En días pasados se dio a conocer la noticia de que la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), y un colectivo de ONG mexicanas, entre las que destacan: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende); presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Crímenes detalladamente documentados en el reporte especial de Gloria Leticia Díaz, titulado “Entre el infierno y la esperanza”, en el que da cuenta del dramático número de casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas, con la complicidad del Ejecutivo del Estado.

En la denuncia se plantea una investigación sobre más de 500 casos concretos, durante esos dos periodos de Gobierno en Coahuila con testimonios e información clave con los que se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

El documento pretende probar que se ha registrado un ataque sistemático contra la población civil de Coahuila, lo cual, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, daría competencia para que la CPI indague a funcionarios y ex funcionarios mexicanos en específico.

Pero para ofrecer al lector un sentido más claro de lo que representa para una sociedad la presencia de un delito de esta naturaleza y el impacto que ocasiona en nuestro país, empezare por tratar de responder a la pregunta de ¿qué es un delito de lesa humanidad?, donde, la respuesta debe elaborarse necesariamente en el marco del derecho penal internacional y derecho humanitario, que a través del tiempo fueron creando normas, que prohibían ciertas conductas, y de esa manera pretendieron proteger los bienes jurídicos de mayor trascendencia e importancia para el ser humano, como son la vida y la libertad personal. 

El concepto fue evolucionando a través de la historia y ampliándose la nómina de actos prohibidos, llegando a la definición más elaborada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI), que reclama también, la concreción de elementos objetivos y subjetivos para conformar un tipo penal especial, que se hallan comprendidos, como dice el preámbulo del Estatuto de Roma (cuarto párrafo) entre “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.

En términos generales son delitos contra la humanidad aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad física, libertad, etc.), que pueden cometerse en tiempo de paz o de guerra, pero necesariamente en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, donde se le exige al autor el conocimiento de dicho ataque.

Con base en lo anterior, es más que evidente que la presencia de este tipo de delitos en nuestra sociedad lo único que demuestran es que estamos llegando al grado máximo de descomposición del tejido social, donde la identidad de la autoridad está confundiéndose con la de la delincuencia, es decir, buenos y malos actuando en conjunto contra la sociedad, cegados por la ambición y el poder.

Por ello, los ciudadanos tenemos la obligación de actuar, de salir del pasmo social en que nos han sumergido gobernantes desleales y deshonestos, la denuncia ante la CPI es un primer paso, pero además los ciudadanos podemos expresar nuestro repudio contra estos actos inhumanos, el primer domingo del mes de junio del año 2018, fecha en que los ciudadanos tomemos con responsabilidad nuestro derecho al ejercicio del voto y con él, echar de la vida política de nuestra nación a los Moreira, Duarte, Borge, Padres, en fin, toda esta estirpe de virreyes, que no han representado más que sus propios intereses y de sus aliados y cómplices, seguramente a esta lista de gobernadores violadores de Derechos Humanos se sumaran otros como Graco Ramírez de Morelos.

Por que como nación, como ciudadanos, ¡Debemos encontrar en la legalidad de nuestros actos, la legitimidad de nuestros reclamos!