año tendrán, por ley, que hacerlo todos.

Explicó  que aun cuando el Sistema Nacional Anticorrupción trata de que las declaraciones 3 de 3 tengan el principio de publicidad absoluta, en la citada declaración los datos íntimos personales y de su familia deben ser reservados por la autoridad

A la Dirección de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité Ciudadano de Participación se les atribuyen facultades, para que determinen  y valoren cuáles son datos personales  y cuáles no afectan la vida íntima de las personas.

Los ministros de la Suprema Corte señalaron que aun cuando la ley no define  cuáles son los datos personales y que puedan afectar la vida íntima de las personas y las puedan poner en riesgo, éstos pueden ser los  teléfonos de las personas, sus domicilios, el nombre y número de familiares que tengan, quiénes dependan de ellos, sus nombres y domicilios también de éstos.

En realidad, lo que llamaban de extrema publicidad en las declaraciones  3 de 3, ahora van a estar sujetas a reserva, así como los datos que puedan afectar la vida íntima de funcionarios.

El Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todos los funcionarios públicos a declarar, en primer lugar, todos los bienes que les pertenezcan a ellos, a su cónyuge o familiares.

En segundo lugar y en la Declaración de Conflicto de Intereses, deben señalar si puedan tener un conflicto por participar como accionistas en alguna empresa, o que tengan  relación con algunas empresas que pertenezcan a familiares.

Y en  tercer lugar, en la Declaración Fiscal,  deben dar a conocer cómo han pagado sus impuestos anualmente.

Esta iniciativa popular fue propuesta por el grupo  Sociedad Civil, y se aprobó dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero el Articulo 29 señala que sí es de máxima publicidad saber qué propiedades y dinero  tienen los funcionarios, pero hay ciertos datos que deben ser reservados porque son personales y  pueden afectar su seguridad y poner en peligro su vida.

Diputados  del Congreso de la Unión el martes de la semana pasada declararon válido el Artículo 29 e inválida una acción de inconstitucionalidad del mismo.

Tejeda Ortega reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción  entrará en vigor el 18 de julio de este año,  y desde esa fecha va a ser obligatorio que todos los funcionarios presenten su declaración 3 de 3, lo que permitirá a particulares pedir y recibir información necesaria.