Oportunidad para que prospere el Plan de Guardia Nacional de AMLO

Puebla, Pue.- Al ser declarada este jueves 15 su inconstitucionalidad,  la Ley de Seguridad Interior quedó invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- y se abre la oportunidad para que prosperen las reformas o propuesta de la nueva Ley de Guardia Nacional, que ha anunciado el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con la votación conjunta del Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales y de nueve ministros: Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, José Ramón Cossío Diaz, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, a favor, se declaró Inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en sus dos Cámaras, en el año 2017.

Esta declaratoria se debió a siete acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas en un 33%  por Diputados y Senadores de la anterior Legislatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Partido Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

El fundamento de esta declaratoria, explicó el Constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega, se debe a que la Ley Federal comentada transgrede diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son el artículo 73, fracción XXIX – M, 89 fracción VI, además de los artículos 21, 115, 116 y 124 de la  Carta Magna.

Resaltó el jurista Tejeda Ortega que éste es un caso excepcional en el cual la Suprema Corte invalida toda una Ley, y no solamente algunos preceptos de la misma, y da así oportunidad al próximo gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, para llevar a cabo nuevas reformas o leyes que regulen la Seguridad Nacional en el país, incluyéndose la seguridad interior y, como consecuencia, que prosperen las propuestas de la Guardia Nacional y la eficacia de la ya futura Secretaría de Seguridad  Pública, cuyo titular será el señor Arturo Durazo.
 
Tejeda Ortega dice que lo curioso de esta declaratoria de inconstitucionalidad es que surge conjuntamente con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador sobre su nuevo Plan de Seguridad que ha anunciado.

Fue aprobada por el Congreso de la Unión sin facultades para hacerlo

Puebla, Pue.- En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevado a cabo el pasado día trece, seis Ministros expresaron su opinión personal para que se declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión, sin facultades para hacerlo.

Mediante siete acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas al Pleno de la Corte por el 33% de los Diputados y Senadores que conformaron la anterior Legislatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Partido Movimiento Ciudadano, entre otros, se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en algunos casos manifestando que toda esta Ley es inconstitucional, y en otros que tiene preceptos que violentan la Carta Magna y Tratados Internacionales.

Entre los Ministros que están de acuerdo que se declare inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior, se encuentran Eduardo Tomás Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz,   la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, entre otros.

En entrevista con el Constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega, manifestó que la posición de los Ministros que están conformes con que se declare inconstitucional la comentada ley, se debe a que violenta los artículos 73 fracción XXIX, inciso M, así como el artículo 89 fracción VI, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 73, fracción XXIX – M, establece: “El Congreso tiene facultad: Para expedir leyes en materia de Seguridad Nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”.

Por su parte el artículo 89, fracción VI, dice: Las facultades y obligaciones del Presidente de la República son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Según el Ministro José Ramón Cossío Díaz, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, que únicamente le corresponde a las autoridades civiles del fuero federal, locales y municipales, lo que prevé el artículo 21 Constitucional en su párrafo seis que menciona: “La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley´´.

Cossío Díaz señaló que la Ley de Seguridad Interior confunde los términos de seguridad nacional y el de seguridad pública, que se encuentran debidamente especificados en la propia Constitución.

El Constitucionalista Tejeda Ortega señala que la Seguridad Nacional no es más que la defensa del territorio nacional y la soberanía del país en caso de una posible invasión extranjera; por el contrario la seguridad pública es la protección que las policías federales, locales o municipales dan a los particulares en el caso de la comisión de delitos, también por parte de particulares.

Expuso Cossío Díaz ante el Pleno, que el Presidente de la República podrá emplear el uso del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en los casos de una declaratoria de guerra contra un país extranjero, o por suspensión de los derechos y las garantías que otorga la Constitución, y a que se refiere el Artículo 29 Constitucional, y en estos casos el Ejecutivo Federal únicamente protege la Seguridad Interior del país.

Por otra parte la Ministra Norma Lucía Piña Hernández mencionó que en el proceso de creación de la Ley de Seguridad interior se dieron una serie de violaciones al procedimiento por parte de los Diputados y Senadores; también dan lugar a la inconstitucionalidad de toda la Ley.

Tejeda Ortega determina que los Ministros que participaron en su exposición no dieron un concepto claro y especifico de lo que debe entenderse por Seguridad Interior, de igual manera qué es la seguridad nacional y finalmente qué debe entenderse por seguridad pública; lo que provoca que la sociedad esté confundida en cuanto a dichos términos y que espera que en la próxima reunión del Pleno se puedan clarificar estos conceptos jurídicos.

Finalmente se anunció para este jueves quince la siguiente reunión del Pleno, para que expresen su opinión cuatro Ministros que faltan para ello.

Tejeda Ortega determinó que con ocho votos de Ministros que estén a favor de declarar inconstitucional toda la Ley, es más que necesario para expulsar este ordenamiento legal de la Legislación Mexicana y que no tenga ninguna vigencia ni operancia jurídica.

Igualmente comentó que de declararse inconstitucional toda la ley, sería un caso excepcional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca lo ha hecho de esa manera.

Sólo analiza la controversia propuesta por edil de San Pedro Cholula
 
Puebla, Pue.- Al negar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de ejecución de la Ley de Seguridad Interior que solicitó el alcalde de San Pedro Cholula por medio de una controversia constitucional, dicha ley se podría aplicar en cualquier momento en ese municipio.

El edil José Juan Espinosa Torres presentó ante los ministros la controversia solicitando que la citada ley de seguridad que, considera, por ser violatoria de varios artículos constitucionales no se aplique en su jurisdicción, no le fue aprobada, informó el jurista Miguel Ángel Tejeda Ortega.

El ministro Mario Pardo Rebolledo, declaró que la controversia no tenía relación con la aplicación de la ley en cuestión, y sólo admitió que tal documento entra en estudio del Pleno de la SCJN.

Espinosa Torres por su parte declaró en entrevista con un noticiero radiofónico de la Capital del País, que la controversia que promovió tiene como objetivo combatir la inconstitucionalidad de los artículos primero, segundo, sexto y once de la Ley de Seguridad Interior, ya que es  competencia de los municipios llevar a cabo el control y vigilancia de la seguridad interior, y no del gobierno federal nj mucho menos con intervención del Ejército.
 
Aseguró el edil que lo discutible de la controversia es que violenta el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esto y más razones espera se resuelva positivamente a favor del municipio de San Pedro Cholula.

Tejeda Ortega aclaró que por el momento la controversia ya fue admitida para su estudio en la SCJN y verificar si violenta el 115 constitucional o no. Lo que le fue negado al alcalde cholulteca es la aplicación de la ejecución de la ley de Seguridad Interior en ese municipio.

Como todos sabemos, después de haberse aprobado por el Congreso de la Unión  y promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la inconformidad de diversos grupos y organismos nacionales e internacionales  diversos actores políticos y sobre todo sociales, han iniciado una ofensiva jurídica en su contra, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar poner a salvo el régimen democrático de nuestra nación y los derechos humanos de los mexicanos.

Lo cual, ha puesto en jaque la labor del máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país, puesto que tendrá que demostrar que realmente es un poder autónomo y que la división de poderes estipulada en nuestra Constitución es una realidad normativa y no una ideología demagógica.

Sin lugar a dudas, el momento histórico le pertenece a la SCJN, pues esta ante la oportunidad de demostrar que en México no existe abuso de poder y que su función es realmente la de limitar y equilibrar el poder público para evitar el ejercicio de un autoritarismo y con ello cumplir con el slogan publicitario que pregona en los medios “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de tus derechos”

El reto para el tercero de nuestros poderes es mayúsculo, puesto que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de salvaguardar la democracia y los derechos humanos ante la imposición de la Ley de Seguridad Interior y demostrar que nuestro país funciona con sus instituciones y no por caprichos o por intereses electorales, del grupo en el poder.

Lo único cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad, por lo que buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad, es decir, pretenden fundamentar seguridad jurídica con ausencia total de la misma?

Conforme a lo anterior, la SCJN requerirá de un análisis pormenorizado de las violaciones que contiene dicha ley a diversas disposiciones de nuestra Constitución y las afectaciones que dicho ordenamiento causa a nuestro régimen, para que en aplicación del principio de suplencia de la queja, a que está obligado en acciones de inconstitucionalidad, y en absoluta imparcialidad y apego a criterios jurídicos pueda resolver sensatamente terminando por echar abajo este engendro legislativo.

Ahora bien, existe también la posibilidad de que la SCJN se una a esa forma de actuación alejada de la realidad y de una total insensibilidad social, evidenciada por el Presidente de la Republica y por los integrantes del Congreso de la Unión, y defienda lo indefendible, sin embargo, de suceder, tendrá que ser el embrión que termine por despertar y unir a los mexicanos para presentar batalla jurídica ante instancias internacionales que los obligue a cumplir con su labor como garante de justicia.

No hay que perder de vista que la Seguridad Nacional comprende la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación y para preservarla, el presidente dispone solamente de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y adicionalmente la Guardia Nacional, pero nunca la policía.

Por lo tanto la intervención de estas, solo se presta a admitir que nos encontramos inmersos en una situación de guerra, la cual, podría interpretarse como un conflicto armado interior. Situación que puede echar abajo el máximo tribunal de nuestro país, después de un análisis de la exposición de motivos y argumentos que presentaron los legisladores que dieron su voto para aprobar dicha ley.

En los próximos días, seremos testigos de cuantos Municipios, además del de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, presentan más Acciones de Inconstitucionalidad en contra de la ley de Seguridad Interior o bien si organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueven una acción en el mismo sentido. Habrá que estar pendientes, de la forma en que voten los Ministros de la Corte al resolver estas acciones, para saber si finalmente el Presidente de la República cuenta con los apoyos necesarios para mantener la ley y proceder a aplicarla en todos sus términos, so pretexto de una guerra en contra de la delincuencia organizada y los carteles de narcotraficantes, que a más de diez años de su inicio y de la acción de las fuerzas armadas, sólo ha hecho crecer la delincuencia y el número de víctimas que a Diciembre de 2017, ascendieron a más de dos mil por mes. En mi opinión, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, presagia para millones de mexicanos que: “Lo peor, está por venir”

La corrupción, es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el estado de derecho, origina violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, es decir, es el principal lastre de nuestro constructo social; abonado a la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes debilitando nuestras instituciones y generando un clima de frustración e inconformidad por parte de la sociedad, aunque en otros casos ya es de resignación, ante una triste realidad que parece imposible cambiar.

Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas, conflicto de intereses, nepotismo); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la procuración e impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

La hegemónica presencia del Partido Revolucionario Institucional juega un papel trascendental, como artífice principal del nacimiento y desarrollo de una corrupción con un estilo particularmente mexicanizado, ya que fue estatificándose conforme el acontecer de su desarrollo, acostumbrado a doblegar a gobernadores a través del manejo discrecional del presupuesto, a usar a la Secretaría de Hacienda como garrote político, sobre todo con mandatarios de oposición.

Ese PRI dispuesto a pasar por sobre quien se oponga a sus interés (Ley de Seguridad Interior), para que nadie desmantele el pacto de impunidad que es su signo de identidad, se vio fuertemente golpeado por lo que ocurrió en Chihuahua, tras la investigación y denuncia de la triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que ocasiono la detención y el juicio de Alejandro Gutiérrez, operador de la triangulación financiera/electoral, tema que no solo atañe a Chihuahua. Involucra otros estados, otros nombres, otras transacciones irregulares, otras operaciones ilegales. La investigación se expande y amenaza con llegar a los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, como lo expuso el reportaje de The New York Times.

Dicha situación prende focos rojos de alarma en un momento trascendental para la vida política y democrática de nuestro país, puesto que estamos inmersos, en un proceso electoral determinante para marcar las directrices de desarrollo de nuestro país,en los próximos años, por el número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías.

Por lo anterior, INE y del TEPJF, hoy en día, están aún más comprometidos y obligados a poner especial atención y vigilar las rutas de triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que Javier Corral evidenció, porque les ha dicho cómo, cuándo, dónde y a través de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el poder. Con lo que destapó una cloaca que si se va a fondo puede dejar muy mal parado al PRI en el ánimo de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Es decir, las autoridades electorales ya no contarán con el pretexto de no poder combatir la corrupción y la impunidad electoral, puesto que hoy, como todos los mexicanos, conocen el modus operandi de la manipulación electoral en México. Lo cual, los pone ante la oportunidad histórica de organizar y administrar un proceso electoral que consolide el constructo democrático nacional y sobre todo que les permita recuperar la confianza y credibilidad perdidas en razón de un actuar cómplice e indulgente para con los políticos y partidos políticos corruptos.

Columna | Espacio Político

Con la aprobación oficial de dos leyes cuya vigencia está en proceso, los actuales y futuros funcionarios públicos pretenden revestirse permanentemente de inocencia, librándose de comentarios positivos o negativos de medios de comunicación  y ocultando su labor buena o mala destinada a sus gobernados.

La Ley de Seguridad Interior que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentan analistas, determina en su contenido que resultados de las acciones que realicen el Ejército y La Armada en apoyo a los cuerpos policíacos para resguardar la seguridad, sean o no positivos, no se darán a conocer a la Opinión Pública.

Y la otra ley aprobada ya por diputados federales con modificación a un artículo del Código Civil Federal, y en vías de ser aprobada también por senadores, dictamina que todo comentario positivo o negativo en medios de comunicación que cause ´´daño moral´´ a un funcionario público de cualquier nivel, será sancionado con multas millonarias. Quedarán así principalmente todas las autoridades revestidas de inocencia, y se implantará la Ley Mordaza que desaparecerá en el país la Libertad de Expresión.

FACILIDADES DE TRIBUNAL ELECTORAL  A PRECANDIDATOS INDEPENDIENTES

Los criterios establecidos en el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al juicio interpuesto por el aspirante independiente a la gubernatura poblana, doctor Enrique Cárdenas Sánchez, no se aplicarán sólo a él, sino a los precandidatos independientes a diputados locales y presidentes municipales.

Esta determinación dada a conocer por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Fernando Chevalier Ruanova, asegura facilidades para su registro y participación en los comicios de este año, a los más de 28 aspirantes independientes ya registrados y a los que faltan por hacerlo y que al parecer son en total hasta 46.

Entre las facilidades están la sola aplicación del 3 por ciento de las firmas del listado nominal; la no obligatoriedad  de la territorialidad para los apoyos de ciudadanos, y la exigencia de solo un año de haber renunciado a algún partido político para quienes fueron dirigentes.
 
DE UN GOBIERNO SIN CORRUPCIÓN HABLA ENRIQUE CARDENAS

Al exponer públicamente las metas alcanzables del movimiento ´´Sumamos´´, el aspirante independiente a la gubernatura de Puebla convocó a poblanos a trabajar unidos para cambiar la realidad que se vive en el estado.

Invitó a los poblanos y simpatizantes de su proyecto a lograr, con su voto en los próximos comicios, un gobierno honesto, sin corrupción y que se libre de los vicios que envuelven a los políticos tradicionales que manifiestamente olvidan las necesidades básicas y más elementales de sus gobernados.

Resaltó que son muchos los poblanos que quieren un mejor futuro para el estado y su ciudadanía, y que están dispuestos a accionar, a dejar toda comodidad personal para lograr un mejor estado y un mejor país.

Es ambigua y no resuelve a fondo el problema de inseguridad: rector UPAEP

Puebla, Pue.- Por su ambigüedad y falta de ordenamiento congruente, la Ley de Seguridad Interior debe ser ´´echada abajo´´ por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes analizan el documento.

Este planteamiento expuso hoy el rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla –UPAEP- Emilio José Baños Ardavin, en  conferencia de prensa con medios de comunicación, durante tradicional desayuno por año nuevo y partida de rosca.

Entre otros temas sobre los planes de la institución para este 2018, se refirió al problema de la inseguridad en Puebla, y declaró que la nueva ley  no resuelve a fondo el problema,  sino que hace compleja su justificación con los  muchos recovecos que contiene.

Detalló que la ley necesita anotaciones y replanteamientos, en un ordenamiento congruente, para armonizar la actuación de la fuerza pública y de las fuerzas castrenses.

Aun cuando dicha ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, carece de detalles, pues su naturaleza jurídica requiere  armonizar con las leyes estatales y declararse congruente en sus propios términos, ya que varios de éstos son ambigüos.
 
 Carece también del respaldo del pueblo que, como contrapeso, debería expresarse en los congresos locales. Esto provoca el riesgo de suspender las garantías individuales al no haber  claridad en el compromiso que asuman las fuerzas federales, estatales, municipales y el Ejército.

Dijo además el rector Baños Ardavin que a través del Consorcio Universitario que participa en reuniones para evaluar acciones y resolver el problema de inseguridad, ha propuesto se tomen medidas para velar  también por la integridad de la mujer y detener el alto índice de feminicidios.

Aprueban Minuta de la Ley de Seguridad Interior 248 diputados y los respalda un senador

Puebla, Pue,- Minuta de la Ley de Seguridad  Interior que da garantías a las Fuerzas Armadas y ´legitima´ la militarización del país, fue aprobada la semana pasada con el voto a favor de 248 legisladores, voto en contra de 117 diputados y más de 40 abstenciones.

A favor también se declaró de inmediato el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador priista Enrique Burgos García, quien afirmó  que al aprobarla el Senado, será un reconocimiento de la labor de auxilio que realizan las Fuerzas Armadas para sumarse a la lucha por lograr la seguridad nacional.

El constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega informó de la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad Interior, que hicieron en la Cámara de Diputados 248 legisladores, con la oposición de 117 y la abstención de más de 40.

Comentó que los diputados de oposición consideran que con dicho dictamen se está legitimando la militarización del país, y que la nueva ley, si la aprueban los senadores, sería inconstitucional e inconvencional.

Concretamente, añadió Tejeda Ortega, los legisladores de Morena y del PRD señalan que el Congreso de la Unión únicamente tiene facultades para legislar, según el Artículo 73 Fracción 29,  el cual establece  que los diputados pueden pedir leyes en materia de Seguridad Nacional, con los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes; pero no tienen facultades para legislar en materia de Seguridad Interior.

Explicó el constitucionalista  que la nueva ley anunciada es inconvencional porque está en contra de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en el sentido de que la Corte Interamericana ha dicho que la seguridad interior de un país no está sujeta al Ejército, sino debe estar encomendada a policías profesionalizadas y expertas para ello.

Considera además, en otro razonamiento, que se despreciaría a  las policías federales, locales o municipales y se daría  dominio al Ejército para llevar a cabo el control de la seguridad pública en el país.

Además, aunque hay arbitrariedades del Ejército desde los años 2006 a la fecha, atribuidas a militares y por las cuales  hasta la Corte Americana  y otros organismos internacionales han emitido recomendaciones  al Gobierno Mexicano,  se ha comprobado que  el Ejército ha actuado en forma  arbitraria. Por lo mismo se considera que esta ley no va a beneficiar al país,  por el contrario va a vulnerar los derechos humanos de los mexicanos.

También se prevé que esta minuta aprobada no da los lineamientos de cómo  va a actuar el Ejército respetando los derechos humanos.  Y da amplias facultades al Presidente de la República,  como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para emitir declaratorias  de seguridad interna del país, en el sentido de que va a determinar qué  zonas  son vulnerables, al llevar mayor control de esta seguridad interior por parte del Ejército y la Marina Nacional. 

La semana pasada igualmente el Alto Comisionadso de las Naciones Unidas en México, declaró que no veía con buenos ojos esta minuta de ley  que fue aprobada por la Cámara Baja y que ahora va a pasar a la Cámara Alta para su discusión y aprobación.  A ver qué cambios  o modificaciones le hacen, ya que se considera aún como un peligro para el país, pues se le da un gran poder al Ejército y Marina Nacional con el control de la seguridad interior.

Por su parte Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales  del Senado de la Rep+ublica, declaró en medios de comunicación nacionales, que el Ejército no va a atender la seguridad pública que corresponde a las policías. Que la Ley  de Seguridad Interior  no es alternativa a la Reforma Policial, sino sólo se podrá utilizar a las  Fuerzas Armadas en caso de terrorismo, alteración a las instalaciones estratégicas y contra la delincuencia organizada. Es un modelo que cuida específicamente el andamiaje en materia de seguridad nacional.  

           Para la diputada federal poblana, Xitlalic Ceja García, la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada, constituye un avance importante en la lucha contra el crimen y la inseguridad que se vive en casi todo el país.

            La oposición que afirma que dicha ley provocará la militarización del país, lo dice con fines netamente políticos. Ellos quieren que continúe la actual situación y de ahí sacar ventaja política, sin importarles el dolor del pueblo, señala.

            Xitlalic Ceja García, representante del sexto distrito de esta capital ante el Congreso de la Unión, se hizo famosa recientemente en todo el país, por el grito que las diputadas priístas dedicaron a un diputado de Morena, opositor sistemático a toda propuesta que no provenga de su bancada, aclarando que ni lo que se ha dicho en los medios de difusión es correcto, pues el grito no tuvo la palabra ofensiva que se dijo que tuvo, ni  se dio a conocer el escenario en que eso ocurrió. Dijo ser incapaz de ofender a una persona y menos con alguna palabra inconveniente y discriminatoria.

             Participó en la expresión de las diputadas priístas, pero no se dijo lo que se dice que se dijo.

              Xitlalic Ceja García, acaba de ser reconocida como la diputada que mayor productividad ha tenido en el Congreso, tanto en participaciones parlamantarias, en presentación de iniciativas, como en gestión de obras para sus representados.

              Su distrito comprende varias juntas auxiliares del municipio de Puebla, eminentemente indígenas, donde se habla nahuatl y la principal actividad es la agricultura y la pequeña ganadería de traspatio, para las que está solicitando el mayor impulso a esas actividades para evitar que se pierdan.

              Un problema ya de varios años, la instalación de mallas solares, en 34 escuelas del distrito, para proteger del sol a los alumnos a la hora del recreo o de realizar algún deporte y evitar daños a los menores. Es salgo recomendado por las autoridades de salud desde hace mucho tiempo, necesidad que nunca se había atendido. Ahora ya se tienen esas redes y los padres de familia están satisfechos.

            Pero el reconocimiento a la diputada no solo ha sido por eso, sino porque también ha sido una de las que menos han faltado a las sesiones.

            Dijo que le gusta trabajar, que le encanta tener diálogo con la gente, conocer sus problemas y ayudarlas a salir adelante. Todo eso, afirma, le ha valido ganarse la confianza de sus representados y espera que los dirigentes de su partido, valoren el trabajo realizado y la tengan en cuenta para alguna nueva posición.

           Se le preguntó si aspiraba a la senaduría y dijo que los políticos como los deportistas, quieren avanzar, subir, participar en posiciones de mayor importancia y que ella quisiera, pero depende de la evaluación que se haga de su trabajo en el partido. Aceptará lo que la dirigencia partidista le señale que debe hacer. Yo soy militante disciplinada y leal a mi partido y estoy segura que se hará una buena evaluación de mi trabajo, porque le he echado muchas ganas, señaló.

Columna | P U L S O   P O L I T I C O

        Las declaraciones que hizo el dirigente nacional de Morena y virtual candidato a la Presidencia de la República de ese partido en su reciente visita al estado de Guerrero, han sido desafortunadas. Ofrecer amnistía y perdón a la delincuencia organizada para lograr la paz, es no conocer lo que desde hace algunos años se ha estado viviendo en esa entidad y muchas más de la república mexicana, asoladas por el crimen organizado y desorganizado, el dolor y la tragedia que muchas personas han sufrido por las acciones criminales de los narcotraficantes, extorsionadores, tratantes de personas, etc.

           Alguien debió decirle que en Guerrero hay mucho enojo, mucho rencor contra los criminales, que no solo han privado de la vida a miles de personas, en su mayor parte jóvenes, hombres y mujeres, sino que han causado enorme dolor y tristeza en miles de familias, muchas de las cuales han emigrado a otros estados de la república para poder olvidar y poder vivir con alguna tranquilidad.

            Alguien debió decirle que muchos pueblos ya casi son pueblos fantasmas, que ciudades como Chilpancingo, Chilapa, Iguala y muchas más de las costas y de tierra caliente, que eran poblaciones alegres, bulliciosas y activas, están muriendo; que la violencia desatada en los últimos años y la falta de castigo para los delincuentes, ha provocado enojo y resentimiento entre la población, que exige castigo para quienes han asesinado a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, para quienes roban sus negocios o exigen pagos indebidos a muchas personas o para quienes suspenden el transporte de personas y mercancías por los caminos y carreteras de ese estado; para quienes han provocado el cierre de cientos de escuelas, de cientos de pequeños y medianos negocios y el declive de la economía local.

           Era lógico que sus adversarios políticos aprovecharan el error, para lanzarse contra el virtual candidato presidencial y lo más seguro es que lo sigan haciendo. Nadie se explica porqué se tiene que perdonar y amnistiar a quienes han asesinado, robado, secuestrado, en vez de hacer justicia a quienes han sufrido todos esos agravios, castigando con la mayor dureza a esos delincuentes.

            Para la diputada federal poblana, Citlali Ceja, la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada, constituye un avance importante en la lucha contra el crimen y la inseguridad que se vive en casi todo el país.

            La oposición que afirma que dicha ley provocará la militarización del país, lo dice con fines netamente políticos. Ellos quieren que continúe la actual situación y de ahí sacar ventaja política, sin importarles el dolor del pueblo, señala.

            Citlai Ceja, representante del sexto distrito de esta capital ante el Congreso de la Unión, se hizo famosa recientemente en todo el país, por el grito que las diputadas priístas dedicaron a un diputado de Morena, opositor sistemático a toda propuesta que no provenga de su bancada, aclarando que ni lo que se ha dicho en los medios de difusión es correcto, pues el grito no tuvo la palabra ofensiva que se dijo que tuvo, ni  se dio a conocer el escenario en que eso ocurrió. Dijo ser incapaz de ofender a una persona y menos con alguna palabra inconveniente y discriminatoria.

             Participó en la expresión de las diputadas priístas, pero no se dijo lo que se dice que se dijo.

              Citlai Ceja, acaba de ser reconocida como la diputada que mayor productividad ha tenido en el Congreso, tanto en participaciones parlamantarias, en presentación de iniciativas, como en gestión de obras para sus representados.

              Su distrito comprende varias juntas auxiliares del municipio de Puebla, eminentemente indígenas, donde se habla nahuatl y la principal actividad es la agricultura y la pequeña ganadería de traspatio, para las que está solicitando el mayor impulso a esas actividades para evitar que se pierdan.

              Un problema ya de varios años, la instalación de mallas solares, en 34 escuelas del distrito, para proteger del sol a los alumnos a la hora del recreo o de realizar algún deporte y evitar daños a los menores. Es salgo recomendado por las autoridades de salud desde hace mucho tiempo, necesidad que nunca se había atendido. Ahora ya se tienen esas redes y los padres de familia están satisfechos.

            Pero el reconocimiento a la diputada no solo ha sido por eso, sino porque también ha sido una de las que menos han faltado a las sesiones.

            Dijo que le gusta trabajar, que le encanta tener diálogo con la gente, conocer sus problemas y ayudarlas a salir adelante. Todo eso, afirma, le ha valido ganarse la confianza de sus representados y espera que los dirigentes de su partido, valoren el trabajo realizado y la tengan en cuenta para alguna nueva posición.

           Se le preguntó si aspiraba a la senaduría y dijo que los políticos como los deportistas, quieren avanzar, subir, participar en posiciones de mayor importancia y que ella quisiera, pero depende de la evaluación que se haga de su trabajo en el partido. Aceptará lo que la dirigencia partidista le señale que debe hacer. Yo soy militante disciplinada y leal a mi partido y estoy segura que se hará una buena evaluación de mi trabajo, porque le he echado muchas ganas, señaló.