Si algo podemos reconocer en el gobierno del presidente López Obrador en lo cual ha sido muy consistente, es en sostener a sus funcionarios en los puestos, a pesar de los errores o anomalías en los que han llegado a incurrir; las denuncias e investigaciones casi nunca proceden y terminan archivadas en la función pública o en las fiscalías cuando se trata de la comisión de delitos. La regla es que se les perdona o bien se minimizan con el objetivo de que los responsables continúen en sus puestos y al poco tiempo queden en el olvido sus faltas y desaciertos en el ejercicio de sus funciones.

Ejemplos podemos citar muchos a lo largo de este sexenio, desde el caso Segalmex, cuyo responsable Ignacio Ovalle Fernández, fue cambiado de puesto y ahora despacha en otra área de la administración federal; el caso del Comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yañez presunto responsable de la muerte de cuarenta  migrantes en la estación de Ciudad Juárez y que se encuentra sujeto a proceso por los cargos presentados por la fiscalía general de la república, hace nueve meses y que sin embargo fue defendido por el presidente en su conferencia mañanera como un funcionario honesto.

Al revisar lo que sucede con los Gobernadores de los Estados que llegaron al cargo impulsados por Morena y sus aliados, la situación no es diferente y sobre todo en entidades sumidas en la violencia e inseguridad originada por los cárteles de la delincuencia organizada que controlan varios municipios y territorios y que han obligado a sus pobladores a abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros estados, para no tener que sumarse a los cárteles o perder la vida en los enfrentamientos armados, resaltan estados como Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Baja California, en los que nada parece detener los homicidios y disputas entre los grupos delincuenciales por el control de los territorios, así como de las principales actividades económicas para subir los precios de los productos y cobrar el derecho de piso a comerciantes y empresarios.

Los números de muertos y desparecidos aumentan todos los días y ni la Guardia nacional, ni el ejercito mexicano han podido detener esta escalada, en la que los gobiernos estatales y municipales han sido rebasados y no tienen forma de garantizar a los ciudadanos, ni su seguridad, ni la paz para poder trabajar y hacer sus vidas.

En otros períodos presidenciales, se estilaba pedir las renuncias de los funcionarios que no cumplían con su cargo o que incurrían en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; desde Procuradores, Secretarios de Seguridad, hasta gobernadores, se veían obligados a presentar sus renuncias o eran destituidos, cuando una situación se volvía incontrolable o bien, cuando ocurrían matanzas o actos que se violaban los derechos humanos de los ciudadanos; esa era una de las primeras medidas que se tomaban, a fin de evitar que se contaminarán las investigaciones y se fincara responsabilidades a los funcionarios implicados.

Hoy, esto ya no ocurre, las noticas de ejecuciones, matanzas, quemas de inmuebles, balaceras, denuncias por colusión de funcionarios con delincuentes, enriquecimiento ilícito de gobiernos y de protección a los carteles, ya no es visto como una causa suficiente para la renuncia o destitución de autoridades, sino por el contrario siguen en los cargos y en ningún momento son investigados o sancionados administrativa o penalmente.

Las cifras del número de homicidios dolosos del gobierno actual, quedarán para la historia, llegando hasta la semana pasada según cifras oficiales a 166,193, 4892 feminicidios y 43 periodistas a los que se acumularán los de los meses que faltan por concluir el gobierno del presidente López Obrador, con lo que supera los números del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

El caso del estado de Guerrero que gobierna la hija del senador Felix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, es alarmante y después de los daños humanos y materiales que dejó el huracán OTIS principalmente en el Puerto de Acapulco y las poblaciones de la costa, la población ha visto el aumento de las disputas de los grupos de la delincuencia organizada por el control del estado, para manejar las principales actividades económicas, no sólo en Acapulco, sino que poblaciones como Iguala, Taxco y la capital Chilpancingo viven en asedio y violencia de los carteles de los ardillos, la vela, los rojos, los tlacos y guerreros unidos.

Así en junio del año pasado en Chilpalncingo se encontraron siete cuerpos desmembrados de cinco hombres y dos mujeres; en julio fueron asesinados dieciocho choferes del transporte público de taxis y colectivos; en agosto en Tecpan de Galeana en un enfrentamiento de los grupos murieron seis adultos y un niño en una cancha de futbol; en el mismo mes fueron victimas de una balacera la prima de la gobernadora y su esposo, que finalmente perdió la vida a causa de los disparos que recibió; posteriormente a finales de 2023, en Chilpancingo fueron encontrados desmembrados los cuerpos de dos mujeres que habían sido secuestradas.

Las disputas por el control del transporte público en Acapulco, que es victima del cobro de piso y de cuotas por los delincuentes, originó que los permisionarios decidieran suspender el servicio en demanda de que las autoridades les otorguen seguridad para los choferes y las unidades que han sido quemadas, sin que se detenga a los responsables.

Taxco también ha padecido la misma situación y ni la guardia nacional, la marina, ni los diez mil militares desplegados por el gobierno federal en Guerrero han servido para frenar la violencia e inseguridad que se ha enseñoreado en las principales ciudades del estado, dejando al descubierto la incompetencia de las autoridades estatales, desde la gobernadora Evelyn Salgado, su secretario de seguridad y de los Presidentes Municipales, que sólo se han concretado a hacer declaraciones y a prometer soluciones a los ciudadanos que han quedado a merced de la delincuencia, causando daños irreversibles y un clima que alejará al turismo y que origina pérdidas económicas al estado; pero nadie renuncia, ya que el Congreso del estado y federal, han eludido exigir resultados e investigar a fondo a funcionarios que seguramente se encuentran coludidos con los carteles y que ahora sólo tienen en mente reelegirse o buscar otras posiciones que les den impunidad y poder para seguir con sus carreras políticas.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Columna | ETIQUETA CON DESTINO

•    Hacen propuestas a AMLO ante la crisis de salud y económica
•    Piden que participen Gobernadores y Congresos estatales

Cuando todo parecía que el 2020 podría ser un buen año para el ingreso de remesas de los Estados Unidos para México, porque en el primer mes del año (Enero) ingresaron a nuestro país 2 mil 582 millones de dólares, lo que representó un aumento del 5.18 %, respecto al mismo periodo de 2019, el ingreso del Coronavirus vino a trastocar la vida de muchos municipios del país con la caída abrupta de esos ingresos a miles de familias.

Durante todo 2019 las remesas ascendieron a 36 mil 048 millones de dólares lo que representó un incremento del 7.04 % respecto a los 33 mil 677 millones de dólares que se recibieron en el 2018.

Estos recursos representan la segunda fuente de divisas de México, después de las exportaciones automotrices, y son de los residentes mexicanos en el extranjero, pero fundamentalmente de Norteamérica.

De acuerdo a estimaciones de los analistas de BBVA las remesas para México podrían reducirse en un 17 % durante el 2020 lo que ubicaría el ingreso en un monto cercano a los 29 mil millones de dólares.

Sin embargo, el flujo de recursos provenientes del extranjero es sólo estimado y depende del tiempo que dure la Pandemia, sobre todo en los Estados Unidos y porque los estados donde hay más mexicanos son Nueva York y California.

Aunado a lo anterior 31 agrupaciones de migrantes en los Estados Unidos hacen un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los 32 gobernadores, así como al Congreso de la Unión, para que en forma conjunta se busquen salidas a la crisis económica que vivirán los mexicanos en el extranjero y sobre todo ante el endurecimiento de las medidas contra quienes no cuentan con la ciudadanía norteamericana por parte del gobierno de Donald Trump.

En un manifiesto las organizaciones unidas piden ser escuchadas y atendidas al considerar que por el simple hecho de ser mexicanos debemos formar parte integral en la elaboración y diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores económicos y sociales frente a los impactos de la doble crisis sanitaria y económica, tanto en nuestras comunidades de origen como de destino, desde una visión transnacional. Más allá de programas emergentes para superar esta crisis sanitaria, planteamos que la “economía de guerra” que requiere actualmente el país para fortalecer el empleo, la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno, el consumo y bienestar popular, además de incluir a las comunidades mexicanas migrantes con sus necesidades y demandas específicas.

Piden que a los casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos los incluyan en un Proyecto de Nación porque el gobierno federal, diputados y senadores han desaparecido los programas de Migrantes y en los que los connacionales aportaban para el desarrollo de sus comunidades en todo el país.

“No podemos seguir apoyando unilateralmente al país enviando masivamente remesas familiares y colectivas, cuando nuestras comunidades en Estados Unidos sufren los impactos sanitarios de la pandemia y los severos impactos económicos con nulo apoyo del gobierno de ese país, salvo algunas limitadas iniciativas a nivel local en no más de 3 ciudades de Estados Unidos, y sin ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano para nuestras comunidades de origen y de destino”.

Asimismo, lanzan sus propuestas de acción inmediata ante la doble contingencia (sanitaria y económica):

1. La constitución de un grupo multidisciplinario, intersectorial y transnacional que analice los impactos de la crisis sanitaria y económica en la comunidad mexicana migrante que radica en el exterior mediante la construcción de una estrategia de apoyo y colaboración de manera integral durante la etapa COVID19 y después de ella.

2. Que se establezca una plataforma virtual que atienda necesidades específicas de comunidad migrante y transnacional en esta contingencia, como información accesible sobre el COVID19, y el apoyo cuando las personas quieren obtener su residencia permanente y además ayuda legal accesible para la comunidad mexicana (y latina en general) que radica en Estados Unidos.

3. Generar un fondo de apoyo para la comunidad mexicana en Estados Unidos con la colaboración de la iniciativa privada, empresas mexicanas trasnacionales, sociedad civil organizada, gobierno mexicano y otros actores interesados para poder ayudar a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad como aquellas que no cuentan con un documento migratorio, madres o padres solteros que se quedaron con sus familias ante la deportación de su pareja, quienes no califican para los paquetes de rescate económico en EUA, así como la promoción de medidas que mejoren la administración de su economía y el consumo familiar frente al Covid 19 y sus secuelas en 2021en comunidades de origen y destino de migrantes, promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos locales y estatales.

SU SOLICITUD:

Estados Unidos tiene ya 26 millones de personas desempleadas al 15 de abril, son previsibles mayores deportaciones y migración de retorno que las sucedidas durante la crisis económica de 2007-2018 (4 millones), por ello, replanteamos la necesidad de que el gobierno de México priorice su actuación hacia la 5 migración de retorno bajo cinco ejes centrales: 1) Atención de salud física y mental y condiciones sanitarias, 2) Vivienda o albergue para población deportada que no tiene familia o redes de apoyo en México, 3) Empleo, 4) Coinversión migrante 1x1, 2x1, 3x1, etc., y 5) Educación e integración familiar e inclusión comunitaria, generando facilidades para obtener documentos de identidad requeridos para acceso a servicios y programas.

ESTAS SON SUS PROPUESTAS Y ACCIONES A MEDIANO PLAZO

Ante el regreso forzado y voluntario, así como para la reconstrucción económica, social e institucional de nuestras comunidades transnacionales, sujeta a nuevas propuestas, enriquecimiento y adecuación a las condiciones de los diferentes sectores de personas migrantes retornadas, las diferentes condiciones de los estados 1. Construir con los diferentes actores transnacionales, en particular organizaciones migrantes y el gobierno federal en sus tres niveles, el Plan de Retorno Planeado Transnacional con todo el apoyo informativo en guías y controles sanitarios. 2. Mejorar y fortalecer las medidas sanitarias en las fronteras y dinámicas migratorias de repatriación y deportación, con los registros completos de salud y situación socioeconómica. 3. Establecimiento de plataformas virtuales estatales para la consulta y asesoría médica sobre el COVID 19, coordinadas por universidades y gobiernos. 4. Que la estrategia de salud binacional sea una prioridad central rescatando toda la experiencia de Ventanillas de Salud en los 50 Consulados en Estados Unidos, la experiencia de las clínicas comunitarias, la Iniciativa de Salud para las Américas de la Universidad de Berkeley y nuevas propuestas que existen ahora en California, Illinois y Nueva York, entre otras. 5. Que se establezca un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar, con riesgo compartido para pequeños proyectos familiares, aprovechando los programas actuales de la Secretaría de Economía y Secretaría del Bienestar. 6. Que se restablezca el Fondo de Apoyo Migrante (FAM) adecuado a las nuevas condiciones del país, de los impactos de la doble contingencia, considerando que no sea menor a los apoyos que ofrece el gobierno federal y de la Ciudad de México en sus diferentes programas de apoyo al autoempleo y microempresas. 7. Que las oficinas estatales de atención al migrante, organizados con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaria de Salud, mediante los 50 Consulados en Estados Unidos promuevan el retorno planeado (cuando sea posible) con las orientaciones y guías sanitarias necesarias. 8. Que los sistemas de salud estatales adopten el “Sistema Centinela” de monitoreo del COVID 19 en estados con mayor migración de retorno o dinámica migratoria, preparando los equipos técnicos adecuados para su acción durante la tercera fase del COVID19 y sus secuelas. 9. Que se analicen, valoren, actualicen e implementen todas las propuestas que hemos hecho en los últimos diez años en México sobre políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos, especialmente, el COMPA (Colectivo de Migraciones para las Américas), el Programa Especial de Migración de 2014 y las propuestas realizadas desde COFEZAC, MIMEX, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y la Red de Redes de Migración en 2019 y 2020, entre otras.

Así el grito de ¡AUXILIO!, de millones de migrantes mexicanos de 31 organizaciones en los Estados Unidos que han decidido llamar la atención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a todo su gabinete, el Congreso de la Unión, a los gobernadores y los Congresos de los Estados.

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