Los emiten la SCJN y Poderes legislativos ´´por medios remotos´´

Puebla, Pue.- Ante la emergencia por la pandemia en estado crítico que se vive en México, la Suprema Corte y los Poderes Legislativos han optado por aprobar leyes, decretos y pronunciar  sentencias  que emiten por medios remotos y con vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.

Han determinado tal proceder para que ni ministros, ni magistrados ni legisladores se expongan al contagio de covid-19, informó el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Precisó que esta forma de aprobación de leyes y sentencias violenta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Constitucionales locales, así como a las Leyes Orgánicas tanto de los Poderes Legislativos como de los Poderes Judiciales.

Ninguna de estas leyes e inclusive la Constitución, permiten en forma expresa que los votos de Diputados Federales o locales, Senadores de la República o Ministros de la Suprema Corte se puedan emitir por vía virtual y medios electrónicos, lo que se conoce como medios remotos, pues al no comparecer a los recintos oficiales, violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes Secundarias.

Tal forma de proceder, expuso además Tejeda Ortega, va a dar lugar a futuro a que se puedan impugnar leyes y decretos o sentencias por tener el vicio de ilegalidad e inconstitucionalidad, lo que puede ser a través de juicios de amparo, a excepción de la Suprema Corte que se tendría que acudir a instancias internacionales.

Por tanto la actual Ministra Yasmin Esquivel manifestó que es importante que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contemple la figura de aprobación de sentencias por vía remota, como está aconteciendo en la actualidad.

Concluyó el jurista Tejeda que se requiere una gran reforma constitucional y legal, para que los Poderes Legislativo y Judicial puedan emitir su voto de aprobación de leyes o sentencias, por medios digitales y por la vía remota, pues de lo contrario todos esos actos jurídicos van a tener vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, creando una inseguridad jurídica en el Estado mexicano.

Impugnan la inconstitucionalidad de artículos del Código Sanitario

Puebla, Pue.- Dos amparos estratégicos, para que se autorice a particulares el uso, transporte y posesión de la cocaína en beneficio personal, fueron concedidos a miembros integrantes de la agrupación denominada ´´México Unido Contra la Delincuencia´´, por un juez de Distrito de la Ciudad de México.

Comentó lo anterior en entrevista el constitucionalista poblano y Notario Público Miguel Ángel Tejeda Ortega,  y relató que estos amparos son  en beneficio de quienes los promovieron;  sólo se prohíbe el comercio de dicha droga.

Estos documentos de protección promovidos impugnan la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Sanitario, así como disposiciones emanadas de la COFEPRIS, que prohíben el transporte, uso y la posesión de cocaína, aduciendo el principio ya reconocido por la Corte “del libre desarrollo de la personalidad de los individuos”, entendiéndose por tal que el ser humano es capaz del desarrollo del libre albedrío, aceptando conductas que le favorezcan a su persona y excluyendo las que los perjudiquen.

Tejeda Ortega agregó que estos dos precedentes, que aún están sujetos a confirmación por Tribunales Colegiados de Circuito, pueden dar la pauta para que a futuro el Congreso de la Unión despenalice las conductas ilícitas del uso, transporte y posesión de la cocaína, así como también de la marihuana, en donde ya existe jurisprudencia al respecto, permitiendo su uso y disposición previas autorizaciones que otorgue la COFEPRIS.

En consecuencia de todo ello, tal vez la despenalización del consumo de drogas en México pueda favorecer a que bajen los niveles de violencia en México, pues como reflejo tenemos a la mayoría de los estados que conforman la Unión Americana, que ya permiten no solamente el uso y posesión de la marihuana, sino también su comercio, siendo un gran negocio actualmente esta actividad que ya se convirtió en lícita, finalizó el constitucionalista.

No puedo declarar inconstitucional la Ley de Remuneraciones

Puebla, Pue.- En tres sesiones del Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- empezó a analizar las dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una minoría de la Cámara de Senadores (33%), con las que se impugna de inconstitucional la Ley General de Remuneraciones de los Servidores del Estado, que fue aprobada en forma definitiva por la Cámara de Diputados en el mes de noviembre del año recién concluido.

La ley combatida, según las acciones de inconstitucionalidad, plantean la violación de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna, y primordialmente establece dicha ley salarios máximos a los servidores públicos que no podrán exceder del salario que gana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de ciento ocho mil pesos mensuales, expuso el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Agregó  que en un principio la Suprema Corte se declaró competente para conocer dichas acciones y no tener algún impedimento de los ministros que la integran, a pesar de que les afecta dicha ley en sus futuras remuneraciones por parte del Estado, ya que por supuesto ganan más que el Presidente de la República.

Uno de los aspectos principales que se hizo valer en las acciones de inconstitucionalidad, consistió en que hubo una grave violación al proceso legislativo en la aprobación de dicha ley; surgiendo un gran debate entre los ministros, quienes están de acuerdo con la existencia de la grave violación y quienes no consideraron que existe como tal.

El jurista Tejeda Ortega determinó que la violación al proceso legislativo consistió en que una minuta aprobada por el Senado de dicha Ley en el año dos mil once, fue pasada a votación al Pleno de la Cámara de Diputados después de siete años, sin que se hayan dado prórrogas concretas y definidas de la minuta de ley.

Los ministros que estuvieron a favor de que se declarara inconstitucional la ley, por existir violaciones graves al procedimiento, fueron Alfredo Gurtiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Luís María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Eduardo Tomás Medina Mora y Alberto Pérez Dayán, quien es ponente del proyecto de sentencia.

Por el contrario los ministros que no estuvieron conformes de que existen vicios graves para declarar la inconstitucionalidad de esta ley, fueron: Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, el Presidente de la Corte Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, así como los dos  morenistas Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En consecuencia, el voto de seis ministros no fue suficiente para declarar inconstitucional totalmente la Ley de Remuneraciones, y así se demostró que la Suprema Corte empieza a ceder en las pretensiones del titular del Poder Ejecutivo, también del Legislativo morenista.

Tejeda Ortega señaló que en próximos períodos del Pleno se analizarán alguno de los artículos de la ley que no fueron sobreseídos, independientemente de que existe una nueva impugnación en contra de las reformas a la Ley de Remuneraciones que se llevó a cabo en el mes de abril del año dos mil diecinueve, y que presentará su proyecto o ponencia la actual ministra (morenista) Yasmín Esquivel.

Columna | Desde el portal

 Además de la inconstitucionalidad que plantea el Poder Judicial, el Plan Nacional de Paz y Seguridad es copia de países europeos y establece un plazo de tres años para ver resultados, lo cual quiere decir que la campaña electoral fue insuficiente para conocer la realidad nacional y dar respuesta a un problema que las tres últimas administraciones federales no solucionaron, sino que agravaron.

 En un trienio más –y desde ahora- ya estará desatada la sucesión presidencial y, en consecuencia, los funcionarios estarán más enfocados a acomodarse con  el futuro gobierno que en concretar las promesas que hoy hacen; y si en España y Francia ha funcionado la Guardia Nacional, eso no quiere decir que ocurrirá lo mismo en nuestro país, otra cultura y otros orígenes de la violencia, radicados principalmente en la corrupción policiaca.

 Cambio de uniformes, de logos, de colores, de nombre, es lo que se les ocurre a los nuevos gobiernos para dar la impresión de que “ahora sí” va en serio el combate a la delincuencia y se recobrará la inseguridad; se establecen plazos y se fijan metas en reuniones en elegantes salones de lujosos hoteles para luego quedar en el olvido y esperar que un nuevo partido o un nuevo candidato retome el tema y vuelva a hacer lo mismo.

 Sucedió lo mismo con el NAIM.  Tres sexenios han transcurrido sin que se concrete el aterrizaje de los aviones y otra vez estudios, planes y plazos; de nada sirven los foros de consulta, la participación de expertos si al final de cuentas se copian modelos exitosos de otros países con otra cultura y modelo de Gobierno.  En México se debe encontrar soluciones en base a la realidad de los problemas nacionales y no meras copias.

TURBULENCIAS

II informe del Gobernador Murat

 El gobernador Alejandro Murat Hinojosa entregó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Morales Niñoz, su II informe de Gobierno en el que señala que éste es un esfuerzo de todos para que al estado le vaya bien y se tengan mejores condiciones de vida, indicó que se han obtenido logros importantes en materia de salud, infraestructura, inversiones, turismo y educación. Indicó que su objetivo será siempre generar beneficios para los oaxaqueños...En reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados que preside Julieta Kristal Vences Valencia, el próximo titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, informó que México ha recibido tres mil solicitudes de condición de refugiados de las caravanas migrantes y que cada año se reciben un total de 18 mil solitudes, por lo pidió fortalecer a la Comar –“que está en un estado de colapso”- para atender esta situación que, a la luz de las caravanas migrantes y las tendencias crecientes, es desafiante…“No es mi intención y no debe ser la de los integrantes del nuevo cabildo dejar de darle continuidad a obras y servicios de indudable beneficio para nuestra comunidad. Sabemos de los retos a los que habremos de enfrentarnos para lograr una administración pública a la altura de las necesidades y los anhelos de la sociedad oaxaqueña de este municipio”, expresó el alcalde electo de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín durante la instalación del Comité de Entregta-recepción con la administración saliente…

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Marcelo Torres, dirigente del PAN, consideró “una payasada” la encuesta en marcha para decidir la ubicación del NAIM, en tanto que el líder del PRD, Manuel Granados, subrayó la inconstitucionalidad y opacidad en el manejo de recursos del evento, mientras que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello no quiso opinar “de un asunto que no tiene base legal”.

En realidad, la encuesta de marras carece de sustento: es función de las autoridades tomar decisiones –en base a estudios técnicos y opinión de expertos- sobre obras importantes pues la sociedad para ello emitió su voto y les dio su confianza, para ello hubo una campaña y una oferta de gobierno, no para estar opinando sobre acciones de Gobierno a cada momento.

El pueblo está dedicado a sus actividades cotidianas y los funcionarios deben hacer lo propio. La inconstitucionalidad de la encuesta está fundamentada por conocedores del derecho, además se trata de una obra en marcha, con presupuesto programado para el siguiente año y con la decisión de inversionistas de aportar para su conclusión pues su objeto es tener utilidades.

En consecuencia, el NAIM tendrá que ser concluido pese a la oposición de los macheteros de Atenco, de los ecologistas y de los líderes de la oposición, dado que las opciones en Santa Lucía, Toluca y Puebla no ofrecen soluciones reales. Debe terminarse con las encuestas ilegales y el Gobierno a trabajar pues no pueden distraer al ciudadano de sus ocupaciones en tareas gubernamentales que no les toca resolver.

TURBULENCIAS

Excluyen al maíz amarillo del T-MEC

Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, hizo un llamado al Senado de la República y a Jesús Seade Kuri, representante del Gobierno electo en la negociación del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, ahora conocido como T-MEC, a ver que el sector del pequeño productor agrícola –como el maíz blanco y amarillo- queda nuevamente en desventaja con sus contrapartes estadounidenses y canadienses en materia de precios y subsidios para sus productos…Sin cumplir contratos, “desapareció” de Guadalajara, Jal., José Alberto Tapia García (RFC:TAGA680924CT-9) representante de la empresa E-propia defraudando a clientes que depositaron su confianza en la empresa. Se le ha tratado de localizar en el cel 523313613131 y en sus correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y tampoco responde. Se solicita la intervención de las autoridades policiacas y fiscales para dar con su paradero…En Quebec, Canadá, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto Nacional de Investigación Científica (INRS), Luc-Alain Giraldeau. Esta instancia de excelencia cuenta con cuatro centros de investigación en los ámbitos de ciencias del agua, tierra y medio ambiente; energía, materiales y telecomunicaciones; urbanización, cultura y sociedad y salud y ciencias experimentales. El INRS, enfocado en la formación de maestros y doctores, ofrece a la Autónoma mexiquense la posibilidad de impartir maestrías de doble grado con un año de estancia académica en cada país, así como programas de co tutela para estudios de doctorado… Con un llamado a combatir la corrupción desde todos los ámbitos y fomentar la cultura de la transparencia, el rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, inauguró los foros de discusión regionales en el marco de la consulta sobre la Política nacional anticorrupción…

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Posterior a recibir observaciones respecto a la Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la abrogación a la Ley Bala de parte del titular del Ejecutivo Tony Gali Fayad, el Presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado diputado José Juan Espinosa Torres, integrante del Partido del Trabajo y coordinador de la bancada de ese partido en conferencia de prensa  dijo que por su parte recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad que se pueda  echar abajo la reforma que se había aprobado hace una semana para que se eche abajo la Ley Orgánica  de la Fiscalía del estado a fin de que no se tenga un fiscal carnal dijo.

Agrego el diputado que por su parte promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN con el objetivo de librar el veto que aplico el Gobernador, ya que aun cuando ejerció su facultad, porque la tiene y puede hacerlo para detener la reforma aprobada por los diputados que conforman la mayoría en el Congreso. 

Espinosa Torres, dijo que con el objetivo de echar para atrás la designación de Gilberto Higuera como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado recurrirán como lo señala a la SCJN,    así mismo estarán buscando también el respaldo de los priistas y ellos (Juntos Haremos Historia) que como mayoría simple son 22 diputados será suficiente para interponer el recurso.

Asimismo, Espinosa Torres refirió que para la formulación de la ley que sustituya a la Ley Bala se hará una convocatoria a organizaciones, a fin de que participen en foros para la integración del decreto y así poder formular e integrar este decreto.

Hasta el día 20 la SCJN recibirá amparos o protestas para analizar  la Seguridad Interior 

Puebla, Pue,- El próximo día 20 vence el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o interponer amparos  contra la Ley de Seguridad Interior aprobada el 20 de diciembre del año apenas concluido.

La SCJN espera  recibir tales acciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 33% de senadores, diputados federales o locales, de organizaciones civiles y de particulares inconformes al señalar que esta ley es confusa y viola los artículos 21,  73 fracción 29 y el 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega dio a conocer lo anterior y asentó que se ha delegado toda la responsabilidad a la Suprema Corte, de analizar los vicios, ambigüedad y violaciones constitucionales que tiene el citado documento, para declararlo finalmente si es o no inconstitucional.

La aprobación de la minuta de esta ley en la Cámara de Diputados fue por mayoría relativa; en la Cámara Alta dividió a los senadores, y al promulgarla el titular del Poder Ejecutivo Federal acordó que la SCJN analice el contenido de esta ley y resuelva si viola o no la Constitución Política Mexicana.

El constitucionalista Tejeda Ortega asegura que esta nueva ley no es clara;  es confusa; no señala en qué casos se puede presentar la declaratoria de seguridad e interés por parte del Presidente de la República, ni los lineamientos para que el Ejército no viole las garantías individuales. Además, hay una serie de omisiones que deben analizar los magistrados.

Dos senadores declararon en principio que, por ejemplo, el Artículo 21 Constitucional precisa que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles.

Que la premura para que esta ley entre en vigor cuanto antes, es porque las autoridades en el poder tienen miedo al cambio del régimen.  

Sobre los otros artículos violentados  es porque precisan otros senadores que seguridad interior, según lo establecido en la Constitución de 1917, no es sinónimo de seguridad pública, sino “de casos en los que el orden interior era alterado por otros países”.

Y que en lugar de esta ley es necesario un modelo de seguridad pública nuevo, pues está comprobado que el Ejército no es la solución.