Mostrando artículos por etiqueta: PERÚ

Lima.— El Parlamento de Perú eligió este miércoles al congresista José María Balcázar como presidente interino de la República, una decisión que marca un nuevo giro en la prolongada inestabilidad política del país andino. 

Balcázar, de 83 años y miembro del partido izquierdista Perú Libre, fue electo por el Congreso tras la destitución de su predecesor, José Jerí, al frente del Ejecutivo. La remoción de Jerí se produjo en medio de un escándalo político que involucró reuniones no reveladas con empresarios chinos y cuestionamientos por irregularidades, desencadenando su salida del cargo apenas unos meses después de haber asumido. 

Un liderazgo transitorio en un contexto volátil

La elección de Balcázar se realizó tras una votación prolongada en la que ningún candidato obtuvo la mayoría simple en la primera ronda. En la segunda vuelta, Balcázar obtuvo el respaldo de la mayoría de legisladores, superando a la parlamentaria María del Carmen Alva, quien contaba con apoyo de sectores conservadores. 

Balcázar asume ahora como octavo presidente en menos de una década, reflejo de la profunda rotación de jefes de Estado que ha experimentado el país desde 2016. Su mandato interino se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, cuando se espera que el ganador de las elecciones generales del 12 de abril —y un eventual balotaje en junio— asuma la presidencia. 

El nuevo presidente interino también ejercerá la Presidencia del Congreso, lo que subraya la fusión temporal de poder legislativo y ejecutivo en la cúspide del Estado peruano. 

Repercusiones y desafíos

El nombramiento de Balcázar ha generado reacciones diversas tanto dentro como fuera de Perú:

- Inestabilidad política persistente: Analistas internacionales destacan que el país enfrenta retos significativos para garantizar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones durante el proceso electoral. 

- Relaciones exteriores: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su disposición a reanudar vínculos diplomáticos con Perú bajo el nuevo gobierno, después de un período de tensiones bilaterales. 

- Reputación y controversias personales: Balcázar ha sido objeto de críticas por opiniones y declaraciones pasadas, lo que añade un matiz polémico a su figura en el contexto público y mediático. 

El reto electoral

El principal desafío para el gobierno de transición será garantizar un proceso electoral transparente y pacífico, así como mantener la estabilidad en un país que ha sufrido constantes cambios de liderazgo y tensiones entre diferentes fuerzas políticas en los últimos años. 

Lima. — El Congreso de Perú aprobó este martes la destitución del presidente interino José Jerí, apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, profundizando la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década. La moción de censura fue respaldada por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, en una sesión extraordinaria del Legislativo. Jerí había asumido la presidencia en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte y su salida agrega otro capítulo a la frecuente rotación de líderes peruanos. 

Causas de la destitución

La censura se produjo en medio de una investigación preliminar por presunta corrupción e influencia indebida, derivada de reuniones no reportadas con empresarios chinos, que incluyeron encuentros fuera del calendario oficial, un episodio que los medios locales apodaron “Chifagate”. Jerí negó cualquier irregularidad y afirmó que algunos de los contactos con los empresarios tenían que ver con eventos culturales, pero no logró convencer a la mayoría de legisladores. 

El proceso se enmarca en la cláusula constitucional peruana que permite al Congreso remover al presidente por “incapacidad moral” o falta de idoneidad para ejercer el cargo, una figura que ha sido utilizada con frecuencia en los últimos años. 

Campaña interna por la sucesión

Con la vacancia de la Presidencia y sin vicepresidentes en funciones, la Constitución obliga al Congreso a elegir un nuevo presidente del Legislativo, quien a su vez asumirá la Presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2026, cuando debe tomar posesión el ganador de las elecciones generales del 12 de abril. 

Cuatro legisladores registrados competirán en la votación interna para asumir la Presidencia del Congreso y, por sucesión, la Presidencia de la República, según anunció la Mesa Directiva del Parlamento peruano:

- Héctor Acuña — Congresista conservador del grupo Honor y Democracia, vinculado a Alianza para el Progreso.
- María del Carmen Alva — Legisladora con trayectoria en cargos directivos del Legislativo.
- Edgar Reymundo — Congresista que también se inscribió para la presidencia del Congreso.
- José Balcázar — Otro candidato registrado en la disputa interna por la sucesión presidencial. 

El Congreso tiene previsto realizar la votación entre los candidatos este miércoles, en una sesión que definirá quién gobernará el país en lo que resta del periodo de transición, en un contexto de alta polarización y expectativas sobre las elecciones generales. 

Contexto de crisis política

La destitución de Jerí se suma a una serie de cambios abruptos en el liderazgo peruano: en la última década han ejercido la presidencia ocho mandatarios diferentes, varios de ellos removidos antes de completar su mandato a causa de disputas con el Congreso o acusaciones de corrupción y mala gestión. Este patrón se presenta justo a dos meses de los comicios nacionales, intensificando la percepción de inestabilidad institucional en el país. 

La actual elección general cuenta con un amplio campo de candidatos presidenciales, entre ellos figuras conservadoras como Rafael López Aliaga y la política Keiko Fujimori, aunque ninguna lidera con claridad suficiente para evitar una segunda vuelta en junio si ninguno alcanza más del 50 % de los votos válidos. 

Lima. — La lideresa opositora Keiko Fujimori, figura principal del partido Fuerza Popular, planteó que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de controlar el sistema penitenciario nacional como parte de su propuesta para enfrentar la crisis de seguridad y delincuencia en Perú. La solicitud desató un debate político sobre el papel de los militares en funciones que históricamente corresponden a las autoridades civiles y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

Lo que dijo Fujimori

Fujimori sostuvo que la situación de violencia vinculada al crimen organizado y las bandas penitenciarias en varias cárceles peruanas exige “medidas extraordinarias”, y por ello propuso que el ejército ingrese a administrar o supervisar parte del sistema penitenciario para restaurar el orden y frenar la violencia interna en los penales. Esta postura se enmarca dentro de un discurso de mano dura ante la criminalidad, que ha sido parte de las propuestas históricas de su partido y de su propia plataforma política. 

Reacciones y contexto político

La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de militarizar funciones de control interno y judiciales, así como posibles violaciones de derechos fundamentales si los militares asumen roles de custodia o administración penitenciaria. Muchos recuerdan además antecedentes de controversias sobre exceso de poder militar en asuntos civiles en Perú. 

Políticos de otras fuerzas han señalado que estas ideas deben debatirse con cautela y dentro del marco constitucional, y han insistido en que la solución a los problemas de seguridad penitenciaria pasa por fortalecer las instituciones civiles y la reforma del sistema de justicia y rehabilitación, en lugar de delegar funciones a las Fuerzas Armadas.

Antecedentes de este enfoque

Propuestas similares—como dotar a las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad interna o administración de penales— habían sido parte de debates anteriores en Perú en años recientes, especialmente en contextos de crisis de violencia o cuando se planteó reforzar el control del crimen organizado’’. Aunque no siempre han prosperado, estos debates reflejan una tendencia dentro de ciertos sectores a considerar a los militares como un actor clave en seguridad interna. 

Situación legal de Fujimori

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha enfrentado múltiples procesos judiciales en los últimos años. La Fiscalía peruana ha solicitado penas de prisión que superan las tres décadas por lavado de activos y organización criminal en relación con la financiación de sus campañas presidenciales, pero el caso ha atravesado distintas etapas procesales, incluida la anulación de juicios orales y nuevos pedidos de sanciones. 

Cusco.— Un violento choque frontal entre dos trenes turísticos en la ruta ferroviaria que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu dejó al menos una persona fallecida y decenas de heridos, según autoridades peruanas y reportes oficiales. 

El accidente se registró en el sector de Qoriwayrachina (kilómetro 82–98), una zona montañosa de difícil acceso en la región de Cusco, alrededor de las 13:20 hora local. Los trenes involucrados operaban en la línea principal que llevan turistas hacia la icónica ciudadela inca y son operados por PeruRail e Inca Rail.

Saldo y atención de emergencias

Víctimas:

* 1 persona fallecida, identificada como el maquinista de uno de los trenes, según fuentes policiales.
* Al menos 30–40 heridos, entre pasajeros nacionales y extranjeros, algunos en condición delicada.

Respuesta de emergencia:
Autoridades movilizaron múltiples ambulancias y equipos médicos para atender y trasladar a los heridos a hospitales cercanos en Cusco. 

Impacto y consecuencias

Servicio ferroviario suspendido:
Las operaciones ferroviarias hacia Machu Picchu están temporalmente suspendidas mientras continúan las labores de rescate, limpieza de la vía y evaluación de daños. 

Investigación en curso:
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha iniciado una investigación para determinar las causas del choque, solicitando información técnica y operativa a las empresas involucradas. 

Contexto turístico:
Machu Picchu es uno de los destinos más visitados de Sudamérica, recibiendo miles de visitantes diarios. La mayoría accede a través de esta ruta ferroviaria desde Cusco, lo que hace que la interrupción del servicio y el accidente generen un fuerte impacto en el turismo local y la logística regional. 

Las autoridades continúan trabajando para garantizar el auxilio a los afectados, la investigación de responsabilidades y la restauración segura del servicio ferroviario.

Foz de Iguazú, Brasil.- En un gesto diplomático que marca un nuevo capítulo en la presión regional sobre la crisis venezolana, seis gobiernos latinoamericanos hicieron un llamado conjunto al restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La declaración fue suscrita este sábado al margen de la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, en el sur de Brasil. 

Los firmantes —Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú— expresaron su “firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos” en la nación caribeña. 

La declaración, promovida por estos gobiernos, apuntó a la gran preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, además de hacer referencia a denuncias de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país. 

Un documento diplomático con matices

Aunque el comunicado fue respaldado por los seis estados, no fue suscrito por Brasil ni por Uruguay, miembros plenos del Mercosur con gobiernos de orientaciones más cautelosas respecto a Caracas. Tampoco firmó Chile, presente en la cumbre como país asociado, lo que evidencia divisiones en la región sobre cómo abordar la crisis venezolana. 

Los líderes que apoyaron la declaración hicieron hincapié en la necesidad de liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente, garantizar el debido proceso y proteger la integridad física de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos. 

Contexto regional y tensión internacional

La iniciativa se da en un momento de creciente tensión en torno al futuro de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta presiones internas y externas por su gestión del poder, las elecciones y el respeto a las libertades fundamentales.

Mientras tanto, otras voces regionales han llamado a evitar la violencia y a apostar por el diálogo. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió contra cualquier intervención militar extranjera en Venezuela que pudiera derivar en una “catástrofe humanitaria”. 

Esta declaración se suma a una serie de pronunciamientos internacionales de diferentes organismos y estados durante 2025 que insisten en la necesidad de soluciones pacíficas para la crisis venezolana, entre ellas llamados de organizaciones multilaterales y países a favor de elecciones libres y respeto de derechos humanos.

Mensajes de actores venezolanos

Desde Venezuela, figuras de la oposición, como líderes reconocidos internacionalmente por su defensa de la democracia y los derechos humanos, han agradecido el apoyo de estos países, considerándolo un espaldarazo al reclamo que sectores democráticos dentro de Venezuela han repetido durante años. 

El pronunciamiento de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú refleja un endurecimiento de la postura de una parte de América Latina frente a la situación venezolana, insistiendo en mecanismos pacíficos y diplomáticos para restaurar la democracia, en un contexto de profundos desacuerdos regionales sobre cómo abordar el conflicto político en Venezuela. 

Quito.- Perú y Ecuador dieron un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al suscribir una serie de compromisos bilaterales durante el XVI Gabinete Binacional celebrado este viernes en Quito, Ecuador. La reunión fue encabezada por el presidente de Perú, José Jerí, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes destacaron la necesidad de intensificar la cooperación entre ambos países frente a amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la minería ilegal. 

El encuentro, realizado en el Palacio de Carondelet, resultó en la firma de la Declaración de Quito y la adopción del Plan de Acción Quito 2025, instrumentos que establecerán la hoja de ruta de colaboración para el periodo 2025–2026. Asimismo, se reafirmó el compromiso de emplear tecnología avanzada para fortalecer la seguridad en la frontera común sin disminuir la presencia de fuerzas del orden. 

Durante las jornadas de trabajo, los ministros de Defensa e Interior de ambos países coincidieron en la urgencia de articular operaciones conjuntas y compartir información estratégica para anticipar y neutralizar las acciones de grupos delictivos que operan en la región fronteriza. 

Según autoridades presentes, el acuerdo responde a una preocupante escalada de violencia y actividades ilícitas que afectan la seguridad y la estabilidad social de las comunidades a ambos lados de la frontera, lo que subraya la importancia de una respuesta conjunta y coordinada entre Lima y Quito. 

Este fortalecimiento de la cooperación se inscribe en un contexto más amplio de relaciones bilaterales que, desde la firma de la paz hace casi tres décadas, han evolucionado para enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo y bienestar fronterizo. 

Este martes 2 de diciembre de 2025, el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, representante del partido Libertad Popular, sufrió un atentado armado mientras se desplazaba en su vehículo por el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, al sur de Lima.

Según los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el vehículo de Belaúnde recibió entre tres y nueve impactos de bala, principalmente en el parabrisas. El candidato, afortunadamente, no resultó herido de gravedad, aunque circulan imágenes donde se le observa con manchas de sangre, probablemente por esquirlas o por la tensión del ataque.

Tras el incidente, Belaúnde Llosa acudió a la comisaría local para presentar la denuncia formal. Las autoridades activaron un “plan cerco” para dar con los responsables, quienes, según las investigaciones preliminares, se desplazaban en motocicleta y dispararon directamente contra el candidato.

El ataque ha generado fuertes reacciones políticas. Pedro Cateriano, ex primer ministro y cercano a Belaúnde, lo calificó como “un mal inicio de campaña”. El excongresista Gino Costa advirtió que se trató de un atentado dirigido específicamente contra la persona del candidato, y urgió al Ministerio del Interior a identificar a los responsables. La ONPE y otras autoridades también condenaron el hecho y pidieron garantías de seguridad para todos los candidatos.

Hasta el momento, no se han reportado amenazas previas ni exigencias de extorsión. Las investigaciones buscan determinar si el ataque tiene motivaciones políticas, dado que Belaúnde Llosa se encuentra en plena campaña presidencial, o si responde a un contexto de criminalidad común.

Este atentado se suma a un clima de creciente preocupación por la seguridad de los aspirantes políticos en Perú, a pocos meses de las elecciones generales programadas para abril de 2026. Las autoridades aseguran que redoblarán esfuerzos para proteger a los candidatos y garantizar un proceso electoral seguro y transparente.

En un giro inesperado en la política internacional latinoamericana, el gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez recibió asilo político en la residencia de la embajada mexicana en Lima.


Contexto del conflicto

•     Betssy Chávez, quien fue parte del gabinete del expresidente Pedro Castillo, está siendo investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
•     El gobierno mexicano concedió asilo político a Chávez, lo que fue calificado por Perú como un acto inamistoso y una intromisión en asuntos internos.
•     El canciller peruano Hugo de Zela expresó en conferencia de prensa que esta decisión se tomó “con sorpresa y profundo pesar”, y que representa una falta de interés por parte de México en mantener una relación respetuosa con Perú.


Implicaciones diplomáticas

•     Aunque se rompen las relaciones diplomáticas, se mantienen las relaciones consulares, lo que permite continuar con trámites migratorios y atención a ciudadanos en ambos países.
•     Esta ruptura marca un nuevo episodio de tensión entre Perú y México, cuyas relaciones ya se habían visto afectadas por declaraciones previas de mandatarios mexicanos sobre la situación política peruana.


Reacciones y próximos pasos

•     Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial sobre la decisión peruana.
•     Analistas internacionales advierten que este conflicto podría impactar en acuerdos bilaterales y en la cooperación regional en temas como migración, comercio y seguridad.


Fuentes oficiales peruanas han reiterado que el país defenderá su soberanía frente a cualquier intervención extranjera, mientras se espera que organismos multilaterales como la OEA o la CELAC se pronuncien sobre el caso.

Lima, Perú.- El gobierno de Perú suspendió al jefe de la Región Policial de Lima, general Enrique Felipe Monroy, tras las violentas protestas ocurridas el miércoles 15 de octubre en la capital. Las manifestaciones, convocadas contra medidas del nuevo gobierno, dejaron un saldo de un fallecido —presuntamente por disparos de un suboficial— y al menos 113 heridos entre civiles y agentes.

La decisión fue anunciada el viernes 17 de octubre como parte de una revisión interna de responsabilidades. Autoridades señalaron que se investigarán los hechos para esclarecer el uso de la fuerza durante las movilizaciones.

- Con el voto de 122 de los 130 diputados, el Legislativo sacó del poder manera exprés a la mandataria.

DW (Deutsche Welle).- El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves (09.10.2025) de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

El presidente del Congreso de Perú, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada como presidente interino del país tras la destitución exprés de Boluarte.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

Tras su destitución, la Presidencia será asumida de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones.


La mandataria más impopular de Latinoamérica

Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, Dina Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica, mientras los peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta "asesina".

Boluarte, que fue destituida este jueves en la noche por una abrumadora mayoría del Congreso, no contó durante su gestión con un partido ni una bancada propia, aunque permaneció en el cargo durante casi tres años respaldada por agrupaciones conservadoras, como el partido fujimorista Fuerza Popular.

El partido, que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), finalmente se sumó a las voces parlamentarias que apoyaron de manera casi unánime su vacancia (destitución) por su presunta incapacidad para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.


El ataque que provocó su caída

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.

Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.

Natural de la provincia andina de Apurímac, esta abogada de 63 años llegó a la Presidencia tras ser elegida como vicepresidenta de Castillo, del que fue su ministra hasta poco antes de que intentase un golpe de Estado para evitar su destitución.

Su carrera política hasta entonces se limitaba a haber sido candidata alcaldesa del municipio de Lima donde reside. Su vida había transcurrido antes entre su familia y su trabajo como funcionaria en el Registro Civil.


Una mandataria sin bancada parlamentaria

Boluarte comenzó su gestión el 7 de diciembre de 2022 en medio de anuncios de fortalecimiento del sistema democrático y la economía, pero se dio de bruces con la realidad de no contar con una bancada parlamentaria propia y el rechazo de un gran sector de la ciudadanía, sobre todo de las regiones del sur del país.

El paso de los meses solo hizo empeorar su mala imagen entre los peruanos, al punto que en todos los sondeos de opinión de los últimos meses apareció como la gobernante más impopular de Latinoamérica, al contar con solo 3 % de aprobación, una cifra dentro del margen de error de las encuestas.

La permanencia de su Gobierno quedó en manos, entonces, de las fuerzas conservadoras que rechazaron diferentes propuestas para intentar sacarla del cargo, sobre todo después de que las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaran medio centenar de personas muertas.

Hasta seis mociones previas de destitución fracasaron gracias al apoyo de partidos como Alianza para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.


Numerosas investigaciones en contra  

Durante su mandato, la Fiscalía abrió a Boluarte numerosas investigaciones, tanto por la violenta represión de las manifestaciones, en los que contempla los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, así como por un presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso 'Rolexgate' tras haber exhibido joyas costosas y relojes de lujo no declarados. 

La ahora exmandataria también es investigada por presuntamente haber favorecido la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó hasta 2022 y cuya fórmula presidencial integró como candidata a vicepresidenta de Castillo.

Se le investiga, además, por no haber cumplido con la obligación de notificar debidamente al Congreso que iba a estar incapacitada para despachar cuando fue sometida en secreto a una serie de operaciones de cirugía estética en la nariz y el rostro.

El Ministerio Público sigue pesquisas, por otra parte, a la denuncia de que se reunió con la entonces fiscal general Patricia Benavides, destituida luego por presuntamente liderar una red corrupta en el Ministerio Público, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.


Investigaciones y acusaciones suspendidas

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se debían suspender las investigaciones, y cualquier eventual acusación, contra Boluarte hasta el término de su mandato, que debía concluir el 28 de julio de 2026, ya que contaba con la inmunidad que le otorga su cargo.

Con su destitución por una "permanente incapacidad moral", se sumó a otros mandatarios que siguieron el mismo camino desde 2018, de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a Martín Vizcarra (2018-2020), y su antecesor Pedro Castillo (2021-2022). EFE
 

jc (efe, afp, La República)