• Por mayoría calificada de 478 votos avaló, en lo general y en lo particular, reformas al artículo 123, apartados A y B, de la Carta Magna
• El dictamen fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales

CDMX. - Con la mayoría calificada de 478 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma artículo 123 de la Constitución Política, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.

La modificación al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A, y que adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del citado artículo, indica que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, en el régimen transitorio precisa que el salario a que hace referencia el párrafo tercero de la fracción IV del Apartado B del artículo 123 constitucional es de dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con setenta y ocho centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS actualizado por la inflación estimada para el año 2024. Este monto se actualizará el 1º de enero de cada año, de acuerdo con la inflación para ese año.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, que deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero y conexas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura, fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Mejorar condiciones laborales, a través de salarios dignos

Al presentar el dictamen, el diputado Pedro Miguel Haces Barba (Morena) agradeció a las y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política la cortesía para intervenir desde la tribuna.

Dijo que el dictamen se desprende de una iniciativa enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados, y que tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas, a través de salarios dignos.

Agregó que se plantea modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer un giro en la política de los salarios en el país, pues contempla estipular que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca esté por debajo de la inflación. “Esto cobra un sentido muy importante para las estrategias que ayudan a seguir dignificando a nuestro querido México”.

Además, dijo, se establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Lo que se busca, destacó, es hacer justicia salarial a aquellos sectores que históricamente ha sido tan afectados y se reconoce a las y a los integrantes del sector que garantizan la educación básica, a la seguridad de la población y la salud, lo cual es importante para el funcionamiento de la sociedad.

Haces Barba consideró que la reforma hará que México se consolide como un país atractivo para la inversión y capacidad de sus trabajadores. “Debemos buscar en todo momento que haya una prosperidad compartida”.

Desde su curul y con mociones de orden, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) y los diputados Federico Döring Casar (PAN), Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Reginaldo Sandoval Flores (PT), hicieron referencia al trámite de cortesía que extendió la Junta de Coordinación Política para que institucionalmente el diputado Pedro Haces presentará el dictamen a nombre el Pleno.

Discusión en lo particular

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y PRI presentaron diversas reservas al único artículo del decreto, las cuales fueron retiradas o no aceptadas a discusión y, por lo tanto, desechadas.

CDMX. - La iniciativa de reforma en materia laboral que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional busca elevar a rango constitucional aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación.

    “Que no vuelva a suceder que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional porque fue una canallada lo que hicieron los tecnócratas neoliberales en 30 años, para ser exactos, en 36 años, desde 1983 hasta 2018. Eso no debe repetirse bajo ninguna circunstancia, fue una infamia”, subrayó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el mandatario puntualizó que esta propuesta de reforma modificaría el artículo 123 de la Constitución a fin de revertir políticas del periodo neoliberal que perjudicaron el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores.

    “Hay que tener en cuenta que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo, se ensañaron en aplicar políticas antipopulares y lo que estamos buscando es corregir. También hasta donde lleguemos porque fue mucho el retroceso, va a llevar todavía más tiempo terminar de resarcir los daños que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista, pero tenemos que avanzar en lo que corresponde”, abundó.

Como resultado de seis incrementos consecutivos en el Gobierno de la Cuarta Transformación, el actual salario mínimo de 248.90 pesos rinde para comprar 12 kilogramos de tortilla; 5.9 kilogramos de huevo y 5.3 kilogramos de frijol. El poder adquisitivo subió 110 por ciento en términos reales respecto al de 2018, de acuerdo con datos de enero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

Otra iniciativa de reforma promovida por el Ejecutivo tiene el objetivo de entregar pensiones completas a personas jubiladas, es decir, el salario total del último empleo y no un porcentaje.

“Cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de Afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el que se retiran sino la mitad, si les va bien”, argumentó.

    “Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a ser crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Zedillo de 1997, entonces tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y trabajadores”, agregó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador reiteró que la iniciativa no afectará a empresarios o empleadores, ya que el Gobierno de México contribuirá con recursos a fin de reparar el daño causado en sexenios anteriores.

“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. (…) Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión”, puntualizó.

El paquete de iniciativas de reforma desde el Ejecutivo será presentado durante el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. En su momento, el Poder Legislativo será responsable del estudio, análisis, discusión y aprobación de los planteamientos.

    “Van a tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva, lo electoral tiene que tratarse en la nueva porque estamos en año de elecciones, pero sí voy a presentarlas. (…) Todo queremos que sea constitucional, van a haber algunas que son leyes, pero en su mayoría queremos que sean reformas constitucionales”, afirmó.

•    Necesario que legisladores poblanos deben trabajar para beneficio de la población y no el propio

El incremento desmedido que enfrentamos los poblanos y los mexicanos en general respecto a los precios de los combustibles automotores mejor conocido como “gasolinazo” que se aplicó a partir del primer minuto de este 2017 refleja la opacidad en el actuar de las autoridades del gobierno federal.

Así lo dijo el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano, quien destacó que además esta situación obedece a la falta de planeación desde principios del 2016 de parte de los funcionarios federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representada por, Luis Videgaray Caso.

“Desde el COE observamos que hay una falta de quehacer político con respecto a la legislación fiscal, esto tiene como consecuencia el gasolinazo que traerá consigo implicaciones inflacionarias importantes como el incremento en los productos de la canasta básica”, expresó.

Asimismo destacó que las leyes obsoletas como la Ley de Coordinación Fiscal y las Leyes Recaudatorias solamente se ven fortalecidas por el Código Fiscal de la Federación que endurece la fiscalización sobre el ciudadano llevándolo a extremos de violación de sus garantías constitucionales, tal y como ocurre con los administradores sobre todo el de Auditoría Puebla Norte, que ejerce medidas excesivas contra los empresarios con tal de cumplir las metas y violenta la relación que debe existir entre el empresario y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al final de cuentas el que paga más es el mexicano a través de la aplicación de nuevos impuestos como es el caso del aumento a la gasolina por medio del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

El sentir del ciudadano común, y el de los integrantes del COE, lo podemos observar todos los días en las redes sociales y al platicar con la gente en la calle, es que los diputados federales solamente velan por sus intereses propios.

“Se nota la conveniencia al aprobar las propias leyes porque cuando son leyes que les dejan beneficios personales las votan a favor inmediatamente, lo mismo ocurre con las leyes que los dejan bien parados antes sus jefes, en estos aspectos son en los que aplican y trabajan, mientras que en los beneficios para el resto de la población, que es quien paga sus salarios que dicho sea de paso son estratosféricos”, subrayó.

Por lo anterior exigimos que los legisladores federales por el estado de Puebla, no importa a qué partido político pertenezcan, atiendan las demandas de sus representados y que trabajen por los intereses de los poblanos.

Romero Serrano puntualizó que “es evidente que la clase política es la única que se beneficia en estos tiempos, por ello es urgente que se piense en una forma integral para la selección de los candidatos que reúnan características de honestidad, trabajo, transparencia y rendición de cuentas, para que de esta manera no se les entregue el poder a vividores que solamente transitan en la política, pasan de un cargo a otro porque no saben hacer otra cosa, como muchos poblanos ‘ilustres’”.

Argumentó que hasta el momento los diputados federales representantes de los poblanos, han decepcionado en su labor de representatividad, pues no se observa la defensa y los beneficios para quienes habitamos el estado de Puebla.

Agregó que el aún gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha fallado y ahora resulta ridículo el optimismo que expresó en las predicciones que efectuó al asegurar que no se presentarían problemas en el tema de la política económica interna de México.

“Ahora es cuando se extraña a Guillermo Ortiz Martínez, quien estuvo frente al Banco de México por dos periodos consecutivos”.

Vanessa Barahona de la Rosa Delegada Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STYPS) en la entidad en entrevista  refirió que la delegación a su cargo, considera justo el aumento salarial para los trabajadores de un 20 por ciento, esto pese a que cuando este incremento es derivado de un decreto, lejos de beneficiar puede dañar la estabilidad laboral esto debido a la inflación que los aumentos conllevan.

Agrego la Delegada que a pesar de que este aumento es significativo, a veces no es viable reitero porque en esta proporción del 20 por ciento se estaría provocando una inestabilidad no solo salarial sino laboral al dar cabida a que se pueda dar esta inflación, con ello en lugar de beneficiar se pudiera estar afectando el salario de los trabajadores.

Refirió en este contexto que por ello tendrían un efecto directo las revisiones salariales y prestaciones que se verán realizadas en el inicio del 2017.

Agrego que este aumento salarial propuesto el CCE debe sin duda alguna para dar estabilidad y satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, tal y como la dicta la Constitución; sin embargo debe prever el tema de la inflación que provocaría ya que sin duda alguna la clase trabajadora es el sector social más vulnerable concluyo.