CDMX. - La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un juicio de amparo promovido por una persona en contra de los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que prevén las figuras del matrimonio y concubinato como la unión entre dos personas.

Al resolver el asunto, la Sala revocó la sentencia del amparo que había otorgado el Juez de Distrito tras considerar que las normas reclamadas vulneraban el principio de igualdad y no discriminación, al excluir las relaciones poliamorosas.

En su fallo, el Alto Tribunal analizó la evolución de las figuras del matrimonio y concubinato y advirtió que en el precedente sobre el matrimonio igualitario la exclusión se basaba en el sexo de sus integrantes, sin diferencias sustanciales en la aplicación del régimen (como en el divorcio, la repartición de bienes, la compensación, entre otros).

Por su parte, advirtió que el reclamo de discriminación planteado por el solicitante de amparo se generó por la definición de las figuras y no por el sistema que las regula. Lo anterior, con objeto de aplicar los mismos supuestos normativos del matrimonio y concubinato al poliamor, el cual definió como aquellas relaciones con varias personas de forma simultánea con el debido conocimiento y consentimiento de cada uno de los integrantes.

Así, la Sala precisó que el poliamor conlleva una operatividad distinta de las relaciones monogámicas, por lo que las reglas del matrimonio y concubinato —que se refieren a interacciones entre una pareja—, establecen presunciones y obligaciones específicas que no serían aptas para lograr una operatividad plena para este tipo de interacciones, ya que se verían limitadas dentro de la regulación existente, lo cual corrobora que la diferencia de trato no está basada en una condición discriminatoria.

Finalmente, la Primera Sala determinó que el no reconocer las relaciones poliamorosas dentro del matrimonio o concubinato no vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la familia pues de ninguna manera impiden su práctica. Ello es así, debido a que el derecho a formar una familia y relacionarse no se agota con esas figuras, ni tampoco deja de tener protección constitucional; por lo que no existe una restricción o prohibición para que las personas, como el solicitante de amparo, integren este tipo de relaciones.

Amparo en revisión 695/2023. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Resuelto en sesión de 3 de abril de 2024, por mayoría de cuatro votos.

Los meses siguientes de este año, que anteceden al proceso electoral del 2 de junio próximo, serán cruciales para la vida política del país y sin duda alguna, elevarán la temperatura del conflicto que enfrentan el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que asumió la presidencia del máximo tribunal, la Ministra Norma Piña, que desde su primer discurso cuando asumió el cargo, dejó claro que habría una sana distancia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, haciendo valer la autonomía e independencia de dicho poder, en su actuar y en el sentido de sus resoluciones.

La postura de la presidenta, significó un desafío para AMLO y desencadenó una serie de ataques y cuestionamientos contra el poder judicial, que nunca se dieron en la época en que lo presidió Arturo Záldivar Lelo de Larrea, a quién incluso el presidente promovió se prorrogara su período a fin de que consolidara la reforma judicial que impulsó para acabar con la corrupción en el poder judicial de la federación.

Cuando Záldivar presidió la Corte, para el presidente López Obrador, no era tan grave que los Ministros tuvieran los altos salarios y prestaciones de que gozan, incluso por arriba de lo que percibe AMLO, ni tampoco cuestionó los millonarios recursos de los fideicomisos que tiene el poder judicial de la federación, cuya desaparición promovió ante la Cámara de Diputados federal.

Sin embargo, las cosas no le salieron al presidente como las había planeado, y trató de promover a la Ministra Jasmin Esquivel para ocupar el cargo de Arturo Záldivar, lo que fue imposible debido al escándalo en que se vio envuelta por las acusaciones en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura y posteriormente también de su tesis de doctorado, sin que a la fecha se le haya sancionado por las autoridades de la UNAM, por lo que continúa desempeñándose como ministra de la Corte.

Los ataques del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, desde los Ministros, magistrados y jueces de distrito, hasta el personal judicial, han ido en aumento y por ello, anunció una serie de reformas constitucionales el 5 de febrero de este año, en el marco de la Conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, para que los actuales Ministros, magistrados y jueces, dejen los cargos y los que los sustituyan sean electos por medio del voto de los ciudadanos.

Resulta evidente, que aún y cuando el presidente tiene a su favor al menos cuatro de las Ministras de la Suprema Corte, que son: Jasmin Esquivel Mossa, Lenia Batres, Margarita Rios Farjat y Loreta Ortiz Ahlf, con esos votos no podrá sacar adelante la aprobación de las 7 iniciativas de reformas que promovió en su denominado plan B y que seguramente serán resueltas en las próximas semanas por el máximo tribunal de nuestro país.

De ahí que AMLO tendrá baterías suficientes para continuar sus ataques a la Corte y a todo el Poder Judicial de la federación, acusándolos de corruptos, de estar coludidos con los conservadores, de proteger a los delincuentes y de que están en contra de su gobierno.

El diferendo entre el presidente y el Poder Judicial, no se resolverá por lo menos en este sexenio y le tocará a la nueva presidenta o presidente, seguir con la postura de AMLO o buscar tender puentes con la corte, respetando su autonomía e independencia, en estricto apego a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo pronto, pesa sobre los funcionarios judiciales, la amenaza de la reforma constitucional anunciada por el presidente, para cambiar la forma de su elección y que sólo será posible, en caso de que Morena y sus partidos aliados, logren contar con la mayoría calificada con las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

Están pendientes de resolver por el pleno de la corte, asuntos de gran trascendencia para el país, cuyo sentido de las resoluciones podría ir en contra de las iniciativas del presidente, lo que probablemente ya tiene calculado, por lo que su única esperanza es que al contar con la mayoría calificada en la nueva legislatura, pueda lograr su aprobación siempre y cuando gané la elección Claudia Sheinbaum, porque de no ser así, lo más seguro es que finalmente desista de estas propuestas y termine dejando las cosas, así como están en nuestra carta magna, por lo que la designación de los Ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial se seguirá llevando a cabo con los mismos procedimientos establecidos.

Nos falta conocer la postura de la candidata de la Alianza fuerza y corazón por México quién seguramente estará de acuerdo con el sentido de la votación de los partidos PRI,PAN Y PRD que han declarado su oposición a la iniciativa presidencial; por lo qu e se da por hecho de que los trabajadores del Poder Judicial de la federación y sus familias, estarían por votar por Xóchilt Gálvez en la elección del próximo dos de junio.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

CDMX. - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de México acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no permite a la Guardia Nacional depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que a partir del 1° de enero de 2024 la institución quedará establecida en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.   

    “Sí se va a acatar sin ningún problema, sin ningún problema. No tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos y hay con la Secretaría de Seguridad Pública una estrecha relación”, subrayó.

“Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa”, agregó.

En conferencia de prensa matutina reiteró que el próximo año enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional que asegure la disciplina y el profesionalismo de la Guardia Nacional bajo la dirección de la Sedena, institución que se conduce por valores, como la lealtad al pueblo.

    “Nos conviene que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista”, aseveró.

El mandatario indicó que esta iniciativa “nos garantiza que no se eche perder la Guardia Nacional porque significa disciplina, profesionalismo, significa pertenecer a una institución sólida”.

De esta manera, dijo, se protegerá a la institución creada y consolidada por el Gobierno de la Cuarta Transformación en menos de cinco años.

Actualmente 126 mil elementos la conforman y participan en tareas de seguridad con estricto apego a los derechos humanos.

    “La Guardia Nacional tiene como 400 cuarteles actualmente, 120, 130 mil elementos, equipos, desde luego, disciplina, profesional. Ahí están diez mil elementos en Acapulco y ahí vamos a construir 39 nuevos cuarteles antes de que yo termine”, enfatizó.

Recordó que el Ejército Mexicano tiene sus orígenes en el pueblo, de modo que “en los 27 generales de división no van a encontrar a ningún millonario, o sea, el Ejército Mexicano no pertenece a la oligarquía; los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de los propios militares, de comerciantes. Es un ejército popular”.

El jefe del Ejecutivo agradeció a las y los legisladores por reconocer los derechos laborales de elementos de las Fuerzas Armadas enviados a la Guardia Nacional.

    “Yo le agradezco mucho a los legisladores que haya dado esta certidumbre porque si no respetaban sus salarios, sus rangos, entonces se va a desmantelar, no tanto, porque ya habíamos hablado con ellos, pero sí se nos iba a generar un problema”, refirió.

Finalmente, la profecía se cumplió y el presidente López Obrador, haciendo uso de la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República” designó a Lenia Batres Guadarrama hermana del jefe de gobierno de la ciudad de México y quién se desempeñaba como secretaria adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica y fundadora de Morena, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Arturo Zaldívar quién renunció al cargo para sumarse a la campaña de la virtual candidata a la Presidencia de la República por Morena Claudia Sheinbaum.

La Cámara de Senadores por vez primera en su historia, no logró tejer un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para reunir los votos necesarios para designar a una de las tres candidatas propuestas por López Obrador y cuyas trayectorias destacaban precisamente por ser fieles representantes de los intereses del ejecutivo, alejadas de una carrera judicial y cuyo único mérito era convertirse en un voto seguro para tratar de que se aprueben los juicios y controversias en las que sea parte el presidente o autoridades emanadas de Morena.

En otras palabras, los Senadores, no encontraron en ninguna de las candidatas presentadas en las ternas enviadas por el presidente, a una profesional con una trayectoria en la judicatura, ni mucho menos que garantizara un trabajo profesional e imparcialidad en su actuar al resolver asuntos que tienen una gran trascendencia nacional, en los que se requiere además de un amplio conocimiento del derecho, garantizar imparcialidad, porque su función es impartir justicia, sin importar de quién se trate; sin embargo la nueva ministra, llega con el objetivo de defender a capa y espada en los debates y votaciones los intereses de AMLO y de su gobierno en el ámbito federal y de los gobernadores de los estados de Morena.

En un tema de decoro y respeto a la Cámara de Senadores, que representa a las entidades federativas, el presidente, debió cubrir las formas y procurar presentar a personajes de trayectoria intachable no sólo profesionalmente, sino sin visos o compromisos políticos con su gobierno, no sólo por la importancia que tiene el nombramiento de un Ministro del máximo tribunal del país; sino también porque el mensaje que se da a los ciudadanos, es de que es más importante colocar incondicionales en dichos cargos, que cuidar las formas y actuar como un demócrata, respetando la carrera judicial de cientos de secretarios, jueces y magistrados en funciones, cuyo pecado para no ser considerados, es no ser familiares cercanos de un destacado miembro de Morena o gobernante en turno.

Así las cosas, si bien es cierto que los Presidentes del período neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, presentaron ternas a cargos de Ministros, al menos en la mayoría de los casos, los buscaban dentro de quienes tenían una carrera judicial por haber formado parte de dicho poder y que no estuvieran públicamente identificados con sus partidos PRI y PAN.

Por lo anterior y ante la permanente frase del presidente de no somos iguales a los gobiernos neoliberales corruptos queda demostrado que con sus propuestas ha llegado más lejos que ellos en forma pública y sin recato alguno.

Si de por sí, sobre la Corte sigue pesando el caso de la ministra plagiaria Jasmín Esquivel cuya situación no ha sido definida por las autoridades de la UNAM debido a los juicos de amparo que ha promovido y que continua actuando en el pleno y las salas por la protección presidencial de la que goza; ahora con la llegada de Lenia Batres el presidente piensa que logrará frenar las resoluciones que no favorezcan a su gobierno y se aprueben aquellas que sean de su interés; en otras palabras está aplicando al máximo tribunal del país, el mismo modus operandi de las Cámaras de Diputados y Senadores, jugando a las mayorías, simples y calificadas, sin importar el respeto al estado de derecho y a la Constitución como ha quedado demostrado a lo largo de estos cinco años de gobierno.

Pero dicha situación, no debería ser extraña para los ciudadanos, ya que si algo ha caracterizado a AMLO, es su desprecio por la ley, a la división de poderes y a los órganos autónomos que no se someten a su poder o que osan tener una opinión contraria a su discurso y políticas; así es, así ha sido y así será hasta el fin de su mandato.

La disyuntiva para los ciudadanos es si en 2024, seguiremos votando por la continuidad de estas políticas gubernamentales y apoyando el ataque a las instituciones, incómodas al presidente, o si la mayoría se pronunciará por un cambio dando de nuevo la oportunidad de rectificar a la oposición, que aún no ha sido capaz de lanzar un discurso que logre dar esperanza a los electores, de que no volverán a cometer los errores del pasado.

Sin duda alguna en las elecciones de 2024, todos tenemos una cita con el futuro que le depara a México y definiremos si votamos por la continuidad de la debacle de las instituciones como el INE, TRIFE, INAI, COFECE, la Suprema Corte de justicia de la Nación entre otras; o si damos un golpe de timón y votamos por los candidatos de la oposición.
                             
                                *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Fiel a su estilo de gobernar y como un gran manipulador de masas, el Presidente López Obrador, ante la ola de críticas y ataques de los medios de comunicación que no se han sujetado al 100% a seguir las líneas de su gobierno, que han optado por convertirse en críticos de sus políticas y que aprovecharon la ola de descontento y protestas por los daños ocasionados por el huracán Otis en el puerto de Acapulco y el Municipio de Coyuca de Benítez, el pasado 25 de octubre, que afectaron no sólo a las grandes cadenas hoteleras, propietarios de residencias de las mejores zonas del puerto, comercios y los servicios básicos a la población como luz, drenaje, agua potable, telefonía e internet; dejando en el desamparo a los pobladores de las colonias de la periferia, asentados en zonas de pobreza y pobreza extrema y que además originaron la duda en todo el país; sobre si hubo o no negligencia de protección civil federal y del presidente, al no avisar oportunamente a la población de la magnitud del huracán, para tratar de poner a salvo a la población y evitar las más de 58 muertes y 48 desapariciones que hasta hoy oficialmente se tienen cuantificadas.

Era urgente para el presidente, desviar la atención de la opinión pública y de los ciudadanos que no comulgan con su gobierno, buscando una serie de distractores con otros temas, que pudieran incidir en su objetivo de buscar culpables de los grandes males que aquejan al país y que han impedido a su gobierno ejecutar plenamente los objetivos de la cuarta transformación de la vida pública de México.

Así que en las conferencias mañaneras de la semana que concluye, continúo con sus ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación, en su lucha por apoderarse de los 13 fideicomisos que están bajo el control de dicho Poder, sin importar afectar con ello a miles de trabajadores de base que perderán derechos adquiridos y beneficios laborales para sus pensiones y jubilaciones; centrando sus argumentos ante la opinión pública, en que dichos fideicomisos se utilizan para preservar os privilegios y abusos de los Ministros de la Corte, magistrados y jueves federales e instando a la Cámara de Diputados a aprobar su desaparición, a fin de que los recursos se pasen a la Secretaría de hacienda para ser utilizados en los programas prioritarios de su Programa de gobierno y en los grandes proyectos del Presidente.

Bajo estas condiciones, el presidente aprovechó para insistir en su propuesta de lograr una reforma constitucional, a fin de que los ministros y Jueces sean electos mediante el voto de los ciudadanos a fin de democratizar su llegada a los cargos; lo anterior forma parte de su denominado plan C para apoderarse del control del máximo tribunal del país.

Al respecto el jurista mexicano Diego Valadés, escribió en su columna en el Diario Reforma del pasado cinco de noviembre:” Los próximos comicios pueden llevarnos a la radicalización de una presidencia absolutista. Un partido solicita la mayoría congresual calificada para ejercer así el dominio completo de la Constitución, del Congreso, de los estados y de la justicia. Se pretende el poder total y la primera víctima será el tribunal constitucional ……La corte es sólo un asunto propagandístico y un distractor para relevar al gobierno de sus fracasos”

Los ataques al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia, como los grandes enemigos de los ciudadanos y causantes de frenar las políticas y reformas legislativas impulsadas por el presidente y su partido, seguramente continuarán, a pesar de que la Presidente del máximo tribunal del país, declaró estar dispuesta a analizar ceder los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción del puerto de Acapulco y cubrir los daños ocasionados por el huracán Otis, dicha postura, no podrá concretarse, dado que hasta este momento, se encuentran pendientes de resolver tres amparos y una acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de cincuenta senadores del bloque opositor en contra de su desaparición, por lo qué habrá que esperar a que resuelvan para poder tomar una decisión sobre el destino de los recursos de los fideicomisos del poder judicial aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Pese al anuncio del Plan de reconstrucción de Acapulco anunciado por el presidente, la inconformidad y críticas a su forma de actuar para afrontar la tragedia que vive la población, así como la recuperación de la zona devastada, no disminuyeron, no sólo a nivel nacional, sino internacional, por lo que era urgente meter otro tema a la atención de la opinión pública.

Así el pasado siete de noviembre el ministro Arturo Záldivar expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo período como ministro concluía a mediados de 2024, en forma sorpresiva presentó al presidente López Obrador su renuncia al cargo y anunció que se uniría a los esfuerzos de Claudia Sheinbaum, futura candidata de Morena y aliados para suceder al presidente López Obrador en 2024.

La renuncia presentada por Zaldívar, conforme al párrafo tercero del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente procederán por causas graves; serán sometidas al ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. A pesar de lo establecido en la Constitución y de que en ningún momento el ministro Záldivar señala cual es la causa grave que lo orilló a renunciar el presidente la aceptó de inmediato, sin esperar a la aprobación del Senado y anunció que ya prepara la terna de tres candidatas mujeres para que una de ellas ocupe la vacante que deja el exministro.

Aunque Zaldívar no podrá acceder a ningún cargo público en los próximos dos años, se tiene previsto que se convierta en el principal asesor y artífice de la cuarta transformación para impulsar una reforma constitucional que logre desaparecer la actual conformación de la Corte y modificar la forma de elección de los Ministros, magistrados y jueces federales; lo anterior confirmaría su total compromiso con el Presidente y el sentido de sus resoluciones y votos en las sesiones de salas y plenos, a favor de los asuntos de interés del actual gobierno; ¿a cambio de qué? El exministro tomó esta decisión, ¿si comparte la propuesta de AMLO de “democratizar mediante elecciones la designación de quienes hasta el seis de noviembre pasado eran sus pares”? ¿porqué no la impulsó en la reforma al poder judicial que promovió cuando presidio el máximo tribunal del país?

Resulta evidente que Zaldívar, se convirtió en el judas del máximo tribunal del país al vender su conciencia y dignidad como jurista, al presidente, a cambio de obtener un nuevo cargo en la siguiente administración.

                                    *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

LA CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO 2023 QUE PREVEÍA EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO MEDIANTE PARQUÍMETROS.

• Se invalidó esa disposición por violar los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica

CDMX. - El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de las impugnaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, invalidó el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023, donde se establecía el cobro de un derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, realizado mediante dispositivos digitales (parquímetros).

La Corte destacó que en el artículo impugnado no se especificaba la temporalidad a la que correspondían las cuotas, lo que implicaba que no existía la base del derecho sobre la cual se determinaría la tarifa a pagar.

Aunado a ello, en el último párrafo de la fracción XI se establecía que las tarifas se sujetarían a los lineamientos emitidos por la autoridad municipal, lo que implicaba una violación al principio de legalidad tributaria –conforme al cual, ese aspecto debió preverse en ley–, además de que también se transgredía el derecho de seguridad jurídica de los contribuyentes, pues no tenían la certeza del pago que debían realizar.

Finalmente, el Pleno exhortó al Congreso de esa entidad para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad.

Acción de inconstitucionalidad 22/2023, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, demandando la invalidez del artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 21 de diciembre de 2022. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.

• Las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación
• La Primera Sala concedió el amparo a la asociación quejosa para el efecto, aprobado por mayoría de tres votos, de que el Congreso de la Unión derogue las normas que criminalizan el aborto voluntario

CIUDAD DE MÉXICO. - La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoció de un asunto en el que una asociación civil impugnó el sistema jurídico del Código Penal Federal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo práctica, por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o continuar un embarazo, lo que, a su vez, considera que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva.

El Juez de Distrito consideró que la asociación civil carecía de interés legítimo para promover el juicio. Esta decisión fue combatida por la organización civil a través de un recurso de revisión. El Tribunal Colegiado revocó esa decisión tras reconocer que la quejosa sí contaba con interés para controvertir las normas impugnadas, ya que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos formaba parte de su objeto social, por lo que reservó jurisdicción a este Máximo Tribunal para que analizara si el delito de aborto voluntario era acorde a los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Al resolver el asunto, a la luz de las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno, la Primera Sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir.

La Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio.

Por otro lado, el Alto Tribunal determinó que la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución también es inconstitucional, ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo, y esto impacta directamente en el sistema de salud y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Además, la Primera Sala resolvió que aquellas normas que contemplan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte son inconstitucionales, porque siguen concibiendo al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue.

También consideró que el hecho de que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada por ello, le genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado –producto de un hecho traumático—, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos.

Finalmente, la Sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud.

A partir de estas razones, y tomando en cuenta que los derechos humanos a la salud e igualdad y no discriminación también tienen una naturaleza colectiva, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada y concedió el amparo a la asociación quejosa para el efecto, aprobado por mayoría de tres votos, de que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario (autoprocurado o consentido), antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto.

Amparo en revisión 267/2023. Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Resuelto en sesión de 6 de septiembre de 2023.

Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.

Aunque para muchos, es y ha sido desde siempre una práctica de los gobiernos en turno, tanto a nivel federal como en los Estados, el utilizar a la antes denominadas Procuradurías Generales de Justicia ahora fiscalías, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las fiscalías y jueces y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia estatales, para perseguir y encarcelar a sus enemigos políticos y adversarios en cuestiones personales o patrimoniales, utilizando a las instituciones y recursos públicos, para venganzas políticas, sin importar si realmente son o no culpables para pisar una cárcel, ya que muchas de las veces, es la única forma de someterlos y eliminarlos de ser opositores al gobierno en turno.

De la práctica mencionada, hay miles de historias, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, porque quienes llegan al poder, no resisten la tentación de utilizarlo en la forma en que más les convenga, sin importar si a quienes se encarcela, realmente cometieron un delito o bien si para su desgracia cometieron un error que los colocó como enemigos del gobernante en turno.

Señalo lo anterior, debido a la guerra que se vive entre el Presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación, en especial contra la gestión de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ministra Norma Piña, quién un día si y al siguiente también ha sido blanco de los ataques y descalificaciones lanzadas por el presidente desde su conferencia mañanera, en la sección denominada: “Cero impunidad” desde la que todas las semanas se exhiben a los Jueces, magistrados y hasta Ministros de la Suprema Corte de Justicia, acusándolos de liberar delincuentes y de ser corruptos en su función de impartir justicia, así el 22 de agosto le tocó de nueva cuenta el turno a tres Jueces y dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a quienes se les acusó de liberar delincuentes, como el Juez de control Salvador Hernández Martínez que en mayo de este año, liberó a Miguel Ángel Maceda Presidente Municipal de Piaxtla detenido por los delitos de encubrimiento y homicidio culposo y también se le acusó de que en cumplimiento a un amparo federal liberó a un cura acusado de violación y que resultó ser hermano de la Diputada  por el Distrito 14 de Acatlán Nelly Maceda. Posteriormente el 25 de julio el Presidente señaló al Juez Javier Martínez Castillo quién favoreció a una banda de secuestradores al cambiarles las medidas cautelares, permitiéndoles libertad de jurisdicción.

El 31 de julio el Presidente acusó al juez Aarón Hernández Chino y a los  magistrados poblanos Roberto Antonio Martínez Muñoz y Javier Martínez, el juez fue criticado por cumplir un amparo a favor de un cura acusado de abusar de un menor y los magistrados por alterar medidas cautelares en casos de secuestro.

Finalmente, el pasado 22 de agosto, tocó turno al Juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez por sus resoluciones en seis casos a favor de los presuntos delincuentes y en contra de la impartición de justicia, de acuerdo a la opinión presidencial.

La posición del Presidente, motivó un llamado del Gobernador del Estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura a fin de que existe la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos judiciales y la conducta ética de los jueces por lo que hizo un llamado para que el tribunal revise el desempeño de los jueces en la aplicación de la justicia en el Estado.

Ante el panorama anterior, es necesario analizar, hasta donde los Jueces no sólo de Puebla, sino del resto del país, ante las presiones políticas y descalificaciones del Presidente o en algunos casos de los mandatarios estatales, trabajan bajo presión y enfrentan la disyuntiva de aplicar la ley impartiendo justicia o bien, se ven obligados a resolver los asuntos bajo su conocimiento cuidando su imagen y prestigio ante el gobernante en turno, aunque ello implique faltar a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, en el desempeño de su función, aunque ello traiga como consecuencia privar de su libertad a un inocente y, que sea la justicia federal la que resuelva en definitiva la situación del presunto delincuente sujeto al proceso judicial.

Por otro lado, debemos reflexionar, lo que sucede con los llamados “jueces de consigna” que son aquellos capaces de torcer el sentido de la ley o de dictar sus resoluciones al capricho de los gobernantes, con lo que obtienen grandes beneficios en sus carreras judiciales y les asegura además escalar en su posición, aunque ello signifique corromperse con tal de satisfacer los deseos del gobernante, aplicando una justicia “a modo” y también ahí los casos se repiten a nivel federal y en los Estados ante los ojos de todos los ciudadanos y de la opinión pública, exacerbada por los medios de comunicación al servicio del poder.

Generalmente, han sido más cuestionados y sujetos al escrutinio público y descalificación, los jueces que actúan bajo los principios del estado de derecho, que los jueces de consigna que son serviles y subordinados al gobierno y que son utilizados por quienes ejercen el poder, para sus venganzas personales o la eliminación de sus enemigos políticos; situación que para mucha gente sería natural y hasta en algunos casos aplaudida, como parte de los procesos de cambio de gobierno.

Aquí cabría preguntar a un juez en funciones: ¿en qué lado se ubica? ¿Del de los jueces que aplican la ley y defienden el estado de derecho, aunque ello motive críticas y descalificaciones a su desempeño? ¿o de los jueces de consigna serviles al poder en turno que saben cómo compensar sus servicios?

Hoy más que nunca los mexicanos estamos urgidos de que se respete la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, ésta es la única forma en que podremos contar con un auténtico estado de derecho y una justicia pronta e imparcial.
                                  
                                  *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

CDMX. - La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) sesione válidamente con las cuatro personas comisionadas que lo integran actualmente, en el entendido de que esta autorización dejará de estar vigente una vez que el Senado de la República nombre, cuando menos, a una persona más.

Se explicó que tanto la Constitución como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un diseño normativo para evitar que ocurran vacantes prolongadas en el Pleno del INAI por lo que resulta inviable paralizar el funcionamiento del organismo constitucional autónomo garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales por una cuestión contingente relacionada con la falta de designación oportuna de tres personas comisionadas.

La Sala consideró que la parálisis del INAI ha venido actualizando la violación de manera cotidiana y reiterada de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información, así como el derecho de protección de datos personales, privando a miles de ciudadanas y ciudadanos de obtener una respuesta a sus reclamos en los plazos que señala la ley.

Recurso de reclamación 229/2023-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 280/2023. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Resuelto en sesión de 23 de agosto de 2023 por mayoría de tres votos. En contra Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Ausente Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

•    Presidente de México llama a conocer contenidos y decidir libremente.

CDMX. - El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Poder Ejecutivo acatará la resolución de Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua.  

    “Nosotros vamos a cumplir con esa resolución aun cuando es violatorio de la Constitución porque es una facultad del Ejecutivo elaborar y distribuir los libros de texto. Se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que por culpa de estos irresponsables, deshonestos y poliqueros conservadores reaccionarios se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua, sin libros de texto”, apuntó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que está a la espera de lo que resuelva en definitiva el Poder Judicial para tomar una decisión, sin embargo, llamó a las madres y los padres de familia a que conozcan los contenidos en los materiales para educación básica con el objetivo de pronunciarse al respecto y elijan si quieren o no que sus hijas e hijos los utilicen.

Informó que en los estados de la República donde no hay amparos ya se están distribuyendo y confió en que la mayoría de los gobiernos locales no presentarán controversias.

    “Esto tiene que ver con el bloque conservador; es muy claro. (…) Es muy interesante que estos temas se aborden, ayuda mucho. Nada de que ‘polariza’. No, no; se politiza. Una cosa es la política y otra es la politiquería. La política es un noble oficio, es lo que permite a un servidor público ayudar a otros, es lo que permite servir”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo aclaró que en los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024 el concepto del comunismo y su definición —dar a cada quien, según sus necesidades— ni siquiera aparece como lección en los contenidos.

“La palabra comunista se usa en un fragmento de un poema en el que se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos”, enfatizó.