La cultura debe ser un derecho intergeneracional

Viernes, 17 Enero 2025 21:10 Escrito por Redacción

•    Analizarán en Comisiones puntos de acuerdo en materia de transporte y seguridad

PUEBLA, Pue. - Para conservar y fomentar el patrimonio tangible e intangible en la entidad, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura del Estado de Puebla, a fin de establecer el derecho a la cultura, entendido como un derecho intergeneracional.

En su intervención, durante sesión ordinaria de Pleno, la diputada expuso que la cultura es un factor de identidad individual y colectiva, por lo que debe considerarse un derecho y preservarse a través de los años.

“No perdamos de vista que la cultura es una fuerza poderosa en esta sociedad, capaz de unir a las personas que la integramos, ayudando así a desarrollar la identidad individual y colectiva de cada una de las generaciones de poblanas y poblanos orgullosos de nuestras raíces”, mencionó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes, para que incorpore la figura de observadores ciudadanos en el programa de revisión de unidades del transporte público.

“Estoy segura de que la participación activa de asociaciones, colectivos e instituciones asegurarán la transparencia de dichas revisiones para lograr los objetivos de modernización y calidad en el sistema de transporte público”, señaló.

En tanto, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo dirigido al Gobierno del Estado y a las autoridades municipales para que implementen medidas de seguridad preventivas en los procesos de renovación de las juntas auxiliares, garantizando la integridad física de todas y todos los aspirantes y candidatos que participan en estos procesos plebiscitarios.

Lo anterior, mediante operativos coordinados entre la Policía Estatal y las municipales, a fin de salvaguardar el orden y la paz de las comunidades durante el desarrollo de estos plebiscitos y reforzando la seguridad en aquellas zonas consideradas con alto riesgo.

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