El gobernador Rafael Moreno Valle entregó al Congreso Local el Sexto Informe, sobre el estado que guarda la administración pública.

Ante los presidentes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado y Coordinador Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, Germán Jiménez García, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Roberto Flores Toledano, precisó:

Solicito atentamente a la presidencia de la Mesa Directiva se sirva dar cuenta de su contenido a los legisladores, para cumplir así con este mandato constitucional.

Los exhorto a que conozcan con detalle el documento referido, así como los principales resultados de mi gestión, particularmente los del ejercicio fiscal 2016.

Para evaluar los avances logrados, me baso en indicadores disponibles públicamente, elaborados por terceros independientes, apuntó. 

Ante la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios, diputadas y diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, el mandatario destacó que el ejercicio de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental para el fortalecimiento de la división de poderes y la rendición de cuentas.

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    El domingo próximo, 15 del actual, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, entregará su sexto y último informe de gobierno por escrito, al Congreso del Estado, en el recinto parlamentario de esta capital y después, en una ceremonia que tendrá lugar en la nueva ciudad industrial Audi, dirigirá un mensaje a la ciudadanía, acto al que están invitados dirigentes obreros y campesinos, dirigentes de grupos empresariales, rectores de las universidades públicas y privadas, jerarcas de las diferentes agrupaciones religiosas, gobernadores de otros estados y presidentes municipales.

    De hecho, será un acto de despedida, pues el primero de febrero, habrá de entregar el poder al gobernador electo Antonio Gali Fallad, quien para esa fecha ya tendrá conformado su equipo de gobierno.

    El gobernador saliente, se informó, seguirá entregando diversas obras de beneficio colectivo en los municipios del interior del estado, hasta el 31 de enero, último día de su mandato.

    Ciudadanos de diversos sectores sociales, reconocen del actual gobierno, su fuerte impulso al turismo, tanto en esta capital como en 13 poblaciones del estado declaradas “Pueblos Mágicos”; la instalación en Puebla de la planta automotriz de la empresa alemana Audi  y la construcción del segundo piso de la autopista.

    La obra morenovallista ha sido la más discutida entre los ciudadanos, de las últimas seis décadas. Pasarán unos años más, cuando los ánimos estén serenados, cuando pueda hacerse una evaluación realista y sincera de dicha obra. Ahora sí, que como dice el dicho, “la historia dará su veredicto”.

    En el estado de México, que tendrá elección de gobernador este año, están por decidirse la candidaturas que presentarán los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, el de la Revolución Democrática.

    Se dice que el PRI lanzará a un miembro de la familia del Mazo y que si hay alianza entre PRD y PAN, su contrincante será Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, cuando militaba en el PRD y que ha ocupado diversos cargos de elección popular.

    Sería un fuerte rival del PRI, pero la alianza todavía no se concreta, pues hay corrientes panistas que apoyan a Edgar Olvera.

    Si la decisión priista favorece al diputado del Mazo, es posible que lo sustituya en la comisión de Hacienda, el diputado Jorge Estefan Chidiac, que está considerado un experto economista, especializado en la rama financiera.

    Nos dicen que Chidiac fue un excelente estudiante del ITAM, donde hizo su carrera y fue alumno consentido por su talento, de Agustín Carstens, Pedro Aspe Armella y Miguel Angel Gurría, nomás.

    Hizo estudios en varios países de Europa y ya en México, siendo diputado federal en el sexenio pasado, presidió la Comisión de Hacienda y al iniciarse este sexenio fue director de Bansefi, al que transformó positivamente.

   Si el rumor se concreta en la realidad, Estefan Chidiac seguramente que tendría que dejan la dirigencia del PRI local, para concentrarse en el manejo de la comisión mencionada.

   Al frente del PRI local, dicen fuentes casi siempre bien enteradas, quedaría Juan Manuel Vega Rayet, que ya fue dirigente estatal hace algunos años. Hay que esperar unos días más para que todo se aclare.

   Por cierto, ayer en la mañana en el programa televisivo que dirige Carlos Loret de Mola, hubo un debate sobre el gasolinazo, entre tres legisladores federales: uno del PAN, uno de Morena y uno del PRI. El de este último partido fue Chidiac, precisamente, que demostró que como dicen quienes lo conocen bien, que en eso del manejo de asuntos económicos y financieros, es una “chucha cuerera”.

     Seguramente ya está usted enterado de que el gobernador electo de Puebla, Antonio Gali, fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

    Por la fotografía oficial se ve que hubo entre ambos buena química y es que el ahora sí ya famoso “Tony Gali”, tiene ángel o sea, simpatía personal, misma que le ayudó a ganar la elección.

    Aprovechó bien el tiempo que medió entre  la elección y la toma de posesión, que será dentro de escasos quince días, para hacer un nuevo recorrido por el estado, mejorar su plan de trabajo con la participación de diversos sectores sociales, conocer a los líderes regionales de todos los partidos, porque sus reuniones fueron incluyentes y eso es sumamente importante. O tiene un buen asesor o es un político nato, que en poco tiempo aprendió el oficio. 

H. Puebla de Zaragoza a 15 de diciembre de 2016

Con la resolución tomada este jueves en el Congreso del Estado de Puebla de iniciar un proceso de destitución en contra de la Alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, se pone en riesgo la gobernabilidad en ese municipio.

El Comité Directivo Estatal del PRI exige el cese a las acciones emprendidas en contra de la Presidenta Municipal, autoridad electa democráticamente por el voto de los ciudadanos de Tehuacán.

El PRI demanda que el proceso que se le siga a la Alcaldesa, se apegue a total legalidad y no sea un instrumento político por no doblegarse ante imposiciones del gobierno estatal, que violentan el respeto a la autonomía constitucional de los municipios.

Sin lugar a dudas, en el PRI somos los primeros garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de todos los funcionarios que emanan de nuestras filas pero, no toleraremos actos que perjudiquen a la sociedad poblana.

Esperamos que el Poder Judicial de la Federación, instancia en la que confiamos plenamente, resuelva este caso conforme a derecho y apegado a las garantías constituciones de la Presidenta Municipal.

ATENTAMENTE

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
P U E B L A

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  Mucho antes de que una empresa que comanda quien fuera el director del IFE, descalificara al Congreso del Estado como ineficiente y sumiso, la ciudadanía poblana ya lo había hecho. Y no es que dicho comportamiento de los diputados locales haya sido distinto al de congresos anteriores, sino que desde hace seis años, los representantes populares, sobre todo los priistas, no guarnan las formas que deberían guardar como partido minoritario de oposición.

   Todas las iniciativas del Ejecutivo, desde siempre, han sido aprobadas por unanimidad, pero guardando ciertas reglas, ciertas formas que son necesarias para que el poder Legislativo se perciba como un poder independiente, como la misma Constitución señala, que debe ser.

   Ahora los priistas, siempre “institucionales”, acostumbrados históricamente a aprobar cualquier iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, están obligados a ser un poco críticos, poner ciertas resistencias en algunos de los temas que son abordados en el seno del Congreso, y no sumarse tal lacayunamente al grupo mayoritario.

  Deberían entender, que no son partido en el poder, que quieran o no, son partido de oposición y que como tal, están obligados, en bien de su propio partido y en bien del gobierno estatal, a hacerle al cuento para que los ciudadanos en general crean que vivimos en una democracia. Deben pues guardar ciertas formas, como las guardaban incluso, cuando controlaban todo el aparato gubernamental.

    En los ya un poco lejanos tiempos del doctor Alfredo Toxqui y luego en los tiempos del también ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, hubo fuertes discusiones, verdaderos debates entre los diputados del PRI, del PAN y del PPS, como cuando se trataron temas como el de la desaparición de la Junta de Mejoras, organismo inconstitucional, que realizaba actividades que correspondían al ayuntamiento, que se sostenía con un impuesto ilegal y que nunca rendía cuentas a la ciudadanía o a sus representantes, los diputados locales. Ese organismo de grupos empresariales, hacía lo que quería, con dinero público, sin informar de sus actividades y gastos, excepto a ellos mismos. Esas discusiones, eso debates, eran comentados positivamente por la ciudadanía.

   Al final se aprobaba lo que el Ejecutivo quería que se aprobara, pero se guardan las formas políticas necesarias. La forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles, pero los priistas han olvidado lo que decían sus ideólogos y por eso ahora tienen que entrar en contradicciones, como el aprobar la privatización del agua o la llamada “ley bala” y luego, cuando surgen manifestaciones populares de descontento, criticar, lo que ellos mismos aprobaron y hasta celebraron.

    El gobernador electo de Puebla, Antonio Gali Fayad, tendrá que enfrentar el problema que desde su campaña, para presidente de los Estados Unidos, planteó Donald Trump, respecto a los trabajadores emigrantes, de los que Puebla tiene muchos en Nueva York, Chicago y otras grandes urbes del país del norte, que se verán afectados con la amenaza de deportación de quien a partir de enero, será el presidente de aquella nación.

   Gali Fayad debe tener un plan para enfrentar el problema en las zonas que históricamente han sido expulsoras de población hacia los Estados Unidos, como la región mixteca, a fin de que quienes sean regresados a nuestro país, concretamente al estado de Puebla, encuentren aquí, no solo el cobijo de sus paisanos, sino el apoyo de su gobierno para salir adelante.

    Como presidente municipal, Gali Fayad, atendió bastante bien a las comunidades del municipio capital del Estado, que todavía forman parte del sector rural. El sabe por experiencia, lo que los campesinos productores de alimentos agropecuarios necesitan para trabajar, semillas mejoradas y fertilizantes entregados a tiempo, así como otros apoyos para impulsar la producción pecuaria de traspatio.

    El ayuntamiento que presidió, ha sido el único que se lanzó a construir dos pequeñas presas para retener el agua de lluvia, que sirviera para proporcionar riegos de auxilio a los agricultores y cubriera las necesidades de quienes tienen pequeñas explotaciones pecuarias.

    El regreso de emigrantes a la región mixteca, tiene por lo menos tres años de venir ocurriendo y la problemática ya le fue expuesta al gobernador electo durante los foros para la elaboración del programa de gobierno. El pues, está enterado del problema y seguramente ya tiene un proyecto para enfrentarlo cuando éste se presente. Hay que tener en cuenta, que no toda la responsabilidad debe recaer en el gobierno federal, los gobiernos estatales y hasta los municipales, tienen que contribuir para que el apoyo, el auxilio a quienes regresen, sea más eficaz, en beneficio del país.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, presentó en días pasados, ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma a la Ley de Salud, con el objetivo de que se regulen los centros de internamiento para adictos que operan en el estado, ya que manifiesta que en Puebla existen únicamente siete Centros Residenciales contra las adicciones, con reconocimiento CENADIC/CONADIC, lo que evidencia la irregularidad e incluso ilegalidad con la que algunos grupos actúan y ofertan servicios que están imposibilitados y nulamente preparados para prestar.

Dicha iniciativa me parece loable, ya que en México,  el tema de las adicciones se ha convertido en las últimas décadas en un tema sumamente sensible para la sociedad mexicana. Nadie duda, hoy por hoy, de que la incidencia de las adicciones se ha incrementado de manera importante, no sólo en el ámbito de las drogas ilícitas, sino también respecto al alcohol y los antidepresivos, las medicinas para adelgazar y otras sustancias.

Aunado a lo anterior, mucho se ha comentado, sobre los centros de rehabilitación, siendo cuestionada su transparencia, su legalidad, su metodología de operación y el hecho de que algunos de ellos parecen convertirse en modus vivendi de quienes lo operan, otros en centros de reclutamiento para el crimen organizado, otros más en meros centros para abusar económicamente de la persona adicta y de sus familiares y existen otros, en los que que se abusa de las personas en términos físicos, sexuales, emocionales.

Sin embargo, los datos ofrecidos por la diputada también dejan entrever la ineficiencia o complacencia de las autoridades , ya que si la legisladora cuenta con la información de cuantos centros operan al margen de la ley y que además violentan los derechos humanos de sus internos, la pregunta obligada sería, porque no han actuado contra esos centros, si tienen toda la evidencia en las manos  para clausurarlos y sobre todo castigar a quienes han cometido el delito de tortura, maltrato, restricción injustificada de la libertad y violación reiterada de los derechos humanos.

Porque, de acuerdo a la Ley General de Salud, el internamiento no voluntario debe cumplir con ciertas condiciones que garanticen al interno el respeto a sus derechos, su dignidad, la restricción a la libertad justificada, pero sobre todo su rehabilitación. Debe estar avalado por un certificado médico que instruya la necesidad del internamiento, así como el tratamiento al que la persona de que se trate deberá ser sometida.

Y si esto, no está sucediendo de esta forma en el Estado, en necesario prender los focos rojos para que de inmediato se lleva a cabo una campaña de verificación y clausura de aquellos centros que estén funcionando al margen de la ley, correspondiendo dicha tarea a la Secretaría de Salud y a las autoridades Municipales que en su caso deben verificar el funcionamiento de éstos sitios que ofrecen la venta de un servicio a los ciudadanos, supervisando las funciones operacionales sanitarias, salvaguardando y vigilando el respeto a los derechos humanos de los internos y sobre todo que no se cometan delitos, para en su caso ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado. 

Por otra parte, y en abono a la iniciativa de la diputada, creo que sería importante regular las actividades de los centros de rehabilitación, es decir, que exista normatividad que los obligue a ser institucionales, estar formalmente constituidos y llevar procesos homologados en función de una metodología aprobada. Así mismo, es necesario que los centros de Rehabilitación del Estado se encuentren vinculados con organizaciones de Derechos Humanos, Institutos de la Mujer, Institutos de Psiquiatría, centros de fortalecimiento de organizaciones civiles, hospitales y similares. A fin de que su servicio cuente con el sentido humano que se requiere para llevar a cabo una efectiva rehabilitación.

Ojalá exista la sensibilidad de los Diputados del Congreso del Estado, para aprobar dicha iniciativa en el presente período ordinario de sesiones y no se quede en la congeladora, ya que es un tema de salud pública muy importante.

Con motivo del Día Universal del Niño, se aprobaron ordenamientos para proteger sus derechos

Este día en Sesión Pública del Congreso del Estado, se aprobó armonizar la Constitución Local a las disposiciones constitucionales federales, con lo que se creará el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, como organismo autónomo garante de la transparencia en Puebla, el cual estará integrado por tres comisionados o comisionadas.

La reforma contempla que los comisionados durarán en su encargo por única ocasión y de manera escalonada: 4, 5 y 6 años, para garantizar el funcionamiento continuo del organismo, sin posibilidad de reelección; serán designados por mayoría calificada del Pleno del Congreso y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos de la Constitución Política, siendo sujetos de juicio político.

La actual CAIP desempeñará sus funciones hasta el cinco de enero de 2017, dando paso al nuevo Instituto de Transparencia a partir del seis de enero de 2017.

Por otro lado, el Pleno autorizó al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que tramite y contrate ante cualquier Institución bancaria, un crédito de hasta por un monto de 543 millones 891 mil 602 pesos, para dar cumplimiento al Juicio de Amparo 629/2015.

En otros asuntos, los legisladores Jorge Aguilar Chedraui y Carlos Hernández, presentaron una reforma a Ley Estatal del Deporte, para que sea considerado dentro de la legislación local el término: activación física, tal como establece la Ley General en la materia y con la cual busca incentivar el ejercicio para mejorar la aptitud y la salud física.

Teniendo como marco de Día Universal del Niño a celebrarse este domingo 20 de noviembre, se aprobó incluir el derecho de niños y niñas a la paz, dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, Víctor León y Lizeth Sánchez presentaron una reforma al mismo ordenamiento para prohibir cualquier tipo de violencia en su contra, y finalmente se aprobó una reforma al Código Civil, para reconocer y privilegiar el derecho que tienen los menores a participar en cualquier contienda judicial en los que su esfera jurídica se vea afectada.

Finalmente, el Pleno aprobó cinco cuentas públicas de los municipios de Santiago Miahuatlán, Tlapacoya y Xochiltepec, así como de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y de Xicotepec de Juárez correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

En 1964 el Congreso del Estado aceptó la licencia obligada del general Antonio Nava Castillo

Al presentar hoy el libro “Memorias de una Gesta Heroíca”, cuatro expositores relataron los hechos registrados en octubre de 1964, cuando el entonces gobernador de Puebla, general Antonio Nava Castillo, fue obligado a presentar en el Congreso del Estado  licencia para dejar  sus funciones que desempeñó sólo durante 21 meses.

Aliados  todos los sectores populares con alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla,  quienes se opusieron a la aprobación de la Ley de Pasteurización de la leche bronca, lograron el desconocimiento del gobernador en turno, aprobado por el gobierno federal que presidía Adolfo López Mateos.

En el Paraninfo del edificio Carolino, el ingeniero Raúl Carpinteyro Vera, el abogado Nicandro Juárez Torres, Manuel Sánchez Pontón decano del periodismo en Puebla, y el licenciado José Barrientos , testigos presenciales de los acontecimientos de hace 52 años, detallaron el desarrollo de este movimiento popular universitario, siendo rector de la casa de estudios el doctor Manuel Lara y Parra (qepd).

Señalaron que la oposición a la implantación de la Ley de Pasteurización de la leche bronca que pretendía el general Nava Castillo,  se manifestó  con marchas  de universitarios y representantes de sectores populares, por el centro histórico, las cuales eran boicoteadas por jefes policíacos y funcionarios del gobierno estatal, sin embargo el movimiento cobró fuerza con la manifestación realizada el 14 de febrero, con 250 mil estudiantes y personas de todos los sectores populares de la Angelópolis y varios municipios.

No obstante, organizados los universitarios  acudieron en varias ocasiones ante el  titular del Poder Ejecutivo Federal, donde fueron muchas veces rechazados, pero con su insistencia en denunciar los hechos que se registraban contra el pueblo poblano, lograron que el gobierno local fuera destituido, lo que ocurrió el 30 de octubre de 1964.

La presentación de este libro fue en acto presidido por las maestras María del Carmen Piña, representante del rector de la BUAP,  y Pilar Pacheco, directora del archivo histórico universitario.

Un gobierno honesto, eficiente y con resultados, es fundamental para recuperar el respeto y la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle, al entregar al poder legislativo la Reforma Constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
 
Ante los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, y del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, el Ejecutivo subrayó que esta iniciativa incluye a distintas instancias y autoridades, encargadas de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales.
 
Detalló que se establecerá un Comité Coordinador que emita recomendaciones a los órganos del Estado, así como un Comité de Participación Ciudadana, para vincularse con organizaciones sociales y académicas.
 
Propone crear el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dirimir controversias, entre particulares y la administración pública estatal o municipal.
 
Asimismo, establecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para sancionar por la vía penal a quienes incurran en actos constitutivos de un delito.
 
Adicionalmente, se plantea fortalecer a la Auditoría Superior del Estado, confiriéndole nuevas facultades, entre las que destaca, realizar auditorías en tiempo real y a la Secretaría de la Contraloría, cuyo titular, deberá ser ratificado por el Congreso del Estado.
 
Finalmente, incluye la creación del Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.
 
Moreno Valle precisó que la aprobación de las iniciativas presentadas, permitirá a Puebla integrarse al Sistema Nacional Anticorrupción, que será la instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
 
Convocó a todos los poblanos, al margen de diferencias ideológicas o partidarias, acabar con la corrupción: con estas nuevas herramientas jurídicas y sumando voluntades, sociedad y gobierno podremos erradicar este cáncer, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del país.