Columna | Desde el portal

 La SCJN fue una dependencia del Estado en los tiempos del PRI, dependían directamente del presidente de la República, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al responder a las críticas de que el Poder Judicial una vez que fue electo en os comicios del 1 de junio, pasará a control total del Ejecutivo Federal y con ello “se acabará la democracia”.

 Sheinbaum, además, dijo que durante la elección del uno de julio la ciudadanía votó en mayor número que en el ejercicio de revocación de mandato y los sufragantes fueron el doble que los votos obtenidos por la oposición (PRI-PAN) y mayor su número que los que marcharon en contra de ese ejercicio democrático, lo cual demuestra mayoría a la IV-T y rechazado a los opositores.

 Sin embargo, en un país de más de 100 millones de habitantes, los votantes reúnen el 13% del electorado que no es, en ningún sentido, una decisión mayoritaria y más cuando existen testimonios de casillas vacías y confusión en el electorado para elegir a más de 800 integrantes del Poder Judicial lo que ejemplifica la complejidad de la elección.

 Cifras y testimonios reflejan que no hay, ni remotamente, una participación mayoritaria de los electores, sino completa indiferencia, lo que permite la manipulación de cifras como el hecho de dar a un ganador seguido de un trío de mujeres cuestionadas por conducta poco éticas y sin autoridad moral. Cómo un desconocido gana y deja atrás a afamadas féminas?

TURBULENCIAS

El Ejército, a la deriva en nuestro país

Si la misma presidenta Claudia Sheinbaum considera incorrecta la actuación del Ejército durante el desalojo del multiforo Alicia, y señala que los protocolos indican que la policía puede pedir su apoyo pero que deben quedarse afuera del lugar a desalojare; si la alcaldesa en Cuauhtémoc indica que no tiene facultades para ordenar a las Fuerzas Armadas y la secretaría de Gobernación como la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tampoco se enteraron quien ordenó a los militares hacer acto de presencia en un evento cultural, entonces estamos ante un Ejército a la deriva, que la policía le puede dar órdenes sin que los mandos civiles se den por enterados. Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum anunció que se revisarán los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas para evitar un nuevo hecho de este tipo…Y muy lamentable que nuestras Fuerzas Armadas “choquen” con un puente en Nueva York, construyan un aeropuerto nada funcional, y tras décadas de inundaciones en el Valle de Chalco, no atinen a encontrar la solución para encontrar una solución a las cíclicas inundaciones en el oriente del Valle de México, lo cual es muy cuestionable. No sabemos que pasaría ante una inminente invasión de tropas guatemaltecas o salvadoreñas a nuestros, pues los nuestros se encuentran a la deriva…El Gobierno de Oaxaca le echa toda la carne al asador para coadyuvar a la solución del conflicto magisterial que agobia a la ciudad de México donde es evidente que el trío negociador del Gobierno Federal, SEGOB, SEP e Issste, ha sido rebasado por la radicalización del conflicto, pero los maestros ante esta situación lejos de intimidarse los envalentona más dado que saben que su estrategia de lucha le ha dado resultados a lo largo de tres décadas, por lo que no cederán hasta en tanto les concedan lo que piden…La salida del ex presidente López Obrador de su rancho de Palenque para votar en la elección del Poder Judicial, es un mensaje de que poco a poco reaparecerá en la vida pública del país como una demostración de que su proyecto de Nación va más allá de un sexenio…

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Parafraseando al dicho: mal empieza la semana para el que ahorcan en martes.

El martes 5 se definirá mucho del futuro de México.

No dependerá de nosotros, como ocurre en una elección. Tampoco de la decisión una persona, como sucede con actos de poder.

Vendrá de una discusión de 11 que integran el máximo tribunal del país con respecto a la constitucionalidad de la reforma judicial y, luego, de la decisión del electorado de Estados Unidos.

La primera puede desembocar en la más grave crisis constitucional desde el asesinato del presidente Madero.

La segunda puede poner en riesgo el tratado comercial que nos une con Estados Unidos y Canadá, cuyo comercio equivale a más del 55% del producto interno bruto nacional. Eso sucederá sí o sí. Harris y Trump han prometido revisar a fondo ese mecanismo. Pero el resultado electoral nos meterá presiones en el flanco migratorio y, peor si gana Trump, podría llegar a comprometer la soberanía nacional.

El martes al mediodía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

A gruesos brochazos, el proyecto invalida la elección de jueces de distrito y magistrados. En consecuencia, declara inconstitucional su despido, su disminución de ingresos y la figura de jueces sin rostro. Lo demás, en términos generales, sería avalado.

Parece una sentencia pensada para dar una salida política a un conflicto mayúsculo.

Permanecería la elección del 2025 pero sólo para ministros, magistrados electorales y del Tribunal de disciplina.

Las decisiones torales quedarían con una Corte a modo de Morena y otorgaría el poder sancionador del Tribunal de Disciplina, pero la justicia que más afecta a las y los ciudadanos quedarían en manos de abogados con carrera judicial.

Con ello, además, se ahorrarían muchos de los 13,200 millones de pesos que costarían los comicios como está planteado. Comparen: la elección federal de junio pasado tuvo un costo organizativo de 8,800. Si se mantiene como están las cosas, en el 2027 gastaremos alrededor de 20 mil millones de pesos.

Además, el consejero del INE, Arturo Castillo, ha difundido la complejidad de la elección: en promedio, cada ciudadano deberá elegir 52 cargos de entre 405 candidatos. Imposible ejercer un voto informado. Menos, razonado.  La jornada electoral, de llevarse a cabo de las 8 a las 18 horas, tendría una duración de 4 días, al menos, con todo lo que implica.

Si la Corte avala por 8 votos el proyecto, el oficialismo podría desacatarlo y de ahí se desencadenaría una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles.

Por la tarde, iremos sabiendo el resultado de la elección en EU. Es un perder-perder para México.

Los republicanos, decía José López Portillo, amenazan con pegarnos con el garrote. Los demócratas nos pegan sin garrote.

Harris sería el mal menor. Trump ha amenazado con aranceles, expulsión de un millón de migrantes y, ojo, intervención militar contra los cárteles del narcotráfico. Hay un empate técnico, pero las tendencias favorecen al republicano.

Un dicho de él tumbó la cotización frente al dólar, que hoy se mantiene por encima de los 20 pesos sólo por la incertidumbre que provoca el probable triunfo del magnate.

Si gana, los temores serán realidad.

El martes amaneceremos con un país con incertidumbre.

El miércoles, quizá, estaremos atrapados en el reino del caos.

X | @fvazquezrig

¿Puede existir una reforma constitucional que sea inconstitucional?

Sí, es posible.

¿Hay antecedentes en el mundo que lo respalden?

Sí, muchos.

¿Hay fundamento legal para que la Suprema Corte de Justicia revise los alcances de la Reforma Judicial?

Sí. Lo hay.

La Constitución establece un amplio catálogo de derechos, obligaciones y normas. No todas tienen el mismo peso. Muchas de ellas implican el sistema óseo del Estado: la vida misma de la nación.

Esos derechos fundamentales deben ser protegidos y no pueden ser modificados por una mayoría electoral.

Por ello, muchas Constituciones incluyen candados explícitos para impedirlo. Cuando se trata de modificar el alma del Estado o reformar derechos fundamentales, diversas cartas magnas mandatan que sean aprobadas por mayorías calificadas en dos legislaturas diferentes (Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos).

En otras, se requiere no sólo la súper mayoría del parlamento, sino un plebiscito a toda la población (Suiza, Francia, España, Irlanda, Australia).

Robert Jackson fue uno de los juristas más connotados de Estados Unidos. Fue fiscal y luego ministro de la Suprema Corte, en donde juzgó uno de los casos más importantes de la historia del país vecino: la Comisión Educativa de Virginia Occidental vs Barnette.

En ella, resolvió que un grupo de niños Testigos de Jehová no estaba obligado a saludar y brindar juramento a la bandera estadounidense como ordenaba la Comisión. Corría 1943. La lucha contra el nazismo estaba en su apogeo. En su decisión, Jackson argumentó:

“El propósito mismo de las garantías individuales es retirar ciertos temas de las vicisitudes de la controversia política, colocarlos fuera del alcance de las mayorías y de los funcionarios y establecerlos como principios legales que serían aplicados por los tribunales. El derecho de una persona a la vida, la libertad y la propiedad, a la libertad de expresión, una prensa libre, la libertad de culto y de reunión, y otros derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen del resultado de ninguna elección.”

En suma, una Constitución no sólo garantiza el gobierno de las mayorías, sino los límites de esas mayorías.

El oficialismo dice que, al reformar la Constitución, su decisión es válida, legal e incontrovertible.

Pero no, no lo es.

¿Podría una mayoría eliminar las garantías individuales? ¿Podría eliminar el voto a las mujeres? ¿Ordenar que sólo universitarios ocupen cargos públicos? ¿Impedir el voto a indígenas?

No, no podrían.

Una reforma judicial no es un problema: es una necesidad impostergable. El problema es esta reforma judicial.

La elección de juzgadores abre muchos riesgos que han sido comentados de sobra. No sólo eso: el diseño aprobado por el Congreso implica un sesgo en favor de una mayoría política. Eso elimina uno de los pilares del diseño constitucional: el de la división de poderes que sostiene al sistema democrático.

¿Por qué?

Porque no hay forma que juzgadores sometidos al oficialismo llenen los tribunales debido a las reglas de nominación. ¿Aceptaría el oficialismo que votáramos al gabinete de la presidenta Sheinbaum, pero que de cada 4 candidatos 3 fueran nominados por el PAN? Eso es la reforma judicial. Al apoderarse del Judicial, se derrumba la democracia porque nadie podrá frenar legalmente el exceso del poder.

Las Constituciones contienen salvaguardas para sus temas torales por una razón: las mayorías políticas son efímeras. La opinión pública es una veleta. No se puede exponer el futuro de una sociedad a la visión de una mayoría que gana una elección.

Más: el oficialismo no obtuvo una mayoría electoral en el Congreso para reformar a su antojo la Constitución. Tuvo 54% de los votos emitidos. La oposición, 46%. 40% de los electores no votaron. La composición de la Cámara se la regalaron en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero aún con escaños inflados no les alcanzó. Tuvieron que comprar las sobras al PRD, MC y el PAN. Los votos en el Congreso no son representativos de la composición política de la nación.

La Constitución, correctamente, plantea dos temas torales: una república democrática, representativa, federal y laica (la regla de las mayorías) y un catálogo de garantías individuales (los derechos de las minorías).

Ante el posible exceso político, la Constitución, por ser liberal, prevé la división de poderes, uno de cuyos órganos, el Poder Judicial, debe estar aislado de la política.

Vuelvo a Jackson. ¿Por qué pensaba que saludar a la bandera y dar un juramento era inconstitucional? Porque atentaba contra la libertad de expresión, de creencias, de libertad. Tenía la mirada puesta en el futuro: dos años después, Jackson sería fiscal en el Tribunal de Nuremberg, que condenó a muerte a diversos jerarcas nazis.

Ahí, la comunidad internacional condenó, precisamente, los excesos de las mayorías. El Congreso alemán aprobó las leyes de Nuremberg en 1935. Con los votos de su mayoría, le quitó la ciudadanía alemana a los judíos. A la par hubo una serie de decretos que terminaron en el holocausto. La mayoría, recuerda Robert Dahl, puede degenerar en tiranía.

Los tribunales tienen la facultad de ejercer acciones contra-mayoritarias, precisamente para resguardar valores fundamentales como la democracia, la libertad, el acceso a una justicia imparcial, el debido proceso, la protección de los derechos humanos y de las minorías.

La autonomía e independencia del poder Judicial es central no sólo por ser pilar de la democracia, sino por ser la única garantía de que las leyes se respetarán, independientemente de la simpatía política de la persona. Tribunales sojuzgados por un partido, tarde o temprano socavarán las garantías individuales, la certidumbre jurídica para la inversión y convalidarán todo exceso que las mayorías quieren cometer.

El antecedente más próximo de jueces electos y cooptados fue Bolivia. Evo Morales pretendió reelegirse indefinidamente. La Constitución se lo impedía. Convocó a un referéndum. Lo perdió. Pese a ello, la Corte hecha a su medida dijo que impedirle reelegirse violaba sus derechos humanos. Faltaba más. Se volvió a reelegir mediante fraude. Poco después, renunció por sugerencia de las Fuerzas Armadas.

Lamentablemente, la utilización de mayorías para destruir a las democracias no es aislado. Lo hizo Chávez, lo hizo Orbán, Netanyahu. Sucedió en Tanzania bajo el régimen del TANU.

La discusión se centra en si la Corte tendría facultades para revisar y, en su caso, declarar inconstitucional una reforma constitucional.

La respuesta es sí.

La Corte es un Tribunal Constitucional. Así está diseñada. Los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad de los actos de los demás poderes, los legislativos incluidos.

Igual ocurre en Estados Unidos. Gracias a esto, la Corte fue desmantelando las barreras que impedían votar a la comunidad afroamericana. Pese a tener igualdad de derechos —en teoría—las constituciones y leyes locales ponían todo tipo de trabas para registrar a la gente de color en los padrones: pago de impuestos, pruebas de alfabetismo, mínimos patrimoniales. Todo lo echó abajo, poco a poco, la Suprema Corte.

No sólo ocurre en Estados Unidos, que tiene la Constitución escrita más antigua del mundo. Los tribunales Constitucionales han declarado inconstitucionales reformas legislativas en Colombia (2010), Polonia (2021) Honduras y Guatemala (2015).

En suma: existe la posibilidad real de que la Corte declare inconstitucional la reforma constitucional.

Sería más que un acto jurídico.

Implica una decisión toral para la vida pública del país.

País de leyes o de caprichos. De poder sin límites o poder controlado.

En las próximas semanas se definirá lo que seremos.

Y eso determinará nuestro porvenir como nación, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos.

X | @fvazquezrig

Uno de los puntos centrales del discurso del expresidente López Obrador, después de los resultados de las elecciones del pasado dos de junio, en los que su partido Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron treinta y seis millones de votos, con los que ganaron la presidencia de la república y la mayoría “calificada” en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en la de Senadores, fue el que su triunfo representaba la voluntad del pueblo para la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país, iniciada durante su gobierno y que deberá seguir ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo quien asumió el cargo el pasado uno de octubre.

Para el partido oficial, el triunfo contundente de sus candidatos, significa que el pueblo con su voto, les otorgó un cheque en blanco para hacer y deshacer las instituciones del país y modificar la Constitución General de la República a su conveniencia, sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos, que si representan la mayoría de la población de acuerdo al padrón electoral y que no les dieron su voto en las pasadas elecciones y que también son pueblo.

El argumento anterior, no fue suficiente para darle más espacios a los partidos de la oposición y minoritarios que debieron tener más diputados de representación proporcional en la Cámara baja y Senadores, logrando obtener Morena y aliados una sobrerrepresentación que no les fue dada en las urnas por los electores.

Con la mayoría calificada en ambas cámaras, el expresidente AMLO, logró la aprobación de la reforma al poder judicial de la federación, a pesar de las opiniones en contra de especialistas, de estudiantes de derecho, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de los funcionarios del Poder Judicial que hasta el día de hoy continúan en paro de actividades, ante la cerrazón y negativa del gobierno anterior y de los legisladores de escuchar sus demandas y de que se respeten sus derechos laborales adquiridos.

Hasta ahora, nada ha logrado cambiar la imposición del Poder legislativo que aprobó la reforma constitucional y del ex presidente López Obrador, que el pasado 15 de septiembre ordenó la publicación del decreto de reforma al poder Judicial de la federación, a pesar de la existencia de dos incidentes de suspensión de Jueces de Distrito que le ordenaron detener la publicación de la reforma, el ex presidente desatendió las suspensiones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la federación.

El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C. a solicitud del Colegio de Secretarios y actuarios federales y de otros funcionarios judiciales, dio respuesta a la solicitud de audiencia para tratar la reforma al poder judicial en México citando a los peticionarios para el día 12 de noviembre de este año, con lo que se da inicio al procedimiento para que la Comisión conozca del tema y de no llegarse a una solución, el caso se turne a la Corte Interamericana de derechos Humanos con sede en San José Costa Rica para su resolución final, lo que puede tardar aún varios meses; sin embargo por la importancia del asunto se prevé se le de celeridad y el Gobierno de México sea emplazado para dar respuesta ante la Corte.

También el día de ayer, finalmente el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos a favor y tres en contra, aprobó abrir una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial y en su caso si puede revertirla o incluso anularla. Lo anterior a solicitud de jueces y magistrados para revisar la reforma que debe ser sometida a control constitucional, por lo que la solicitud será turnada a un Ministro a fin de que elabore el proyecto y el mismo sea sometido a votación del pleno.

Con esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, de acuerdo a la opinión de las Ministras Yasmin Esquivel y Lenia Batres, la primera afirmó que: “la Corte, estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, señalando que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del viernes cuatro de octubre, señaló que. “…acepta lo que le plantea la corte, algunos Ministros de la Corte para analizar la constitucionalidad de la Constitución que está totalmente fuera de norma, en ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la Corte puede cambiar la Constitución, yo supongo que ellos están provocando cual es nuestra reacción y no sólo son los Ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la Ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación..”

En las condiciones anteriores, es definitivo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la mayoría de los Ministros, tiene los elementos jurídicos necesarios para echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial, desde las violaciones al proceso legislativo, en las que incurrieron ambas Cámaras para la aprobación, hasta el hecho de que la reforma en sí, es violatoria de lo establecido en la Constitución General de la República, al eliminar la independencia judicial y  la autonomía del poder Judicial, con lo que atenta en contra de la División de poderes y el orden constitucional voluntad del pueblo mexicano, al establecer como forma de gobierno el de ser una república.

Lo anterior, sin dejar de tomar en consideración las opiniones y probables resoluciones de organismos internacionales, en contra de la reforma al poder judicial.

Es previsible que el gobierno federal representado por el poder ejecutivo y el legislativo, se mantengan en su posición de sostener la reforma aprobada al precio que sea y de usar los medios a su alcance para que se avance en la elección de los Ministros, magistrados y Jueces en los períodos establecidos, bajo la organización y procedimientos del INE.

Mientras los ciudadanos y justiciables, que al final son los más afectados, esperan que las partes lleguen a un acuerdo y que la impartición de justicia mejore y se imponga el estado de derecho, alejado de los conflictos políticos y partidistas que s+olo han deteriorado la imagen de nuestro país al interior y a nivel internacional.

Estamos a días de conocer, ¿cuál será el resultado de la batalla final? Hacemos votos porque no haya ganadores, ni vencidos, sino que el resultado sea el más benefico para los ciudadanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Columna | En Pocas Palabras
 
AUN CUANDO ALGUNOS empresarios han mostrado su preocupación y que de acuerdo a lo expresado por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, el dictamen que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas fue desechado, el pasado 2 de octubre, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en su segunda “Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la jornada de 40 horas se aplicará de manera gradual, pues primero se tiene que llegar a un acuerdo con el sector empresarial. La mandataria mexicana, apenas el martes anterior al dar a conocer sus 100 compromisos de gobierno, uno de ellos es impulsar la aprobación de la reforma laboral para reducir en México la jornada semanal, este jueves, anunció que la jornada de 40 horas se aplicará de manera gradual, pues primero se tiene que llegar a un acuerdo con el sector empresarial. Apuntó: “Nuestro objetivo es un consenso. La mayoría de los empresarios están de acuerdo”. Se tiene conocimiento que pronto tendrán reuniones con el sector empresarial. Claudia Sheinbaum también recordó que se trata de un modelo que ya se siguió, con el incremento al salario el año pasado, por lo que declaró que podría funcionar y fue más adelante al manifestar que se busca llegar a un incremento salarial de al menos 12%.
De pasar la iniciativa de 48 a 40 horas a la semana, la jefa de la nación recordó que muchos trabajadores ya tienen esta jornada, pero otros la están pidiendo, y la propuesta busca atender esta demanda de forma progresiva y por ello, lo que se busca es entablar una mesa de diálogo con empresarios y trabajadores del gremio, para acordar la reducción de horas y así poder avalar la reforma, del Artículo 123 de la Constitución, pues desde 1917, no se ha modificado el límite de tiempo en horas trabajadas. El martes pasado, la Presidenta Sheinbaum Pardo, en el Zócalo externó que su objetivo, respecto a las reformas laborales es que para el final de su sexenio el sueldo mínimo tenga el poder adquisitivo de 2.6 canastas básicas, actualmente las familias pueden comprar 1.6 canastas básicas...Crece la esperanza en el sector laboral...

EL PLENO DE LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (La Corte) llevó a cabo el análisis de una consulta a trámite formulada por su Ministra Presidenta, a fin de determinar el procedimiento a seguir para atender una solicitud presentada por diversas personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, a través de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, La Corte realice un control constitucional relacionado con la reforma en materia judicial a la Constitución Federal, publicada el 15 de septiembre de este año. Al respecto, por votación mayoritaria de ocho ministras y ministros, el Pleno resolvió que procede admitir y realizar el turno habitual de la solicitud, con fundamento en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior porque, en dicho precepto, se dispone con amplitud el mandato para el Pleno de La Corte, en el sentido de velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la judicatura federal y, bajo esa luz, conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal. Así, en observancia de su obligación de velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y de sus integrantes, el Pleno de La Corte determinó que procede que la Ministra Presidenta admita la solicitud, con fundamento en la mencionada fracción, y que sea turnada al ministro o ministra correspondiente, a efecto de que se elabore el proyecto en el cual se examine, de fondo, la solicitud formulada por los promoventes y se dé cuenta con éste ante el Tribunal Pleno. El análisis del resto de las consultas a trámite continuará en próxima sesión del Tribunal Pleno de La Corte...Hasta aquí el comunicado...

ANTE EL INFORTUNIO que sufren miles de habitantes del Estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, puerto que destruyó el ciclón “Otis”, el 25 de octubre del año pasado y ahora el reciente Huracán “John”, que dañó también, severamente, a Chilpancingo y poblaciones circunvecinas, el PRI-Puebla abrió, en solidaridad con las personas afectadas, dos Centros de Acopio para recibir artículos de primera necesidad y alimentos no perecederos, mismos que están ubicados en los edificios de los Comités Directivos Estatal -Diagonal Defensores de la República 862, colonia Adolfo López Mateos- y  Municipal, en Avenida 5 Poniente 122 en el Centro Histórico. Se invita a militantes, simpatizantes y la ciudadanía poblana a donar agua embotellada, comida enlatada, pañales, leche en polvo, cubrebocas, artículos de limpieza personal, jabón en barra, toallas sanitarias, papel higiénico, así como otros artículos de primera necesidad, que se recibirán en un horario de 9 a 17 horas...Hasta la próxima...D.M.

• Previamente a la reforma la autoridad ya estaba facultada para revocar permisos y ya existía la obligación de cumplir con una determinada capacidad de almacenamiento de hidrocarburos

CDMX. - El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) validó los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57 y 59 Bis, de la Ley de Hidrocarburos, así como Cuarto y Sexto transitorios, del Decreto publicado el 4 de mayo de 2021, relativos al otorgamiento y revocación de permisos para el desarrollo de diversas actividades en materia de hidrocarburos, como son refinación, exportación, importación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público, entre otras. Lo anterior, en los siguientes términos:

• Artículo Sexto transitorio, el cual prevé que, a la entrada en vigor del Decreto, se revocarán los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la ley. Lo anterior, al considerar lo siguiente:

- No implica una violación al principio de seguridad jurídica, porque previo al Decreto impugnado ya existía la figura de la revocación de los permisos.

- Tampoco se viola el principio de legalidad, pues existe precisión en las sanciones que se impondrán a los permisionarios cuando incumplan las disposiciones establecidas, entre ellas, la revocación del permiso, sin que se hayan incorporado nuevos supuestos para el efecto.

- De manera previa a la reforma, la legislación ya facultaba a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revisar, verificar o supervisar que los permisionarios cumplan con lo establecido en la normativa aplicable.

- La revocación de los permisos no es automática, pues requiere de un procedimiento en el que se determine que la permisionaria incumplió con las obligaciones previstas en la ley.

• Los artículos 51, fracción III y Cuarto transitorio , en el primero de los cuales se establece como requisito para obtener un permiso, cumplir con la capacidad de almacenamiento que establezca la Secretaría de Energía; mientras que en el segundo se prevé que la autoridad procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Ello, al considerar lo siguiente:

- Lo dispuesto en el Cuarto transitorio no podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de permisionario alguno, pues para que un permiso pueda ser revocado, se tendrá que determinar que hubo un incumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su otorgamiento.

- La obligación de cumplir con la capacidad de almacenamiento ya se establecía previamente a la reforma, en el artículo 80, fracción II, de la propia ley, así como en los Acuerdos que modifican al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, publicados el 29 de noviembre de 2018 y el 6 de diciembre de 2019.

- Lo establecido antes de la reforma no constituye un derecho adquirido que se vea afectado por el decreto reclamado, sino solo una expectativa de derecho.

- Los preceptos impugnados no implican una amenaza para los actuales permisionarios, ni una barrera a la participación de terceros en el mercado, además de que el requisito es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema.

• El artículo 53, párrafo segundo , que adicionó la negativa ficta como consecuencia de la no respuesta de la autoridad ante la solicitud de cesión de un permiso. Ello, bajo las siguientes consideraciones:

- La negativa ficta no implica prohibir o restringir al permisionario salir del mercado, sino asegurar que, ante una cesión, sea posible verificar que el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones, así como que el cesionario reúna los requisitos para ser permisionario.

- La negativa ficta proporciona mayor seguridad al sector de hidrocarburos, ya que hacerlo en sentido afirmativo implicaría la cesión de un permiso a un interesado distinto al cual le fue otorgado.

- La afirmativa ficta no es una prerrogativa inmodificable, pues el legislador puede modificar las reglas para la cesión de permisos, según lo que considere más benéfico para el sector.

• Los artículos 57 y 59 Bis , en los que se incorporó la figura de la suspensión temporal de los permisos cuando se prevea una causa de seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional. Ello, al establecer lo siguiente:

- La figura de la suspensión no implica una confiscación del patrimonio de los permisionarios, pues es un procedimiento establecido legalmente para que la autoridad deje sin efecto temporal un permiso.

- Las disposiciones no son violatorias de los principios de seguridad jurídica, de libre competencia y concurrencia en el mercado de hidrocarburos, pues se busca que las instalaciones suspendidas continúen en la prestación de sus servicios con la ayuda provisional de empresas productivas del Estado, en tanto desaparece la situación que se reputa peligrosa e ilegal.

- No afecta la seguridad jurídica de los permisionarios, porque para el efecto se concede previamente la garantía de audiencia y, una vez determinada la suspensión en una resolución debidamente fundada y motivada, el permisionario puede solicitar su terminación por haber concluido el motivo que la originó.

Acción de inconstitucionalidad 91/2021, promovida por diversos Senadores integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de mayo de 2021. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretarias: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez y Edith Guadalupe Esquivel Adame.

CDMX. - La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un juicio de amparo promovido por una persona en contra de los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que prevén las figuras del matrimonio y concubinato como la unión entre dos personas.

Al resolver el asunto, la Sala revocó la sentencia del amparo que había otorgado el Juez de Distrito tras considerar que las normas reclamadas vulneraban el principio de igualdad y no discriminación, al excluir las relaciones poliamorosas.

En su fallo, el Alto Tribunal analizó la evolución de las figuras del matrimonio y concubinato y advirtió que en el precedente sobre el matrimonio igualitario la exclusión se basaba en el sexo de sus integrantes, sin diferencias sustanciales en la aplicación del régimen (como en el divorcio, la repartición de bienes, la compensación, entre otros).

Por su parte, advirtió que el reclamo de discriminación planteado por el solicitante de amparo se generó por la definición de las figuras y no por el sistema que las regula. Lo anterior, con objeto de aplicar los mismos supuestos normativos del matrimonio y concubinato al poliamor, el cual definió como aquellas relaciones con varias personas de forma simultánea con el debido conocimiento y consentimiento de cada uno de los integrantes.

Así, la Sala precisó que el poliamor conlleva una operatividad distinta de las relaciones monogámicas, por lo que las reglas del matrimonio y concubinato —que se refieren a interacciones entre una pareja—, establecen presunciones y obligaciones específicas que no serían aptas para lograr una operatividad plena para este tipo de interacciones, ya que se verían limitadas dentro de la regulación existente, lo cual corrobora que la diferencia de trato no está basada en una condición discriminatoria.

Finalmente, la Primera Sala determinó que el no reconocer las relaciones poliamorosas dentro del matrimonio o concubinato no vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la familia pues de ninguna manera impiden su práctica. Ello es así, debido a que el derecho a formar una familia y relacionarse no se agota con esas figuras, ni tampoco deja de tener protección constitucional; por lo que no existe una restricción o prohibición para que las personas, como el solicitante de amparo, integren este tipo de relaciones.

Amparo en revisión 695/2023. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Resuelto en sesión de 3 de abril de 2024, por mayoría de cuatro votos.

Los meses siguientes de este año, que anteceden al proceso electoral del 2 de junio próximo, serán cruciales para la vida política del país y sin duda alguna, elevarán la temperatura del conflicto que enfrentan el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que asumió la presidencia del máximo tribunal, la Ministra Norma Piña, que desde su primer discurso cuando asumió el cargo, dejó claro que habría una sana distancia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, haciendo valer la autonomía e independencia de dicho poder, en su actuar y en el sentido de sus resoluciones.

La postura de la presidenta, significó un desafío para AMLO y desencadenó una serie de ataques y cuestionamientos contra el poder judicial, que nunca se dieron en la época en que lo presidió Arturo Záldivar Lelo de Larrea, a quién incluso el presidente promovió se prorrogara su período a fin de que consolidara la reforma judicial que impulsó para acabar con la corrupción en el poder judicial de la federación.

Cuando Záldivar presidió la Corte, para el presidente López Obrador, no era tan grave que los Ministros tuvieran los altos salarios y prestaciones de que gozan, incluso por arriba de lo que percibe AMLO, ni tampoco cuestionó los millonarios recursos de los fideicomisos que tiene el poder judicial de la federación, cuya desaparición promovió ante la Cámara de Diputados federal.

Sin embargo, las cosas no le salieron al presidente como las había planeado, y trató de promover a la Ministra Jasmin Esquivel para ocupar el cargo de Arturo Záldivar, lo que fue imposible debido al escándalo en que se vio envuelta por las acusaciones en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura y posteriormente también de su tesis de doctorado, sin que a la fecha se le haya sancionado por las autoridades de la UNAM, por lo que continúa desempeñándose como ministra de la Corte.

Los ataques del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, desde los Ministros, magistrados y jueces de distrito, hasta el personal judicial, han ido en aumento y por ello, anunció una serie de reformas constitucionales el 5 de febrero de este año, en el marco de la Conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, para que los actuales Ministros, magistrados y jueces, dejen los cargos y los que los sustituyan sean electos por medio del voto de los ciudadanos.

Resulta evidente, que aún y cuando el presidente tiene a su favor al menos cuatro de las Ministras de la Suprema Corte, que son: Jasmin Esquivel Mossa, Lenia Batres, Margarita Rios Farjat y Loreta Ortiz Ahlf, con esos votos no podrá sacar adelante la aprobación de las 7 iniciativas de reformas que promovió en su denominado plan B y que seguramente serán resueltas en las próximas semanas por el máximo tribunal de nuestro país.

De ahí que AMLO tendrá baterías suficientes para continuar sus ataques a la Corte y a todo el Poder Judicial de la federación, acusándolos de corruptos, de estar coludidos con los conservadores, de proteger a los delincuentes y de que están en contra de su gobierno.

El diferendo entre el presidente y el Poder Judicial, no se resolverá por lo menos en este sexenio y le tocará a la nueva presidenta o presidente, seguir con la postura de AMLO o buscar tender puentes con la corte, respetando su autonomía e independencia, en estricto apego a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo pronto, pesa sobre los funcionarios judiciales, la amenaza de la reforma constitucional anunciada por el presidente, para cambiar la forma de su elección y que sólo será posible, en caso de que Morena y sus partidos aliados, logren contar con la mayoría calificada con las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

Están pendientes de resolver por el pleno de la corte, asuntos de gran trascendencia para el país, cuyo sentido de las resoluciones podría ir en contra de las iniciativas del presidente, lo que probablemente ya tiene calculado, por lo que su única esperanza es que al contar con la mayoría calificada en la nueva legislatura, pueda lograr su aprobación siempre y cuando gané la elección Claudia Sheinbaum, porque de no ser así, lo más seguro es que finalmente desista de estas propuestas y termine dejando las cosas, así como están en nuestra carta magna, por lo que la designación de los Ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial se seguirá llevando a cabo con los mismos procedimientos establecidos.

Nos falta conocer la postura de la candidata de la Alianza fuerza y corazón por México quién seguramente estará de acuerdo con el sentido de la votación de los partidos PRI,PAN Y PRD que han declarado su oposición a la iniciativa presidencial; por lo qu e se da por hecho de que los trabajadores del Poder Judicial de la federación y sus familias, estarían por votar por Xóchilt Gálvez en la elección del próximo dos de junio.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

CDMX. - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de México acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no permite a la Guardia Nacional depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que a partir del 1° de enero de 2024 la institución quedará establecida en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.   

    “Sí se va a acatar sin ningún problema, sin ningún problema. No tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos y hay con la Secretaría de Seguridad Pública una estrecha relación”, subrayó.

“Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa”, agregó.

En conferencia de prensa matutina reiteró que el próximo año enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional que asegure la disciplina y el profesionalismo de la Guardia Nacional bajo la dirección de la Sedena, institución que se conduce por valores, como la lealtad al pueblo.

    “Nos conviene que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista”, aseveró.

El mandatario indicó que esta iniciativa “nos garantiza que no se eche perder la Guardia Nacional porque significa disciplina, profesionalismo, significa pertenecer a una institución sólida”.

De esta manera, dijo, se protegerá a la institución creada y consolidada por el Gobierno de la Cuarta Transformación en menos de cinco años.

Actualmente 126 mil elementos la conforman y participan en tareas de seguridad con estricto apego a los derechos humanos.

    “La Guardia Nacional tiene como 400 cuarteles actualmente, 120, 130 mil elementos, equipos, desde luego, disciplina, profesional. Ahí están diez mil elementos en Acapulco y ahí vamos a construir 39 nuevos cuarteles antes de que yo termine”, enfatizó.

Recordó que el Ejército Mexicano tiene sus orígenes en el pueblo, de modo que “en los 27 generales de división no van a encontrar a ningún millonario, o sea, el Ejército Mexicano no pertenece a la oligarquía; los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de los propios militares, de comerciantes. Es un ejército popular”.

El jefe del Ejecutivo agradeció a las y los legisladores por reconocer los derechos laborales de elementos de las Fuerzas Armadas enviados a la Guardia Nacional.

    “Yo le agradezco mucho a los legisladores que haya dado esta certidumbre porque si no respetaban sus salarios, sus rangos, entonces se va a desmantelar, no tanto, porque ya habíamos hablado con ellos, pero sí se nos iba a generar un problema”, refirió.

Finalmente, la profecía se cumplió y el presidente López Obrador, haciendo uso de la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República” designó a Lenia Batres Guadarrama hermana del jefe de gobierno de la ciudad de México y quién se desempeñaba como secretaria adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica y fundadora de Morena, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Arturo Zaldívar quién renunció al cargo para sumarse a la campaña de la virtual candidata a la Presidencia de la República por Morena Claudia Sheinbaum.

La Cámara de Senadores por vez primera en su historia, no logró tejer un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para reunir los votos necesarios para designar a una de las tres candidatas propuestas por López Obrador y cuyas trayectorias destacaban precisamente por ser fieles representantes de los intereses del ejecutivo, alejadas de una carrera judicial y cuyo único mérito era convertirse en un voto seguro para tratar de que se aprueben los juicios y controversias en las que sea parte el presidente o autoridades emanadas de Morena.

En otras palabras, los Senadores, no encontraron en ninguna de las candidatas presentadas en las ternas enviadas por el presidente, a una profesional con una trayectoria en la judicatura, ni mucho menos que garantizara un trabajo profesional e imparcialidad en su actuar al resolver asuntos que tienen una gran trascendencia nacional, en los que se requiere además de un amplio conocimiento del derecho, garantizar imparcialidad, porque su función es impartir justicia, sin importar de quién se trate; sin embargo la nueva ministra, llega con el objetivo de defender a capa y espada en los debates y votaciones los intereses de AMLO y de su gobierno en el ámbito federal y de los gobernadores de los estados de Morena.

En un tema de decoro y respeto a la Cámara de Senadores, que representa a las entidades federativas, el presidente, debió cubrir las formas y procurar presentar a personajes de trayectoria intachable no sólo profesionalmente, sino sin visos o compromisos políticos con su gobierno, no sólo por la importancia que tiene el nombramiento de un Ministro del máximo tribunal del país; sino también porque el mensaje que se da a los ciudadanos, es de que es más importante colocar incondicionales en dichos cargos, que cuidar las formas y actuar como un demócrata, respetando la carrera judicial de cientos de secretarios, jueces y magistrados en funciones, cuyo pecado para no ser considerados, es no ser familiares cercanos de un destacado miembro de Morena o gobernante en turno.

Así las cosas, si bien es cierto que los Presidentes del período neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, presentaron ternas a cargos de Ministros, al menos en la mayoría de los casos, los buscaban dentro de quienes tenían una carrera judicial por haber formado parte de dicho poder y que no estuvieran públicamente identificados con sus partidos PRI y PAN.

Por lo anterior y ante la permanente frase del presidente de no somos iguales a los gobiernos neoliberales corruptos queda demostrado que con sus propuestas ha llegado más lejos que ellos en forma pública y sin recato alguno.

Si de por sí, sobre la Corte sigue pesando el caso de la ministra plagiaria Jasmín Esquivel cuya situación no ha sido definida por las autoridades de la UNAM debido a los juicos de amparo que ha promovido y que continua actuando en el pleno y las salas por la protección presidencial de la que goza; ahora con la llegada de Lenia Batres el presidente piensa que logrará frenar las resoluciones que no favorezcan a su gobierno y se aprueben aquellas que sean de su interés; en otras palabras está aplicando al máximo tribunal del país, el mismo modus operandi de las Cámaras de Diputados y Senadores, jugando a las mayorías, simples y calificadas, sin importar el respeto al estado de derecho y a la Constitución como ha quedado demostrado a lo largo de estos cinco años de gobierno.

Pero dicha situación, no debería ser extraña para los ciudadanos, ya que si algo ha caracterizado a AMLO, es su desprecio por la ley, a la división de poderes y a los órganos autónomos que no se someten a su poder o que osan tener una opinión contraria a su discurso y políticas; así es, así ha sido y así será hasta el fin de su mandato.

La disyuntiva para los ciudadanos es si en 2024, seguiremos votando por la continuidad de estas políticas gubernamentales y apoyando el ataque a las instituciones, incómodas al presidente, o si la mayoría se pronunciará por un cambio dando de nuevo la oportunidad de rectificar a la oposición, que aún no ha sido capaz de lanzar un discurso que logre dar esperanza a los electores, de que no volverán a cometer los errores del pasado.

Sin duda alguna en las elecciones de 2024, todos tenemos una cita con el futuro que le depara a México y definiremos si votamos por la continuidad de la debacle de las instituciones como el INE, TRIFE, INAI, COFECE, la Suprema Corte de justicia de la Nación entre otras; o si damos un golpe de timón y votamos por los candidatos de la oposición.
                             
                                *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.