El encontronazo entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se agudizó por las declaraciones hechas  el día 23 de agosto en su conferencia mañanera por el Ejecutivo Federal en el sentido de descalificar y cuestionar el trabajo, profesionalismos y credibilidad de la CNDH como consecuencia de la emisión de la recomendación 29/2019, relativa a la Cancelación del Programa de Estancias Infantiles, posición reforzada por la Comisión permanente del Congreso de la Unión, que se negó a citar a comparecer a los funcionarios responsables del gobierno federal, que, a su vez, se negaron a aceptar dicha recomendación, obligó a la Comisión a amagar con llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU lo que motivó el malestar del Presidente de la República acusando al organismo de no haber hecho nada en el caso de la Guardería ABC, cuando es público que sobre dicho caso la CNDH emitió oportunamente una recomendación, el 31 de julio de 2009 la número 49/2009, que a la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.

            Este diferendo tal parece no se resolverá en el corto y mediano plazo, por la postura que ha tomado el ejecutivo federal, haciendo de lado que independientemente de los casos de corrupción y abusos cometidos con los recursos asignados a este programa en los gobiernos anteriores, es obligación del estado mexicano defender los derechos humanos de los niños y las niñas, así como también de las madres y padres trabajadores.

            La postura de la CNDH contenida en la recomendación 29/2019, no está en contra de que se hagan modificaciones a los programas anteriores en esta materia, sino lo que propone es que se fije un mecanismo que permita hacer vigentes los derechos humanos vulnerados y que se destinen los recursos públicos suficientes para cumplir con dicho objetivo.

            Es evidente, que el trabajo de la CNDH en este caso, busca defender los derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y de otros grupos vulnerables y observa que es una obligación y responsabilidad del Estado mexicano y de todos los servidores públicos, en los que se incluye el Presidente de la República, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

            Sobre todo hace hincapié, en que la recomendación, es resultado de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional.

             Reflexiona, en el sentido de señalar puntualmente que dicha recomendación, no pretende inhibir que se implementen medidas de austeridad y control presupuestal o prevenir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiese cometido en administraciones anteriores. Tampoco se opone a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, lo anterior no puede traer como consecuencia que se vulneren los derechos d niñas, niños, así como de las madres y padres trabajadores.

            Lo mejor sería buscar un mecanismo alterno de solución a este diferendo, tomando en consideración que lo más importante es proteger el interés superior de la niñez, que se ha visto afectado por este diferendo

             Durante 2018 el gobierno federal destinó mil 150 pesos al mes por niño atendido en las estancias infantiles, recurso que era contributivo porque una tercera parte la pone la madre, otra el Estado y otra la empresa, esos recursos que ya eran pocos, para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó dos mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los cuatro mil 70 millones erogados en 2018.

La reducción a este importante rubro de apoyo a grupos vulnerables, acaeció sin un argumento convincente que justifique la decisión, se ha declarado por el Presidente López Obrador, que existía un grave problema de corrupción en estas estancias, que incluso grupos cercanos a las autoridades anteriores crearon redes de guarderías para acaparar los recursos y beneficiarse entre familiares, que muchos de los recursos se quedaban en manos de los funcionarios y que no llegaban a las responsables de las guarderías, que había niños fantasma que supuestamente acudían a las guarderías y no se les localizó ó aparecían registrados hasta en tres sitios. El presidente en su discurso puede tener la razón, pero en todo caso que ordene una investigación a fondo en contra de los exfuncionarios, audite los recursos y verifique la demanda social de las guarderías, ya que no es posible generalizar los casos y antes de investigar aplicar el recorte como ya se anunció, en mi opinión la forma es fondo y si de verdad se trata con esta medida de combatir un área donde ha proliferado el dispendio de los recursos públicos y la corrupción, antes debió planearse,¿ cómo se va a cubrir el servicio para  los 313 mil niños que asisten a las estancias? Se ha dicho que el dinero se entregará en forma directa a los padres de familia, sin embargo todos dudamos, que efectivamente lo destinen para la guardería de sus hijos y seguramente se usará para otras necesidades de las familias,¿ o si los recursos eliminados se destinarán a otro rubro que resulte en una mejor atención para los niños?

Sería conveniente que el Presidente modifique su postura y atienda la recomendación fortaleciendo el sistema de guarderías, aplicando sanciones severas a quienes se involucren en actos de corrupción y exista una supervisión profesional del servicio que se presta en dichos lugares, a fin de evitar los abusos y simulaciones del pasado.