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Lima. — La lideresa opositora Keiko Fujimori, figura principal del partido Fuerza Popular, planteó que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de controlar el sistema penitenciario nacional como parte de su propuesta para enfrentar la crisis de seguridad y delincuencia en Perú. La solicitud desató un debate político sobre el papel de los militares en funciones que históricamente corresponden a las autoridades civiles y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

Lo que dijo Fujimori

Fujimori sostuvo que la situación de violencia vinculada al crimen organizado y las bandas penitenciarias en varias cárceles peruanas exige “medidas extraordinarias”, y por ello propuso que el ejército ingrese a administrar o supervisar parte del sistema penitenciario para restaurar el orden y frenar la violencia interna en los penales. Esta postura se enmarca dentro de un discurso de mano dura ante la criminalidad, que ha sido parte de las propuestas históricas de su partido y de su propia plataforma política. 

Reacciones y contexto político

La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de militarizar funciones de control interno y judiciales, así como posibles violaciones de derechos fundamentales si los militares asumen roles de custodia o administración penitenciaria. Muchos recuerdan además antecedentes de controversias sobre exceso de poder militar en asuntos civiles en Perú. 

Políticos de otras fuerzas han señalado que estas ideas deben debatirse con cautela y dentro del marco constitucional, y han insistido en que la solución a los problemas de seguridad penitenciaria pasa por fortalecer las instituciones civiles y la reforma del sistema de justicia y rehabilitación, en lugar de delegar funciones a las Fuerzas Armadas.

Antecedentes de este enfoque

Propuestas similares—como dotar a las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad interna o administración de penales— habían sido parte de debates anteriores en Perú en años recientes, especialmente en contextos de crisis de violencia o cuando se planteó reforzar el control del crimen organizado’’. Aunque no siempre han prosperado, estos debates reflejan una tendencia dentro de ciertos sectores a considerar a los militares como un actor clave en seguridad interna. 

Situación legal de Fujimori

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha enfrentado múltiples procesos judiciales en los últimos años. La Fiscalía peruana ha solicitado penas de prisión que superan las tres décadas por lavado de activos y organización criminal en relación con la financiación de sus campañas presidenciales, pero el caso ha atravesado distintas etapas procesales, incluida la anulación de juicios orales y nuevos pedidos de sanciones. 

Como resultado de la coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se logró la detención de José N., presunto objetivo prioritario e identificado como posible líder de una banda criminal dedicada al robo de camiones de carga con mercancía y otros ilícitos.

El operativo fue implementado en la carretera Puebla - Amozoc, donde participaron de manera conjunta la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de las acciones estratégicas para combatir la delincuencia organizada en la entidad.

Derivado de labores de inteligencia, investigación y seguimiento, las fuerzas de seguridad lograron la ubicación y aseguramiento del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica, conforme a lo establecido en la ley.

Con acciones como esta, se refrenda el compromiso de mantener el trabajo coordinado para combatir los delitos que afectan la paz y seguridad de la ciudadanía.