Durante Sesión Ordinaria celebrada este viernes (ayer) en el Congreso local, aprueban los legisladores con 34 votos a favor y cero en contra, así como una abstención y una excusa informes avalados ya por la Auditoria Superior del Estado.

En este contexto entre las cuentas públicas del año 2017 se avalaron las del titular del Ejecutivo en la entidad Tony Gali Fayad, las de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de un total de 211 ayuntamientos de Puebla.

Fueron asimismo aprobadas también a más de las de Gali Fayad, las cuentas del propio Congreso del pasado año (2017), siendo presidente del congreso entonces el diputado Jorge Aguilar Chedraui, a más de las de la Auditoria del estado que preside David Villanueva Lomelí y las del Tribunal Superior de Justicia a cargo de Roberto Flores Toledano.

Durante esta sesión asimismo fueron dictaminada por los diputados iniciativas del Gobernador Tony Gali como la de adicionar y reformar la Ley del Notariado, la Ley Orgánica de la Administración Publica, el Decreto para la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado entre otras.

En este contexto la Diputada Geraldine González presento iniciativa de ley a fin de modificar el Código Penal respecto a prescripción del delito de abuso sexual en contra de menores de edad.

    El monto asciende a 6 mil 280 millones 814 mil pesos, correspondiente a subsidios ordinarios, federal y estatal, así como a ingresos propios

    Se aprobaron los informes de la Oficina de la Abogada General, Tesorería General y Contraloría General; además, del despacho “Resa y Asociados”

Por unanimidad, durante la segunda sesión extraordinaria del año, el Consejo Universitario aprobó el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, presentado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz, a través de la Tesorería General, cuyo monto asciende a 6 mil 280 millones 814 mil pesos, correspondiente a subsidios ordinarios, federal y estatal, así como a ingresos propios.

          Ante el Máximo Órgano de Gobierno de la Institución, el Rector Alfonso Esparza aseveró que pese a ser un año de cambios políticos e incertidumbre financiera, con recortes de presupuesto y de otros fondos, la Universidad mantendrá sus tareas sustantivas.

          No obstante que con respecto a 2017, este presupuesto representa un decremento de más de mil 200 millones de pesos, señaló que se prevé mantener la infraestructura, con la construcción de nuevos edificios y la remodelación de algunos existentes, haciéndolos más eficaces y eficientes para la comunidad universitaria. En el caso de obras, como el inmueble de Las Clarisas, se concluirá su edificación debido a que se trata de presupuesto aprobado en años anteriores.

          De igual manera, se fortalecerán los Complejos Regionales y se llevarán a cabo diversas acciones para disminuir costos en el desarrollo de las funciones administrativas.

          En lo que fue la segunda sesión extraordinaria del año, cuya orden del día estuvo conformada por siete puntos, Óscar Gilbón Rosete, titular de la Tesorería General, indicó que el presupuesto del gasto se determinó con medidas de racionalidad, austeridad, disciplina financiera y transparencia en el uso de los recursos, con prioridad en las tareas sustantivas de la Universidad.

          Para este año, la BUAP dispondrá de un monto de 4 mil 18 millones 607 mil pesos, por subsidio ordinario federal, y mil 974 millones 787 mil pesos, por subsidio ordinario estatal. Ambos representan un crecimiento de 4.89 por ciento, es decir 279 millones de pesos.

          Para el caso de ingresos propios, generados por la Universidad, se estima un aproximado de 287 millones 420 mil pesos, cifra que permitirá sostener las políticas existentes en beneficio de la comunidad universitaria, como no incrementar las cuotas escolares.

           El Presupuesto de Egresos 2018 se distribuirá en 10 programas integrales: Docencia, investigación y posgrado; Posicionamiento, visibilidad y calidad internacional; Mantenimiento, adecuación y desarrollo de la infraestructura educativa; Gestión innovadora en los procesos administrativos; Ingreso, permanencia, egreso y titulación; Universidad y responsabilidad social; Compromiso, unidad y bienestar de los recursos humanos; Integración social e Impulso al desarrollo de las unidades regionales.

          Por otra parte, Gilbón Rosete notificó que el fondo de pensiones y jubilaciones asciende a mil 918 millones 418 mil pesos, mismo que tuvo un crecimiento en los últimos años. También informó que en fechas recientes se presentó una propuesta de nueva sede de la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río y la posibilidad de solicitar un crédito para solventar las actividades de la Institución.

          En otros puntos de la orden del día, se presentaron y aprobaron por unanimidad de votos los informes de los titulares de la Oficina de la Abogada General, Tesorería General y Contraloría General, a cargo de Rosa Isela Ávalos Méndez, Óscar Gilbón Rosete y Héctor Granados Rodríguez, respectivamente. Asimismo, el despacho de auditores externos “Resa y Asociados” presentó el informe y dictamen de los Estados Financieros de la BUAP, por el ejercicio 2017, el cual demuestra la situación financiera consolidada de la Institución.

• Consejo Universitario aprueba la actualización de 76 programas de licenciatura y calendarios escolares de 2018

Durante la XI sesión extraordinaria del año, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó por unanimidad la actualización de 76 programas de licenciatura y la incorporación de una asignatura optativa a 39 planes de estudio, para la prueba EGEL del Ceneval; y por mayoría de votos, los calendarios oficiales para preparatoria, licenciatura y posgrado, correspondientes al ciclo escolar 2018.

          Tras un proceso de revisión de más de dos años, que incluyó el trabajo de casi 850 académicos, el Consejo de Docencia de la BUAP acordó dicha actualización, así como la impartición de la lengua extranjera como asignatura cursativa en el cien por ciento de los planes de estudio y el reajuste de la Formación General Universitaria (FGU) de seis programas de asignatura en modalidad presencial y cuatro en no presencial.

           “Con esta actualización, la BUAP hace patente su compromiso de ofrecer programas educativos que atiendan las nuevas necesidades del entorno”, comentó la vicerrectora de Docencia, María del Carmen Martínez Reyes, al recomendar al Consejo Universitario aprobar estas modificaciones.

          Entre los cambios en la oferta educativa de la BUAP destaca la inclusión a 39 planes de estudio de una asignatura específica para preparar a los estudiantes que realicen la prueba EGEL (Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura) del Ceneval. En este 2017, 4 mil 458 estudiantes sustentaron este instrumento como mecanismo de titulación. Además, en el cien por ciento de los planes de estudio se incorporó una materia optativa complementaria, para elaborar un documento que facilite la titulación. 

          Al leer el dictamen emitido por el Consejo de Docencia, el subdirector General de Educación Superior de la BUAP, José Antonio Lucio Venegas, señaló que esta actualización curricular es resultado de la evaluación del Modelo Universitario Minerva (MUM), en concordancia con los cambios estructurales que ha tenido la Institución durante los últimos años, sobre todo en los marcos normativos, y con la visión del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) 2013-2017. 

          Dicha revisión buscó generar directrices y políticas que contribuyeran a actualizar la oferta educativa de la BUAP, con prácticas universitarias exitosas y pertinentes, tal y como lo sugiere el PDI. Como resultado, además de lo ya mencionado, se pasó de un esquema cuatrimestral a uno semestral y la asignatura Desarrollo de Habilidades en el Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación evolucionó a un eje transversal en la formación de los universitarios.
 
Consejo Universitario aprueba calendarios escolares 2018

Por mayoría de votos, los miembros del Consejo Universitario de la BUAP aprobaron los calendarios escolares para preparatoria, licenciatura y posgrado, correspondientes al ciclo 2018. Estos establecen 31 días efectivos de vacaciones repartidos en tres periodos: Semana Santa (del 26 al 30 de marzo), verano (del 9 al 27 de julio) y fin de año (del 17 al 31 de diciembre).

          En el nivel medio superior se establecen 194 días efectivos. Sus actividades inician el 3 de enero y el fin de cursos (2017-2018) es el primero de junio. Los estudiantes de licenciatura del esquema semestral contarán con dos periodos: primavera y otoño, ambos de 18 semanas; mientras que los del esquema cuatrimestral contarán con tres: primavera, 16 semanas; verano, 7 semanas; y otoño, de 16 semanas. Finalmente, para los posgrados se establecen dos periodos semestrales: primavera con 100 días y otoño con 95 efectivos.    

         En cuanto al Proceso de Admisión BUAP 2018, la convocatoria se emitirá el próximo 20 de enero; el registro a examen, del 9 al 13 de abril; la aplicación de las pruebas de Aptitud Académica y por Área del Conocimiento, el 9 de junio; y la inscripción de estudiantes de nuevo ingreso, del 23 al 27 de julio, para iniciar actividades el 6 de agosto.

          En esta sesión, la última del año, el Rector de la BUAP tomó protesta a los nuevos consejeros directores de las facultades de Ciencias Biológicas, Derecho y Ciencias Sociales, Enfermería, Administración, Cultura Física e Ingeniería Agrohidráulica, así como de las preparatorias Urbana Enrique Cabrera Barroso, Alfonso Calderón Moreno y 2 de Octubre de 1968.

· Elige Pleno a Jorge Aguilar Chedraui para continuar al frente de la Junta de Gobierno

Con el propósito de modernizar y reestructurar las instituciones de impartición de justicia, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual se adecua a las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, divide las funciones administrativas de las jurisdiccionales, optimiza los procedimientos en materia penal, civil, mercantil e impulsa la solución de conflictos a través de medios alternos.

El Presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Víctor León señaló que la ley prevé una estructura administrativa nueva, acorde a las recientes reformas Constitucionales, por lo que se incorporan figuras como el Consejo de la Judicatura, órgano que se encargará de administrar los recursos humanos y materiales, de la vigilancia y disciplina de los servidores públicos judiciales, así como del nombramiento y adscripción del personal.

Víctor León resaltó la conformación de estructuras como las Salas Unitarias en materia civil y penal, que antes no estaban previstas; la armonización del procedimiento de responsabilidad administrativa; además, establece un Comité Consultivo que estará integrado por dos miembros, así como los requisitos para ser nombrado Magistrado(a) que serán los mismos establecidos en la Constitución Federal.

Destacó que se amplía el periodo del Presidente de uno a cuatro años con posibilidad de reelección; se crea el Centro de Convivencia Familiar Supervisada como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, lo cual es un aspecto innovador que se contempla como respuesta al incremento de asuntos en esta materia.

Por otro lado, el Pleno eligió al legislador Jorge Aguilar Chedraui para continuar al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que presidirá durante el cuarto año de ejercicio legislativo.

Para dar cumplimento a los compromisos del Gobernador electo Antonio Gali, se aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Estatal para cambiar la denominación de la Secretaría de Infraestructura y Transportes por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; así como atribuir a la Secretaría de Desarrollo Social programas que promuevan el desarrollo de las comunidades indígenas.

Además de dotar de facultades a la Secretaría General de Gobierno para que presida el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y la Junta de Gobierno del Instituto Poblano de la Mujeres. Asimismo, reformaron el artículo 12 de la Constitución del Estado para establecer el derecho al agua para consumo personal y doméstico.

Se beneficiará a los mexicanos que requieren de tratamientos médicos procedentes de la cannabis, destacan senadores.

El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal de la cannabis.

El proyecto faculta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Asimismo, entre los cambios que propusieron las comisiones dictaminadoras, se elimina a la nabilona y al cáñamo de la lista de las sustancias que se consideran como un problema grave para la salud pública.

Los senadores consideraron pertinente que la Secretaría de Salud sea quien otorgue las autorizaciones para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis, entre los que se encuentra el THC, sus isómeros y variantes estereoquímicas.

Se establece que los productos que contengan concentraciones del 1 por ciento o menores de THC, y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

También se indica que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización, que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

En el documento, los senadores precisan que en el dictamen no se aborda el tema relacionado con la dosis máxima de cannabis para consumo personal, ya que este asunto se analizará, discutirá y dictaminará cuando se considere por parte de las comisiones dictaminadoras.

Lo anterior no significa que los artículos de contenido penal relacionados con la modificación de la dosis máxima de cannabis propuesta por el Ejecutivo federal, hayan sido rechazados o desaprobados por dichas comisiones, se puntualiza.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, su presidente, el senador Francisco Salvador López Brito explicó que “los costos que podría alcanzar el traer estos medicamentos del exterior no generaría una homologación a todo el sector social”, de ahí, que se permita en una primera etapa su importación.

No obstante, agregó, en una segunda etapa, cuando concluya la investigación científica de su aplicación en el país, se permitiría la producción nacional. Se ha demostrado que el uso terapéutico de esta planta puede coadyuvar en el tratamiento de 40 distintas enfermedades, refirió.

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN dijo que en México se prohibió el uso del cáñamo, al cual no se le ha encontrado efectos psicotrópicos, por lo que es fundamental reformar la ley para evitar las prohibiciones que en este momento existen para el uso médico, científico y terapéutico de los derivados de la cannabis.

Para la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, con la aprobación de este dictamen se da un paso histórico, firme y profundo que abrirá la puerta para resolver una urgencia médica que aqueja a los mexicanos que no pueden acceder a medicamentos derivados de la cannabis.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI dijo que con estas modificaciones “estamos sentando las bases para establecer en nuestro país una industria de producción nacional de medicamentos con cannabis” y se abre la puerta a científicos mexicanos para realizar protocolos de investigación de esta planta; esto nos pondrá a la vanguardia internacional”.

Destacó que se elimina el riesgo de lagunas legales, al reconocer de manera puntual la posibilidad de los usos industriales de los derivados de cannabis que contengan 1 por ciento o menos de THC, lo que dará certidumbre al desarrollo de amplias actividades económicas, apoyando así a familias y pequeños empresarios que se dedican a ello.

La senadora Angélica de la Peña Gómez mencionó que existe el consenso de “hacer algo distinto en la política de drogas”, pues el régimen prohibicionista “ha generado altos niveles de violencia, más de cien mil muertos y la violación sistemática de derechos humanos”.

Agregó que, en las audiencias públicas sobre esta materia se enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas, sin estrategia clara y sin imposición de límites, ha contribuido a violaciones graves de derechos humanos, incluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Algunos expertos, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, argumentaron que el principal problema de salud, derivado de las drogas, no proviene del consumo de marihuana sino de una política regresiva, que también ha implicado un gasto estratosférico, por parte del gobierno, al tratar de contener el mercado criminal.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que la reforma representa un avance importante, pues miles de pacientes tendrán acceso a medicamentos derivados de la cannabis y podrán disminuir dolores crónicos, mejorar la coordinación motora, atender y controlar la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y el sida.

Sin embargo, acotó, “el Senado, el Poder Legislativo en su conjunto, quedó muy por debajo de las expectativas de la sociedad en lo que se refiere a la regulación del uso de la marihuana”. El Presidente de la República, advirtió, envió una iniciativa de avanzada, pero ante los reclamos de grupos de interés permitió que sólo transitara lo concerniente a su uso medicinal.

Consideró que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó claro que la prohibición para consumir marihuana se sustenta en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que es necesario transitar a un nuevo paradigma en donde se defiendan plenamente los derechos y las libertades de los individuos.

Al presentar su voto en particular en contra, el senador Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que no se le deben quitar méritos al dictamen, pues es un avance “pequeñito”, que traerá beneficios a pacientes que tendrán acceso a medicamentos y productos para enfermedades dolorosas, pero “celebrar que estamos haciendo un cambio en materia de marihuana, es vernos la cara a todos a estas alturas del partido”.

En el Senado, precisó, se está claudicando el poder civil a las responsabilidades de darles seguridad pública a los ciudadanos. “No podemos ver el tema de la seguridad nacional y del fracaso de la política de combate al crimen organizado con querer pasar un dictamen en materia de seguridad nacional de bote pronto y sobre las rodillas”, eso dijo, no es serio. La discusión de las drogas no se queda en la marihuana, se debe revisar la goma de opio y la amapola, añadió.

El senador Mario Delgado Carrillo, del mismo Grupo Parlamentario, resaltó que ganó el miedo y los prejuicios. La reforma, agregó, no tiene un impacto real en la dinámica de los cárteles de la droga y la violencia, no descriminaliza la posesión para uso personal de la marihuana ni permite portar los 28 gramos propuestos por el Presidente de la República.

Quien no está dispuesto a hacer un cambio mayor apoya el estado actual de las cosas, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en el país, señaló y agregó que se llega 55 años tarde a regular el uso médico del cannabis, porque está permitida desde 1961 en los tratados internacionales.

Layda Sansores San Román, senadora del Grupo Parlamentario del PT, dijo que la droga que más se consume en México es la marihuana; la mayoría de los sentenciados es por posesión de ésta, y el haber quitado el gramaje de la discusión, promueve que muchos presos pasen hasta 15 años en la cárcel, por un problema que debería considerarse como una falta administrativa.

El senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que no es una reforma completa, pero por lo menos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida a los niños que sufren de epilepsias refractarias, es decir que son resistentes a otros tratamientos.  

La senadora Martha Angélica Tagle Martínez aseguró que el dictamen no es viable, ya que no contempla el autocultivo, tampoco libera la cannabis no psicoactiva, y no mueve de grupo a la psicoactiva. “Es mentira que esta reforma vaya a posibilitar realmente el acceso a los medicamentos derivados de la cannabis medicinal”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, María Elena Barrera Tapia, dijo que esta reforma es un primer paso para favorecer la investigación y dar la oportunidad a muchas personas para que mejoren su calidad de vida, “pero tenemos que seguir trabajando para que sea México el que gane por su regulación y comercialización”.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que detrás de esta regulación hay “muchísimos intereses económicos” de algunas personas públicas y de otras que no lo son. Están empezando ya a saborearse esas concesiones en las que van a poder producir, cosechar, transportar y obtener grandísimas ventajas económicas; va ser un negocio.

Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Andrea García García llamó a fundamentar las decisiones con respaldo científico, para que el uso de fármacos cannabinoides sea eficaz, seguro y con resultados superiores a los tratamientos convencionales, que no signifiquen daños colaterales a la salud; de ahí la conveniencia de emplearlos con fines terapéuticos, bajo el modelo de Medicina Basada en Evidencias.

El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, aseveró que no aprobar la reforma sería condenar al sufrimiento de miles de mexicanos que tienen un padecimiento y que se pueden curar con la mariguana o el cannabis, aunque expuso que el debate no se debe cerrar, puesto que se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corrija la plana.

La senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron, al expresar su voto a favor del dictamen, dijo que éste se quedó corto: por un lado se mantiene la prohibición al cáñamo, que es una fuente de alimento –la planta tiene 34 por ciento de contenido de proteínas– e indicó que la única forma de combatir la violencia en el país es con audacia para ver más allá del cálculo electoral, por lo que pidió dejar la mezquindad cortoplacista y atender la crisis de violación de derechos humanos.

Para la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, el consumo de drogas debe ubicarse como un asunto de salud pública y “los consumidores tienen derecho a vivir una vida digna, aún bajo la enfermedad de la adicción”. 

En opinión de Raúl Morón Orozco, senador del Grupo Parlamentario del PRD, quedan pendientes una regulación para la autoproducción con fines medicinales, lo relativo a la reinserción social y la descriminalización por el consumo de marihuana.

A favor del dictamen, el senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, advirtió que México necesita que su clase política confronte ideas, debata sobre realidades, combata el crimen organizado y tome posturas claras respecto al tráfico de estupefacientes y su legalización, así como su utilidad médica. Agregó que se debe celebrar una consulta pública para profundizar el tema y aceptar su liberación; pues con esta reforma se sigue en la política de criminalización de ésta.

El senador Héctor David Flores Ávalos, del PAN, destacó que el 8 de noviembre en Estados Unidos algunos estados se pronunciaron por permitir el uso lúdico de la marihuana, lo que se pone a nuestro país en una contradicción seria. Debe reflexionarse sobre qué pasará en los estados fronterizos, pues si no se tiene la capacidad de avanzar en la discusión de estos asuntos, estaremos perdiendo una gran oportunidad. 

El senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el mercado negro de la marihuana representa 40 por ciento de los ingresos del crimen organizado; sin embargo, la legalización no va a desaparecer la violencia en el país, pero sí reducirá sensiblemente sus ganancias.

Posteriormente, la senadora Martha Tagle Martínez propuso modificaciones a los artículos 245 de la Ley General de Salud y al 198 del Código Penal Federal, las cuales fueron rechazadas por el Pleno.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.