Seúl. — En un hecho sin precedentes recientes en la política surcoreana, fiscales especiales solicitaron este martes que el expresidente Yoon Suk Yeol sea condenado a pena de muerte por cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue formulada en la Sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl durante la fase final del juicio que enfrenta el exmandatario. 

¿Por qué piden la pena de muerte?

El equipo de fiscales, encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk, argumentó que Yoon desempeñó un papel central en lo que describieron como un intento de insurrección al declarar la ley marcial, lo cual habría socavado el orden constitucional y amenazado la democracia surcoreana. La acusación sostiene que la medida buscó retener el poder mediante el uso de las fuerzas armadas y la policía para interferir con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 

Bajo la legislación surcoreana, la insurrección es uno de los pocos delitos por los que se puede solicitar la pena máxima, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. 

Contexto de la ley marcial y el juicio

Los fiscales sostienen que Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 como respuesta a un conflicto político con la oposición, pero la medida fue retirada rápidamente tras una fuerte oposición del Parlamento y protestas ciudadanas. La crisis desencadenó un proceso de juicio político (impeachment) que culminó con su destitución en abril de 2025. 

Yoon enfrenta además varias causas penales por otros cargos, como abuso de poder y obstrucción a la justicia, aunque el cargo de insurrección es considerado el más grave del conjunto y el que da lugar a la petición de pena capital. 

Posibles penas y proceso judicial

Además de la muerte, la ley surcoreana contempla para este delito cadena perpetua con o sin trabajos forzados, por lo que, incluso si se llegara a dictar un veredicto de pena máxima, es probable que las apelaciones y recursos legales prolonguen el proceso. La sentencia final se espera en febrero de 2026, tras el cierre de la fase de argumentos finales. 

Significado político

El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana y reavivado debates sobre el uso de la pena de muerte, la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Analistas recuerdan que, aunque la pena capital figura en el Código Penal, en la práctica no se ha aplicado en décadas y su eventual restauración marcaría un hito legal y político en el país. 

Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, alegando que sus decisiones fueron dentro de sus atribuciones y motivadas por la protección del Estado ante desafíos políticos, postura que su defensa ha reiterado mientras enfrenta múltiples causas judiciales.