Los Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana (CIPPC) son un conjunto de siete complejos arquitectónicos que responden a un esfuerzo de los tres niveles de gobierno por combatir a la violencia y los delitos desde sus causas, como parte de la estrategia para combatir el delito antes de que este sea cometido.

En ellos, se pretenden atender problemas como la drogadicción, el alcoholismo, la falta de cultura, las carencias en el deporte, el ocio, el desempleo, la apatía en la participación ciudadana etc. En espacios tendientes a fomentar el deporte, combatir las adicciones en los jóvenes y crear un ambiente de esparcimiento y recreación.

Con lo anterior se pretende alcanzar el objetivo de la prevención social, fortalecer los factores de protección de las comunidades generando entornos que favorezcan la convivencia, modificando las condiciones del contexto mediante políticas públicas y corresponsabilidad ciudadana.

Esta política pública de prevención resultaba tan buena, que en 2014, Puebla fue considerada modelo nacional en materia de prevención del delito con la creación de estos espacios en zonas urbanas.

Sin embargo, dichas instituciones se encuentran lejos de cumplir con el objetivo trazado mediante el cumplimiento de sus cuatro ejes de acción que comprende su programa, los cuales son:

1)    Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.

2)    Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.

3)    Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

4)    Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

Lo anterior, en razón de no contar con el personal adecuado que pueda cumplir con el perfil que se ajuste a la necesidad de cada una de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las acciones.

Ante la actual situación, el gobernador electo Tony Gali, a partir del inicio de su administración, deberá tomar decisiones al respecto para rescatar dichos centros, con el  apoyo  de otros componentes del constructo social, para no permitir que ésta política pública quede en el olvido, en momentos en que no sólo en Puebla, sino en todo el país, se requieren acciones tendientes a prevenir los delitos, desde la base social.

De hecho, cuando aún esto era concebido como un proyecto, se había atinado, por parte de las autoridades, que tienen a su cargo el manejo y administración de dichos centros  auxiliarse de las Universidades  Instituciones de Educación Superior privadas, para que a través de la realización de prácticas profesionales y servicio social de los alumnos se proporcionaran a la población, los servicios de Asesoría Legal; Orientación Psicológica; Criminología y prevención, de conductas delictivas, deporte, recreación, cultura y escuela de padres de familia. Lo anterior a través de un convenio de colaboración entre las Universidades y el Gobierno Estatal que sin duda alguna beneficiaría a un importante sector de las zonas donde se ubican los Centros integrales; sin embargo, la propuesta del convenio quedó archivada en alguna dependencia gubernamental y nunca pudo concretarse..

Situación que ahora debería reconsiderar el ejecutivo entrante y hacer juego con quienes pueden proveer de recurso humano e intelectual para apoyo de tan loable e importante política pública de prevención, que dicho sea de paso, se convierte en indispensable para afrontar la realidad social que impera en nuestra entidad. Ya que los niveles de delincuencia siguen en incremento y los reactores con los que cuenta el Estado, cada día parecen más insuficientes para combatir el hecho delincuencial. De ahí que se deben aprovechar al cien por ciento las instalaciones e infraestructura de los Centros cuyos resultados serán visibles en el corto y mediano plazo, evitando se califiquen como elefantes blancos.