• Las funciones de la Cofece, IFT, Coneval, INAI, CNH, CRE y la MEJOREDU pasarán a formar parte de dependencias del Ejecutivo Federal o al Inegi
• Los ahorros que se generen por la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar

CDMX. - La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.

El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.

Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

El proyecto de decreto, aprobado en reunión semipresencial de la Comisión que preside el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política. Deriva de una iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 5 febrero de 2024, y consideró propuestas de diputadas y diputados vinculadas con la materia.

• Se solicita a COFECE inicie una investigación que no se limite a revisar las cámaras de compensación.
• Oligopolio en mercado de tarjetas de crédito y débito implica graves afectaciones a millones de mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO. - El 7 de julio el Senador Alejandro Armenta presentó un punto de Acuerdo, a través del cual, “en la Comisión Permanente, he solicitado que a través de una nueva investigación, la COFECE no se limite a revisar las cámaras de compensación, sino el mercado en su totalidad, considerando el ciclo completo de las transacciones: adquirencia, emisión y compensación, y que en su caso, sancione a los bancos extranjeros que atentan contra el desarrollo competitivo del mercado”, dijo Alejandro Armenta.

La investigación y la resolución que se debiera emitir sería el resultado de una investigación llevada a cabo por la COFECE.

En efecto, el 26 de octubre de 2018, dicha autoridad publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el extracto del acuerdo de inicio de una investigación para determinar la posible existencia de barreras a la competencia, así como de posibles insumos esenciales en el mercado de sistema de pagos cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación para pagos con tarjetas de crédito o débito.

En seguimiento a su publicación de octubre de 2018, el 16 de diciembre de 2020, la COFECE publicó en el DOF el Dictamen Preliminar del expediente IEBC-005-20, donde la COFECE, estableció que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México, debido a la probable existencia de barreras a la competencia que generan costos y requisitos anticompetitivos a la entrada de nuevos participantes en este mercado.

El oligopolio en el mercado de tarjetas de crédito y débito implica graves afectaciones a millones de mexicanos, pues se traducen en costos tanto para los comerciantes como para las personas que hacen sus pagos con tarjeta.

El Senado está atento a este fenómeno, que impacta directamente en una falta de bancarización, altos precios para los comercios y tarjetahabientes, pobre calidad en servicios y la obstaculización a la innovación en medios de pagos.

Como parte de las medidas correctivas se encuentra la implementación de actividades para que los grandes bancos extranjeros dejen de dominar las dos únicas cámaras de compensación en el mercado E-Global y Prosa.

El Senador Alejandro Armenta ha solicitado que, a través de una nueva investigación, la COFECE no se limite a las cámaras de compensación, sino en el mercado en su totalidad, considerando el ciclo completo de las transacciones: adquirencia, emisión y compensación, y que, en su caso, sancione a los bancos extranjeros que atentan contra el desarrollo competitivo del mercado.

Las probables prácticas monopólicas parten desde el hecho de que 2 bancos de capital extranjero concentran casi el 60% del mercado en terminales punto de venta y emisión de tarjetas. Además, son copropietarios de E-Global, la principal cámara de compensación.

Concentrar la adquirencia, emisión y compensación les ha permitido diseñar, monitorear, facilitar e implementar esquemas comerciales y políticas internas que favorecen de manera ventajosa su operación en el mercado de tarjetas.

Conforme a datos del Banco de México, a junio de 2020, el saldo de crédito otorgado ascendía a cerca de 320 mil millones de pesos.

• El presidente de la Comisión señala que el caso se trata de saqueo fiscal y presupuestal al país.
• Pedirá comparecencia de la titular del organismo autónomo que fijó multas bajas.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Alejandro Armenta Mier, solicitará a la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, entregue a la Cámara Alta el expediente completo con el que sancionó de manera mínima a los bancos que incurrieron en actos de irregularidad con los bonos de deuda que se aplican en el país.

Asimismo, pedirá a la titular de la Cofece su comparecencia ante el Senado para que explique el por qué el organismo autónomo resolvió en esos términos sobre “un tema, sin duda, de saqueo fiscal y saqueo presupuestal en nuestro país”, a decir del senador Armenta Mier.

De esa manera, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta centra la atención en la decisión de la Cofece de multar con cantidades risibles a siete bancos internacionales que se coludieron para establecer precios en algunas operaciones del mercado de bonos, es decir manipular los mercados de bonos gubernamentales en México.

En la VI Plenaria de Morena en el Senado, Armenta Mier sostuvo que “los bancos cometieron actos de irregularidad en la emisión y especulación con los bonos de deuda que se aplican en nuestro país”, por lo que “es un tema, sin duda, de saqueo fiscal y saqueo presupuestal, que se debe de atender”.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría legislativa, señaló que sin ser injerencistas en las facultades de la Cofece “el Senado tiene la posibilidad legal de revisar y de hacer comparecer a los integrantes de la Cofece para que nos explique la decisión. No puede pasar desapercibida este tipo de decisiones”.

También subrayó que las cantidades de las multas, “comparadas con otros países en el mundo, son de risa. Vamos a revisarlo con toda seriedad, no queremos adelantar juicios”.

Armenta Mier señaló que el fallo de la Cofece, que sanciona a bancos extranjeros, debe ser público, por lo tanto, se debe conocer por qué es tan baja la sanción económica aplicada ante la manipulación de bonos gubernamentales de 2010 a 2013.

El senador apuntó que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública deben investigar si el Banco de México tuvo un papel activo en el caso que dañó a inversionistas, incluido al gobierno.

Como parte del lanzamiento de la convocatoria nacional para participar en el Premio COFECE de Ensayo 2017, la Universidad Anáhuac recibió a la Mtra. María José Contreras de Velasco,  Directora de Colaboración con los Sectores Público y Académico dentro de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para impartir una conferencia.

La ponente aseguró que está comprobado que la competencia es la mejor forma de crecer en el ámbito económico, por lo que la COFECE se ha encargado de vigilar los mercados para afirmar un ambiente favorable a las competencias, además de analizar ciertas concentraciones antes de su ejecución, además de emitir opiniones y recomendaciones al respecto a otras autoridades.

Señaló que la justificación de las acciones de COFECE, radica en que al cuidar a la competencia se generan mejores oportunidades, que a su vez, mejoran la economía y favorecen a los consumidores, ya que entre más competencia exista, la igualdad de circunstancias entre empresas será mayor y como resultado habrá más variedad de precios beneficiando a la sociedad.

“Debemos de velar el movimiento que hay en el mercado todo el tiempo para asegurarnos de que no exista nada que limite el éxito de las empresas, esto si sus procesos están siendo eficientes.”, aseguró la especialista.

Asimismo, explicó que con el paso del tiempo se ha logrado que cada vez más organizaciones se apeguen a la ley a través de la corrección de prácticas ilícitas y multas de alrededor del 10% de sus ingresos, así como de inhabilitación para los funcionarios involucrados o cárcel hasta por 10 años.

Finalmente expuso: “La COFECE solo funciona si estamos todos en el barco, por lo que un México mejor es competencia de todos los consumidores, empleados, empresarios, autoridades y estudiantes”.

Al respecto, el Mtro. Ricardo López Fabre, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac, complementó el mensaje de la invitada compartiendo la importancia de corregir la estructura de los mercados existentes, con la finalidad de evitar acuerdos que impidan el crecimiento de un gran número de organizaciones y así abonar a la construcción de una mejor sociedad.

María José Contreras es Maestra en Política Económica y Política Pública por The London School of Economics and Political Science (LSE), y adicional al cargo que ocupa actualmente, ha trabajado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y The Center for Economic Performance en The London School of Economics and Political Science (LSE).