Seúl. — En un hecho sin precedentes recientes en la política surcoreana, fiscales especiales solicitaron este martes que el expresidente Yoon Suk Yeol sea condenado a pena de muerte por cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue formulada en la Sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl durante la fase final del juicio que enfrenta el exmandatario. 

¿Por qué piden la pena de muerte?

El equipo de fiscales, encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk, argumentó que Yoon desempeñó un papel central en lo que describieron como un intento de insurrección al declarar la ley marcial, lo cual habría socavado el orden constitucional y amenazado la democracia surcoreana. La acusación sostiene que la medida buscó retener el poder mediante el uso de las fuerzas armadas y la policía para interferir con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 

Bajo la legislación surcoreana, la insurrección es uno de los pocos delitos por los que se puede solicitar la pena máxima, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. 

Contexto de la ley marcial y el juicio

Los fiscales sostienen que Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 como respuesta a un conflicto político con la oposición, pero la medida fue retirada rápidamente tras una fuerte oposición del Parlamento y protestas ciudadanas. La crisis desencadenó un proceso de juicio político (impeachment) que culminó con su destitución en abril de 2025. 

Yoon enfrenta además varias causas penales por otros cargos, como abuso de poder y obstrucción a la justicia, aunque el cargo de insurrección es considerado el más grave del conjunto y el que da lugar a la petición de pena capital. 

Posibles penas y proceso judicial

Además de la muerte, la ley surcoreana contempla para este delito cadena perpetua con o sin trabajos forzados, por lo que, incluso si se llegara a dictar un veredicto de pena máxima, es probable que las apelaciones y recursos legales prolonguen el proceso. La sentencia final se espera en febrero de 2026, tras el cierre de la fase de argumentos finales. 

Significado político

El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana y reavivado debates sobre el uso de la pena de muerte, la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Analistas recuerdan que, aunque la pena capital figura en el Código Penal, en la práctica no se ha aplicado en décadas y su eventual restauración marcaría un hito legal y político en el país. 

Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, alegando que sus decisiones fueron dentro de sus atribuciones y motivadas por la protección del Estado ante desafíos políticos, postura que su defensa ha reiterado mientras enfrenta múltiples causas judiciales. 

Ciudad de Panamá.- Este lunes 12 de enero inició finalmente el juicio por el caso Odebrecht, uno de los procesos judiciales más emblemáticos y prolongados en la historia reciente de Panamá, tras más de una década de investigaciones y seis aplazamientos desde 2023. 

Un proceso postergado que por fin inicia

La audiencia ordinaria se realizó pasadas las 9:00 a.m. en la Sala Segunda del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, bajo la presidencia de la jueza Baloísa Marquínez. 

Este intento de iniciar el juicio representa la séptima convocatoria después de múltiples demoras vinculadas a obstáculos procesales, asistencia judicial internacional pendiente y notificaciones a algunos de los acusados. 

Quiénes están implicados

Están llamados a responder ante la justicia 27 imputados, entre ellos exfuncionarios, banqueros y empresarios señalados por supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el marco del escándalo Odebrecht en Panamá. 

Entre los acusados figura el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien participó en la audiencia por videoconferencia desde Colombia, donde permanece en calidad de asilado político tras haber sido condenado en otro caso relacionado con lavado de dinero. 

Otros imputados, como el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, deberán enfrentar parte del proceso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). 

Una década de investigaciones y complicaciones

El proceso contra Odebrecht en Panamá se remonta a 2015, cuando se presentó la denuncia que desencadenó una amplia investigación judicial sobre presuntas coimas pagadas por la constructora brasileña para obtener contratos de obra pública. 

Con un expediente que supera los 3,000 tomos, el Ministerio Público ha recabado más de 160 pruebas, más de 60 testigos y numerosas asistencias judiciales internacionales para sustentar la acusación. 

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ha señalado que el proceso se encuentra en una fase decisiva y confía en que el juicio se desarrolle sin mayores contratiempos entre enero y febrero de 2026. 

Significado del caso

El juicio por el escándalo Odebrecht es considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá, dada la magnitud de los sobornos y el nivel de las personas involucradas. Ha sido observado de cerca por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional como un termómetro de la lucha contra la impunidad y la corrupción en la región centroamericana. 

Hollywood.- El actor y músico Will Smith, de 57 años, se encuentra en el centro de una controversia legal de alto perfil, después de que un violinista que trabajó en su última gira mundial lo demandara por acoso sexual, despido injustificado y represalias, según documentos presentados ante el Tribunal Superior de California y difundidos por medios internacionales. 

Acusaciones clave en la demanda

El demandante, Brian King Joseph, músico profesional y exfinalista del programa America’s Got Talent, asegura que fue contratado para acompañar a Smith en la gira de 2025, titulada Basada en una historia real. A medida que avanzaba la relación laboral, Joseph afirma que Smith mostró un comportamiento que el violinista describe como “predador”, afirmando incluso que existía una conexión especial entre ambos más allá de lo estrictamente profesional. 

El punto central del conflicto se remonta a marzo de 2025 durante una escala de la gira en Las Vegas, cuando Joseph regresó a su habitación de hotel y encontró evidencias que lo hicieron sentir amenazado sexualmente, incluidos objetos personales fuera de lugar y una nota con un mensaje sugerente que él interpretó como señal de un posible avance no consentido. 

Tras reportar el incidente al personal del hotel, a la policía y a representantes del equipo de Smith, Joseph sostiene que fue humillado y despedido días después, siendo reemplazado por otro músico, lo que él considera represalias por haber alzado la voz.

Reclamaciones legales y consecuencias

La demanda presentada el 30 de diciembre de 2025 no se limita solo a acusaciones de acoso sexual, sino que también incluye cargos por despido injustificado y represalias, al asegurar que el despido le causó a Joseph angustia emocional, trastorno de estrés postraumático (PTSD), daño reputacional y pérdidas económicas significativas. 

Joseph está buscando que un jurado determine una compensación económica por daños y perjuicios, mientras que Smith y su compañía, Treyball Studios Management, Inc., figuran como codemandados. 

Respuesta del equipo de Will Smith

El entorno legal de Smith no tardó en responder a las acusaciones. Su abogado, Allen B. Grodsky, calificó las imputaciones como “falsas, infundadas e imprudentes”, y aseguró que se utilizarán todos los medios legales disponibles para demostrar que estas acusaciones no tienen sustento. 

Hasta el momento, Smith no ha emitido una declaración pública personal sobre la demanda, pero su equipo legal ha reiterado el rechazo categórico a las alegaciones y prometido defender la reputación del actor ante los tribunales.

- Se presentó el libro Ampliación y reconocimiento de (nuevos) derechos por los tribunales constitucionales

En la presentación del libro Ampliación y reconocimiento de (nuevos) derechos por los tribunales constitucionales, coordinado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Juan Manuel López Ulla, de la Universidad de Cádiz, España, se expuso que los derechos humanos están en constante desarrollo y su ampliación es una respuesta a la corrección de desigualdades.

En el auditorio “Mtro. Nicolás Cid López”, de la Facultad de Derecho de la BUAP, Figueroa Mejía, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, comentó que esta obra de la Editorial Porrúa aborda en 14 capítulos la labor de los tribunales constitucionales y las cortes supremas de varios países, los cuales, a través de sus decisiones, en algunas ocasiones amplían el contenido de los derechos humanos para dar cabida a grupos minoritarios que exigen el mismo trato en las mismas condiciones.

Por parte de la institución, a esta presentación acudieron el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López, y la directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez; así como la jueza de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, Gabriela Gutiérrez Dávila, y el magistrado Guillermo Francisco Urbina Tanús, del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito.

- Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, se convierte a sus 73 años en la primera mujer en dirgir el pais.

DW (Deutsche Welle).- La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, fue designada para liderar la transición como próxima primera ministra del país después de que las protestas violentas derrocaran al gobierno, informó la oficina del presidente el viernes (12.09.2025).

Karki, de 73 años, tomará posesión de su cargo este mismo viernes y se convertirá en la primer mujer en dirigir este país.

La nación himalaya de 30 millones de habitantes se sumió en el caos esta semana después de que las autoridades intentaran reprimir las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, que comenzaron el lunes, dijo la policía el viernes en su último balance. KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento. Se desconoce su paradero.

"El presidente Ram Chandra Paudel nombrará primera ministra a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki", declaró a AFP el asesor de prensa presidencial Kiran Pokharel.

Pokharel afirmó que "posteriormente se formará un consejo de ministros y se llevarán a cabo otros procesos".

Las protestas también se alimentaron de los problemas económicos que sufre desde hace tiempo Nepal, donde una quinta parte de la población de entre 15 y 24 años está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares.

El jueves, las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro.

Más de 12.500 prisioneros siguen prófugos, dijo el viernes el portavoz de la policía Binod Ghimire.

gs (afp, efe)

- A pesar de la decisión del tribunal, considerada politizada por el presidente de EE.UU., los aranceles siguen vigentes. 

DW (Deutsche Welle).- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes (29.08.2025) que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente que prometió acudir a la Corte Suprema.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos. El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

La corte emitió el fallo "incorrectamente", "pero saben que Estados Unidos de América ganará al final", comentó Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras.

"¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES!", señaló. "Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país".

El fallo del viernes, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente.
Trump: decisión "altamente politizada"

Según el texto de la resolución, "la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos".

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.

Desde su regreso al poder, en enero, Trump ha implementado en varias oleadas nuevos recargos a los productos que ingresan a Estados Unidos, que varían entre el 10% y el 50%, dependiendo de la situación y el país.

Son estos aranceles, que difieren de aquellos que afectan a sectores específicos (automotor, acero, aluminio, cobre), los que han sido impugnados en los tribunales.

En su mensaje en Truth Social, el presidente considera la decisión de los jueces "altamente politizada".

Según él, si se eliminaran los aranceles aduaneros, "sería una catástrofe total para el país", que quedaría "destruido".

mg (afp, efe)

Serán reemplazadas  en el país por Tribunales de Justicia Laboral

Puebla, Pue.- Las Juntas de Conciliación y Arbitraje que funcionan actualmente en las entidades federativas del país, desaparecerán y serán reemplazadas por Tribunales de Justicia Laboral, a partir de febrero del próximo año.

Aprobó lo anterior el Poder Constituyente Permanente creado en la Ciudad de México en agosto del año pasado, por el Congreso de la Unión y la mayoría de las 31 Legislaturas de los Estados, al reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.
 
De igual manera, informó el constitucionalista y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega, la citada reforma constitucional reconoce un Órgano Descentralizado de Conciliación y de Registro de Contratos Colectivos  y de Sindicatos, en la República Mexicana, estableciendo que también se podrán  reconocer Órganos de Conciliación en cada entidad federativa.

Estos órganos estatales podrán resolver los conflictos obrero-patronales que existen, y registrar en México los contratos colectivos de trabajo y sindicatos.

Explicó Tejeda Ortega que las reformas constitucionales a los citados artículos establecieron que el Congreso de la Unión tiene hasta febrero del próximo año 2018 para legislar las leyes secundarias, y éstas van a establecer cómo se van a conformar los  Tribunales de Justicia Laboral, ya que éstos van a depender unos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que los locales van a pertenecer a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.

A los estados se les va a dar un plazo para que también legislen en cuanto al funcionamiento de los tribunales laborales en materia local.

Lo que se  critica de momento es que ni siquiera hay un presupuesto  para el funcionamiento y mantenimiento de estos tribunales; tampoco se están preparando abogados que sean especialistas en  derecho laboral y para impartir justicia laboral.

Además estas leyes orgánicas van  a dar lugar a que los estados tengan a futuro que legislar también en materia de tribunales locales laborales.

Especialistas en materia laboral comentan  que va a acontecer lo que está sucediendo en materia  penal, que se ha mercantilizado  la justicia penal. Ahora todo se resuelve a través de la conciliación; también posiblemente en materia laboral  va a haber una mercantilización de la justicia laboral.

Se espera que ya no todos los asuntos van a llegar a los tribunales laborales, sino que en estos órganos descentralizados de conciliación se va a resolver la mayoría.

Existe la incertidumbre de cómo van a funcionar estos tribunales;  quiénes van a desempeñar los cargos de jueces y magistrados; del presupuesto que se les va a otorgar por parte del gobierno federal y gobiernos locales para su funcionamiento. Todo está en duda, para que ya en febrero del próximo año se tenga que legislar en la materia.

Lo fundamental es que desde el próximo año van a desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia federal y posteriormente las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales que están integradas por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.