Mostrando artículos por etiqueta: CRIMEN

- El gobierno estatal y el sector empresarial mantienen permanente coordinación.

CHOLULA, Pue.- El Gobierno de Puebla actúa de manera contundente ante actos delictivos, así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras los hechos registrados en la zona de Angelópolis durante la madrugada de este sábado.

Armenta Mier destacó que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el operativo “Puebla Segura” se atendió con inmediatez y se logró la detención de presuntos involucrados. Puntualizó que se actúa sin omisión; además, resaltó que están en desarrollo las investigaciones para esclarecer el caso, con todo el rigor de la ley.

"Estamos revisando el hecho, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia", enfatizó.

El gobernador puntualizó que mantiene comunicación permanente con el sector empresarial, como con la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho, para coordinar acciones, ya que, junto con las autoridades federales y municipales, se salvaguarda el orden. "Sin duda, para nosotros, la pérdida de las personas es lamentable. Nuestra solidaridad a las familias", expresó.

El Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con la tranquilidad, protección y paz de las familias en toda la entidad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades municipales.

Lima. — La lideresa opositora Keiko Fujimori, figura principal del partido Fuerza Popular, planteó que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de controlar el sistema penitenciario nacional como parte de su propuesta para enfrentar la crisis de seguridad y delincuencia en Perú. La solicitud desató un debate político sobre el papel de los militares en funciones que históricamente corresponden a las autoridades civiles y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

Lo que dijo Fujimori

Fujimori sostuvo que la situación de violencia vinculada al crimen organizado y las bandas penitenciarias en varias cárceles peruanas exige “medidas extraordinarias”, y por ello propuso que el ejército ingrese a administrar o supervisar parte del sistema penitenciario para restaurar el orden y frenar la violencia interna en los penales. Esta postura se enmarca dentro de un discurso de mano dura ante la criminalidad, que ha sido parte de las propuestas históricas de su partido y de su propia plataforma política. 

Reacciones y contexto político

La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de militarizar funciones de control interno y judiciales, así como posibles violaciones de derechos fundamentales si los militares asumen roles de custodia o administración penitenciaria. Muchos recuerdan además antecedentes de controversias sobre exceso de poder militar en asuntos civiles en Perú. 

Políticos de otras fuerzas han señalado que estas ideas deben debatirse con cautela y dentro del marco constitucional, y han insistido en que la solución a los problemas de seguridad penitenciaria pasa por fortalecer las instituciones civiles y la reforma del sistema de justicia y rehabilitación, en lugar de delegar funciones a las Fuerzas Armadas.

Antecedentes de este enfoque

Propuestas similares—como dotar a las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad interna o administración de penales— habían sido parte de debates anteriores en Perú en años recientes, especialmente en contextos de crisis de violencia o cuando se planteó reforzar el control del crimen organizado’’. Aunque no siempre han prosperado, estos debates reflejan una tendencia dentro de ciertos sectores a considerar a los militares como un actor clave en seguridad interna. 

Situación legal de Fujimori

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha enfrentado múltiples procesos judiciales en los últimos años. La Fiscalía peruana ha solicitado penas de prisión que superan las tres décadas por lavado de activos y organización criminal en relación con la financiación de sus campañas presidenciales, pero el caso ha atravesado distintas etapas procesales, incluida la anulación de juicios orales y nuevos pedidos de sanciones. 

Ciudad de Guatemala.— El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio nacional por 30 días luego de que una ola de violencia atribuida a pandillas criminales dejara ocho policías muertos y provocara motines simultáneos en varias cárceles del país. 

La medida —que debe ser ratificada por el Congreso— faculta al gobierno a suspender ciertas garantías constitucionales, como la libre reunión y manifestación, y permite detener e interrogar a sospechosos sin orden judicial en un intento por restablecer el orden y combatir la criminalidad organizada. 

Escalada de violencia y motines carcelarios

Los hechos se desencadenaron tras motines en tres cárceles del país, durante los cuales pandilleros tomaron decenas de custodios como rehenes para exigir el traslado de sus líderes a prisiones con menor seguridad. Las autoridades lograron recuperar el control de las prisiones, incluida la de máxima seguridad ‘Renovación I’ en Escuintla, donde varios guardias fueron liberados. 

Posteriormente, grupos vinculados a las pandillas atacaron a policías en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando como saldo —de acuerdo con las autoridades— ocho agentes asesinados y al menos diez heridos. Un presunto pandillero también murió en los enfrentamientos. 

Las pandillas señaladas por las autoridades como responsables incluyen Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones que Guatemala y Estados Unidos han catalogado como terroristas debido a su implicación en sicariato, extorsión y tráfico de drogas. 

Medidas del gobierno y impacto social

A través de una cadena nacional, Arévalo explicó que el estado de sitio busca “garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos” frente a una de las crisis de seguridad más graves del país en lo que va de 2026. Además de las restricciones a las libertades civiles, se ha desplegado a la policía y al ejército en zonas críticas, y se suspendieron las clases en todo el país como medida preventiva.

El ministerio de Educación indicó que la suspensión de actividades escolares responde a la necesidad de proteger a estudiantes ante la creciente violencia, mientras que la embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal minimizar movimientos y evitar aglomeraciones. 

Reacciones y contexto

La declaración de estado de sitio ha generado preocupación entre sectores de la sociedad, que temen que la suspensión de derechos pueda afectar a civiles inocentes y desembocar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno mantiene que la medida responde a una amenaza directa al orden público por parte de estructuras criminales organizadas. 

La crisis llega en un contexto en el que las pandillas han aumentado su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los penales, reflejando la persistente batalla que enfrenta Guatemala contra el crimen organizado en Centroamérica. 

- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado.

- Su trabajo ha contribuido a la recuperación de hidrocarburos para lograr la pavimentación 5 mil calles en Puebla, aseguró el mandatario.

PUEBLA, Pue.- Fortalecer a la Fiscalía General, objetivo prioritario del Gobierno del Estado, para contribuir con la política de la Presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y generar entornos de paz, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario estatal reconoció al personal de la Fiscalía General, al señalar que han contribuido a la recuperación de hidrocarburos, lo que permitirá pavimentar 5 mil calles en la entidad. “Agradezco la labor que realizan en coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina”, expresó.

La Fiscalía es el ente del Estado poblano más profesionalizado del servicio público. Armenta refrendó el permanente respeto a su autonomía y remarcó la sensibilidad social de las y los integrantes, para atender a la población con cercanía y humanismo.

La población exige justicia en su sentido más amplio, por ello, el gobernador Alejandro Armenta, resaltó que su gobierno se guía bajo tres principios: justicia, seguridad y riqueza comunitaria, para que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante.

En su mensaje, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, reconoció la cercanía y sensibilidad del gobernador Alejandro Armenta, y el respaldo brindado para consolidar la procuración de justicia. Destacó que el personal de la institución representa el rostro humano de la Fiscalía, al atender de manera directa a las y los poblanos.

Los Ángeles.— El renombrado director, actor y productor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida el pasado domingo en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, en lo que las autoridades investigan como un aparente homicidio. 

Los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de Michele, de 68, fueron localizados el domingo por la tarde tras una llamada a los servicios de emergencia, quienes llegaron al domicilio donde confirmaron los fallecimientos. Según los reportes preliminares, ambos presentaban heridas compatibles con arma blanca, y la investigación fue asumida por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). 

Investigación en curso y detención

Según fuentes policiales, el hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido bajo sospecha de homicidio y permanece bajo custodia con una fianza fijada en 4 millones de dólares, aunque los cargos formales aún están por confirmarse oficialmente. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen. 

Legado de Rob Reiner

Reiner era una figura icónica del cine y la televisión estadounidense, con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Saltó a la fama como actor en la serie All in the Family y consolidó su legado como director de películas que se han convertido en clásicos, como The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Stand by Me, A Few Good Men y This Is Spinal Tap. 

También fue un activo defensor de causas sociales y políticas a lo largo de su vida, incluyendo la igualdad de derechos y la educación, manteniéndose involucrado en causas cívicas hasta poco antes de su muerte. 

Reacciones y conmoción

La noticia ha provocado una profunda consternación en la comunidad del entretenimiento y entre el público en general, con numerosos colegas y personalidades de Hollywood expresando su dolor y homenajeando la trayectoria de Reiner y el impacto cultural de sus obras. 

La familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso. 

- El titular de la ONU afirma que la agresión es injustificable y podría constituir un crimen de guerra. También llama a las partes a un cese de hostilidades inmediato y a reanudar las negociaciones para lograr un alto el fuego duradero y un proceso político inclusivo.

news.un.org.- El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó este sábado el ataque con drones contra la base logística de la operación de mantenimiento de la paz en Kadugli, Sudán, que causó la muerte de seis cascos azules e hirió a ocho más, todos miembros del contingente bengalí de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

Kadugli es la capital del estado de Kordofán del Sur, una región donde se han librado intensos combates entre las fuerzas armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra civil sudanesa comenzó en abril de 2023 y ha desplazado a doce millones de personas en todo el país, muchas de las cuales han huido a países vecinos.

Abyei es un territorio rico en petróleo, disputado por Sudán y Sudán del Sur desde la partición de Sudán en 2011. La UNISFA se estableció entonces parar vigilar la zona.

Ataque injustificable, podría constituir un crimen de guerra

El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente la embestida, calificándola de “injustificable”.

“Los ataques contra las fuerzas de paz de la ONU pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional, y recuerdo a todas las partes del conflicto su obligación de proteger al personal de la ONU y a los civiles. Ataques como el perpetrado hoy en Kordofán del Sur contra las fuerzas de paz son injustificables. Los responsables deben rendir cuentas”, enfatizó António Guterres en un comunicado.

El titular de las Naciones Unidas ofreció sus condolencias al gobierno y al pueblo de Bangladesh, así como a las familias de las víctimas, y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Apoyo a los heridos

Guterres informó que se está brindando apoyo a los cascos azules heridos para su pronta evacuación.

“Hago patente mi solidaridad con los miles de cascos azules que continúan sirviendo bajo la bandera azul en los entornos más peligrosos”, puntualizó.

El Secretario General instó una vez más a las partes beligerantes a un cese de hostilidades inmediato y a reanudar las negociaciones para un alto el fuego duradero y un proceso político integral, inclusivo y liderado por los sudaneses.

Quito.- Perú y Ecuador dieron un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al suscribir una serie de compromisos bilaterales durante el XVI Gabinete Binacional celebrado este viernes en Quito, Ecuador. La reunión fue encabezada por el presidente de Perú, José Jerí, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes destacaron la necesidad de intensificar la cooperación entre ambos países frente a amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la minería ilegal. 

El encuentro, realizado en el Palacio de Carondelet, resultó en la firma de la Declaración de Quito y la adopción del Plan de Acción Quito 2025, instrumentos que establecerán la hoja de ruta de colaboración para el periodo 2025–2026. Asimismo, se reafirmó el compromiso de emplear tecnología avanzada para fortalecer la seguridad en la frontera común sin disminuir la presencia de fuerzas del orden. 

Durante las jornadas de trabajo, los ministros de Defensa e Interior de ambos países coincidieron en la urgencia de articular operaciones conjuntas y compartir información estratégica para anticipar y neutralizar las acciones de grupos delictivos que operan en la región fronteriza. 

Según autoridades presentes, el acuerdo responde a una preocupante escalada de violencia y actividades ilícitas que afectan la seguridad y la estabilidad social de las comunidades a ambos lados de la frontera, lo que subraya la importancia de una respuesta conjunta y coordinada entre Lima y Quito. 

Este fortalecimiento de la cooperación se inscribe en un contexto más amplio de relaciones bilaterales que, desde la firma de la paz hace casi tres décadas, han evolucionado para enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo y bienestar fronterizo. 

El gobierno de Canadá emitió una actualización a su alerta de viaje para México, advirtiendo sobre altos niveles de violencia, crimen organizado y secuestros en 14 estados del país. La recomendación oficial es evitar viajes no esenciales a estas regiones, aunque no se trata de una prohibición formal.

Estados bajo advertencia

Canadá recomienda no viajar a las siguientes entidades mexicanas:

- Chiapas (excepto Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Palenque)
- Chihuahua (excepto la ciudad de Chihuahua)
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos (específicamente el Parque Nacional Lagunas de Zempoala)
- Nayarit
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas

Recomendaciones generales

- Evitar desplazamientos nocturnos y zonas rurales poco transitadas.
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y medios locales.
- Registrar el viaje en el sistema canadiense Registration of Canadians Abroad para recibir asistencia consular en caso de emergencia.

¿Qué implica esta alerta?

Aunque muchas zonas turísticas como Cancún, CDMX o Los Cabos no están incluidas en la advertencia, la alerta puede influir en decisiones de viaje, seguros internacionales y protocolos consulares. También podría afectar la percepción de seguridad en destinos emergentes o rutas alternativas.

- Cuatro mociones de vacancia fueron anunciadas por distintos partidos alegando la incapacidad de la mandataria para enfrentar la criminalidad.

DW (Deutsche Welle).- El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo después de que la mayoría de las fuerzas políticas que respaldaron su permanencia en el cargo durante más de dos años señalaran que este mismo jueves (09.10.2025) se debe debatir y votar un pedido de vacancia (destitución) por su presunta "incapacidad moral permanente" para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.

Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las protestas como un reguero de pólvora y generó el rechazo ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.


Del fujimorismo al izquierdismo

Ante la presión popular, los partidos, en su mayoría conservadores, que aseguraron la permanencia de la gobernante en el cargo, se reunieron de urgencia y paulatinamente fueron comunicando su apoyo a la destitución, que fue planteada en primer lugar por el partido ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Desde el partido Fuerza Popular, de la líder política Keiko Fujimori, hasta Alianza Para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, informaron su decisión de apoyar el fin del mandato de Boluarte.

López Aliaga, Fujimori y Acuña figuran, además, del empresario José Luna, del partido derechista Podemos Perú, como aspirantes a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026.

Se sumaron también otras bancadas de derecha como Acción Popular (AP) y Avanza País, y las bancadas de izquierda e independientes, que presentaron sus propias mociones de destitución de la gobernante, que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta.

Al momento de explicar su decisión, los portavoces de las bancadas usaron términos como "inutilidad" e "incapacidad" del Gobierno, así como la necesidad de actuar "por el bien del país" para implementar un cambio de timón que permita imponer acciones férreas para combatir el avance de la criminalidad.


El procedimiento de destitución

De acuerdo con proyecciones de analistas y medios locales, el apoyo a la destitución es tan abrumador que puede alcanzar a más de 120 de los 130 legisladores del Congreso unicameral peruano.

El procedimiento parlamentario indica que las agrupaciones primero tienen que ponerse de acuerdo en los términos de la moción final que se presentará, tras lo cual este planteamiento deberá ser votado para determinar si se acepta a debate.

De proceder esta medida, el presidente del Congreso, el conservador José Jerí, deberá convocar a Boluarte para que se presente, o envíe a su defensa legal, ante el pleno, en un plazo máximo de tres días.

Tras ese procedimiento, que puede ser acelerado si cuenta con la votación de 104 legisladores, se iniciará el debate y votará para decidir si se aprueba la destitución, que requiere de 87 votos parlamentarios.

De concretarse esta acción, Boluarte se convertirá en la quinta presidenta peruana desde 2016 que dejará el cargo sin cumplir su período de gobierno, desde Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

jc (efe, La República, El Comercio)

DW (Deutsche Welle).- Disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado en febrero de 2024 en Santiago y sus restos fueron hallados 10 días después en una localidad periférica de la capital.

La policía de Chile detuvo la noche del miércoles a uno de los líderes de la banda transnacional Tren de Aragua y que estaría vinculado al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, indicaron las autoridades este jueves (14.08.2025).

Alfredo José Henríquez Pineda, de 30 años, también conocido como "Gordo Alex", y uno de los cabecillas de la facción "Los Piratas", fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en la capital.

El Tren de Aragua, banda nacida en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados 10 días después en una localidad periférica de la capital sepultados debajo de un bloque de cemento.

Crimen de Ojeda deterioró las relaciones diplomáticas entre Boric y Maduro

La tesis de la fiscalía chilena, avalada también por el gobierno de Gabriel Boric, ha sido desde el inicio de las investigaciones que el crimen de Ojeda se basó en un "móvil político". Según el Ministerio Público, varios testigos de la investigación apuntan a autoridades del gobierno venezolano.

Las indagatorias por el secuestro y homicidio del exmilitar deterioraron las relaciones entre Chile y Venezuela. El régimen de Caracas solicitó en enero el cierre de los dos consulados chilenos en el país caribeño "como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas".

Sin embargo, en la práctica, los vínculos estaban rotos desde agosto de 2024, cuando Maduro ordenó la salida de los diplomáticos chilenos y cerró la embajada en Venezuela, después de que Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024.

rr efe/la tercera/biobiochile