Columna | Desde el portal

 La inminente aprobación -por el Senado y los Congresos locales-, de la Reforma Judicial, ha propiciado una confrontación entre los Tres Poderes de la Unión lo que, indudablemente, no puede provocar inestabilidad social en el país porque el control político de la Nación está garantizado y lo que sí evidencia es el manejo tergiversado de la Ley.

 Asumiéndose como el máximo poder, el Judicial pretende pasar por encima del Ejecutivo y el Legislativo, cuando ambos tienen sustento constitucional y base popular, porque fueron electos por el pueblo, en tanto que el Judicial es y ha sido producto de las designaciones y la formación académica de sus integrantes es de suyo un requisito fundamental.

 Lo que se busca ahora es que las autoridades -alcaldes, ediles, diputados a los congresos locales y el Federal, senadores, gobernadores y el Ejecutivo Federal-, tengan la aprobación del pueblo y que en sus recorridos en campaña cuenten con el visto bueno o el respaldo popular para tener autoridad política y moral para el ejercicio de sus funciones.

 Sin embargo, no se acepta, cuando está claro que para aspirar a tales cargos se debe cumplir con lo exigido y, como seguramente ocurrirá, cuando haya más de diez aspirantes -20,30,40,50-, que cumplan con lo exigido, se puede hacer un sorteo o echar un volado para elegir al agraciado sin demérito del perfil académico del resto; pero esto, se ha manipulado y confundido.

TURBULENCIAS

Haydee, como Xóchitl, toca puertas del Palacio

 La sonorense Reyna Haydee Ramírez pone en el tapete de las discusiones la libertad de expresión, la censura y la relación medios-poder, al impedir Jesús Ramírez su acceso a Palacio Nacional por violar el reglamento en Las Mañaneras e impedir -cada vez que participa-, la participación de otros comunicadores ya que ocupa más de 40 minutos en cada pregunta. La periodista dijo que se le impidió el acceso este jueves porque iba a cuestionar al presidente AMLO sobre la corrupción en Segalmex y otros casos pendientes, a 26 días de que concluya su sexenio…La jueza Martha Eugenia Magaña y el juez Felipe C. Soto, promoventes del amparo para impedir la aprobación de la Reforma Judicial, fueron exhibidos como incondicionales de la ministra Norma Piña al publicarse fotografías donde departen alegremente en convivios familiares, por lo que queda claro que la presidenta de la SCJN es férrea opositora de la IV-T pese a que el movimiento de transformación tiene mayoría no sólo en el Congreso de la Unión, sino en los estados y municipios de la República lo que será difícil echar abajo el dictamen ya en el Senado…El presidente López Obrador ha destacado que está tan sustentado la suspensión decretada por ambos jueces que hasta el mismo Diego Valadés, famoso abogado, lo ha señalado que no tiene ninguna viabilidad, lo cual demuestra que la impartición de la Ley o la procuración de justicia se base en interpretaciones que pueden ser válidas o inaceptables, de acuerdo al color con el que se mire. De todos modos, arrecia el enfrentamiento y la polarización en la sociedad, aun cuando no se conoce a fondo la reforma, pero que finalmente saldrá porque para esos son expertos los que manejan los hilos del poder en el país…Se espera el arribo de jefes de Estado, presidentes y jefes de Gobierno de diversos países a la ceremonia de toma de posesión de la Dra Claudia Sheinbaum como presidenta de México el próximo uno de octubre y en días próximos será el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente quien de a conocer quienes han confirmado su presencia en México…

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Columna | En Pocas Palabras

CIUDADANOS POR MUNICIPIOS Transparentes -Cimtra, desde 2002 se lanzó a la tarea, vaya labor, de evaluar y fomentar la transparencia en gobiernos estatales y Congresos locales, para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia empleando herramientas de medición, y seguimiento sobre esos niveles de transparencia. Recientemente, en plática con José Ojeda Bustamante y Javier Castellanos Vázquez, coordinadores nacional  y regional de CIMTRA, en Puebla y Tlaxcala, respectivamente, integrada por organizaciones civiles en alianza voluntaria, nos comentaron que por segunda ocasión entre septiembre y noviembre de 2022, evaluaron en el poder Legislativo de las 32 entidades del país y de diciembre 2022 a mayo de 2023, se analizaron y procesaron los resultados, que entre nos, da pena ajena porque la transparencia va para atrás o está allí, presente, como siempre.  

El promedio nacional de calificación es reprobatorio: 46.5 pero sube 6 puntos en relación a 2020. Vaya alivio. Y es que para los diputados no es prioridad eso de la transparencia. Como exponen los académicos: predomina la opacidad. En las nuevas Legislaturas, apuntan, mismas opacidades, y hacen hincapié en que todavía hace falta experiencia y capacidad administrativa en todo el país. Y qué creé, pues que derivado de la evaluación CIMTRA, se identificaron algunos riesgos de corrupción debido a la falta de información publicada, tales como la captura de puestos, presupuestos y decisiones…

Los coordinadores, Nacional y regional de Puebla y Tlaxcala Ojeda Bustamante y Castellanos Vázquez proponen entre oros puntos, para mejorar el marco de apertura de los congresos locales: 1)-Crear una Ley de Designaciones Públicas local, garantizando la máxima apertura, objetividad y la participación ciudadana. 2)-Crear y emitir un lineamiento de transparencia y apertura especial para la aprobación de cuentas públicas. 3)-Crear una figura ciudadana de Contraloría Social que observe y vigile a los comités de administración (adquisiciones). 4)- Reformar la Ley de Participación Ciudadana local para disminuir requisitos para presentar iniciativas ciudadanas e incluir las opiniones sobre iniciativas trascendentales. 5) Integrar un modelo ciudadano de oìrgano interno de control con titulares seleccionados por convocatoria puìblica…

Es una tarea muy complicada, vemos lo que ocurre con el Instituto de Transparencia -INAI- cuyas acciones están detenidas porque, sencillamente este gobierno teme transparentar sus acciones. Como ejemplo están algunos resultados del trabajo de CIMTRA: apenas 8 Congresos, (25%) de 32, aprobaron en transparencia. O sea que el resto, 24 tienen una calificación reprobatoria. Entre los Congresos aprobados, que más han sido evaluados se encuentran Chihuahua, Jalisco y Puebla y los de  calificaciones más bajas; menos de 20 puntos son: Aguascalientes, Durango, Querétaro y Morelos.

En esta labor, parte importante la tuvieron las jóvenes licenciadas en Administración Pública y Gestión para el desarrollo, por la BUAP, Tabata Gárfias Gama, Liset Domínguez Martínez y Carmen López Becerra. Al haber alcanzado “la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos, así como principalmente conocer la medición de CIMTRA, logré percibir, detectar, evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales. Encontré inconsistencias, como: la falta de compromiso por los congresos para dar a conocer en las páginas oficiales información vigente. Si no hay páginas actualizadas, entonces no hay transparencia…”, nos comenta Tabata… “Fue una experiencia muy productiva el haber participado en la evaluación a los Congresos, ya que me permitió conocer más a detalle su confirmación y así mismo los datos que se deben transparentar y poner a disposición de la ciudadanía”, expresa Liset.

La organización Ciudadanos por Municipios Transparentes, nos adelantan José Ojeda Bustamante y Javier Castellanos Vázquez, proyecta nuevos trabajos para identificar y difundir a la opinión pública, expertos, académicos, líderes de opinión y particularmente a los legisladores locales y a las Unidades de Transparencia de los Congresos, el nivel de transparencia proactiva de los 32 Congresos del país bajo los parámetros de la herramienta CIMTRA-Legislativo y algunas obligaciones de éstos, de acuerdo con la LGTAIP desde un enfoque de Parlamento Abierto…

VERANO CALIENTE?... NO…ARDIENTE!!!...Lo siguiente es un aviso parroquial. El próximo miércoles, se iniciará el verano, que viene más ardiente que el final de la primavera con temperaturas de hasta 50 grados. Generalmente las temporadas veraniegas llegan con lluvias y tormentas intensas en algunas regiones; peeerooo…en esta ocasión tenemos encima, la tercera ola de calor y según los pronósticos, terminará esta semana, o quizá, se tenga que soportar hasta fin de mes…uf, uf… Para Puebla capital,  ésta semana, pronostican una temperatura de 32° con sensación térmica de hasta 35 grados…qué cosa!...

No está por demás seguir las recomendaciones para soportar esta ola calurosa, entre ellas: evitar asolearse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y tomar agua, mucha agua, simple, aunque no tenga sed… También procuren comer alimentos frescos, frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos. Usar protector solar (mínimo FPS de 15), lentes de sol, gorra o sombrero son otras medidas protectoras…IMPORTANTÍSIMO es cuidar a infantes y jóvenes de la tercera edad, como yo, y a sus mascotas…

INFORMACIÓN POLÍTICO-CULTURAL: Para su conocimiento le comento lo siguiente: El solsticio de verano en el hemisferio norte, en este se localiza nuestro país, es el día 21 del actual, por lo cual el verano 2023 tendrá una duración de 93 días, y acabará el 22 de septiembre, cuando inicie el otoño, Y qué creé. Pues que, si la temperatura está ardiente, en el ambiente político, hablando de bebidas y comidas, las “corcholatas” de Palacio, Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo, Gerardo y Manuel, están “quemándose” y solo una de ellas no saldrá “tatemada”. Y es que mañana lunes, “oficialmente” iniciarán la “ruta del taco”, no es cierto, perdón, principiarán su gira, sin dinero para gastos, en busca de alcanzar la benevolencia del pueblo para definir al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación. El recorrido por todo el territorio nacional, concluirá por allá del 27 de agosto…aguantarán la canícula?...tan, tan…Hasta la próxima…D.M.

Por entrar en vigor la reformada Constitución Política de la Ciudad de México

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que los Congresos locales tienen la facultad de crear, ampliar y regular nuevos derechos humanos dentro de su territorio,  como es el caso de la Ciudad de México, sin que se vulnere lo establecido  en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales.

Los Ministros de la SCJN además, en nueve sesiones llevadas a cabo en semanas anteriores, declararon constitucionales la mayoría de los artículos que conforman la Constitución Política de la Ciudad de México, validando dicha Carta Magna elaborada por el Primer Constituyente de la Capital del País.

Al informar lo anterior en entrevista, el constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega dijo que dentro de los nuevos derechos humanos que se reconocen para la Capital del País, se encuentran: El derecho a la muerte digna que tienen las personas; el derecho al uso de la marihuana (cannabis Índica) con fines medicinales; la revocación del mandato de los representantes populares de la Ciudad de México; la creación de juzgados especiales y una sala constitucional perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de esa capital,  competentes para conocer de cualquier violación a los derechos humanos en su jurisdicción.

En lo que no estuvieron de acuerdo los Ministros y declararon su inconstitucionalidad, fue la forma de integración del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estableciendo que debe de existir una mayoría de consejeros egresados del Poder Judicial Local.

La Constitución Política de la Ciudad de México reformada, remarcó Tejeda Ortega, entrará en vigor el próximo día diecisiete de este septiembre, por lo que fue necesario analizar previamente a su vigencia diversas acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República y diversos partidos políticos, entre ellos MORENA.

       Lo que está pasando en la política mexicana, no tiene antecedente en toda nuestra revuelta historia patria, desde la Independencia, hasta la época actual, empezando porque en un solo día, se votará por el cambio de los poderes federales, estatales y municipales, excepción de Baja California Sur y Nayarit, que solo tendrán elecciones federales.

      Nueve estados, entre ellos Puebla, tendrán cambio de gobernadores, de congresos locales y ayuntamientos. Otros, solo cambiarán ayuntamientos y congresos locales. Pero no gobernador.

       En total, en el país, según información proporcionada por el doctor Marcos Rodríguez, Consejero Local del INE, en Puebla se votará para elegir 278 cargos estatales y federales, entre gobernador, diputados locales, presidentes municipales y diputados federales y senadores, así como Presidente de la República.

       Los nuevos funcionarios que serán electos en el resto de los estados, serán 3 mil 500.

       En Puebla el padrón electoral tiene inscritas a 4 millones 400 mil personas, lo que requerirá la capacitación, organización y supervisión de un mundo de gente. En el país se requerirán 67 mil 500 funcionarios de casillas. En Puebla se instalarán 7 mil 509 casillas en toda la entidad.  Y cada casilla deberá tener además de los funcionarios (un presidente, un secretario y dos escrutadores) representantes de todos los partidos políticos y candidatos.

       Sabemos por experiencia que los partidos, excepción hecha de PRI, PAN, PRD y ahora de Morena, los demás no tienen capacidad real para nombrar representantes de casilla. Es más, muchas veces ni siquiera los cuatro partidos considerados como los más fuertes, cumplen adecuadamente con ese requisito. Lo hacen solo en forma parcial.

       Nos dice Marcos Rodríguez, que en Puebla serán contratados un mil 877 capacitadores y 323 supervisores, que ganarán mensualmente de febrero a julio, mes de la elección, 7 mil 500 pesos los capacitadores y 12 mil 500, los supervisores. Esa es hasta el momento, la única ventaja que encontramos a este proceso electoral. Habrá empleo temporal para un buen número de personas, principalmente jóvenes, con un salario justo. Por lo demás, los partidos y los candidatos, están convirtiendo todo esto en un espectáculo del que muchos hablan y nadie entiende.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó un precedente por de más trascendental para la vida democrática de nuestro país, declarando constitucional la reforma denominada “Sin Voto no hay Dinero”, impulsada por el Diputado Independiente, Pedro Kumamoto, luego de que la misma hubiera sido impugnada por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, acción que permite ver el grado de compromiso de estos partidos con las demandas ciudadanas y que lo que menos les importa es seguir despilfarrando los recursos que reciben en forma de prérrogativas.

Como antecedente, podemos señalar que, la “Ley Kumamoto” como también se le conoce, fue aprobada por el Congreso de Jalisco, el primero de junio del presente año, dicha ley, permite reducir el financiamiento público a los partidos políticos, hasta en un 60 por ciento de lo que actualmente reciben y que representaría un ahorro para el gasto publico jalisciense, en año no electoral de alrededor de 181 millones de pesos, y en los años electorales se estarían ahorrando 193 millones de pesos.

De acuerdo con la reforma aprobada, en años electorales, el recurso a los partidos políticos en Jalisco, se repartirá según los votos válidos que obtengan en la elección inmediata anterior, por el 65% del valor de la Unidad de Medida, antes salario mínimo, y ya no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otra parte, en años no electorales el dinero se repartirá conforme al padrón electoral, pero ahora solo por el 20% de la Unidad de Medida. Es decir, en los años en los que exista un proceso electoral para renovar los puestos de representación popular (cada 3 años), el dinero que recibirán los partidos políticos dependerá del número de ciudadanos que hayan convencido de votar por ellos, y en un año donde no haya proceso electoral, el dinero que se les otorgará, se asignara mediante la fórmula actual estipulada por la Constitución Política, pero la misma tendrá la variante de multiplicarse solo por el 20% de la Unidad de Medida (salario mínimo) y ya no por el 65% .

Como se puede observar, dicha ley está fundada, en el reclamo de los ciudadanos contra los Partidos políticos, el INE y los Institutos Electorales, por las sumas exorbitantes que reciben anualmente, aún en años no electorales y que en su gran mayoría se utilizan para mantener a los líderes y camarilla de integrantes de los Partidos, en la completa opacidad.   

Por lo anterior, resulta incomprensible justificar por qué dicha iniciativa permanece congelada en el Congreso de la Unión, desde enero de este año, fecha en que fue presentada por el diputado independiente y que no ha sido ni siquiera discutida; o por que los diputados de los 32 congresos locales no han tratado de reproducirla en sus estados para demostrar a la sociedad que realmente les preocupa el adecuado y racional uso de los recursos públicos que reciben.

Porque para ello, los Congresos de los Estados solo tendrían que hacer uso de su autonomía para legislar en este sentido y aprobar una ley que emule a la Ley Kumamoto, o hasta mejorarla, y así lograr modificar el financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, además del federal, para que el dinero que se ahorre sirva para cubrir necesidades como, educación, salud o el combate a la extrema pobreza en que están  más de 64 millones de habitantes de nuestra nación.

Es importante que todos los representantes locales o federales, tomen conciencia, que el constructo democrático de nuestra nación, requiere instituciones que cumplan con una verdadera función social de protección a los intereses ciudadanos, revestidas con valores fundamentados en el bienestar social y que es menesteroso y hasta urgente erradicar de la vida política a las faraónicas instituciones que solo velan por sus propios intereses, lacerando con ello, la economía nacional y abonando al crecimiento de una crisis económica que cada día afecta a la mayoría de la población.

Es difícil, que los legisladores de los Partidos Políticos en los Congresos federal y locales, aprueben una ley que les afecte en sus intereses y privilegios, que les ha permitido tener un “modus vivendi” a expensas del trabajo de quienes en este país pagamos impuestos.