• “…En Puebla, nuestros jueces son garantes de los derechos de los ciudadanos, defendiéndolos con imparcialidad, independencia y responsabilidad…”

Roberto Flores Toledano, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, basó su informe en cinco líneas estratégicas: Gestión Judicial; Áreas de Apoyo Judicial; Infraestructura, Modernización e Innovación; Educación y Capacitación, así como Transparencia y Administración de los Recursos.

Informó sobre la situación que guarda el Estado en materia de impartición de justicia ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, acompañado por Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, representante del Gobernador del Estado, Antonio Gali Fayad, por el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Politica del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui

Destacó que el Poder Judicial del Estado de Puebla, consolidó con éxito su transición al nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial; desde el 17 de junio de 2016 opera en su totalidad en toda la entidad.

“Hoy, en Puebla, podemos afirmar con orgullo que el juez ve a los ojos al imputado, garantizando en todo momento la reparación del daño y priorizando el respeto a los derechos humanos de la víctima u ofendido”, expresó el Magistrado Presidente durante su discurso.

Asimismo enfatizó que los logros en este año han sido significativos, el Tribunal pasó del lugar 22 al 14 en el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial, en el rubro de cumplimiento de contratos por entidad federativa. Otro logro fue la obtención del tercer lugar de cumplimiento a nivel nacional en torno al Programa de Institucionalización, Transversalización y Fortalecimiento de la Perspectiva de Género en los Tribunales Superiores de Justicia.

Para optimizar los tiempos, el Sistema de Control y Gestión Judicial se implementó en los juzgados familiares. Asimismo en el presente año las partes litigantes registraron 198 cuentas de correo electrónico, a través de las mismas se permitió el ingreso a mil 540 expedientes. 

Se realizaron 6 mil 37 notificaciones electrónicas, mil 39 en materia civil, 2 mil 991 en mercantil, mil 990 en asuntos financieros y 17 en familiar, también se digitalizaron un total de 221 mil 237 acuerdos y sentencias. Asimismo se registraron 7 mil 983 visitas al calendario de audiencias de oralidad penal.

Por otra parte, el Centro Estatal de Mediación incremento el nivel de eficiencia de los acuerdos obtenidos durante el desarrollo del procedimiento de mediación, pasando de un 61 por ciento durante 2015, a un 75 por ciento en 2016. También se entregó el nuevo edificio que alberga la sede del Centro Estatal de Mediación y se incorporó una sala de mediación donde se atiende a  personas con discapacidad motriz.

El Servicio Médico Forense realizó un total de 2 mil 918 necropsias  y llevó a cabo 32 mil 930 dictámenes de diferentes áreas; el personal de SEMEFO capacitó a médicos legistas-forenses, antropólogos, estomatólogos y criminalistas de los estados de Coahuila, México, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato y a peritos de Ciudad Juárez y Coahuila.

En materia de Infraestructura y Modernización, se puso en funcionamiento el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Puebla y las Casas de Justicia de Tehuacán, Ciudad Serdán, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Chiautla de Tapia y San Martín Texmelucan con el equipamiento tecnológico necesario.

Actualmente se tienen un total de 43 salas para la celebración de las audiencias de oralidad, distribuidas en 14 Casas de Justicia y en el Centro de Justicia Penal del Distrito Judicial de Puebla.

En cuanto a educación y capacitación, el Instituto de Estudios Judiciales, capacitó a 779 personas en temas como el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Litigación Oral, Salidas Alternas para Resolver Conflictos en el Sistema Acusatorio y Acto de investigación y Prueba en el Sistema Penal.

La fortaleza de los programas de Especialidad y Maestrías, es el perfil de los docentes ya que además de ser operadores judiciales certificados, se encuentran inmersos en el mercado laboral como Jueces de Oralidad, Defensores o Ministerios Públicos.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información brindó ocho capacitaciones a Magistrados, Jueces, y personal administrativo, con los temas de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se atendieron mil 148 solicitudes de Acceso a la Información Pública, lo que representa un incremento del 12 por ciento con respecto a las del año anterior.

El Voluntariado del Poder Judicial, que encabeza la Vocal Titular, Adriana Rodríguez de Flores Toledano, priorizó la convivencia entre los padrinos del Poder Judicial y los niños de  los Albergues Indígenas “Ignacio Zaragoza” y “Una Luz en el Camino”, ubicados en el municipio de Tepexi de Rodríguez.

El Magistrado Presidente convocó a la unión institucional al plantear que: “Es tiempo de fortalecer nuestro estado de derecho, de remover el velo de la ignorancia a través de nuestras decisiones jurisdiccionales, de luchar en contra de la arbitrariedad y la incertidumbre jurídica, de actuar con imparcialidad y compromiso social”.

En su mensaje el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, puntualizó que el Poder Ejecutivo mantendrá una estrecha colaboración con el Poder Judicial “Unidos en un interés superior, la justicia pronta y expedita”.

Asimismo destacó que las 14 Casas de Justicia y 43 salas de oralidad,  constituyen un referente a nivel nacional en infraestructura y tecnología, ya que Puebla se ubica entre los primeros 10 Estados del país que más avanzó en la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Penal.

Finalmente el Secretario General de Gobierno enfatizó que los avances son importantes y significativos, “El informe que hoy escuchamos da cuenta del compromiso de seguir avanzando en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, estamos conscientes que falta mucho por hacer en el trabajo de la justicia cotidiana”.

Con estas acciones el Poder Judicial del Estado de Puebla refrenda su compromiso de una impartición de justicia ágil, transparente, al alcance de todos y garante de los derechos humanos.