Ante la necesidad fortalecer el tejido social y optimizar la funcionabilidad de sus instituciones para otorgar respuestas viables a las necesidades de la sociedad, que hoy en día han aumentado con la crisis económica, resultado de las políticas públicas impuestas recientemente por nuestras autoridades federales; y ante la incertidumbre que provoca la relación internacional planteada por Donald Trump.

En México se hace imperiosa la unidad del país en todos los sectores, pero principalmente en aquellos encargados de dirigir las políticas públicas que garanticen atender las exigencias y satisfacer las expectativas de la sociedad, logrando así cumplir con los propósitos y funciones del Estado.

Sin embargo, ante la inoperancia e incapacidad demostrada por la administración federal, de resistir los desafíos a los que se ha enfrentado, así como los cambios en el gabinete del presidente que lejos de ser un mensaje de fortaleza, han ocasionado el mayor número de conflictos de interés nunca antes vistos y que han demostrado que la corrupción en el gobierno pasó de ser un rumor a uno de los mayores problemas del país.

Aunado a lo anterior, el Pacto por México, acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la República y los presidentes de los tres partidos, más importantes (PRI, PAN y PRD), cuyo objetivo era profundizar el proceso democrático y fortalecer el Estado mexicano, ha mostrado su insolvencia y  destruido la legitimidad de los firmantes, que en estos momentos son víctimas del descrédito y los reclamos de la gran mayoría de los mexicanos.

Conforme a lo anterior, es urgente terminar con el gobierno de concentración del poder en el presidente de la república, que contrasta seriamente con los sistemas constitucionales democráticos, que dicho sea de paso, desde la época de Montesquieu y su planteamiento de la división de poderes se consideró inapropiado para el desarrollo social.

Por todo lo anterior, coincido con la propuesta  del Dr. Diego Valadés Ríos, constitucionalista por demás representativo de nuestra sociedad, al referir que si Peña Nieto pretende salvar estos dos últimos años de su administración y dejar el banquillo presidencial con un acontecimiento histórico que realce su desdibujada administración, es el momento de adelantar la reforma constitucional prevista para 2018 y formar un gabinete de coalición que le permitan garantizar un equilibrio de poderes y establecer mecanismos que posibiliten la construcción de mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática y fortalecer al Estado mexicano.

Atreverse a adelantar la reforma, coadyuvaría a contar con un gabinete más eficiente y profesional, ya que al optar por un gobierno de coalición, el gabinete deberá ser ratificado por el Congreso de la Unión, estrechando así la colaboración entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo, generando óptimas condiciones de gobernabilidad enfrentar los problemas del país, fortaleciendo la capacidad para que las demandas de la sociedad sean satisfechas por parte del Estado.

Y por otra parte estaría mandando el mensaje al exterior, de que México ha dado un paso enorme para convertirse en un país reformador y moderno de los sistemas de gobierno imperantes en el mundo, capaz de construir una unidad en su gobierno de manera que todos los mexicanos se sientan realmente representados.

Y que como resultado de ese trabajo de unión, sobrevenga la consecuencia esperada, un cambio de perspectiva internacional, que permita observar un país con un verdadero proyecto de trabajo, que otorgue certeza de inversión y comercio a las potencias mundiales, beneficiando así la economía del país.

Por qué, de seguir empeñados en esa soberbia imperialista y autoritaria, únicamente se estará abonando al deterioro total, institucional y político de México, a aumentar la crisis económica y la hostilidad, para con nuestra nación, de los Estados Unidos de Norte América, situación, que terminará por acrecentar la exasperación e inconformidad de los diferentes sectores sociales tan evidenciado a últimas fechas, en muchos estados de la Republica, con una crisis de gobernabilidad nunca vista en la historia del país, con un Presidente que sólo tiene un 10% de nivel de aprobación de su gobierno. Sin embargo, considero que el principal obstáculo para una decisión de este nivel, son los intereses de las grandes empresas trasnacionales que se han beneficiado saqueando nuestras riquezas y que difícilmente aceptarán perder lo ganado, aún a costa del bienestar de la mayoría de los mexicanos.