Tampoco la hecha a particulares; debe respeto la libertad de expresión

Puebla, Pue.- Al analizar  la libertad de expresión, ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia  concluyeron que el umbral de critica periodística a un funcionario público debe ser mayor que la de un particular , no causa daño moral alguno y queda exenta de sanciones.

 El Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega informó que en una de las jornadas de derechos humanos que se transmitió de manera virtual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dieron a conocer  tres criterios o tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema “La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.

Comentó  en entrevista el jurista Tejeda,, que en un amparo en revisión que conoció la citada Primera Sala, cuyos antecedentes del documento consistían en que un Presidente Municipal se dolía en contra de un periódico de su localidad, por haber hablado mal de él en cuanto a su vida sexual, se concluyó lo siguiente:

´´El umbral de crítica periodística  debe ser mayor para los Funcionarios Públicos o personajes de la vida pública, en relación a un simple particular, por el hecho de que los primeros son representantes populares y es de interés general que el pueblo que votó por ellos conozca de los diversos aspectos de su vida´´, razón por la cual se le absolvió al periódico de sus criticas periodísticas emitidas.

En un segundo caso la Suprema Corte también, en amparo directo determinó que en el caso de que surja un conflicto entre dos empresas periodísticas, como fueron el periódico La Jornada y la revista “Letras Libres”, cuando esta última le imputaba al periódico de una publicación en que señalaba la ideología socialista que decía tiene La Jornada, y el apoyo al juez español Baltazar Garzón, la Corte señaló que como dichas empresas se encuentran en un estado de igualdad en la expresión de su crítica periodística, no era posible señalar que la revista Letras Libres había provocado un daño moral al periódico: y en consecuencia absolvió a la revista de supuesta reparación de daño moral.

Tejeda Ortega explicó que en una acción de inconstitucionalidad que conoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó señalando que el concepto Periodista no solamente se refiere a quien ejerce dicha profesión con un título profesional y en forma permanente, sino también a aquellas personas que sin dicho título y en forma esporádica dedican parte de su vida a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Esto porque en diversas instancias de Gobierno, como es en Palacio Nacional (en Las mañaneras) se requiere a los periodistas que tengan la acreditación correspondiente, o un permiso dado por el propio gobierno, lo que vulnera el ejercicio libre del periodismo.

Por último se dio a conocer que en el Estado de Puebla existe una iniciativa de ley que pretende sancionar penalmente a aquellos periodistas que divulguen ´´noticias falsas´´; advirtiendo que el periodista en las muchas de las veces solamente acude a sus fuentes de información, pero no puede constatar en algunos casos la veracidad de los hechos comunicados, lo que origina que esta propuesta legislativa poblana, a final de cuentas. vulnere la libertad de expresión.

Se pusieron ejemplos de casos en que al periodista nacional Sergio Aguayo se le sentenció al pago de una indemnización moral al ex Gobernador Moreira, por la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS, por haber señalado  Sergio que el ex Gobernador Moreira, era un corrupto; y de igual manera el caso de Carmen Aristegui quien fue despedida de la empresa MVS, por haber dado a conocer el caso corrupto de la “Casa Blanca”, imputable al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Fallo de la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley Bonilla de BC

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte al declarar inconstitucional el decreto número 351 del año 2019, mediante el cual el Congreso del Estado de Baja California aumentó el plazo de duración del cargo de Gobernador de dicho Estado, Jaime Bonilla Valdez, de 2 años que tenía originalmente a 5 años, desvaneció el sueño de algunos gobernantes actuales que pretenden reelegirse.

Sobre el tema el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, comentó que esta resolución del más alto tribunal de la nación es favorable para todo el pueblo mexicano, y termina con las ambiciones que algunos gobernantes en México puedan tener o tienen para reelegirse o, en su caso, que las Legislaturas locales les amplíen la duración de dichos cargos, como sucedió en el Estado de Baja California y en tratándose del gobernador Jaime Bonilla (Morenista).

El Jurista Tejeda Ortega señaló los antecedentes del caso y mencionó que el decreto legislativo del año 2014 del Congreso de Baja California, se reformó  y en su artículo 8vo transitorio se estableció que con el fin de empatar las elecciones locales a las federales, por primera vez la duración del cargo de gobernador de dicho estado duraría únicamente 2 años, como aconteció en el Estado de Puebla con el gobernador interino Antonio Gali.

Habiendo ganado las elecciones Jaime Bonilla y terminado el proceso electoral, la Legislatura de dicho estado volvió a reformar el artículo noveno transitorio de su Constitución local para ampliar la duración del cargo de 2 a 5 años, de tal manera que el gobernador Jaime Bonilla terminara su función en el año 2024 y no como se había previsto originalmente, en el año 2021.

Inconformes con dicha reforma constitucional local, los partidos políticos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegando dichos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnándose los mismos al Ministro José Fernando Franco González Salas para su estudio.

Comenta Tejeda Ortega que el decreto reformado. según criterio del Ministro  Franco González Salas, violenta el principio de certeza electoral que debe existir en el sistema democrático de México y sobre todo el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice textualmente:

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El decreto 351 de la reforma a la Constitución de Baja California fue dado durante el proceso electoral de dicho Estado, aunque su promulgación y publicación se emitió después de concluido este.

De igual manera el decreto declarado inconstitucional se señaló que se aplicó retroactivamente en beneficio del actual gobernador Jaime Bonilla, lo que prohíbe el artículo 14 Constitucional, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Es fundamental comentar que el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró públicamente en el pleno que se llevó a cabo por medios remotos, que se dio un gran fraude electoral en el Estado de Baja California y que los diputados locales cometieron un grave ilícito al prorrogar la duración del cargo de Gobernador de su Estado y que, además se violentaron los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Politice de los Estado Unidos Mexicanos, pues los bajacalifornianos fueron a votar en favor de su candidato preferido, para el cargo de gobernador y exclusivamente por un periodo de 2 años, no así de 5 años, lo que violentó la voluntad del voto popular.

Los once Ministros de la Corte estuvieron de acuerdo en calificar el gran fraude electoral que se cometió en el estado de Baja California, por lo que la votación fue unánime e histórica, pues deja un precedente para que futuros gobernantes en México no se puedan reelegir o ampliar el plazo de duración del ejercicio de su cargo, incluye por supuesto al Presidente de la República.

Finalmente el Senador por Morena, Germán Martínez, declaró a la prensa en la Ciudad de México  que se debe fincar responsabilidad penal a aquellos legisladores del estado de Baja California, que participaron en el gran fraude electoral.

Hoy se verá de qué está hecho el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre un atropello flagrante a la constitución y a la democracia.

Se trata de la extensión del periodo de la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años, impuesta por el congreso estatal, dominado por Morena.

La votación legislativa fue un muladar y se hizo después de que los ciudadanos habían elegido a Bonilla por un periodo de dos años.

El gobernador electo, envalentonado por el tsunami de Morena en la elección federal, impulsó en su beneficio la reforma y luego, imitando a su pastor, orquestó una consulta populachera a modo para bendecirla.

El hecho es ominoso y grosero.

Discutir sobre la constitucionalidad del mismo es ocioso. Se trata de una violación flagrante de todos los principios consagrados en ella. Ya en otro momento expuse los argumentos legales.

El Ministro Instructor Fernando Franco, un respetado jurista, ha presentado el proyecto para declarar inconstitucional el acto.

Pero hoy la Corte, para echar abajo este acto, requiere de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los ministros. Ocho votos.

Esto demanda que los nuevos ministros, propuestos al Senado por el ejecutivo, demuestren su independencia y su valor.

Son 3: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Fajart.

El acto es tan sucio que no sólo se demanda a la corte que se eche abajo, sino que se haga por unanimidad.

Nada menos que eso es aceptable.

La democracia sirve para muchas cosas, pero una de ellas es esencial: asegurarse que los malos gobiernos se terminen de manera pacífica en fecha cierta.

Permitir que un órgano político pisotee la constitución y haga de las leyes una hechura a su medida sería condenar a muerte a la democracia.

La decisión del porvenir de la democracia y la libertad está, pues, en la corte.

El poder ejecutivo Federal pudo impugnar la constitucionalidad del acto y no lo hizo. López Obrador ha respondido, sibilino, que hará lo que diga la Corte, pero no apeló a ella ni condenó el golpe parlamentario.

Precisamente por ello, por su proclividad a ignorar al estado de derecho, a violar la ley si ello lo acerca su personal sentido de justicia, si la arbitrariedad sirve a sus intereses, es indispensable que la Corte pruebe que está a la altura de las circunstancias.

El Poder Judicial sirve, entre otras cosas, para eso: para frenar el abuso. Para corregir la plana. Para garantizar que el poder se someta a la constitución.

La independencia y la bravura de los jueces se mide no con presidentes débiles, sino con poderes excepcionales. No en circunstancias de bonanza, sino en épocas de desventura.

Nuestra democracia republicana se basa en la división de poderes, el federalismo, la representatividad y el laicismo.

Como nunca, cada uno de esos principios están en riesgo hoy. En una sola decisión, la Corte los solidificará o los hará volar en pedazos.

Habrá que dar un escrutinio especial a cada voto, a cada expresión.

Si el fallo falla, sabremos, sin lugar a dudas, que se ha abierto el camino a la dictadura. Validada por los jueces.

Twitter | @fvazquezrig

En Sesión solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), impuso la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva Ministra Ana Margarita Ríos-Farjat, con lo que, por primera vez, desde la Reforma Constitucional de 1995, el Tribunal Pleno contará con la participación de tres Ministras.

Al respecto, el Ministro Presidente le dio la bienvenida a la Ministra Ana Margarita Ríos-Farjat, de quien dijo: "Hay en este tribunal pleno tres mujeres y esto es un paso significativo en la tan anhelada paridad de género en todos los órganos del estado mexicano, sino además por tratarse de una jurista inteligente, preparada, estudiosa".

Al asumir su cargo como integrante del Pleno del Alto Tribunal, Ana Margarita Ríos-Farjat afirmó: "Ante ustedes, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Cámara, expuse la autonomía con la que me he conducido no sólo en mi vida profesional sino mi vida entera y que señaló la Ministra Esquivel, Mi pensamiento, mis elecciones y mis decisiones. Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y atender, autonomía frente a los otros Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a tro tipo de Poderes, los facticos de la cualquier índole".

Menor con síndrome de down, amparada recibe educación elemental

Puebla, Pue.- La Suprema Corte de Justicia reconoce el principio constitucional de ´´educación inclusiva´´, consistente en que cualquier persona, sin importar su género, su raza, su cultura o su origen étnico, además de que padezca alguna incapacidad, tiene derecho a recibir la educación que otorga el Estado a los mexicanos, sin ninguna discriminación.

Lo anterior se puso de relieve al resolver la Segunda Sala de la SCJN el amparo en revisión número 27-2019, promovido desde hace más de tres años, y concederle el amparo y protección de la justicia federal a una niña menor de edad, de origen mazahua y de nombre Citlalli, quien por padecer el síndrome de down se le negaba ser inscrita en una escuela en el Estado de México.

Miguel  Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista,  informó que la sentencia emitida por la Corte, reconoce el principio constitucional de “educación inclusiva”,  para que todo mexicano –mujer u hombre- sin importar su raza, cultura, origen étnico, aunque padezca  alguna incapacidad, tiene derecho a la educación inclusiva, sin discriminación 

Explicó que el jurista poblano que el citado amparo se originó en base a que los padres de Citlalli, la menor con síndrome de down, pretendieron inscribirla en una escuela en el Estado de México, institución que se negó a reconocerla como una estudiante con todos sus derechos y obligaciones, y solamente se le trató de apoyar para que compareciera como oyente a dicha escuela, por su incapacidad intelectual.

Inconformes por este hecho los padres de la niña acudieron a las instancias judiciales federales, hasta llegar a la Segunda Sala de la Suprema Corte, dependencia que en días pasados falló a su favor, manifestando que la educación debe ser un proyecto inclusivo para todos, e impuso como obligación a la escuela que se negaba a registrarla, que se le proporcione todos los servicios que sean necesarios para su educación elemental, inclusive  la asistencia de un tutor especial para ella.

Esta sentencia es un buen precedente que deja la Suprema Corte para que todas las personas con diversas discapacidades, sobre todo intelectuales, puedan ser incluidas en el proyecto educativo mexicano y tengan acceso a los servicios de educación en las escuelas públicas del Estado Mexicano, concluyó Tejeda Ortega.

El motivo: la renuncia inesperada del ministro Eduardo Medina Mora

Puebla,Pue.- La autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en peligro y se manifiesta con la renuncia que presentó el ministro Eduardo Medina Mora por supuestas causas graves y para dejar el  cargo que le fue conferido y que debía desempeñar  hasta el año dos mil treinta.

Explica lo enunciado el Constitucionalista y Amparista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, al señalar que las renuncias de los Ministros de la Corte sólo procederán por causas graves, tal y como lo dispone el párrafo tercero del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado¨.

El Amparista detalló que sin calificar ni entrar al fondo de las investigaciones que le está practicando la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, al hoy ex Ministro de la Corte, por supuestas transferencias millonarias a sus cuentas bancarias en los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, la renuncia viene a perjudicar el control constitucional que tiene la Suprema Corte frente a los  Poderes Legislativo y Ejecutivo federales.

Que la renuncia que se dio a conocer por medio de la televisión, no menciona ninguna causa grave (enfermedad o investigaciones penales)  razón por la cual se desconocen los motivos reales de dicha renuncia, esperando que en el Pleno del Senado de la República se den a conocer el motivo o motivos que dieron origen a  ésta, pues se requiere la aprobación del  Órgano Legislativo para que proceda la renuncia respectiva en términos de ley.

La salida del ex ministro Eduardo Medina Mora (de tendencia conservadora) viene a complicar el funcionamiento del más alto Tribunal de la Nación, pues ya no existirá una mayoría calificada de ocho votos para poder declarar inconstitucionales las leyes en el país.
       
En otros términos, Tejeda Ortega dijo que el Pleno de la Corte se conforma de once ministros, de los cuales unos son de ideología conservadora y otros liberales, pero que actualmente con las propuestas del Presidente López Obrador, existen dos ministros que tienden a proteger los intereses de Morena e inclusive de las leyes emanadas por el grupo parlamentario de dicho partido y que, por supuesto benefician al Presidente de la República, siendo estos ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Señora Yazmín Esquivel Mossa y actualmente se ve con tendencia para interpretar a favor  las leyes que surgen de la bancada Morenista, al  Presidente de la Corte, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.

En consecuencia,  al ser propuesto un nuevo ministro y aprobado por el Senado con ideología Morenista, se va a acabar el voto calificado que se había conformado en la Suprema Corte, con el peligro de que este alto tribunal pierda su autonomía y no sea un equilibrio constitucional frente a los otros dos Poderes de la Unión.

Se investigará y sancionará ahora a jueces y magistrados que cometan delitos

Puebla, Pue.- Al continuar  las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el  senador Ricardo Monreal propone la creación de la tercera sala y la designación de cinco ministros más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que según expertos, desnaturalizaría la función propia de esta dependencia federal.

Después de una entrevista del Presidente de la Suprema Corte, Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en breve conferencia de prensa el primero resaltó el respeto absoluto entre Poderes de la Unión y que se investigará y sancionará a aquellos jueces y magistrados que cometan delitos de corrupción.

Por otro lado el Senador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que en breve se presentará una iniciativa de reforma constitucional, para crear una tercera sala a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-,  conformada por cinco Ministros más que conocerán únicamente de delitos y actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, así como particulares.

El Constitucionalista poblano y Notario Público, Miguel Ángel Tejeda Ortega, opinó en entrevista, que la creación de una tercera sala en la Corte desnaturaliza la función de control constitucional que tiene este alto Tribunal, pues esta reforma no es necesaria, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte conoce de asuntos penales de cualquiera índole y sobre todo de los aspectos de inconstitucionalidad de las leyes penales federales o locales.

Dijo además que el nombramiento de cinco nuevos Ministros para la Corte, descontrola su funcionalidad, pues sumados a los once existentes, darán un número de dieciséis ministros que integrarán el Pleno de la Corte.

Señaló igualmente Tejeda Ortega, que además de la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requerirán reformas al artículo 105 de la misma, que reconoce las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, además de las leyes secundarias como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás legislaciones de carácter penal vigentes en México.

Especialistas en Derecho constitucional señalan que posiblemente el fin de la anunciada reforma, tenga por objeto crear una Corte a modo de los intereses del gobierno actual, ya que los nuevos cinco Ministros serán propuestos por AMLO y ratificados por el Senado; en consecuencia serán siete Ministros los que posiblemente influyan en las resoluciones fundamentales de México, incluyéndose por supuesto a los nuevos Ministros González Alcántara Carrancá, y Yasmín Esquivel.

Finalmente Tejeda Ortega señaló que siguen dándose las reformas constitucionales, no obstante que se había prometido a los mexicanos no reformar la Constitución en los tres primeros años de este gobierno.

Las tres doctoras en Derecho son muy cercanas al titular del Ejecutivo  federal

Puebla, Pue.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Senadon una terna de mujeres para que este órgano legislativo nombre a la nueva Ministra que va a sustituir a la Ministra en retiro Margarita Luna Ramos, por un período de quince años, a partir del día dieciocho de este mes de febrero.

La terna está compuesta por tres doctoras en Derecho, que según especialistas en la materia, se encuentran muy cercanas al titular del Poder Ejecutivo, y son Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Half y Celia Maya García; dos de ellas pertenecen al Partido Morena, en tanto que la doctora Esquivel tiene una gran amistad con AMLO, así como su esposo el contratista José María Ríos Boo, que es consejero del Ejecutivo en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucia.

El Constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega estableció que el procedimiento para la elección de un nuevo Ministro se encuentra previsto en el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cumplir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo,  ocupará el cargo de Ministro la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República.- En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá a una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.

Comentó Tejeda Ortega que en caso de que el Senado de la República no se ponga de acuerdo en la designación de la nueva Ministra, será AMLO quien la designará en términos del precepto constitucional comentado.

Especialistas en la materia e investigadores en la UNAM, han señalado que la cercanía de las tres candidatas a Ministra con el Presidente de la República, da lugar a que se vulnere la autonomía del Poder Judicial de la Federación y las decisiones que éste tome en el momento de impartir  justicia, ya que cualquiera de las  tres doctoras en Derecho siempre va a estar conforme con las políticas económicas  llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal, o decisiones de éste, que en un momento dado pueden ser impugnadas por los particulares o por los órganos constitucionales que establece el Artículo 105 de la Carta Magna.

Finalmente señaló Tejeda Ortega el pobre desempeño que ha tenido el nuevo Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien casi nunca interviene en los debates del Pleno de la Corte y demuestra su falta de conocimiento de la materia del Derecho Constitucional, sus procedimientos, así como el juicio de amparo y la jurisprudencia, personaje que fue designado por el Senado de la República hace aproximadamente dos meses y que también se le imputa una gran cercanía con AMLO.

Oportunidad para que prospere el Plan de Guardia Nacional de AMLO

Puebla, Pue.- Al ser declarada este jueves 15 su inconstitucionalidad,  la Ley de Seguridad Interior quedó invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- y se abre la oportunidad para que prosperen las reformas o propuesta de la nueva Ley de Guardia Nacional, que ha anunciado el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con la votación conjunta del Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales y de nueve ministros: Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, José Ramón Cossío Diaz, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, a favor, se declaró Inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en sus dos Cámaras, en el año 2017.

Esta declaratoria se debió a siete acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas en un 33%  por Diputados y Senadores de la anterior Legislatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Partido Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

El fundamento de esta declaratoria, explicó el Constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega, se debe a que la Ley Federal comentada transgrede diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son el artículo 73, fracción XXIX – M, 89 fracción VI, además de los artículos 21, 115, 116 y 124 de la  Carta Magna.

Resaltó el jurista Tejeda Ortega que éste es un caso excepcional en el cual la Suprema Corte invalida toda una Ley, y no solamente algunos preceptos de la misma, y da así oportunidad al próximo gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, para llevar a cabo nuevas reformas o leyes que regulen la Seguridad Nacional en el país, incluyéndose la seguridad interior y, como consecuencia, que prosperen las propuestas de la Guardia Nacional y la eficacia de la ya futura Secretaría de Seguridad  Pública, cuyo titular será el señor Arturo Durazo.
 
Tejeda Ortega dice que lo curioso de esta declaratoria de inconstitucionalidad es que surge conjuntamente con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador sobre su nuevo Plan de Seguridad que ha anunciado.

Fue aprobada por el Congreso de la Unión sin facultades para hacerlo

Puebla, Pue.- En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevado a cabo el pasado día trece, seis Ministros expresaron su opinión personal para que se declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión, sin facultades para hacerlo.

Mediante siete acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas al Pleno de la Corte por el 33% de los Diputados y Senadores que conformaron la anterior Legislatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Partido Movimiento Ciudadano, entre otros, se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en algunos casos manifestando que toda esta Ley es inconstitucional, y en otros que tiene preceptos que violentan la Carta Magna y Tratados Internacionales.

Entre los Ministros que están de acuerdo que se declare inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior, se encuentran Eduardo Tomás Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz,   la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, entre otros.

En entrevista con el Constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega, manifestó que la posición de los Ministros que están conformes con que se declare inconstitucional la comentada ley, se debe a que violenta los artículos 73 fracción XXIX, inciso M, así como el artículo 89 fracción VI, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 73, fracción XXIX – M, establece: “El Congreso tiene facultad: Para expedir leyes en materia de Seguridad Nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”.

Por su parte el artículo 89, fracción VI, dice: Las facultades y obligaciones del Presidente de la República son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Según el Ministro José Ramón Cossío Díaz, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, que únicamente le corresponde a las autoridades civiles del fuero federal, locales y municipales, lo que prevé el artículo 21 Constitucional en su párrafo seis que menciona: “La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley´´.

Cossío Díaz señaló que la Ley de Seguridad Interior confunde los términos de seguridad nacional y el de seguridad pública, que se encuentran debidamente especificados en la propia Constitución.

El Constitucionalista Tejeda Ortega señala que la Seguridad Nacional no es más que la defensa del territorio nacional y la soberanía del país en caso de una posible invasión extranjera; por el contrario la seguridad pública es la protección que las policías federales, locales o municipales dan a los particulares en el caso de la comisión de delitos, también por parte de particulares.

Expuso Cossío Díaz ante el Pleno, que el Presidente de la República podrá emplear el uso del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en los casos de una declaratoria de guerra contra un país extranjero, o por suspensión de los derechos y las garantías que otorga la Constitución, y a que se refiere el Artículo 29 Constitucional, y en estos casos el Ejecutivo Federal únicamente protege la Seguridad Interior del país.

Por otra parte la Ministra Norma Lucía Piña Hernández mencionó que en el proceso de creación de la Ley de Seguridad interior se dieron una serie de violaciones al procedimiento por parte de los Diputados y Senadores; también dan lugar a la inconstitucionalidad de toda la Ley.

Tejeda Ortega determina que los Ministros que participaron en su exposición no dieron un concepto claro y especifico de lo que debe entenderse por Seguridad Interior, de igual manera qué es la seguridad nacional y finalmente qué debe entenderse por seguridad pública; lo que provoca que la sociedad esté confundida en cuanto a dichos términos y que espera que en la próxima reunión del Pleno se puedan clarificar estos conceptos jurídicos.

Finalmente se anunció para este jueves quince la siguiente reunión del Pleno, para que expresen su opinión cuatro Ministros que faltan para ello.

Tejeda Ortega determinó que con ocho votos de Ministros que estén a favor de declarar inconstitucional toda la Ley, es más que necesario para expulsar este ordenamiento legal de la Legislación Mexicana y que no tenga ninguna vigencia ni operancia jurídica.

Igualmente comentó que de declararse inconstitucional toda la ley, sería un caso excepcional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca lo ha hecho de esa manera.