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- En el evento conmemorativo recordó que desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025 hubo cambios profundos que recuperan el sentido social y la soberanía de la Constitución de 1917, a través de 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias
     
- Entre las modificaciones, destacó la Reforma al Poder Judicial, la que reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos, la que recuperó a Pemex y a la CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México, la de igualdad sustantiva de las mujeres y las que fortalecen la soberanía nacional
     
Desde Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, con la Cuarta Transformación, se recuperó la esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.

“Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado, en mucho, su esencia. México es el resultado de sus Transformaciones, y cada Transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida.

“Porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello, afirmar que: México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!“, resaltó en el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República.

Recordó que México nació de la lucha de su pueblo, por ello con la transformación, de septiembre de 2024 a diciembre 2025, se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias que fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad, entre ellas la Reforma al Poder Judicial; la que creó e incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México; la que permite al Estado proveer servicios de internet; las que están a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres; la que garantiza la recuperación del ferrocarril público; las que reconocen a los Programas de Bienestar como derechos constitucionales y el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna; las de protección y bienestar animal; las que sustituyen organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones; la que robustece la inteligencia para la seguridad pública; la que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico; las que están en contra del nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular; a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la Nación, así como las reformas a los artículos 19 y 40, que fortalecen la soberanía nacional. Además, señaló que en las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas para su implementación de manera gradual.

“Quiero leerlo para que quede muy claro. Hoy el artículo 40 dice: El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como: golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, agregó.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que en 2018 las mexicanas y mexicanos decidieron recuperar el sentido social de la Constitución de 1917 e instaurar un estado constitucional de bienestar, así como un congreso constituyente que ha aprobado reformas constitucionales que fortalecen la justicia, la igualdad y la Prosperidad Compartida.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que hoy la Constitución abraza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad. Puntualizó que el Poder Judicial vive ahora una etapa de reconciliación y esperanza, producto de la reforma.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía, por ello, destacó que, como herencia, hoy, México no acepta dictados extranjeros refrendando que la Presidenta no está sola en la defensa de la patria.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, las 32 gobernadoras y gobernadores, así como los miembros del gabinete legal y ampliado.

Como lo escribí en mi colaboración de la semana pasada, el dos de junio de 2025, será recordado en los anales de la historia de México, como el inicio de una nueva época en la conformación del estado y en los hechos el fin de la división de poderes, que aunque continua vigente en nuestra Carta Magna, en los hechos dejará de funcionar, el primero de septiembre de este año, cuando entren en funciones los Ministros, Ministras, magistrados, magistradas y jueces del Poder Judicial de la federación, “electos por el pueblo” el primero de junio, bajo un esquema de origen viciado y con graves problemas en cuanto a su legalidad y en que se juntaron las peores prácticas de lo  que se ha denominado como el mayor fraude electoral del que se tenga conocimiento en los últimos años en el país.

La previsible baja participación de los ciudadanos en las elecciones, sin duda alguna fue la causa que obligó al oficialismo a echar mano de todos los métodos y argucias posibles, para lograr que finalmente llegaran a los cargos, los candidatos afines al movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país.

El uso descarado de los denominados acordeones que se repartieron a lo largo y ancho del país por los servidores de la nación, funcionarios de gobierno y a las estructuras de Morena, a fin de lograr llevar a los beneficiarios de los programas sociales a las urnas, fueron determinantes para evitar se colaran candidatos extraños o integrantes del Poder Judicial de la federación, que decidieron participar en el proceso, confiando en que podían ganar el mismo, con el apoyo de los ciudadanos y de que tenían la posibilidad de seguir laborando en dicho poder; a ellos se deben sumar a los candidatos orgánicos o espontáneos que ante los requisitos básicos que se pedían, llegaron a pensar que las elecciones se llevarían a cabo legalmente y que habría piso parejo.

Aún y cuando fue el propio oficialismo, quién impuso las condiciones al aprobar la reforma en ambas cámaras, para evitar hubiera irregularidades en el proceso, prohibiendo el uso de los medios masivos de comunicación para promocionar la imagen de los candidatos, los topes de gastos que podrían asignar a sus campañas, el uso de recursos y programas públicos, la no injerencia de los partidos políticos y sus estructuras para apoyar a determinados candidatos; al final fue el propio oficialismo quién alentó y ejecutó las acciones para manchar la elección, con la anuencia y complicidad del INE y en algunos casos con el aval de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, organismos que están bajo su control.

La versión, de que los resultados de las elecciones ya estaban decididos, antes de la jornada, se fueron confirmando en las primeras horas del primero de junio, coincidiendo con los datos que aparecían en los acordeones que previamente fueron distribuidos entre los ciudadanos que el oficialismo se encargó de llevar a las casillas a través de sus operadores políticos.

Las irregularidades se fueron acumulando antes de la elección y el día en que se llevo a cabo la misma, con paquetes de boletas tachadas a favor de los candidatos de los acordeones, acarreo de votantes, compra de votos y la operación de las estructuras partidistas para trasladar los paquetes electorales.

Al final de la jornada, se habían contabilizado más de 29 denuncias por delitos electorales ante la fiscalía general de la República, más las que se presentaron en las de algunos estados donde se eligieron a Presidentes Municipales y a integrantes de los poderes judiciales.

Los números que dio a conocer el INE entre el domingo primero y el lunes dos, señalaron una participación del 13% del padrón de casi 100 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral con credencial para votar.

Dicho porcentaje se iría diluyendo en los dos días siguientes al abrirse los paquetes y dar cuenta los Consejos Distritales de casi dos millones de boletas con votos nulos y en blanco, donde miles de ciudadanos a su manera protestaron por una elección que nunca entendieron o de la que no estuvieron de acuerdo desde su aprobación.

A casi una semana de las elecciones, el triunfo de los candidatos respaldados por el oficialismo y muchos de ellos con militancia en Morena, tanto para la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del tribunal Electoral federal, de los Magistrados de Circuito y de los Jueces de Distrito, se ha ido confirmando, por lo que tienen garantizado su puesto en el Poder Judicial de la federación, aunque hayan sido elegidos por uno de cada diez mexicanos, es decir, siendo justos su nivel de respaldo ciudadano es mínimo, por más que la presidenta y los lideres de las cámaras se empeñen en declarar que fue un triunfo del pueblo y de la democracia.

Falta que los observadores electorales extranjeros y los organismos que vinieron a México a presenciar las elecciones den a conocer lo que vieron y las irregularidades que detectaron; sin embargo, ello de ninguna forma podrá cambiar los resultados finales del proceso.

Por el bien del país y de los ciudadanos, el oficialismo debe revisar todo lo sucedido e impulsar una reforma que corrija todos los vicios e irregularidades que se detectaron, para evitar se repitan en las elecciones de 2027; reconocer en lo que se equivocaron y tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos que decidieron no salir a votar o que anularon su voto; el mensaje es muy claro y sólo quien no quiera verlo, insistirá en que el fin justifica los medios y que como dijo el ex presidente AMLO, cuando el Senador Yunes se integró a la bancada de Morena para obtener los votos que necesitaba la 4T para la aprobación de la reforma judicial, afirmando que: a veces es necesario sacrificar principios, para lograr los fines lo que implicó el cierre de las carpetas de investigación que existían en contra del Senador en Veracruz por diversos delitos.

Las expectativas después de las elecciones, de que en México mejore la impartición de justicia y se termine con la corrupción y los vicios como el nepotismo e influyentismo, son casi nulas ya que los funcionarios judiciales, se sentirán tocados por dios, al haber sido elegidos por el pueblo y deberle su cargo al oficialismo, sin ningún compromiso con los ciudadanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. 

Columna | Desde el portal

 No se hay una crisis constitucional, pero sí un desequilibrio de poderes por el lamentable desconocimiento de lo que establece la Carta Magna por parte de quienes están encargados de su vigilancia -pero no de su modificación-, y encargados de aplicar la Ley, como son los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial en rebeldía.

 Pretenden asumirse como un poder autónomo, como las universidades, cuando dependen de los recursos del Estado, que son dineros del pueblo, y por lo consiguiente no puede decirse independientes y ajenos a lo que establezcan el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen facultades en base a una decisión popular que los encumbró como máximas autoridades.

 Y no se trata de una pugna entre la ministra Piña y el ex presidente López Obrador o la actual presidenta Claudia Sheinbaum, sino es lo que marca la Ley: el Congreso de la Unión tiene en todo el tiempo la facultad de modificar la Constitución de acuerdo a las circunstancias reinantes y apegadas al interés mayoritario, que es el pueblo, el que decide.

 Si el Poder Judicial se asume como autónomo, debería aceptar someterse al voto popular y ganar su independencia y buscar la forma de allegarse de recursos -lícitos-, para funcionar con autonomía y no acumular recursos públicos en fideicomisos para goce y disfrute de su burocracia dorada. Debe aprovechar ganarse la voluntad popular para ser autónomo, no como ahora.

TURBULENCIAS

Ejecutan a otro párroco en Chiapas

 Ni con el cambio de gobernadores ni de partidos ni programas ni nuevos jefes policiacos se apacigua la violencia en el país. La ejecución del párroco Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es una demostración más de cómo la delincuencia común u organizada está más allá de los poderes constituidos y opera a plena luz del día, ya sea en remotas comunidades, en pueblos mágicos, en ciudades medias y megaurbes como la ciudad de México donde acribillan a sus víctimas sin reparar en géneros, religión, o filiación política o ideológica, en transitadas calles o vías rápidas. El número de muertos se eleva y hay quienes llevan un registro puntual, como si las estadísticas fueran suficientes para remediar la ola de violencia que aterroriza al país…Lamentable el deceso a los 92 años de edad, de nuestro compañero y amigo, Luis Montecillo Juárez, que se desempeñó en la Mesa de Redacción de EXCELSIOR y participó, como los buenos periodistas de la época de la prensa escrita, en el Club Primera Plana; fue gran amigo del también desaparecido Enrique Loubet con quien colaboró en Jueves de Excélsior. Montecillo vivió en la ciudad de México en el desempeño de su vocación periodística y regresó a su natal Celaya, Guanajuato, donde murió este viernes 18 de octubre. QEPD…Pobladores de la Sierra Juárez salieron de sus viviendas inundadas para abrir paso en la carretera que conduce a Tuxtepec, Oaxaca, por cuyos deslaves estuvo bloqueada, y una vez que la dejaron transitable, otra vez las lluvias hicieron actos de presencia. Se espera que pronto se inicie la construcción de la nueva rúa hacia la región de la Cuenca del Papaloapan que tiene gran empuje económico por sus actividades agrícolas y ganaderas; la obra la dejó pendiente el presidente López Obrador que advirtió que iniciaría los estudios y el trazo pero que no le daría tiempo concluirla. La presidenta Sheinbaum ha ofrecido la continuidad de los asuntos pendientes, entre ellos ésta, que es de gran importancia…Nuevas marchas en Veracruz de trabajadores del Poder Judicial en apoyo a Nancy, la juez de Coatzacoalcos que amenaza a la presidenta con llevarla a prisión sino retira la Reforma Judicial…

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La vigente ya no está acorde a la realidad por tantas reformas que ha tenido

Puebla, Pue.-  Al cumplir  hoy 102 años de vigencia en el país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con más de 700 reformas y adiciones a sus 136 artículos originales  está en peligro de desaparecer, al ser considerada ya fuera de la realidad.

Los personajes que consideran lo anterior exponen que los cientos de reformas le han variado su espíritu legislativo y, en consecuencia, es necesaria una nueva Carta Magna que esté acorde a los tiempos y circunstancias actuales de los mexicanos.

Informó en entrevista  el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega que reconoce la opinión de personajes de la vida política como Cuauhtémoc Cárdenas, del senador Miguel Ángel Mancera y de algunos diputados y senadores del Partido Morena, pero agrega que para renovar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesaria la conformidad nacional.

Ciertos legisladores de Morena y altos dirigentes de dicho partido, también  han señalado que la Cuarta Transformación de México debe estar contemplada y regulada por una nueva Constitución.

En el caso del Presidente López Obrador, añadió Tejeda Ortega, en su campaña señaló que la Constitución de 1917 todavía puede tener una vigencia amplia, y se comprometió a no reformarla ni adicionarla dentro de los tres primeros años del ejercicio de su mandato; no obstante, existen iniciativas del titular del Poder Ejecutivo que pretenden derogar la reforma educativa (artículo 3° Constitucional), trece artículos para crear la Guardia Nacional en México.

Estas iniciativas ya han sido aprobadas en la Cámara de origen del Congreso de la Unión, y han pasado a la Cámara revisora para su aprobación total.

Tales reformas y adiciones a la Constitución de 1917, han creado una serie de Órganos Autónomos Constitucionales, que en un momento dado limitan facultades de los tres Poderes de la Unión, como son: El Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Instituto de Competencia Económica y todos los Órganos Controladores  del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Estos órganos autónomos en la actualidad han sido criticados muy severamente por el Presidente López Obrador, señalando que tienen recursos económicos excesivos y que su labor no es lo mejor para beneficio del pueblo mexicano, dijo el constitucionalista.

Investigadores de la UNAM han planteado la necesidad de que para que subsista la Constitución de 1917, en su texto original, es necesario llevar a cabo una sistematización de los artículos más importantes de la Constitución que permanecerán en el texto político jurídico; en tanto que otros artículos que complican su estudio e interpretación pasarán a formar parte de las leyes secundarias, pero esta propuesta no ha sido aceptada por el Gobierno ni por el Congreso de la Unión.

Tejeda Ortega reitera que para que se dé paso a la creación de una nueva Constitución en México, se requiere un gran Pacto Nacional,  al que concurran a debatir todos los sectores del pueblo mexicano, así como especialistas en la materia y no que se convoque únicamente a una consulta popular en la que unos cuantos decidan  por la mayoría del pueblo mexicano.

Como ejemplo explicó Miguel Ángel Tejeda que en la Constitución Española de 1978, precedió de un gran pacto llamado el Pacto de la Moncloa, y que ahora esta Constitución es apreciada por todos los españoles.

Que existen en el mundo Constituciones muy antiguas que todavía tienen vigencia en sus países, como la Constitución de Inglaterra que tiene más de ochocientos años, surgida en 1215, siendo Rey  “Juan Sin Tierra” (Juan I de Inglaterra).

De igual manera la Constitución Norteamericana con más de doscientos años en vigor (1787), con sólo siete artículos y sus veintisiete enmiendas no han sido alteradas hasta la fecha.

Benito Juárez, en la lucha de reforma hasta su conclusión, se resguardó mediante la Constitución de 1857, y nunca pensó cambiarla en el ejercicio del poder.

Tejeda Ortega explicó  que la Constitución de 1917 con sus reformas a los derechos humanos y los medios de control constitucional, son fundamentales para la regulación de la vida y convivencia de los mexicanos, y que no urge  crear una nueva Carta Magna.

Señaló que de no ser consensada una nueva Constitución a todas las clases sociales, existiría el peligro de que los mexicanos con una nueva Carta Magna, ´´perdamos derechos y libertades que actualmente tenemos consagradas en la Constitución vigente´´.

Concluyó diciendo que en México el problema del Estado de Derecho no es del espíritu de las leyes que existen en demasía, sino el cumplimiento de éstas por parte de los mexicanos, a través de una excelente educación cívica y vigilancia de su cumplimiento por parte de las autoridades con amplios valores éticos.

La vigente es Suprema e inviolable: constitucionalista Tejeda Ortega

Puebla, Pue,- Para lograr un cambio integral del país, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se requiere cambiar artículos y más bien una nueva Constitución, opinan senadores morenistas del Congreso de la Unión.

Sobre el tema, el constitucionalista poblano y notario público Miguel Angel Tejeda Ortega, refirió en entrevista que no es tan sencillo crear una nueva Constitución, pues para ello se necesitaría convocar a un Poder Constituyente en México, que este representado por todos los grupos sociales de la nación.

Detalló que en virtud de la lucha constitucional y jurídica a que se ha enfrentado el Poder Judicial de la Federación, en contra de las políticas de austeridad y de regulación de dicho Poder Judicial, por parte de la mayoría de senadores que pertenecen al partido político de Morena, encabezados por el Senador Ricardo Monreal, ex dirigente del PRD y ex Gobernador del Estado de Zacatecas, han surgido nuevas propuestas como las del polémico senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio.

Este personaje ha declarado que si algunos artículos de la Constitución son un obstáculo a las políticas propuestas por el Presidente López Obrador, se requiere suprimir esos artículos que le impiden el cambio total del país e inclusive pide una nueva Constitución en México.

Expertos en la Ciencia Política han comentado que la cuarta transformación requiere de una nueva Constitución en México, ya que la actual de 1917, con sus más de setecientas reformas, es un obstáculo al cambio que ha propuesto López Obrador a sus treinta millones de votantes que lo favorecieron para llegar al poder.

El constitucionalista Tejeda Ortega reiteró, que no es tan sencillo crear una nueva Constitución, pues para lograrlo se requiere convocar a un Poder Constituyente en México, que este representado por todos los grupos sociales nacionales.

Agregó que según los artículos 133, 135 y 136 de la Carta Magna, la Constitución actual es suprema y tiene el carácter de inviolable, y que además, para poder reformarla se requiere el voto de las dos terceras partes de cada una de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, y el apoyo de la mayoría de las Legislaturas de los Estados.

Actualmente se demostró que Morena no tiene la votación calificada para poder reformar la Constitución a su antojo, tal como fue el caso de la propuesta del desafuero al Presidente de la República, que se opusieron los Partidos Políticos PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, razón por la cual no pasó ni fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Diputados morenistas promueven  acción de inconstitucionalidad contra veto

Puebla, Pue.- Toda vez que el titular del Poder Ejecutivo  del Estado de Puebla vetó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, así como la denominada “Ley Bala”, los diputados Morenistas del Congreso local, a través de su representante manifestaron que van a promover una acción de inconstitucionalidad contra dicho veto o, en su caso, una controversia constitucional.

En opinión del Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, estos dos procedimientos constitucionales´´No tendrían ninguna eficacia jurídica para combatir el veto del titular del Poder Ejecutivo´´. 

Agregó Tejeda Ortega en entrevista, que el Derecho de Veto es una facultad que le corresponde exclusivamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados de la República, cuando estos gobernantes no estén conformes con las Leyes que han sido discutidas y aprobadas, ya sea por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas locales.

La acción de Inconstitucionalidad que prevé el artículo 105 Constitucional en su apartado II, señala que ésta es procedente cuando tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta constitución.

Por lo que se refiere a la controversia constitucional, también regulada por el mismo Artículo 105, refiere que  igualmente es procedente cuando exista un conflicto de competencia entre dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Ahora bien, el artículo 64 en sus fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Puebla, dice textualmente: “Las iniciativas deberán sujetarse a los trámites siguientes: -IV.-Envío al Ejecutivo del proyecto aprobado para que en términos de quince días haga observaciones o manifieste que no las hace; y -V.-En el primer caso de la fracción anterior, volverá el asunto a la Comisión para que en vista de las observaciones del Ejecutivo, formule un mes después nuevo dictamen, el cual será discutido y puesto a votación, pero sólo se considerará aprobado en los puntos objetados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes´´.

Este precepto de la Constitución Poblana, comentó el constitucionalista, no está acorde a lo que dispone el artículo 72 fracción C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en toda la República: que es suprema la Constitución en términos del artículo 133, razón por la cual ningún precepto de una Ley Secundaria, como sería la Constitución del Estado de Puebla, puede contravenir a la Carta Magna.

Dicho Artículo 72, fracción C, dice lo siguiente: “El proyecto de Ley o Decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen, donde  deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará por otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación´´.

En consecuencia, dice  el constitucionalista Tejeda Ortega que el procedimiento más viable es adecuar la Constitución Poblana a la General de la República, modificando el Artículo 64 en sus fracciones IV y V, y no someterse el Congreso poblano a procesos constitucionales que duran años, son desgastantes para la sociedad y que posiblemente no tengan ninguna eficacia jurídica.

Tales reformas deben ser aprobadas en Congresos locales y de la Unión

Puebla, Pue.- Las diversas propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República no podrán aterrizar a la práctica, mientras no se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y el procedimiento para reformarla está previsto en su Artículo 135 que dice: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

En entrevista con el constitucionalista poblano y Notario Público Miguel Ángel Tejeda Ortega,  explicó que sólo el Órgano Legislativo y ningún otro órgano de gobierno puede llevar a cabo dicha tarea, ni mucho menos el Presidente de la República, quien únicamente tiene la facultad de presentar iniciativas de leyes y aquellas iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución. 

Los candidatos presidenciales, agregó Tejeda Ortega, como es el caso de López Obrador, proponen  una reforma educativa en el país, mas para ello se debe reformar el artículo 3° Constitucional, el cual contempla las   evaluaciones a los docentes, mismas que solamente pueden ser suprimidas por una reforma constitucional.

Por lo que se refiere al combate a la corrupción, en lo  que todos los candidatos están de acuerdo, es esencial reformar el artículo 102 Constitucional, a efecto de que el Fiscal General, así como el Fiscal Anticorrupción, sean propuestos por organizaciones de la Sociedad Civil, y no por el Presidente de la República (tal como lo propone AMLO), y ratificados dichos nombramientos por las dos terceras partes de los Senadores de la República. Esto le daría plena autonomía al órgano persecutor de los delitos que se originan por la corrupción en México.

En tratándose de la Reforma Energética que incluye el petróleo y la electricidad de México, es necesario reformar el artículo 27 Constitucional, ya que de otra manera no es viable dicha propuesta, y seguirán vigentes los contratos que el Gobierno Federal haya celebrado con empresas trasnacionales.

Sobre la Rectoría del Estado Mexicano en la economía del país, es forzoso reformar los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estos preceptos tal y como están consignados contemplan la figura del neoliberalismo como base esencial de la economía de nuestro país.

Finalmente, dijo el constitucionalista poblano, por lo que se refiere a la Seguridad Interior de México, es preciso volver a revisar y analizar “La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada hace algunos meses por el Congreso de la Unión, pues llevar a cabo políticas policiacas contrarias a dicha ley, violentarían el marco legal”.

Para concluir, Tejeda Ortega comentó que la amnistía que propone López Obrador, sólo será posible si existe un marco legal para ello, en otros términos leyes que regulen dicha amnistía, ya que el Presidente de la República en México no tiene facultades exclusivas para otorgar este beneficio a los delincuentes.

Por lo tanto los  próximos comicios, el día 1 de julio,  para votar por candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión, es fundamental para los cambios que se pretenden llevar en México; un Congreso paralizado y débil no va  a dar oportunidad a un cambio fundamental en  el país.

Registrados más de 24 mil homicidios dolosos y varios otros delitos

Puebla, como el resto del país, registra en este 2017 uno de los años más delictivo  que ha habido en el país desde hace una década, y se prevé inevitable disminuir el alto índice con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los procesados por delitos que no señala la Carta Magna, puedan obtener su libertad bajo fianza.

Medios de comunicación en la Ciudad de México difunden las declaraciones que el pasado martes hizo la Asociación Civil nacional Semáforo Delictivo, que “2017 es el año más delictivo en los últimos diez años”, informó el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Señaló la citada asociación que en el caso de homicidios dolosos o intencionales ha habido más de 24 mil, y se han disparado los índices de robo de automóviles, robos en casas-habitación; al igual que los casos de extorsión y secuestros: “En general el índice delincuencial en la República Mexicana es demasiado alto”

Aclaró que estos mismos delitos, con su elevado índice, se han registrado en Puebla, donde se ha caracterizado el Estado en los primeros lugares por el robo de hidrocarburos.

Se agrega a esta situación, expuso en entrevista Tejeda Ortega, la resolución de la SCJN  emitida hace aproximadamente un mes, en el sentido de que todos los procesados, en el país, por delitos que no están previstos en el Artículo 19 Constitucional, podrán acogerse al beneficio que establece el nuevo Sistema Penal Acusatorio para obtener su libertad bajo fianza.

Para acogerse a este beneficio, detalló el constitucionalista Tejeda Ortega, los procesados privados de su libertad pueden solicitar a un juez de control se tomen en cuenta esas medidas y este juez será quien tras analizar caso por caso determine si un probable delincuente  puede seguir su proceso en libertad o continuar privado de su libertad.

Esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, dijo Tejeda Ortega, “en lo personal considero que va a agravar más el índice de delincuencia en México”.

"Cerremos filas para alcanzar las más altas aspiraciones políticas plasmadas en nuestra Ley Suprema, para lograr una convivencia pacífica y civilizada, fincada en la fraternidad, la igualdad y el respeto a los demás": EPN

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el evento afirmó que "nuestra carta Magna incorpora los valores de soberanía, libertad y justicia, de democracia e igualdad que nos han inspirado, que nos han orientado y nos han unido a través del tiempo”.

    “Ahí están también las aspiraciones más profundas y permanentes del pueblo mexicano: la justicia social, el derecho a la educación y la equidad en las relaciones laborales.

    Sigamos avanzando con base en los valores y las aspiraciones contenidos en nuestro proyecto de nación”: EPN

La esencia de la Constitución Mexicana trasciende épocas.

    “Se ha fortalecido para responder a las necesidades de nuestro tiempo; se ha renovado, para aprovechar mejor las oportunidades. Entre cambio y permanencia, entre modernidad y tradición, está la fortaleza de nuestro dinámico proceso constitucional”: EPN

Tiempos de unidad

Este Centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil. Los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional, están cambiando aceleradamente.

    "Hoy nuestra Nación, como pocas veces en su historia reciente, está a prueba. Vivimos momentos cruciales en que se han conjuntado desafíos del exterior, con retos del interior.

    Son tiempos de decisiones que no sólo van a determinar nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos y el de las próximas generaciones. Son tiempos que llaman a la unidad: unidad en lo esencial, unidad como sociedad y como nación, unidad para encontrar juntos soluciones a las exigencias de nuestro tiempo”: EPN

El Primer Mandatario destacó que “México exige de nosotros unidad, no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra Ley Fundamental: soberanía, libertad y justicia; democracia e igualdad”.

    “Todos estos son los valores fundamentales y persistentes que le dan sustento y vitalidad a nuestra unidad nacional. Unidad nacional para construir a partir de los ideales que nos legaron los fundadores de nuestra nación; unidad nacional para cumplir la promesa de un mejor futuro que nos hicieron los insurgentes, liberales y revolucionarios”: EPN

El Titular del Ejecutivo Federal hizo un llamado para "que no haya distracciones ni extravíos. No perdamos impulso buscando salidas falsas o soluciones simplistas. No olvidemos las duras lecciones del pasado: en la vida de las naciones, no hay caminos cortos ni rutas fáciles”.

    “Honremos la obra de los Constituyentes y escribamos juntos una página que sea recordada, como nosotros recordamos la de ellos; una página de unidad y orgullo nacional, una página de valor y dignidad”: EPN

Columna | Desde el portal

 En el centenario de la Constitución de 1917, la ciudad de México estrena la suya; impugnada por la Iglesia por introducir el aborto y la autonasia, la Carta Magna capitalina también es objetada por confusa y repetitiva, y coincide también la celebración con la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de hacer la propia, de acuerdo a sus convicciones y a su particular punto de vista, que coincide con las de media docena de sus seguidores.

 Al texto original de la Carta Magna promulgada en Querétaro se le atribuyen 700 enmiendas de sucesivos presidentes que le han hecho modificaciones de acuerdo a las necesidades del momento en que vivía el país, pero por la sucesión de hechos y de la evolución de los acontecimientos siempre cambiantes ha habido necesidad de actualizar el texto constitucional, sin que esto sea del agrado de los partidarios del documento original.

 De todos modos, la clase política celebra el centenario del constituyente, aunque la realidad demuestra –y en distintas etapas de la historia del país- que las autoridades no son partidarias de la legalidad ni del orden; la Ley se aplica siempre al más débil y se protege al poderoso, al influyente, y lo que prevalece es la impunidad; la impunidad que da píe a que la sociedad en general vea en la Ley no sólo la burla, sino el incumplimiento de los deberes fundamentales.

 Los recientes saqueos a establecimientos comerciales con el pretexto del aumento al precio de la gasolina no es más que un ejemplo de lo que la sociedad observa: el saqueo de la Nación. La “huida” de Javier Duarte no es más que un ejemplo de impunidad y de falta de aplicación de la Ley, el impune saqueo a las arcas en Oaxaca y la impunidad de Gabino Cué es otro caso. ¿Alquien puede decir que en México se respeta nuestra Carta Magna?.

TURBULENCIAS

Trump enfrenta al poder judicial

 En Estados Unidos, en tanto, se da la batalla entre el Presidente Donald Trump y la capacidad de decisión y de cumplimiento de la legalidad de los jueces que han dado marcha atrás a las absurdas disposiciones presidenciales de impedir el acceso a ciudadanos musulmanes de siete países, así como las revisiones atentatorias contra la dignidad humana a todos los viajeros que arriban a las distintas ciudades de la Unión Americana. El respeto a la legalidad, en criterio de los impartidores de la Justicia, debe prevalecer por encima de cualquier poder, incluido el del Presidente. Si se da marcha atrás en las decisiones ejecutivas del magnate republicano, los Estados Unidos tendrán la autoridad moral suficiente como para seguir siendo una gran nación. Seguirle el juego al magnate neoyorquino arrasa con la tradición milenaria estadunidense de ser un país que acoge con calidez a ciudadanos de todo el mundo, que han contribuido al engrandecimiento del vecino país, hasta la llegada, en mala hora, del belicoso republicano. Seguramente serán más las batallas que están por darse y que seguramente ganará la sociedad estadunidense, y el mundo, en beneficio de la humanidad y de la libertad…

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