- La propuesta incluye medidas de reparación integral del daño y atención psicológica especializada para las víctimas

Con el objetivo de garantizar una mayor protección a las víctimas y fortalecer el acceso a la justicia, el diputado José Luis Figueroa Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, que busca actualizar y ampliar la definición del delito de abuso sexual en el Estado.

El legislador sostuvo que la iniciativa establece de manera clara que el elemento central de este delito es la ausencia de consentimiento y dejó en claro que éste no puede presumirse a partir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.

Asimismo, se reconoce que el abuso sexual puede cometerse tanto en espacios públicos como privados, e incorpora de forma expresa conductas como tocamientos, roces, exhibiciones sexuales y la obligación de mostrar el cuerpo sin consentimiento, incluso sin contacto físico.

La propuesta destaca que el delito se perseguirá de oficio en todos los casos. También contempla un sistema de agravantes homologado al ámbito federal, considerando factores como violencia, abuso de poder, relación de confianza, participación de varias personas, vulnerabilidad de la víctima y actos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

José Luis Figueroa refirió que la propuesta incluye medidas de reparación integral del daño y atención psicológica especializada para las víctimas, así como talleres reeducativos obligatorios con perspectiva de género para las personas agresoras.

La propuesta mediante la cual se reforman los artículos 260, 262, y 263 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS PRESENTAN EXHORTOS EN MATERIA DE TURISMO, SALUD Y DESARROLLO ECONÓMICO

El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, para que en coordinación con los Ayuntamientos de Libres, Ocotepec, Cuyoaco, Xiutetelco, Tepeyahualco, Guadalupe Victoria, Lafragua, Chilchotla, Quimixtlán, Chichiquila y Tlachichuca, realicen acciones que permitan impulsar y promocionar la actividad de esta región, rica en atractivos gastronómicos, culturales, naturales y arqueológicos, a fin de lograr la reactivación económica, generar empleos y bienestar social, así como el arraigo comunitario.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al presidente municipal de Tehuacán para que, en el ámbito de sus atribuciones como autoridad fiscal, analice la viabilidad financiera de aprobar un programa de subsidio o estímulo fiscal en el cobro del servicio de agua potable, priorizando a personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia y sectores en situación de vulnerabilidad.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis.

De igual forma, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a que, en coordinación con la Secretaría de Deporte y Juventud, los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implementen espacios como puntos de venta que permita que jóvenes emprendedores ofrezcan y difundan sus productos en lugares de alta concurrencia y seguros, considerando días y horarios que no interfieran en sus actividades escolares, con el fin de fomentar el consumo local y el fortalecimiento de la autonomía económica en las y los jóvenes.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión ordinaria, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General, para que fortalezcan operativos de verificación e inspección en mercados, tianguis y establecimientos con indicios de comercialización de piratería de obras audiovisuales y fonogramas, a fin de salvaguardar los derechos de autor, proteger a las personas creadoras y fomentar la comercialización lícita en beneficio de la economía formal.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

Además, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al Ayuntamiento de Puebla, para que haga pública la opinión técnica en la que se determinan las condiciones de cada uno de los 980 árboles que se verán afectados por la implementación del Servicio Público de Transporte en la modalidad de "Sistema de Transporte por Cable", y en la que se especifican las acciones pertinentes y necesarias para su supervivencia, poda, derribo o trasplante, en términos de la Ley en la materia.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

De igual forma, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Punto de acuerdo de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la comunidad de Santiago Xalitzintla, municipio de San Nicolás de los Ranchos, realice las acciones necesarias para promover y, en su caso, emitir el reconocimiento del Ritual a Don Goyo como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, así como llevar a cabo las acciones institucionales correspondientes para su identificación y registro.

-Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés por el que exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, en el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñe e implemente una estrategia de promoción turística orientada a resaltar los atractivos culturales, históricos y gastronómicos del Estado de Puebla.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega por el que exhortan a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, implementen una política pública dirigida a la población en general, en la que haga conciencia sobre los riesgos a la salud sobre el consumo excesivo de sal, con el propósito de prevenir enfermedades no trasmisibles como la hipertensión arterial, el cáncer gástrico, la obesidad, la osteoporosis, el síndrome de Méniére y enfermedades renales.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega por el que exhortan a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, para que celebre un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a fin de fortalecer la capacitación, certificación e implementación de servicios de interpretación en lenguas indígenas en las instituciones públicas de salud de la entidad, garantizando una atención médica con enfoque intercultural y pleno respeto a los derechos humanos.

Los exhortos antes mencionados fueron turnados a la Comisión de Cultura, a la Comisión de Turismo, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, respectivamente, para su análisis.

Con el propósito de fortalecer la protección jurídica del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala informó, en rueda de prensa, la presentación de una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 512 del Código Civil del Estado de Puebla.
 
La propuesta legislativa establece que la obligación alimentaria debe interpretarse en favor del bienestar y desarrollo integral de las y los menores, sin que el padre o la madre biológicos puedan ser relevados de sus deberes. Asimismo, busca evitar que el transcurso del tiempo se convierta en un mecanismo para evadir responsabilidades legales, particularmente en casos de abandono, falta de reconocimiento de paternidad o incumplimiento prolongado.
 
En ese sentido, se plantea reformar el artículo 512 para establecer expresamente que el derecho a recibir alimentos es imprescriptible, es decir, que no se extingue con el paso del tiempo, y que además pueda reclamarse de manera retroactiva, incluso cuando la persona beneficiaria haya alcanzado la mayoría de edad.
 
La diputada subrayó que el derecho a alimentos no constituye únicamente una obligación patrimonial, sino una garantía esencial para el desarrollo digno, la subsistencia y el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la salud, la educación y el bienestar. 
 
Asimismo, señaló que no reconocer la retroactividad vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes y perpetúa estereotipos que normalizan la paternidad ausente y la desigualdad estructural.
 
RESALTA DIPUTADA LA DECLARATORIA DE SAN GABRIEL CHILAC COMO CAPITAL DEL AJO
 
En otro tema, la legisladora destacó la aprobación del decreto que declara al municipio de San Gabriel Chilac como Capital del Ajo del Estado de Puebla, al considerar que esta acción legislativa abre oportunidades para que el municipio acceda a programas y políticas públicas que fortalezcan su economía.
 
Añadió que esta declaratoria también impulsará el turismo y la cultura, ya que San Gabriel Chilac no solo es reconocido por la producción de ajo, sino también por su destacada labor artesanal y sus bordados tradicionales.

Con la finalidad de homologar y endurecer las sanciones por el delito de abuso sexual, así como fortalecer la igualdad sustantiva, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado de Puebla, que pretende generar cambios sustanciales en la tipificación y sanción de esta conducta.
 
La propuesta legislativa establece que el consentimiento no podrá inferirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. Asimismo, precisa que el acto sexual comprende tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones y representaciones sexuales explícitas. Además, plantea que el delito de abuso sexual se persiga de oficio.
 
De igual manera, se propone que la persona agresora garantice la reparación integral del daño a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito.
 
En rueda de prensa, la diputada puntualizó que esta propuesta fortalece el marco jurídico y eleva las sanciones hasta 10 años de prisión para quienes vulneren la integridad de las víctimas. Añadió que la iniciativa también busca erradicar la impunidad y garantizar un marco legal que facilite la denuncia y el acompañamiento especializado.
 
BUSCA GARANTIZAR EXISTENCIA DE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Asimismo, con el objetivo de garantizar la existencia de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, así como el establecimiento de sedes regionales en la entidad, la diputada Xel Arianna Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local.
 
En rueda de prensa, la legisladora reiteró que presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 95 y adicionar un último párrafo al artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el marco constitucional y asegurar que el Ministerio Público, organizado en la Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, actúe bajo los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, incorporando de manera expresa la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
 
En la modificación propuesta al artículo 96 se establece que, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Fiscalía General del Estado deberá contar con una fiscalía especializada en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, y podrá establecer sedes regionales para garantizar una atención más cercana, accesible y eficaz en todo el territorio poblano.

- La propuesta legislativa busca visibilizar y sancionar de manera específica la violencia letal contra las personas trans 

Con el objetivo de reconocer, visibilizar y sancionar la violencia extrema que enfrentan las personas trans, el diputado Pável Gaspar Ramírez y la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, impulsan una iniciativa para adicionar el delito de transhomicidio al Código Penal del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa plantea tipicar el delito de transhomicidio a quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

El diputado Pavel Gaspar y la diputada Leonela Jazmín Martínez consideran que las personas trans enfrentan altos niveles de discriminación, exclusión social y violencia letal, muchas veces motivada por prejuicios y estigmas relacionados con su identidad o expresión de género, por lo que el tipo penal de homicidio genérico resulta insuficiente para reflejar el contexto de odio y discriminación que está detrás de estos crímenes.

Ante esta problemática, la iniciativa establece que quien cometa este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Las penas podrían incrementarse,  hasta en una mitad, cuando intervengan dos o más personas, exista relación de confianza o subordinación, cuando el delito sea cometido por servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad,  y cuando exista extrema violencia o ensañamiento.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de Puebla pretende avanzar hacia un marco legal más incluyente, que reconozca la diversidad y reafirme el compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia por motivos de identidad y expresión de género.

- La iniciativa busca combatir el “marcaje” bancario y proteger el patrimonio de las y los usuarios

Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de las personas que acuden a instituciones bancarias, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla en materia de robo a cuentahabientes.

La propuesta legislativa plantea reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 380 del Código Penal del Estado, a fin de establecer como circunstancias agravantes del delito de robo aquellos casos en los que la víctima haya retirado dinero en efectivo de una institución bancaria o cajero automático y sea despojada de sus recursos de manera inmediata, ya sea dentro del lugar de retiro o durante el trayecto a su destino inmediato.

El legislador explicó que esta iniciativa pretende combatir un modo delictivo, conocido como “marcaje”, que consiste en vigilar, seguir o identificar a personas que realizan retiros de efectivo, para posteriormente cometer el robo, generalmente mediante esquemas organizados y con niveles de planeación y violencia.

Asimismo, la iniciativa contempla agravar la pena cuando para la comisión del delito exista vigilancia previa, seguimiento o provisión de información por parte de terceros, aun cuando dichas conductas sean realizadas por personas distintas al autor material del delito. De igual forma, establece un incremento mayor de la sanción cuando en el robo participe, colabore o proporcione información un empleado o ex empleado de instituciones bancarias o financieras.

Con esta propuesta, el legislador busca que se sancione de forma proporcional, tanto a quienes realicen materialmente el robo, como a quienes faciliten o hagan posible su ejecución; asimismo, inhibir la filtración de información desde instituciones financieras y fortalecer la confianza ciudadana.

-Durante sesión ordinaria se presentaron iniciativas en materia de procuración de justicia, gobernación, seguridad pública, derechos de la niñez y salud

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer que, cuando una persona actúe en defensa propia frente a una situación de violencia familiar o de género y, en dicha acción, se excedan los medios racionales de defensa, las autoridades deberán valorar su conducta con perspectiva de género.

Para ello, se tomarán en cuenta la existencia de antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial ejercida por la persona agresora; así como la situación de subordinación, dependencia o riesgo en la que se encontraba la persona que actuó en defensa, entre otros.

La propuesta legislativa, que pretende adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del Estado, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Por otra parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La iniciativa, que propone adicionar la Sección VI al Capítulo Décimo Quinto, denominada “Del Transhomicidio”, del Código Penal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de reforzar las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública para emitir lineamientos, protocolos y mecanismos de supervisión, asegurando que la coordinación con la seguridad privada se realice de manera ordenada, transparente y conforme a la ley.

La iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis respectivo.

De igual manera, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, sin delegar funciones públicas ni privatizar la seguridad.

Para este fin, la iniciativa que propone reformar el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

En tribuna, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar la salud mental como un derecho humano reconocido en la Constitución local, así como establecer las bases normativas para que el Estado de Puebla fortalezca, de manera progresiva, la disponibilidad y distribución de personal especializado en salud mental.

La propuesta, que propone reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 9 y 10 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente su libertad, dignidad e integridad física, psíquica y sexual, mediante la eliminación de disposiciones penales que resultan discriminatorias, anacrónicas y permisivas frente a la violencia sexual.

La iniciativa, que busca derogar los artículos 301 y 301 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con el propósito de integrar el concepto de “impacto cero”, para que las autoridades competentes anulen o minimicen las afectaciones que puedan generar a los vecinos durante los procesos de construcción, lo que permitirá armonizar el desarrollo urbano con el derecho de la ciudadanía a un entorno seguro, ordenado y sostenible.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Urbano para su estudio correspondiente.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega con la finalidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que la tolerancia para fumar se limite exclusivamente a las áreas al aire libre, así como establecer criterios estrictos que eviten la exposición involuntaria al humo de tabaco e impidan que dichos espacios sean de paso obligado o la única área disponible en los establecimientos.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis procedente.

-Iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer el catálogo general de tipos de violencia previsto en la ley, a fin de reconocer expresamente la violencia digital, cibernética y aquella que se ejerce mediante el uso de inteligencia artificial, garantizando una protección acorde con la realidad social y tecnológica actual.

Para este fin, la propuesta legislativa que propone reformar la fracción I del artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

-Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de que la legislación contemple un lenguaje incluyente que garantice la pluralidad y evite requisitos que, aun de manera indirecta, limiten la participación política de sectores de la ciudadanía que forman parte activa de la vida pública del Estado.

La iniciativa, que propone reformar el artículo 36 y derogar su fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis respectivo.

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de adicionar una agravante al delito de amenazas cuando estas se dirijan a una comunidad educativa, lo que resulta una medida legislativa idónea y proporcional para reforzar la prevención y proteger el derecho a la educación en condiciones de seguridad.

El diputado propone reformar el artículo 290 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para su estudio correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el Poder Legislativo analiza y da seguimiento a los procesos en contra de las reformas al Código Penal en materia de ciberasedio y se dará una respuesta conforme a lo establecido en el marco legal.

El legislador indicó que la reciente sentencia fue emitida por un juez federal y protege a quien promovió el proceso, por ello, se realizará la revisión y atención correspondiente.

Pavel Gaspar recordó que el objetivo de las modificaciones fue proteger a las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital y se mantiene el estudio de las propuestas para fortalecer el marco normativo.

- El legislador propone reformar el Código Penal para establecer sanciones de siete a 10 años de prisión

Con el propósito de tipificar el delito de fraude por usura excesiva, conocido como “montadeudas”, en rueda de prensa el diputado José Luis Figueroa Cortés señaló que presentó una reforma al artículo 406 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que permita sancionar a quienes afecten el patrimonio y los derechos de las personas.

El legislador indicó que se pretende establecer penas de siete a 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa a la persona que ofrezca u otorgue un crédito o préstamo de dinero bajo engaño o condiciones usurarias, ya sea de manera personal o mediante aplicaciones, plataformas digitales o cualquier otro medio tecnológico, obteniendo un lucro indebido en perjuicio de la víctima.

Asimismo, la sanción aplicará a quien, para su cobro, retenga de manera anticipada una cantidad bajo el concepto de comisión, gasto o cargo no autorizado, disminuyendo la cantidad realmente entregada, o exija el pago de intereses, comisiones o cargos desproporcionados o superiores a los permitidos por la ley.

El también presidente de la Comisión del Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso local explicó que estas personas realizan préstamos “aparentemente fáciles y rápidos” que, al inicio, parecen una solución, pero que en realidad esconden abusos y utilizan amenazas, hostigamiento, difamación y hasta el uso indebido de datos personales de las víctimas y sus familias.

Figueroa Cortés refirió que este es un esquema delictivo que no solo afecta el bolsillo de las familias poblanas, sino también la integridad psicológica, la privacidad y la dignidad de las personas.

Durante la rueda de prensa, el legislador señaló que la iniciativa nació de los recorridos realizados en colonias y juntas auxiliares de su distrito, y del trabajo en territorio para escuchar las necesidades de la población. 

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas y atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de infancias trans. 

La propuesta legislativa considera reformas a los artículos 831 y 875 bis, donde se especifica que toda persona, sin distinción de edad, tiene derecho a solicitar un acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida.

Además, se agrega el artículo 875 quater, con la descripción del procedimiento sumario para actas para niñas, niños y adolescentes.  

La iniciativa presentada por la diputada retoma los requerimientos señalados por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 73/2021.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Ante el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos para utilizarlos en actividades criminales, la diputada Beatriz Manrique Guevara dio a conocer que impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, mediante la creación del Artículo 186 Nonies, con el fin de tipificar este delito.

La legisladora señaló que actualmente existe un vacío jurídico, ya que el Código Penal del Estado contempla la corrupción de menores como un tipo general, sin embargo, “la problemática actual requiere la creación de un tipo penal específico que establezca claramente el reclutamiento de menores para la comisión de delitos por medio de la coacción, el convencimiento o el engaño”.

En rueda de prensa, la diputada explicó que la iniciativa propone imponer penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 500 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización a quien cometa este delito. Asimismo, plantea reconocer a las y los menores como víctimas de los grupos delictivos, quienes deben recibir protección, asistencia y acciones de reintegración, cerrando así un vacío legal existente.

“El enfoque de esta propuesta legislativa es mantener al menor como víctima y no como un sujeto punible, porque quienes cometen el delito son los adultos que corrompen, amenazan, convencen, engañan o que literalmente extraen a los menores de su mundo para insertarlos en actividades delincuenciales”, afirmó la diputada Beatriz Manrique.

Con esta propuesta legislativa se pretende fortalecer el marco jurídico de seguridad pública en Puebla y brindar herramientas para sancionar a quienes recluten menores, así como fortalecer la protección del interés superior de la niñez y contribuir a la prevención del delito.